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jueves, 5 de marzo de 2015

El dedazo del "Ppführer" Rajoy se ha movido.


Cada día que pasa resulta más difícil comprender por qué el mayor partido de España, el Partido Popular, el partido que oficialmente cuenta con más de 800.000 afiliados, prescinde de ellos a la hora de decidir los candidatos que han de representarlos en las elecciones. Estos días todos los medios de comunicación se hacen eco de las especulaciones sobre quién será o no el candidato del PP en determinado Ayuntamiento o Comunidad Autónoma y para ello tratan de interpretar cualquier signo, declaración o gesto de los máximos líderes populares para adivinar los nombres de los agraciados con el “dedazo” del “pepeführer” Rajoy.

Es evidente que con una supuesta base de 800.000 personas un partido con sólidos canales de comunicación internos con esas mismas bases tendría una enorme ventaja sobre sus rivales la que le proporcionaría la conexión con una gran parte de la sociedad en la que sus afiliados se enraízan. Pero, claro, esa comunicación interna debería llevar aparejada, para que fuese efectiva, la participación y la capacidad de decisión de las bases, algo que la élite burocrática de la supuesta derecha española no está dispuesta a tolerar. La alergia popular a la democracia interna “sin tutelas, ni tutías” que dría D. Manuel, es ya una seña de identidad de este partido. Con ello, no se hace otra cosa que alentar y dar la razón a cuantos día a día se van alejando de la política desencantados al comprobar, entre otras cosas, como una casta burocrática y endogámica maneja a su antojo al mayor partido de España para ponerlo al servicio de intereses ajenos a los de sus propios militantes y de los más de 10 millones de españoles que en las últimas elecciones le otorgaron su voto.

Llaman la atención dos actitudes. De una parte la de los medios de comunicación que aceptan sin crítica alguna reseñable el hecho de que la ausencia de democracia interna en el PP se ponga de manifiesto especialmente a la hora de designar candidatos y que entren en ese juego de las especulaciones alimentando una condenable estrategia política. De otra, la sumisión y la aceptación del profundo desprecio con que son tratados por parte de la cúpula del partido los militantes populares. Nunca en democracia un partido político ha ninguneado y despreciado tanto a sus propios afiliados como lo está haciendo el Partido Popular. Sencillamente lo aceptan dócilmente y punto. ¿Cómo es esto posible en pleno siglo XXI? ¿Por qué tanta desconfianza hacia tanta y tan buena gente?

Son miles los candidatos a candidatos, alcaldes y concejales del PP, los que llevan semanas, por no decir meses, completamente descolocados. A pocas semanas de la convocatoria de las elecciones municipales no saben si repetirán o no en las listas porque a algún cerebro se le ha ocurrido que el todopoderoso Rajoy maneja astutamente los tiempos mientras que sus posibles candidatos se pasean con cara de póker por las calles de los pueblos de España mientras sus adversarios ya tienen todo listo para la campaña. ¡Allá ellos! Tienen el hiperliderazgo que se merecen y el que calla, como ellos, otorga.

Definitivamente el Partido Popular ha renunciado a cualquier atisbo de regeneración democrática porque la regeneración sin democracia interna no es tal. Y con ello se aleja, día a día, de un electorado al que ha engañado especialmente en esta legislatura aunque ahora trate de recuperarlo con algunos caramelitos fiscales tras haber castigado a la clase media española con el mayor aumento de la presión fiscal y los peores recortes sociales de la historia. Hoy hemos conocido además que el “Pepeführer” Rajoy ha agraciado con su “dedazo” para la candidatura a la Alcaldía de Alicante a Asunción Sánchez Zaplana y a Alberto Fabra para la Generalitat lo que viene a ratificar dos cosas: que para el PP la opinión de los afiliados alicantinos vale exactamente lo mismo que la de los afiliados socialistas, por poner un ejemplo, y que el PP pasa de nuestra tierra, que la da por perdida.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 15 de febrero de 2015

Sr. Ciscar: Obras son amores y no buenas razones.


“Adoro a España”, “amo a Cataluña”, ¿cuántas veces hemos escuchado a famosos, artistas, políticos o empresarios expresar así su “amor” por su tierra? Muchas ¿verdad? Y ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que estos enamorados de su tierra tienen su domicilio fiscal o su dinero a buen recaudo en el extranjero o en paraísos fiscales? Pues más de lo que nos gustaría a la gente normal y corriente. Son “amores”, cuando menos, curiosos. A estos famosos les encanta España, su tierra, lo proclaman casi a voz en grito; son más españoles o más catalanes, en su caso, que los demás. De boquilla lo que haga falta. Pero su peculiar patriotismo llega hasta donde llega hacienda, o sea, hasta donde llegamos todos porque no hay que olvidar que hacienda somos todos. Aman a su “patria” pero aman mucho más a su dinero. Su especial patriotismo les impide contribuir con su dinero al sostenimiento de su patria. ¡Faltaría más! La pasta a buen recaudo fuera de la patria y que sean otros los que con sus impuestos contribuyan al sostenimiento de la patria. Son unos farsantes. Así de claro. Sus proclamas son sólo eso, palabras huecas y vacías, un “engañabobos”. Son los hechos los que cuentan, las obras y no las palabras.

Me he acordado de esos farsantes al leer las declaraciones del Presidente Provincial del PP de Alicante, Sr.  Císcar para quien “ha llegado la hora de que los alicantinos digamos alto y claro por qué nos enamora nuestra tierra, y que nos sentimos orgullosos de ella y el PP lo va a hacer”. Como si se lo creyera, José Císcar dijo ayer, día de los enamorados, que el PP “va a poner a Alicante en valor” porque “cree en esta tierra, en su gente, en sus proyectos y en lo que representa”. Y terminó su alucinante alocución señalando que “nosotros sí creemos que esta es la 'millor terreta del món'. La izquierda, al parecer, no”. No, no se ría el lector por favor que estas declaraciones son ciertas. Sí, las ha realizado el Presidente del PP alicantino y Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad Valenciana, el mismo Gobierno que lleva años y años marginando y discriminando a la Provincia de Alicante a la que viene relegando por sistema al último lugar en las inversiones de la Generalidad Valenciana.

El amor del Sr. Císcar y del PP por Alicante se traduce en que este año 2015 cada alicantino recibirá en inversiones de la Generalidad Valenciana una media de 25 euros, frente a los 31,5 de media, es decir, que  la provincia deja de recibir 12,52 millones de euros según criterio poblacional lo que supone una merma de inversiones territorializadas de 252,9 millones de euros entre los años 2008 y 2015. Gracias a este proclamado enamoramiento del Sr. Císcar y sus palmeros Alicante es la octava provincia con menos médicos en relación a su población lo que sitúa a nuestra provincia en el puesto 45 con una tasa de 328 médicos por cada 100.000 habitantes. Gracias al amor del PP, el Gobierno de España priva a los municipios de la provincia de grandes inversiones en 2015 y, así, los Presupuestos Generales del Estado apenas incluyen nuevas obras para Alicante, mientras que Elche solo dispondrá de 8,5 millones para la Ronda Sur. Tanto aman los populares a la Provincia de Alicante que el Gobierno de Rajoy destina en 2015 187,50 euros por ciudadano en las comarcas alicantinas frente a los 1.968,99 euros que ha invierte, por ejemplo, en Orense. Tan sublime amor por esta tierra hace que el Gobierno del PP condene el trasvase Júcar-Vinalopó tras gastarse 400 millones para enviar 8 hm3 y olvide el prometido Plan Hidrológico Nacional, que la inversión estatal en el litoral alicantino se hunda un 98% en siete años o que hayan relegado a nuestra provincia al puesto 26 de toda España en inversiones para el mantenimiento de carreteras. Y ¿para qué seguir? El amor de los Sres. Císcar, Fabra, JJ Zaplana y tantos otros líderes populares por Alicante se traduce en cifras y hechos incontestables que relegan a la 5ª provincia española en población y PIB al furgón de cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y del Estado, ambas administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Los políticos pueden decir lo que les venga en gana, hasta la última estupidez que se les pase por la imaginación, pero, por favor, un poco de respeto a los ciudadanos, Sr. Císcar. No Insulte a nuestra inteligencia, el patriotismo como el amor se demuestra con hechos, no con palabras y menos aún tan cursis como huecas. Obras son amores y no buenas razones.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 2 de febrero de 2015

El PP sin propósito de enmienda.


Cuando de pequeños nos enseñaban el catecismo nos decían que para hacer una buena confesión, y por tanto para obtener el perdón de los pecados, era necesario y por este orden empezar por hacer examen de conciencia, sentir dolor de los pecados, hacer propósito de enmienda, confesarse y cumplir la penitencia.

El sábado pasado, la alegría de la huerta, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se personó por fin, tras seis meses de retraso, en un acto con empresarios de la Comunidad Valenciana y líderes regionales y locales del Partido Popular. Los socialistas habían interpretado este acto como una “contraprogramación” del PP al cónclave socialista que los “barones”, excepción hecha de Susana Díaz, celebraban también en Valencia, pero en el fondo la comparecencia del simpático Ministro de Hacienda les ha venido bien, sobre todo a los socialistas valencianos.

Y es que parece que Cristóbal Montoro ha debido decidir que es hora de obtener el perdón de los ciudadanos de esta Comunidad que, dicho sea de paso, no están representados por los empresarios, ni mucho menos. Ha debido hacer examen de conciencia y hasta podría parecer que siente dolor por sus “pecados”. Por fin, se ha dignado a reconocer tarde y mal que la Comunidad Valenciana está “infrafinanciada” con el actual sistema de financiación autonómica. El ministro tras reconocer lo que todos sabíamos menos él y sus subordinados ha señalado que la obligación de un Gobierno es corregirlo y, a renglón seguido, no tuvo empacho alguno en admitir que el Gobierno del Partido Popular, conociendo esta injusticia, no lo ha hecho porque ha estado centrado en “salir de la crisis” y que, ahora, ya no hay “tiempo” para reparar el daño que se está haciendo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Ya se sabe, el Gobierno del Partido Popular no puede hacer dos cosas a la vez, no puede trabajar por “salir de la crisis” y resolver las injusticias en la financiación autonómica, no puede ocuparse de la economía y hacer política simultáneamente y por ello ha aparcado promesas electorales como la de la reforma de la Ley del Aborto. No dan para más.

Es evidente que el Ministro Montoro y sus silentes acompañantes Fabra, Ciscar, Bonig, etc. quieren hacer trampa. Buscan el perdón de sus pecados pero sin propósito de enmienda alguno y, por supuesto, sin cumplir ninguna penitencia. Con ellos, los alicantinos no estamos de enhorabuena ni mucho menos. Porque a la infrafinanciación de nuestra comunidad, discriminación pura y dura, sumamos la infrafinanciación y discriminación que desde hace años recibimos desde Valencia. Gobierne el PPCV o el PSPV, Alicante sigue siendo la provincia que menos recursos recibe de la Generalidad Valenciana. Es un hecho cierto y constatado por numerosos informes que Alicante no percibe ni del Estado ni de la Generalidad Valenciana lo que, por su población y economía, en justicia le corresponde y es una realidad incontestable que nuestros paniaguados representantes no levantan la voz contra ello, no sea que pierdan el asiento. En Esperanza Ciudadana queremos acabar con ello y lo haremos si contamos con el respaldo de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



lunes, 3 de noviembre de 2014

Hay alternativas.


Derechas e izquierdas andan revueltas y nerviosas ante los resultados que, encuesta tras encuesta, se otorgan a Podemos. Y encuestas las hay para todos los gustos pero todas coinciden en un incremento espectacular de la intención de votos de esta nueva formación política de rancio trasfondo ideológico. Son muchos los factores que influyen en este crecimiento electoral: la indignación ciudadana ante la corrupción, ante los recortes, el desempleo, el aumento de la desigualdad social, la falta de ejemplaridad de la mayor parte de la clase política, los incumplimientos programáticos, la falta de buenas perspectivas, etc. Ante un panorama económico, político y social desolador cualquier discurso que cuente con apoyos mediáticos, que no esté lastrado por un pasado de gestión criticable y que ofrezca soluciones por muy utópicas o irrealizables que sean tiene grandes posibilidades de calar entre los ciudadanos.

Es evidente que el mensaje de Podemos ha calado en la izquierda y que se va a producir un nuevo reparto de la tarta electoral con importantes cambios. Lo que no es tan evidente es que este mensaje haya calado en el votante de centro derecha aunque una pequeña parte del mismo, la menos ideológica, esté dispuesta a asumirlo y a otorgar su voto como una forma de castigo. Pero ¿qué pasa con los votantes que no son de izquierdas? Es curioso. El Partido Popular se derrumba en las encuestas y lleva camino de superar el record de la UCD en 1982 pero sus dirigentes no aciertan a salir del asombro o del escepticismo y se muestran incapaces de reorientar su discurso y, sobre todo, su política. ¿Por qué? Pues porque están desconectados de la realidad de la calles y son incapaces de realizar lo que debería ser un requisito previo, una profunda autocrítica.

Hay que señalar que el Partido Popular, como instrumento político, como maquinaria electoral, parte en desventaja respeto a muchas otras formaciones políticas. Es una gigantesca maquinaria política piramidal, carente de vida política interior, en la que las bases, lejos de ser la fuente del poder interno, son un simple instrumento al servicio de la estructura de poder. Lejos de aprovechar la conexión social que supone disponer de cientos de miles de afiliados y de enriquecer y actualizar permanentemente el debate interno, las propuestas políticas y los mensajes del partido, las bases no cuentan para nada en la estructura del Partido Popular. Y eso se nota. Las políticas que se han desarrollado no responden ni al programa comprometido con los electores, ni a las aspiraciones de la militancia por lo que el distanciamiento entre Partido y votante es cada día mayor.

Muchos de los votantes de centro derecha no van a repetir su voto al Partido Popular y se van a abstener en los próximos comicios y otros, los menos, se van a decantar por otras formaciones como Ciudadanos o UPyD fundamentalmente. Es la respuesta a los incumplimientos electorales, a la falta de ejemplaridad de buena parte de la clase política y al continuo goteo de casos de corrupción que no pueden sino abochornar hasta al más leal incondicional.

Si al mayor incremento de la presión fiscal sobre la clase media, si al permanente empobrecimiento de la misma, si a los continuos recortes en educación, en sanidad o prestaciones sociales, si a los incumplimientos en materia de protección a la vida y a la familia, si al continuismo en la política antiterrorista o en materia autonómica, si a la falta de ejemplaridad, si a la ausencia de una política informativa inteligente sumamos además la continua aparición de casos de corrupción con relevantes dirigentes populares implicados y la ausencia de una respuesta clara, definida y contundente por parte del Partido Popular no es de extrañar que las encuestas vayan por donde van. No se puede pasar, como si nada, de hablar de “casos aislados” al “pedir perdón” por haber nombrado a los corruptos en puestos de responsabilidad política. No se puede pasar del “vamos a hacer un pacto anticorrupción” al “y tú más” sin que de ello se deriven consecuencias políticas. Porque todo ello, lo único que transmite es la sensación de ausencia de convicciones profundas y, por tanto, de una clara determinación para acabar con esta lacra. La falta de democracia interna es la que obliga a Rajoy a pedir perdón por haber promovido políticamente a determinadas personas, es la evidencia de que no son los militantes populares los que se han equivocado al elegir a un Fabra, a un Granados, a un Blasco o a una Castedo sino que son los más altos dirigentes los que se han equivocado. En política, cuando alguien se equivoca y de esta manera, no sólo se pide perdón sino que, además, se dimite.

No tiene ningún sentido que para intentar acabar con la corrupción haya que proponer pacto alguno. Es como si para perseguir la pederastia hiciese falta pactar con la oposición. La corrupción se persigue con la ley en la mano y mecanismos legales ya existen aunque falten medios para hacer más rápida y efectiva la justicia. El problema no está en la persecución y castigo de la corrupción, el problema está en la prevención, en la adopción de medidas que impidan o dificulten la aparición de nuevos casos. La prevención pasa por dos ejes fundamentales, de una parte, la eliminación de la discrecionalidad del político en determinados procedimientos ejecutivos y, de otra, el incremento de los mecanismos democráticos de selección y control en la vida interna de los partidos. Y en este segundo eje la clave está en la selección y el posterior control democrático de quienes ostentan cargos públicos de responsabilidad, es decir, en los mecanismos de selección interna de los partidos para proveer los cargos públicos. Algo que, por el momento, el Partido Popular no está dispuesto a tocar. Un partido que usa el “dedazo” para confeccionar sus listas electorales, para estructurar su organización y sus congresos está desconectado de sus bases y, por tanto, de la ciudadanía y mal puede así prevenir la aparición de fenómenos de corrupción entre sus filas.


Si algo deben tener claro los votantes del Partido Popular y especialmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana es que con sus actuales dirigentes no hay futuro posible porque son los auténticos responsables, por acción o por omisión, del sucio panorama que nos rodea. ¿Quiénes son los responsables de la confección de las listas electorales a las Cortes Valencianas plagadas de imputados y procesados? ¿Ha dimitido alguien por la evidente chapuza que fueron esas listas? Nadie. Siguen al frente del partido los mismos, los que están desmotivando al votante y dejando el campo libre a la izquierda. Son los mismos los que ya han dado por perdida la batalla y están más preocupados buscándose puertas giratorias que en dar la cara, en dar un paso al frente y reconstruir una opción política de centro derecha digna de los cientos de miles de ciudadanos que en nuestra Comunidad no quieren aventuras políticas. Ante un Partido Popular autocomplaciente, desconectado de la realidad, en proceso de descomposición y sin talante ganador, el votante de centro derecha no puede, ni debe sumirse en el pesimismo. Hay otras opciones dispuestas a recoger el testigo, hay alternativas y en Alicante se llama Esperanza Ciudadana.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 27 de octubre de 2014

​Rivas, hace 25 años.


Dentro de pocas semanas se cumplirán 25 años de la fundación del Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid que tuve el honor y la responsabilidad de impulsar. Corría el año 1989, un año especialmente intenso para el centro derecha español que se enfrentaba al relevo de su líder fundador, Manuel Fraga, sustituido por un joven político, José María Aznar, como cartel electoral en los comicios que se celebraron el 29 de octubre de aquel mismo año. Rivas-Vaciamadrid, con casi 10.000 habitantes, no contaba con una organización local de Alianza Popular refundada como Partido Popular en aquellas fechas.

Han pasado 25 años desde entonces pero conservo intactos los mismos principios e ideales que me impulsaron a dar aquel paso, fundar el Partido Popular en Rivas-Vaciamadrid, en un entorno político y social francamente hostil. Pocos que no conozcan y hayan vivido allí en aquella época pueden hacerse una idea aproximada de las enormes dificultades que aquella empresa encerró y el coste personal que supuso, tanto para mí como para los pocos vecinos que inicialmente apostaron por ello.              
 
Estábamos convencidos de la necesidad de promover una alternativa política regeneradora, centrada en la búsqueda de soluciones a los problemas de la gente, con un talante abierto, integrador y dialogante; una opción moderna, liberal, reformista, con aires renovados pero anclada en los principios y valores del humanismo cristiano. Y lo hicimos tal y como ya se ha contado en estas páginas ( http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2010/06/hace-20-anos.html ). Durante 14 años tuve el honor de presidir el Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid y logramos convertirlo en la segunda fuerza política municipal, en una organización viva, dinámica, participativa y democrática que, con sus errores y aciertos, se consolidó como una auténtica alternativa de gobierno.   
 
Han pasado 25 años y hoy ya no milito en el Partido Popular. Paradójicamente he sido expulsado del mismo por defender en Alicante y ante el PPCV los mismos principios y valores que en su día me impulsaron a hacerlo en Rivas-Vaciamadrid. Pero hay que subrayarlo, el PP de Alicante, con su Ciscar, su Ripoll, su Castedo, su JJ Zaplana y demás colaboradores necesarios, y el PPCV, con su Fabra, su Camps, su Cotino, su Del baño y demás, poco o nada tienen que ver con los ideales de responsabilidad política, de renovación de la vida pública, de apuesta por la libertad, la transparencia, la participación ciudadana, la democracia interna o la eficacia en la gestión pública que, con uñas y dientes, defendíamos en 1989.     
 
Han pasado 25 años en los que la militancia activa en el Partido Popular no estuvo exenta de riesgos personales ni de sacrificios de toda índole para lograr que el proyecto político se hiciera realidad. Y, día a día, con profunda pena se comprueba, caso tras caso, que mientras la inmensa mayoría de la militancia popular se dejaba la piel para que los ideales y programas populares se convirtiesen en realidad de gobierno, buena parte de la élite del partido se dedicaba a hacer negocios sucios en la política. Mientras los militantes poníamos nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestro dinero, mientras que buzoneábamos las calles, pegábamos carteles, pasábamos interminables horas en las mesas electorales, o teníamos que mirar cada mañana los bajos de nuestro coche o nos tragábamos interminables mítines para que se cosecharan unos miserables minutos en los informativos, buena parte de nuestros dirigentes se dedicaban a llenarse los bolsillos. La falta de cauces democráticos internos adecuados permitió que fueran medrando en la estructura del partido y en las instituciones,  centenares de personas que se lo han estado llevando crudo, que hicieron de la política un modus vivendi poco ejemplar y cuyas actividades han terminado por corroer las vigas de madera del edificio popular. 

Un partido que no rinde cuentas de sus ingresos ante sus propios militantes (como en Alicante, sin ir más lejos), un partido que decide con el “dedazo” (disfrazado de comités electorales) los nombres de los dirigentes y de los candidatos, un partido que impide que sus afiliados puedan controlar y exigir responsabilidades a sus cargos públicos, un partido en el que la meritocracia ha sido sustituida por el amiguismo y el “borreguismo”, un partido en el que el debate interno y la participación de sus militantes han sido sustituidos por la adhesión inquebrantable y el prieta las filas tenía que encontrarse, tarde o temprano, con la colección de escándalos que día sí, día también, salpican y enfangan al Partido Popular.        
 
Han pasado 25 años y compruebo con profunda pena lo que han hecho líderes y compañeros a los que profesaba respeto y, en algunos casos, admiración. Tanto esfuerzo, tanta entrega, tanta confianza y tanto sacrificio de cientos de miles de militantes tirado por la borda por culpa de la rapiña y la ausencia de escrúpulos y de principios  de unos pocos. ¡Qué gran engaño! ¡Qué monumental estafa! Y, lo que es peor, es que no hay perspectivas optimistas. El centro derecha español decente está huérfano, hoy por hoy, porque no se vislumbra, fuera de retoques cosméticos destinados a tratar de salvar la situación, ni una sólida medida eficaz para corregir el rumbo. Los responsables, por acción o por omisión, no pueden liderar regeneración alguna ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Alicante. Hoy, muchos afiliados en Rivas-Vaciamadrid, a los que deseo todo el éxito posible, como en muchos otros puntos de España, estarán sorprendidos, desilusionados o enfadados. Y buenas razones tienen para ello.

Han pasado 25 años y con la misma ilusión que entonces sigo defendiendo la necesidad de un proyecto político de centro derecha renovado para mi ciudad y mi provincia, Alicante. Y como yo, un buen número de amigos y compañeros, que entienden que la lealtad a los principios y a los valores no debe correr en paralelo a la fidelidad a unas siglas concretas monopolizadas por unos aprovechados o unos incompetentes, nos hemos puesto manos a la obra y estamos construyendo un nuevo partido, Esperanza Ciudadana. Es el único proyecto político alicantinista, regenerador, reformista, radical y liberal que puede ofrecer a los ciudadanos una sólida alternativa de gobierno en medio de este páramo de principios y valores en que el Partido Popular de Alicante ha convertido la política de la provincia. No es posible seguir siendo meros espectadores, no es bueno resignarse y quedarse en casa, no hay por qué taparse la nariz para seguir votando al centro derecha por temor a los que puedan venir. Hay que rebelarse y actuar, como hace 25 años, porque nos va a todos mucho en ello.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 22 de octubre de 2014

Las innovaciones éticas y jurídicas de Alberto Fabra.


He de reconocerlo, tras escuchar a mediodía unas declaraciones del “Muy Honorable” Presidente de la Generalidad Valenciana, Sr. Fabra, me he visto obligado a dar un repaso al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal por, si en estos tiempos de cambios fulgurantes, me había perdido alguna innovación jurídica tan trascendental como lo que acababa de oír. Y parece que no ha sido así. Parece más bien que el que estaba soltando una auténtica majadería jurídica era nuestro Presidente autonómico. ¿De qué se trata? Pues bien, el Sr. Fabra estaba siendo preguntado sobre la toma de posesión del escaño autonómico de un sujeto, Felipe del Baño, imputado por un posible delito de prevaricación en sustitución de Juan Cotino. Ni corto ni perezoso, el Sr. Fabra ha asegurado que la imputación que recae sobre el ex teniente de alcalde de San Antonio de Benagéber (Valencia) Felipe del Baño es simplemente "administrativa" y que la línea roja establecida por él se refiere a casos por corrupción. Fabra ha hecho notar que "siempre" ha hablado de "imputación por corrupción" y que en este caso "es una imputación administrativa que no tiene nada que ver", ha razonado supuestamente. Hay que añadir que si el Sr. Del Baño no pudiese tomar posesión del escaño por estar imputado, tampoco podría hacerlo el siguiente en la lista pues, al parecer, es el Alcalde de Enguera y también está imputado por dos delitos, uno de ellos prevaricación. ¡Hay que ver cómo está la bancada popular! Habría que hacer un homenaje al comité electoral responsable de la aprobación semejantes listas.

Lo primero que me ha llamado la atención es lo de una imputación administrativa. Por más que he revisado distintos manuales jurídicos no he encontrado semejante concepto. La imputación, concepto propio del Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se acusa formalmente a una persona de la posible comisión de un determinado  delito. La imputación tiene un carácter procesal y más específicamente penal, criminal. Nada de carácter administrativo. Claro que, afinando un poco más, lo de "imputación por corrupción" tampoco parece que se sostenga mucho, porque el delito por “corrupción” no existe como tal en el vigente Código Penal.

Felipe del Baño está imputado, junto al alcalde de San Antonio de Benagéber, por un posible delito de prevaricación en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Paterna sobre dos encargos municipales con un coste total aproximado de 100.000 euros. La Plataforma San Antonio de Benagéber denunció ante la Fiscalía que el ex concejal Felipe del Baño realizó una "contratación verbal" de trabajos de jardinería por un importe de 50.000 euros, es decir saltándose todas las normas legales a pesar de su condición de licenciado en derecho, y que se realizó un encargo de unos libros conmemorativos de la población "que no han aparecido, pero por los que se pagaron unos 50.000 euros".

¿Y en qué consiste el delito de prevaricación que el Sr. Fabra cualifica de “administrativa”? Pues se trata de un delito encuadrado entre los delitos contra la Administración Pública junto con otras figuras delictivas como el abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia y denegación de auxilio, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación. ¡Quién sabe! A lo mejor la malversación o el tráfico de influencias tampoco son encuadrables en el ámbito de la corrupción en la nueva ética política que parece encarnar el Sr. Fabra y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El Artículo 404 del Código Penal define la prevaricación así: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. Y de la posible comisión de este delito, que no infracción administrativa, es por lo que está imputado el nuevo diputado, el Sr. Del Baño que, por cierto, como sabrán los lectores habituales de estas páginas, fue el inquisidor, a instancias de los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, de los militantes del PP de Alicante que pedíamos honradez en la gestión pública y regeneración democrática. Casualidades de la vida. Dios los cría y ellos se juntan.

Es evidente que, de ser sostenibles los nuevos y esperpénticos conceptos jurídicos del Sr. Fabra y del PPCV, habría que revisar casos como el del ex Alcalde de Torrevieja y ex diputado popular Pedro Ángel Hernández Mateo condenado a tres años de cárcel por la comisión de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación (¿administrativa Sr. Fabra?).

Lamentable pero cierto. Ésta es la supuesta regeneración que promueve el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Este es el estado real del centro derecha oficial de la Comunidad Valenciana. No es de extrañar que tanta gente decente se abstuviera de votar al PP en las pasadas elecciones europeas. Este PP oficialista apesta a cadáver en franca descomposición.

Santiago de Munck Loyola



martes, 7 de octubre de 2014

La filípica de Sonia Castedo.


A pocos, sobre todo en Alicante, ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado. Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella pudiese ser la Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son difíciles de igualar.

Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18 concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado: traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado popular,  la piden muchos antiguos militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en  privado.

Dice la Alcaldesa que la izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano, por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar, de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.

Y es muy posible que las bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas” en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación. Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos los ciudadanos a los que representa.

Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente… no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr. Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio, de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.

Para quienes seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho. Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante. No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 24 de septiembre de 2014

La penúltima traición electoral del Partido Popular.


Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 1 de septiembre de 2014

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.


Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 19 de julio de 2014

Ppandilla de mentirosos.


Para cualquier persona decente y medianamente informada, la catarata de declaraciones de distintos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre la corrupción, sobre la regeneración o sobre la ridícula línea roja del Sr. Fabra son sencillamente vomitivas. Tras el varapalo sufrido por el PPCV en las elecciones europeas, toda una pandilla de colocados, desinformados, embusteros o hipócritas se está dedicando a realizar manifestaciones de distinta índole, tomado de paso a los ciudadanos por idiotas, a ver si consiguen lavar la cara de un partido que ellos mismos han ensuciado con su actitud, con su cobardía o con su complicidad.

Hace unos días era la Sra. Bonig la encargada de mentir a la ciudadanía. Ayer mismo, le tocaba el turno a la portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, quien, a propósito de las duras críticas realizadas por empresarios alicantinos a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo,  se apresuraba a señalar que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aplicado la línea roja en los cargos que dependen orgánicamente de él. Es decir, que ha aplicado la estrambótica línea roja a los cargos que él mismo, con el Diario Oficial en la mano, ha nombrado. Y, claro, como él no ha nombrado a Sonia Castedo no puede hacer nada ya que su trata un cargo municipal cuya acta de concejal le pertenece. Para remachar su engaño añadía que respecto a los cargos que no dependen orgánicamente del jefe del Consell es una circunstancia distinta, porque compete al ámbito del partido. Y uno se pregunta ¿acaso no es el mismo el Jefe del Consell que el jefe del partido (el PPCV) en este caso? Y sin pestañear terminó afirmando que “el Ejecutivo valenciano es el más comprometido con la tolerancia cero contra la corrupción”. Un ejecutivo que llega incluso a cargar la factura de “los arreglos del cocido” a los contribuyentes.

Fabra es el Presidente de la Generalidad Valenciana y simultáneamente Presidente del PPCV al igual que el Sr. Ciscar es vicepresidente de la Generalidad y Presidente Provincial del PP de Alicante. Así que mejor que no nos vengan con cuentos de desdoblamientos de personalidad según el cargo de que se trate. Y la actitud de uno y otro ante la corrupción es igual de falsa, complaciente y tolerante. No nos engañemos. En Alicante lo han demostrado y lo siguen demostrando con creces. Solo hay que remitirse a “la prueba del algodón” y no la pasan ni en sueños. ¿De qué nos sirve a los alicantinos que al Sr. Fabra le gusten o no las grabaciones entre Sonia Castedo y el Sr. Ortiz, “la polla insaciable”, si no hace nada al respecto? Porque hacer, claro que puede hacer. ¡Ya está bien de mentir a los alicantinos! Es cierto que no puede obligar a la Sra. Castedo a dejar la Alcaldía o a dejar su acta. Pero el Sr. Fabra sí que puede, en tanto que Presidente del PPCV, abrir un expediente disciplinario a la afiliada Castedo por conductas contrarias a los Estatutos del PP, puede ordenar a los concejales populares del consistorio alicantino que la expulsen, en compañía del vicealcalde procesado, del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alicante y puede, además, destituirla como Coordinadora de los distritos del PP en Alicante, ese cargo que los Sres Ciscar y JJ Zaplana se inventaron para sortear la famosa línea roja del propio Fabra. Y al margen de grabaciones tiene sobrados motivos para intervenir de forma contundente: un gobierno municipal en Alicante bajo sospecha judicial y al servicio de un empresario, concursos millonarios fraudulentos, pelotazos por doquier, amaños en las contratas públicas y en el PGOU, destituciones ilegales de funcionarios, arbitrariedades por doquier, abandono de los intereses generales, facturas de campaña electoral pagadas con dinero negro por el Sr. Ciscar según la Guardia Civil, financiación paralela de las sedes populares, contabilidad opaca a la militancia, nepotismo, despilfarro,… ¿Qué más necesita?

Con ello, sí que podría empezar a tener cierta credibilidad esa supuesta tolerancia cero con estas conductas absolutamente deleznables. Y para reforzar su credibilidad podría destituir o promover la destitución de los cargos orgánicos del PP de Alicante, al Presidente Provincial, Sr. Ciscar, y al Secretario general, Sr. Zaplana, por haber permitido y favorecido esta situación tan poco edificante hasta el punto de haber destruido al PP de la Ciudad, para dividirlo en distritos y poder finalmente situar en la cúspide a la alcaldesa plurimputada.

Pero ni lo ha hecho, ni lo va a hacer. El Sr. Fabra, sin liderazgo político y sin credibilidad ciudadana, responsable de la expulsión de los afiliados populares que hace tiempo empezaron a denunciar la deriva pestilente de la corrupción, no va a ser capaz de dar un golpe de timón semejante. Hay demasiado en juego y su debilidad política no le va a permitir reflejar con hechos contundentes su presunta apuesta por la honradez y por la ejemplaridad ante los ciudadanos. D. Alberto Fabra se va a seguir conformando con las continuas y patéticas declaraciones de sus voceros. Pero las palabras, sin hechos que las avalen ya no sirven. Los ciudadanos no quieren seguir creyendo a quienes no son capaces de poner orden en su propia casa que, cada día que pasa, huele peor.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 2 de julio de 2014

El “neuronazo” de Rajoy.


¿Se imagina alguien, sin que le de un ataque de risa, a Berlusconi anunciando propuestas para promover una mayor moralidad en la vida de los políticos? Impensable. Pues algo parecido ocurre cuando se escucha a Mariano Rajoy y a Mª Dolores de Cospedal anunciar, como acaban de hacer, la puesta en marcha en septiembre una serie de medidas de “regeneración democrática”. Rajoy acaba de  pedir el "esfuerzo de todos" para "intentar corregir los errores en el sistema" y ha citado entre sus objetivos la elección directa de los alcaldes, la revisión del número de aforados, cambios en el régimen económico de los partidos y en el estatuto de los altos cargos. Según el Presidente Rajoy, la "regeneración democrática" es una de las prioridades del país, junto con la "consolidación de la recuperación económica". En febrero de 2013 ya hizo Mariano Rajoy un anuncio similar sin que hasta el día de hoy se haya vuelto a tener noticias de la pretendida regeneración democrática. Ya se sabe que el líder popular es más bien lento tomando decisiones, pero dado el tiempo transcurrido y a la luz de los últimos resultados electorales parece que la resurrección de estas medidas regeneradoras obedece más a cierto susto por las recientes decisiones de los electores que a un impulso de conciencia política.

El anuncio de Mariano Rajoy no es creíble por varias razones. Está claro que Rajoy no entiende bien la idea y el alcance de la regeneración democrática o, si la entiende, quiere colarnos en realidad un simple maquillado del sistema. Rajoy anuncia una serie de medidas, muy limitadas e interesadas por cierto, que responden a una iniciativa personal o de su círculo inmediato de asesores. No se trata, ni muchos menos, de medidas propuestas por el Partido Popular como consecuencia de un debate ideológico abierto en su seno, entre los afiliados populares, no. Se trata de un “neuronazo” presidencial, de una ocurrencia particular y que todos acatarán disciplinadamente en la casa, como acatan siempre el “dedazo” presidencial. Quiebra, por tanto, el espíritu regenerador de estas medidas por su propio origen y es que sin democracia interna, sin debate y participación interna en los partidos, no hay regeneración democrática posible. Los tiempos del despotismo ilustrado hace tiempo que pasaron.

Otra razón que resta credibilidad al “neuronazo” presidencial es que una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. Para proponer medidas de regeneración democrática como respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos hay que empezar por ponerlas en práctica la propia casa de uno. El sistema político necesita medidas de regeneración o se derrumbará. Y las medidas regeneradoras las tienen que poner en práctica los partidos políticos, únicos agentes legitimados en una democracia para hacerlo. Son los partidos políticos los primeros que han de regenerarse y, antes de proponer medidas a los demás partidos, Rajoy debería empezar por ponerlas en práctica en su propia casa. Según el propio Partido Popular en la Comunidad Valenciana “proponer medidas de regeneración democrática es inadmisible” y constituye causa de expulsión de los afiliados. Que se lo pregunte el Sr. Rajoy a sus subordinados Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana o Felipe del Baño, por citar sólo a algunos de los liquidadores de afiliados molestos. Un partido político que no practica la democracia interna, que tiene doble contabilidad, que paga sobresueldos aunque sean legales, que vulnera los derechos de sus militantes a los que oculta sus cuentas, que ampara y protege a los corruptos como en la Provincia de Alicante, por citar solo una, no tiene autoridad moral o política alguna para ir proponiendo medidas regeneradoras. Debe empezar por limpiar su propia casa. Y no hace falta pactar con la oposición, por ejemplo, para que el propio Rajoy o Montoro renuncien al cobro de la dieta del congreso por vivienda, cuando tienen varias en Madrid, o para renunciar a pensiones superiores a las máximas permitidas al resto de los ciudadanos o para renunciar a los privilegios fiscales de los diputados o para establecer incompatibilidades y prohibir pluriempleos públicos de sus compañeros de partido.

Tampoco da credibilidad al “neuronazo” regenerador rajoyano el hecho de que se haya apresurado a proponer la elección directa de los alcaldes, designando al más votado, a menos de un año de las próximas elecciones municipales. Es evidente que esta propuesta renace a la vista de los pésimos resultados electorales de las elecciones europeas y responde no a una voluntad regeneradora sino al miedo de perder muchísimas alcaldías en los próximos comicios municipales, ante la posibilidad cierta de que los grupos municipales minoritarios que se formen lleguen a acuerdos para desalojar al PP de ciertos sillones consistoriales y poder limpiar los Ayuntamientos, como bien podría pasar en la ciudad de Alicante. En todo caso, esta propuesta requerirá el consenso, como mínimo, con el PSOE que posiblemente la asumirá, aunque sea con matices, ante sus negras perspectivas electorales.

Es hora de la regeneración democrática, a pesar de algunos, y el que no quiera entenderlo y asumirlo con sinceridad y honestidad terminará cavando su propia tumba política. Pero mientras los partidos no cambien internamente y dejen que las propuestas regeneradoras nazcan desde sus propias bases estaremos hablando de simples “neuronazos” de los “capos”, de maquillajes del sistema que terminarán embadurnando el rostro de nuestra democracia. Financiación de los partidos políticos, eliminación de aforamientos, democracia interna, primarias, eliminación de subvenciones a partidos, patronales y sindicatos, fin de los privilegios fiscales y sociales de los políticos, incompatibilidades rígidas, independencia judicial real, reforma de la ley electoral, de la ley de contratos de las administraciones públicas, estatutos de los cargos políticos, … son algunos de los temas que deben necesariamente figurar en una agenda auténticamente regeneracionista. Lo demás son brindis al sol o simples fuegos artificiales.

Santiago de Munck Loyola