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miércoles, 23 de septiembre de 2015

La hora de Alicante.


Quedan tres meses para la celebración de las próximas elecciones generales que decidirán el futuro de nuestra nación. Todos los partidos están ya sumergidos en los preparativos para esa cita, se suceden los contactos entre distintas fuerzas políticas afines para la constitución de coaliciones o acuerdos y en todos se aprecian movimientos personales para situarse bien en la confección de las listas al Congreso y al Senado.

Serán sin duda unas elecciones cruciales y todas las posibilidades, hoy por hoy, están abiertas. El bipartidismo pasa por uno de los momentos más bajos de su historia. Las nuevas fuerzas emergentes como Ciudadanos o Podemos parece que, si hay que creerse las encuestas, han frenado su ascenso. Izquierda Unida anda mendigando un hueco en las listas de Podemos. UPyD no parece levantar cabeza y Vox no logra recuperarse para rozar  ni siquiera los resultados de las últimas elecciones europeas. Los votantes indecisos y los abstencionistas declarados constituyen, hoy por hoy, la primera fuerza política de España. Y del resultado de las elecciones autonómicas catalanas del próximo 27 de septiembre dependerán también muchas cosas de cara a las elecciones generales.

El centro derecha anda más descompuesto que nunca. El Partido Popular, su principal representante, ha decidido taparse sus vergüenzas envolviéndose en la bandera del miedo a los gritos de “que vienen los rojos” o “nosotros o el caos”. Agitación del miedo, cambios estéticos, nuevas caras pero todo sin acometer realmente su problema principal, la falta de regeneración democrática.

Así las cosas, con ser muy importantes estas elecciones para el conjunto de España, lo son especialmente para la Provincia de Alicante. Una gran parte de los ciudadanos de la Provincia somos conscientes de que tanto el Estado como la Generalidad Valenciana no nos tratan con justicia. La mayoría tiene la sensación de que Alicante recibe menos de lo que le corresponde pero, hasta ahora, hemos sido incapaces de transformar esa sensación de injusticia en una acción política reivindicativa. Unos y otros han usado el maltrato a Alicante como simple arma dialéctica según estuviesen en el gobierno o en la oposición, pero no han sido capaces de plantar cara donde hiciese falta practicando un alicantinismo que rebasase el puro folclore. Solo hay que ver el cinismo de quien era vicepresidente del Consejo de la Generalidad, Sr. Ciscar, al ponerse a enarbolar la defensa de nuestra provincia a la semana de cesar en su cargo.

Por ello, estas elecciones generales representan una oportunidad histórica para nuestra provincia, para practicar el alicantinismo como acción reivindicativa de los derechos y oportunidades que nos han quitado. Los datos y las cifras son incontestables, tenemos peor sanidad, peor educación, peores servicios sociales y peores infraestructuras que la medida española, siendo la quinta provincia por población y por PIB. El Estado y la Generalidad Valenciana tienen una deuda histórica (económica) con nuestra Provincia y cuyo pago debe ser exigido con firmeza.

A pesar de los localismos que tanto pesan en muchos de nuestros pueblos, Esperanza Ciudadana, único partido provincial, ha realizado un llamamiento por escrito a otras fuerzas políticas para construir esa alternativa netamente alicantina que, desde la más absoluta lealtad a España, defienda a nuestros conciudadanos en el parlamento español. Es la hora de la generosidad política, de la amplitud de miras, del compromiso con la gente de nuestra tierra y de superar miedos y recelos. Alicante puede y debe tener voz propia en Madrid. Y sería suicida esperar a que los de siempre, los que deben su sillón a los de arriba, se decidan a defender a todos los alicantinos. Nunca lo han hecho.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 13 de noviembre de 2014

La resaca del 9-N.


La resaca del sucedáneo de referéndum del 9-N está dejando a la vista toda clase de reacciones y de actitudes políticas y económicas que no hacen sino abrir aún más la incertidumbre sobre nuestro futuro. Es tal el cúmulo de tensiones que ni siquiera existe unanimidad dentro de los principales partidos políticos y los diferentes bloques ideológicos. En el campo de los independentistas la única coincidencia existente en torno al 9-N radica en valorar lo ocurrido en pasado domingo como un auténtico éxito de participación y en traducirla como el deseo unánime de los catalanes en votar en un auténtico referéndum para lograr la independencia. Su discurso no podía ser otro aunque la realidad sea tozuda y sea un ejercicio de ciencia ficción convertir el hecho de que ni siquiera uno de cada tres catalanes haya acudido a las urnas para reclamar su supuesto derecho a la independencia en una fiesta de participación ciudadana. Si hay algo claro en la sociedad catalana es que el mundo de la política está cada día más lejos del ciudadano porque ni la última reforma del Estatuto que no fue apoyada por más de la mitad de los votantes ni esta llamada a las urnas han logrado movilizar a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña que siguen manteniéndose al margen de una clase política empeñada en levantar conflictos, en generar victimismos que justifiquen su propia existencia y, con ello, su modus vivendi. Y, en este mismo campo, al margen de la interesada valoración de esta jornada, la división se manifiesta en la hoja de ruta que hay que abrir a partir del 9-N. Unos apuestan por unas elecciones plebiscitarias y constituyentes para imponer la ruptura mientras que otros se decantan por unas supuestas negociaciones, en realidad imposiciones, con el Gobierno de España para convocar un referéndum legal.

Pero donde más diferencias de opiniones y de estrategias se plantean es en el campo de los no independentistas. Desde posiciones como la de VOX cuya estrategia política parece que pasa exclusivamente por ir presentando querellas a diestro y siniestro, así consiguen algo de notoriedad en los medios de comunicación,  y por pedir el empleo de la fuerza si fuere necesario para impedir la seudovotación, estrategia judicial compartida en parte por UPyD aunque acompañada de un discurso diferente, hasta la actitud del Partido Popular que oscila entre la pasividad y la cobardía disfrazada de prudencia. Hay quien trata de justificar la aparente inacción popular como una forma de respuesta medida y calculada ante unos hechos carentes de soporte legal y, por tanto, de legitimidad. No ha habido un referéndum ilegal, ni una consulta y, por tanto, no hay que responder a lo que no existe, dicen. Pero lo cierto y verdadero es que, pactado o no con Arriolas de por medio, las urnas han salido a la calle, burlando la Ley y las resoluciones del Tribunal Constitucional, que se han utilizado medios públicos para ello y que cuantos han querido han podido participar en este simulacro. Y que ese hecho está suponiendo una fractura interna entre los populares que exigían más firmeza y quienes respaldan la actitud del Presidente del Gobierno. Sea cual fuere el grado de respuesta más adecuado, lo indudable es que una vez más los tres días de silencio del Presidente del Gobierno desde el día 9-N han desorientado a muchos ciudadanos y suponen una actitud inaceptable frente a unos hechos gravísimos. Es evidente que Mariano Rajoy nunca ha sido un líder ni pretende ejercer liderazgo político alguno, algo que resulta imperdonable en una situación tan convulsa como la presente.

Y si hay fractura interna ante esta cuestión en el partido del gobierno también la hay en el partido socialista. Hay destacados líderes socialistas que incluso han manifestado su apoyo a la suave actitud del Presidente del Gobierno. A pesar de ello, el mensaje oficial socialista no puede ser más desconcertante. Las manidas frases del “es hora de la política y no de los tribunales” no por tópicas dejan de ser peligrosas. Si con ello los socialistas quieren decir que ante la vulneración de la ley por los políticos independentistas los tribunales de justicia deben mirar hacia otro lado lo que están subrayando una vez más es que en España hay dos clases de ciudadanos, de una parte, los de la clase política con patente de corso para vulnerar la ley y, de otra, el resto al que nada ni nadie nos libra de responder ante la justicia si infringimos las leyes. Y si con ese mensaje están dando por supuesto que es el propio Gobierno el que maneja la justicia también están dando una sonora patada al Estado de Derecho. La justicia es y debe ser independiente y todos somos o debemos ser iguales ante la Ley, con cargo público o sin él. La aparente equidistancia socialista entre el Gobierno de España y los independentistas catalanes solo sirve para alentar a estos últimos en su desafío no sólo ya al Estado, sino a la propia soberanía del pueblo español que, les guste o no a algunos, existe y es el único depositario de la misma. Si los socialistas insisten en presentar como solución una reforma de la constitución hacia el federalismo se engañan a si mismos e intentan engañar a los ciudadanos. Saben o deberían saber que el federalismo no va a ser aceptado por los independentistas porque entre otras muchas cosas el federalismo supone la igualdad jurídica y competencial entre todas las regiones españolas, los hipotéticos estados federados. Empeñarse en que el Gobierno dialogue con quienes solo pretenden imponer sus propias tesis resulta inútil y absurdo. No se puede dialogar sobre cómo fraccionar o romper la soberanía del pueblo español.

Es cierto que es hora del diálogo, pero también de la Justicia. Pero no parece que los interlocutores existentes estén por la labor. Quizás haya que ir planteándose que el diálogo deba establecerse entre la propia sociedad, con otros agentes capaces de anteponer el interés general a los intereses partidistas pero para ello hace falta que los ciudadanos despertemos, reaccionemos y seamos capaces de enviar a sus casa a toda una clase política tan mezquina como inoperante. Estamos ante un grave problema generado por la clase política que no interesa, al parecer, a la mayoría de los ciudadanos catalanes si medimos ese interés por su afluencia a las urnas, pero que sí preocupa al conjunto de la sociedad española y de cuya solución o agravamiento depende, no nos engañemos, el nivel de bienestar social y económico del conjunto de los españoles. Buena parte de la clase política viene situando de forma prioritaria en su agenda el reparto y la ampliación de sus propias cuotas de poder y no la solución de los graves problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos y no hay ninguna duda de que terminarán pagando por ello.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 26 de mayo de 2014

Elecciones europeas: varapalo general.


Cerradas las urnas y finalizado el recuento de los votos, empieza la resaca electoral o la comedia titulada “todos hemos ganado”, aunque en muchos casos la procesión vaya por dentro. Lo cierto es que el análisis de los resultados electorales será muy diferente, incluso contradictorio, según se haga desde las portavocías de los partidos políticos o por los analistas políticos en los medios de comunicación.

Tras una aburrida campaña en la que los problemas reales de Europa y de los propios ciudadanos españoles han estado bastante ausentes se abre un nuevo panorama político según los resultados electorales. Hay que señalar, en primer lugar, que aunque algunos interesadamente pretendan lo contrario no es posible extrapolar estos resultados al ámbito de la política interna. Los resultados de las elecciones europeas son orientativos de ciertas tendencias políticas, de ciertos movimientos en el ámbito doméstico, pero no pueden ser tomados como un reflejo exacto, de un pronóstico certero de lo que hubiera ocurrido o de lo que va a ocurrir en el caso de que se tratase de unas elecciones nacionales, autonómicas o municipales. Conviene, en segundo lugar, hacer un repaso pausado de la serie histórica de los datos electorales en comicios europeos anteriores para poder evaluar en su justo término el significado y la trascendencia de esta votación.

Tradicionalmente, los electores no tenemos conciencia de la verdadera trascendencia e importancia de los comicios europeos. Tenemos la sensación de que Europa nos queda lejos y que, por tanto, no nos jugamos gran cosa en el partido. Y de ahí que la participación sea escasa. Si a ello sumamos que la campaña electoral que los contendientes desarrollan no invita precisamente a la participación y que supone un elemento más de desmovilización electoral, es perfectamente comprensible que el auténtico ganado de estas elecciones europeas sea la abstención. Y el triunfo sin paliativos de la abstención es un auténtico fracaso de todos los partidos que han concurrido, desde Podemos de Pablo Iglesias hasta el PP de Arias Cañete. Juntos no han sido capaces de convencer a los votantes de que hagan uso de su derecho al voto, de que sean actores en el sistema político.

El segundo gran dato que a primera vista observamos es el fuerte castigo que han sufrido los dos gran partidos, el PP y el PSOE, que juntos no llegan a sumar el 50 % de los sufragios cuando antes superaban el 80%. Es un varapalo sin paliativos para el partido del Gobierno y para el partido que se pretendía ser su alternativa, para dos partidos cuyas candidaturas habían sido impuestas a dedo.  El PSOE sigue en caída libre sin ser capaz de rentabilizar su posición de oposición. Tras su desastrosa etapa de gobierno no ha sido capaz de realizar la más mínima autocrítica, no ha procedido a regenerarse y no es capaz de construir un discurso nacional y alternativo. Para colmo se ha empeñado en la campaña en centrarse en un error dialéctico de su adversario, como si el machismo fuese el principal de nuestra sociedad, ratificando con ello lo que era evidente, que la Sra. Valenciano carecía de suficiente talla política para tan alta misión. El voto de la izquierda se ha fragmentado como nunca. El desmoronamiento socialista ha alumbrado y propiciado parte del crecimiento de UPyD, el de IU y el de la extrema izquierda de Podemos, un conglomerado antisistema por la izquierda tan peligroso para la democracia como por la derecha el de Nuevo Amanecer en Grecia.

Y si el varapalo al PSOE ha sido sonado, no lo ha sido menos el que ha recibido el Partido Popular. Hoy mismo, el director de la campaña popular, Carlos Floriano, en declaraciones a un medio de comunicación achacaba este varapalo a que el votante popular o bien no había aceptado o bien no había comprendido la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy. Ni una sola frase de autocrítica. Y se equivoca: el votante popular ha comprendido perfectamente el alcance de las medidas de Rajoy y no las acepta porque suponen lisa y llanamente una traición a los principios políticos y al propio programa electoral del Partido Popular. Por ello, la inmensa mayoría de la abstención proviene de las filas del centro derecha español. Mientras la izquierda y la ultraizquierda se han movilizado y ahí están los resultados, el votante de centro derecha en gran medida ha preferido no votar. El PP ha perdido, respecto al año 2009, más de un 16 % de sus votantes y sólo una parte de los mismos ha sido recogida por partidos como UPyD, Ciudadanos o VOX. En concreto y suponiendo que todo el incremento de UPyD provenga del PP, que no es así, estos partidos han recogido el 9,1 % de los votos. Es muy probable que parte del crecimiento de UPyD provenga de antiguos votantes del PP, algo curioso tratándose de un partido de izquierdas, y otra parte de ex votantes socialistas. Y ciudadanos y VOX por su parte han crecido a costa del Partido Popular, eso es indudable, pero no han sabido o no han podido capitalizar eficientemente el desencanto del votante popular, pese al triunfalismo de Ciudadanos que en Cataluña, su feudo, no ha obtenido unos resultados precisamente brillantes.

Debería abrirse ahora un serio período de reflexión y, consecuentemente, de reacción en los partidos políticos, sobre todo, entre los que hasta ahora han venido siendo la base de la estabilidad del sistema político. Si no son capaces de renovarse, de conectar con los problemas reales de los ciudadanos, de ofrecer soluciones, de ser ejemplares, de acabar con la corrupción, de regenerarse y de regenerar el propio sistema democrático serán dinamitados políticamente y con ellos el propio sistema del que se han venido sirviendo impunemente en detrimento del interés general.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 2 de enero de 2014

Ciscar ya se ha puesto la venda, por si acaso.



Recién apagados los ecos de las campanadas de fin de año, se ha reiniciado el curso político, a pesar de las largas vacaciones parlamentarias de sus señorías, con encuestas y declaraciones varias. Hay que tener en cuenta que iniciamos un año electoral que tendrá su momento culminante con las elecciones europeas que servirán, sin duda, como termómetro no sólo de las preferencias electorales de los ciudadanos, sino también del grado de afección al sistema político y a las instituciones europeas. Y entre las diferentes declaraciones de responsables políticos cabe destacar y comentar las del Presidente del PP de Alicante y Vicepresidente del Consell Valenciano, José Ciscar, que ha sido difundidas por casi todos los medios de comunicación regionales.

A la frase “en el PP no tenemos miedo al crecimiento de UPyD y Ciudadanos” le ha sucedido la afirmación de José Ciscar, destacada por la prensa, de que el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con cualquier formación siempre y cuando “acepte los postulados que pasan por defender siempre el interés general de la Comunitat Valenciana”. Eso es ponerse la venda antes de la pedrada, porque pedrada la habrá con toda seguridad y merecida, por cierto, según vaticinan casi todas las encuestas. Parece poco coherente afirmar que no se teme la irrupción de esos dos partidos y a renglón seguido mostrar la predisposición al pacto con los mismos. Si uno no teme el crecimiento de otros partidos es porque cree que va a ser irrelevante así que carece de sentido estar planteándose la necesidad de formalizar pactos con ellos. Hay que deducir que el Sr. Ciscar da por perdidas las amplias mayorías que hasta ahora venía disfrutando el Partido Popular en una gran parte de las instituciones valencianas.

Según Ciscar a los votantes populares que están hoy en la abstención hay que convencerles de que la alternativa del PP es “la más importante para el futuro de la Comunitat” añadiendo que si se tiene en cuenta que la máxima alternativa posible al PP sería “un tripartito radical y de izquierdas”. Si sólo contempla como alternativa al PP un tripartido “radical y de izquierdas” ¿por qué se plantea pactar con partidos irrelevantes según él?

Más adelante, el Presidente Popular alicantino señala que lo que los ciudadanos quieren es “salir de la crisis, que se genere empleo y se mantengan las políticas sociales” y para ello, aseguró, “no quieren inventos de ningún tipo, solo que se gestione de forma razonada y con sentido común”. Parece que tiene claro lo que quieren los ciudadanos pero lo que no parece tener claro es que el PPCV no ha sabido ni mantener las políticas sociales, ni gestionar de forma razonada ni con sentido común. Si el Sr. Ciscar en lugar de mantenerse en su torre de marfil y de rodearse de aduladores y mercenarios de partido pisase un poco más la calle y palpase lo que a diario viven los ciudadanos no se pondría en evidencia con declaraciones como éstas.

Y para terminar de redondear sus declaraciones, el Sr. Ciscar no ha tenido inconveniente alguno en hacer gala, una vez más, del cinismo e hipocresía que viene caracterizando su gestión política al frente del PP de Alicante al que está conduciendo a un desastre electoral con su autoritarismo y falta de principios éticos. Así ha asegurado que en las listas electorales del PP valenciano “no va a haber personas imputadas por supuestos delitos que tengan que ver con la corrupción”, algo que, según ha dicho, lo dijo el presidente del Partido y de la Generalitat, Alberto Fabra, “y lo mantiene. A lo mejor podría explicar cómo se puede conciliar esa posición que además incluía la exclusión de imputados en los cargos orgánicos del PP con la fraudulenta maniobra que con la inestimable ayuda de su lacayo, el Sr. Zaplana, ha organizado en la ciudad de Alicante con el fin de poner lo que queda del PP alicantino en manos de los imputados del Ayuntamiento. Como sea tan creíble la promesa de que no habría imputados en los cargos orgánicos del PP como la de que no habrá imputados en las listas electorales, los ciudadanos pueden tener la seguridad de que, salvo milagro de última hora, sí los habrá.

Es evidente que estas declaraciones del Sr. Ciscar ponen de manifiesto una tremenda falta de realismo y de sensatez política. El PP está sufriendo un enorme desgaste electoral como consecuencia no sólo de las políticas impuestas por el Gobierno de la Nación, sino también como consecuencia de los resultados de la mala gestión popular en la Comunidad Valenciana, malos resultados debidos a los sistemáticos incumplimientos de los programas y principios del PP en la gestión de la Generalitat. Y a ello hay que añadir la estela de casos de corrupción y la incapacidad de la dirección popular para frenar y atajar en seco esta situación. Si a ello se añade la incapacidad de los actuales dirigentes populares para reconocer y asumir que es imprescindible abordar un proceso de regeneración democrática del Partido Popular y de muchas de las instituciones está completándose el cóctel necesario para cosechar malos resultados electorales. Y especial responsabilidad tiene en ello el Sr. Ciscar y su equipo, enemigos acérrimos de cualquier regeneración y de cualquier proceso democrático que permita al PP volver a conectar con las necesidades reales de los ciudadanos y de convertirse en un referente de participación, de debate, de transparencia, de libertad, de honestidad y de confianza ciudadana. Pero lamentablemente esas suelen ser las consecuencias de una determinada forma de hacer política que termina entregando toda una gran y noble organización al primer chaquetero y arribista que llega, es decir, consecuencia de la ausencia de democracia interna.

Finalmente hay un dato que parece obviar el Sr. Ciscar y es que el previsible crecimiento electoral de UPyD y Ciudadanos se basará, sobre todo, en el voto de los ciudadanos descontentos con el Partido Popular. Pensar que estos partidos traicionarían a la primera de cambio a sus electores para que haya “más de lo mismo” es cuando menos ingenuo. No somos pocos los antiguos votantes del PP los que pensamos que mientras el PP siga en manos de personajes como las actuales, enemigos declarados de la honestidad, de la transparencia y de la regeneración democrática, lo mejor que le puede pasar al PP y a la ciudadanía es que el Partido Popular se marche una temporada a la oposición a ver si, lejos de las moquetas, de los asesores y de los privilegios políticos, inicia una tan profunda como imprescindible renovación y regeneración interna.

Santiago de Munck Loyola

martes, 12 de noviembre de 2013

La indecencia política sobrevive en medio de la crisis.


Decididamente hay que rendirse a la evidencia, nuestra clase política, sea del color que sea, es muy especial. Sigue instalada en sus privilegios y pase lo que pase en el país no está dispuesta a modificar sus costumbres, ni siquiera por el “qué dirán”. Es evidente que no todos nuestros representantes políticos son iguales pero muy pocos se atreven a disentir y a expresarlo públicamente cuando se toman algunas decisiones, aunque no las compartan, no sea que por ello dejen de “salir en la foto”.

Mientras se habla de los recortes también en las becas Erasmus, del cierre de televisiones ruinosas, del cobro de medicamentos hasta en los hospitales, de la desnutrición de muchos niños en Cataluña, de los centenares de niños que acuden al colegio sin desayunar por falta de recursos o de la desaparición de cientos de plazas asistenciales, nuestros políticos siguen a lo suyo, como si no pasase nada y éso de apretarse el cinturón no fuera con ellos. Cuando se trata de dar ejemplo poco importa el color, coinciden en no darlo los que arruinaron al país y quienes para salvarlo están arruinando a las familias.

Ayer, sin ir más lejos, el Congreso de los Diputados escenificó como nunca lo anterior. Sus señorías dejaron claro que padecemos una casta política privilegiada, derrochadora e insolidaria. El Partido Popular, una vez más, rechazó la propuesta presentada por UPyD para suprimir en los Presupuestos Generales de 2014 la partida de 350.000 euros para los servicios de traducción de lenguas cooficiales en los Plenos del Senado. Para que nos entendamos, que el Partido Popular con el beneplácito de todos los grupos se opuso a dejar de gastar 350.000 euros en pinganillos para los caprichosos e inútiles senadores. ¿La excusa? Que como está así regulado en el Reglamento del Senado el Congreso tiene la obligación de dejar intacta esa partida. Vamos, que como el PSOE fue el autor de semejante despilfarro y estupidez, el PP que ahora tiene mayoría absoluta para poder cambiarlo no lo hace. ¿Puro seguidismo? ¿La habitual cobardía popular? ¿“Maricomplejines” en estado puro? ¿No estará pasando lo mismo con la hoja de ruta de Zapatero respecto al terrorismo? No cabe la más mínima duda de que más de un diputado popular o socialista no compartirá ese rechazo pero en éste, como en tantos otros asuntos, se callarán y acatarán lo que les manden a la hora de pulsar el botón de votaciones. Y tampoco cabe la más mínima duda de que los dirigentes populares saben perfectamente que decisiones como éstas molestan profundamente a sus votantes pero una vez más es evidente que la opinión de los mismos, hoy por hoy y dada la lejanía electoral, les importa un pimiento. Ellos a lo suyo.

Y es que tiene su miga que el sentido común, la lógica y la decencia política sigan ausentes de las instituciones. Tiene lo suyo empecinarse en mantener un guiño zapateril inútil y costoso a los independentistas que lo único que pretenden es la voladura de España a la que por negarle le niegan incluso el uso normal de su idioma, del idioma común hablado por más de 400 millones de personas, en una de las cámaras depositaria de la soberanía popular, el Senado. La Constitución no puede ser más clara. En su Artículo 3.1 señala que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Y que se sepa, el Senado es una institución del Estado, aunque no sepamos muy bien para qué sirve, no de las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, pueden ser cooficiales las demás lenguas propias. Y que se sepa también los senadores, aunque a algunos les pese, siguen siendo ciudadanos españoles y, por tanto, también tiene el deber de conocer la lengua castellana. Y si no la conocen pues a su casa, que ya está bien de burlas, desprecios y humillaciones hacia todo lo que sea español. Todos sabemos que todos los senadores hablan y entienden perfectamente el castellano, entonces ¿a qué viene lo del pinganillo, lo de tener que usar traductores para traducir una lengua que conocen sobradamente? ¿Por qué entonces hay que seguir tirando a la basura todos los años 350.000 euros? 

Las cuentas públicas no están para pagar los caprichos de nadie, por muy senadores que sean y ésto no es otra cosa que un capricho indecente que no tiene, además, ningún efecto político para buscar acercamientos hacia quienes sólo quieren alejarse. Lo de los pinganillos, se mire por donde se mire, no sólo es una payasada que provoca risas más allá de nuestras fronteras, sino que, además, es un auténtico insulto y desprecio hacia los sufridos ciudadanos que ven, día a día, cómo sus recursos disminuyen y sus dificultades crecen. ¿Qué clase de políticos tenemos que son capaces de tirar así 350.000 euros al año mientras hay miles de ciudadanos, a los que presuntamente representan, pasando hambre? Sencillamente no tienen vergüenza y se están burlando de los ciudadanos y de lo español. Perdóneme el lector, pero ¡que les den!

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 17 de julio de 2013

Para la dignidad del Congreso nada mejor que una moción de censura en fraude de ley.


Vaya por delante que un servidor cree que el Presidente Rajoy debería haber comparecido de motu propio ante el Congreso de los Diputados para ofrecer las explicaciones que fueren precisas sobre las nuevas revelaciones o nuevas versiones que el Sr. Bárcenas anda divulgando. Bien es cierto que el Congreso está para legislar y para controlar la acción del Gobierno y no para dilucidar otras cuestiones, pero dada la relevancia que han alcanzado las nuevas versiones del ex tesorero del PP parece que las explicaciones ofrecidas por Rajoy en febrero ya no son suficientes y que, por tanto, aplicar las técnicas arriolistas es más bien contraproducente. Más vale una vez colorado que ciento amarillo dice nuestro refranero y con la doctrina Arriola parece que el color amarillo va a permanecer largo tiempo en la faz del Presidente. Pero de ahí a comparecer en los términos solicitados por el PSOE, es decir “admitiendo su culpabilidad y de forma previa a su dimisión” hay un verdadero abismo. El PSOE no quiere que el Presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones y conocer así su versión, no. El PSOE no quiere conocer ninguna explicación, ni ninguna versión. El PSOE cree ciegamente a Luis Bárcenas y ya ha dictado su peculiar sentencia: el Presidente es culpable, no se sabe muy bien de qué, y por tanto debe dimitir. Por tanto, es perfectamente comprensible que una comparecencia presidencial establecida en esos términos, con dimisión incluida, sea inaceptable para el Presidente y, por supuesto, para la mayor parte de los representantes de la soberanía popular. Pero dicho esto, no hay nada que impida que el Presidente comparezca en los términos que le señale la mayoría de la cámara y esa comparecencia serviría para dejar de alimentar la posición de una oposición sin liderazgo, sin legitimidad moral y sin proyecto para sacar a España de la crisis a la que ella misma la condujo en la anterior legislatura.

Es especialmente significativo que el Sr. Rubalcaba y su partido anuncien la presentación de una moción de censura en el caso de incomparecencia de Rajoy y que para ello apelen a la “dignidad” de la Cámara donde reside la soberanía popular. Una moción de censura requiere la presentación de candidato alternativo, con un programa concreto, que debe ser sometido primero a examen y después a votación. La moción de censura no obliga al Presidente censurado a comparecer ante la cámara para responder a ninguna cuestión. El que ha de responder es el aspirante. Y lo que llama la atención es que, de una parte, se intente usar un mecanismo constitucional para lograr un efecto, la comparecencia presidencial, que no está asegurado y, de otra, que apelando a la dignidad de la cámara, la que elabora y aprueba leyes, se intente usar un mecanismo legal en auténtico “fraude de ley”. ¿Tienen patente de corso los parlamentarios, en este caso los socialistas, para institucionalizar el “fraude de ley” en el propio parlamento? ¿Ésa es la base de la ejemplaridad y la dignidad de la cámara que predican?

Una ventaja añadida que proporciona la peregrina ocurrencia de esta moción de censura fraudulenta es que permite retratar mejor a los actores e ir poniendo a cada uno en su sitio. Los comunistas de IU no quieren ni oír hablar de la dichosa moción. Lo que a ellos interesa son elecciones anticipadas que para ello las últimas encuestas les favorecen. Los nacionalistas miran para otro lado, de una parte porque los grupos independentistas catalanes están metidos de lleno en casos de corrupción y de financiación ilegal de sus formaciones políticas y, de otro, porque una hipotética moción de censura solo les interesaría si con ello aseguran su proyecto secesionista. Y finalmente tenemos a UPyD que se ha retratado perfectamente. Rosa Díez y los suyos están dispuestos a avalar a Rubalcaba como candidato a la Presidencia del Gobierno y por consiguiente sí apoyarían la presentación de la citada moción. Bueno es que se sepa, así todos los ex votantes del PP que según las últimas encuestas estarían dispuestos a transferir su voto a la formación de Rosa Díez saben ahora que significaría votar, en última instancia, al PSOE. Ya ocurrió en Asturias por lo que nadie debería llamarse a engaño. Y es que la cabra siempre tira al monte.

Por el bien de nuestra democracia, por su estabilidad y, sobre todo, por au tan necesitada regeneración es imprescindible que se aclare la verdad sobre el asunto Bárcenas y sobre la posible financiación ilegal del Partido Popular como también lo es que se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar en el otro escándalo, aún bajo investigación, y que afecta al principal partido de la oposición, el caso del ERES falsos que por su cuantía y por el origen de los fondos defraudados es de primera magnitud. No se trata de jugar al “y tú más” sino de que los dos principales partidos de España den la cara y asuman las responsabilidades que les corresponden. Porque así no se puede seguir.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 5 de julio de 2013

¿Fin del sistema bipartidista?


La encuesta publicada hoy por el Periódico de Cataluña confirma las tendencias que han venido señalando otros estudios demoscópicos anteriores. Se confirma una gran caída en intención de voto de los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE (aunque llamar ahora partido nacional al PSOE sea inexacto) y un notable incremento tanto de IU y UPyD. Según las proyecciones de esta encuesta el PP seguiría siendo el partido más votado y obtendría en torno a un 28 % de los votos, es decir, un 16 % menos que en noviembre de 2011 y el PSOE, incapaz de aprovechar el desgate del partido del gobierno, se situaría de nuevo en el segundo puesto alcanzando un 25,5 % de los votos, el peor resultado de su historia electoral. La suma de los votos de ambos partidos que tradicionalmente se ha venido situando en torno al 80 % se derrumba hasta un 53,6 % lo que es interpretado por muchos analistas como el preludio del fin del bipartidismo en España.

Según esta misma encuesta y confirmando la tendencia apuntada en las anteriores, el derrumbe de PP y PSOE es aprovechado por los comunistas de IU que superarían el 15 % de los votos y por los híbridos de UPyD, el personalista partido de Rosa Díez, que rebasaría el 12 % de los votos. Y estas expectativas de voto en medio de una abstención record en la historia de nuestra democracia, el 40 %, que evidencia claramente una profunda desafección de una buena parte de la población hacia el sistema democrático vigente.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad de nuestro país, el panorama no es muy alentador. Tenemos antecedentes históricos más que suficientes como para sospechar que un sistema de partidos tan fragmentado no es precisamente lo mejor para garantizar la imprescindible estabilidad gubernamental y, menos aún, cuando la propia supervivencia del Estado está puesta en tela de juicio por los desafíos de los partidos independentistas.

Parece claro que la fuga de votos del PSOE se dirige fundamentalmente hacia su izquierda, es decir, a favor de IU. Entre las causas de esta creciente pérdida de peso electoral seguramente estarán el recuerdo de la desastrosa gestión de la crisis por parte del Gobierno de Zapatero, la inexistencia de autocrítica, la ausencia de renovación dentro del socialismo, la falta de credibilidad en las labores de oposición lastradas por un clamoroso oportunismo, la debilidad del liderazgo de Pérez Rubalcaba, la desaparición del sentido nacional del PSOE siempre dispuesto a ceder terreno a los socialistas catalanes y escándalos tan graves como el caso de los EREs de Andalucía.

En cuanto al PP, la encuesta proporciona un dato importante: la mitad de los electores que se marchan votarían a UPyD. Este dato es muy significativo porque evidencia que una buena parte de votantes populares desencantados están dispuestos a otorgar su voto a un partido cuyos orígenes están en la izquierda y que, aunque ideológicamente confuso, mantiene posiciones alejadas del ideario político del centro derecha. Es muy probable que, aunque UPyD pueda ser caracterizado como un partido de centro izquierda, una buena parte del votante de centro derecho esté dispuesta a darle su voto porque encuentra en su discurso tres elementos importantes que no termina de distinguir con la suficiente nitidez en el discurso popular:
  • Una posición más beligerante y nítida a la hora de abordar el proceso para acabar con el terrorismo etarra.
  • Una posición más contundente frente a los nacionalistas y los diferentes procesos independentistas puestos en marcha.
  • Un discurso más radical respecto a la unidad del Estado y la reforma del sistema autonómico.

Si a esta peculiaridad se suma el evidente desgaste que toda acción de gobierno comporta y especialmente en una situación tan difícil como la que le ha tocado lidiar al Gobierno de Rajoy que ha derivado en graves incumplimientos del programa electoral y un profundo desencanto y bochorno por las continuas noticias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular en todos los niveles y frente a los cuales no se transmite la imagen de una reacción contundente para acabar con los mismos, es fácil comprender esta fuga de votos. La política de comunicación del Gobierno no es buena y la del Partido Popular tampoco. Está pesando mucho más ante la opinión pública lo negativo que los logros del Gobierno que los hay y muy importantes. Es evidente que los resultados de la doctrina Arriola, “ponerse de perfil frente a los problemas”, no sirve o al menos así lo señalan las encuestas. El PP tiene delante una importante tarea si quiere seguir siendo un gran partido con capacidad de gobierno y en la casa deberían preguntarse quién se va, por qué se va y rectificar lo que haya que rectificar que no es poco.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

jueves, 15 de diciembre de 2011

Rivas: las fantasías electorales de D. ª Inmaculada Sánchez Ramos.

“Hasta estas últimas elecciones había sido Rivas un municipio de izquierdas, pero comprobamos hoy que el Partido Popular es el partido político más votado en nuestra ciudad, la mayoría de ripenses confiaron en nosotros, y sabemos que no les vamos a defraudar.”  Estas palabras pertenecen a la Portavoz paraca del PP de Rivas, D.ª Inmaculada Sánchez Ramos, y expresan el profundo y sesudo análisis que dicha Señora hace de los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid. “Una gran marea azul recorre nuestra ciudad: de esperanza, de trabajo, de responsabilidad, de dignidad, de respeto, de confianza, y entre todos vamos a conseguir hacer de Rivas una ciudad moderna de referencia” añade la ilustre Portavoz en su análisis.
Cualquier persona que desconozca los datos reales de las pasadas elecciones podría pensar, tras la lectura de estas palabras, que en Rivas-Vaciamadrid se ha producido un vuelco histórico y que la izquierda ha perdido las elecciones en el municipio ante una espectacular subida del Partido Popular. Pues bien, por más que uno analice los datos electorales no se percibe marea azul alguna en el pequeño mar electoral ripense. Es muy posible que alguna azul sí que esté mareada y por eso se pronuncie en el sentido anterior, pero poco más.

Los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid son los que son y sólo coinciden con el anterior análisis en un hecho cierto: que por primera vez el PP ha sido el partido más votado en la localidad. Pero de ahí a las anteriores conclusiones no sólo hay un abismo, sino que además constituyen una ridícula y evidente falta a la verdad. No sólo es falsa la afirmación de que una gran marea azul recorre la ciudad, sino que también es falso que la mayoría de los ripenses haya confiado en el Partido Popular. Mentir así no conduce a nada y desde luego sólo sirve para retratar a quienes así se pronuncian.

El Partido Popular ha sido el partido más votado por la sencilla razón de que la izquierda, absolutamente mayoritaria en estas elecciones en el municipio ha fragmentado su voto. El PP ha sido el Partido más votado en Rivas, con un 37,31 % de los votos, porque el PSOE ha sufrido un tremendo castigo electoral que ha sido aprovechado fundamentalmente por los partidos de izquierdas, UPyD que crece respecto a 2008 en un 6,92% e IU que incrementa su voto en un 6,23 %, y en muy escasa medida por el PP de Rivas que tan sólo ha incrementado su porcentaje respecto a 2008 en un 1,05 %, mientras que el PP de la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 1,65 %.

Los principales partidos de izquierdas de Rivas sumaron en 2008 el 60,99 % de los votos y en 2011 el 59,71 % de los votos. Para cualquier observador mínimamente objetivo la conclusión es evidente: los vecinos de Rivas-Vaciamadrid siguen votando mayoritariamente a los partidos de izquierdas en las elecciones generales. Prácticamente un 60 % de los vecinos lo hicieron en 2008 y lo han vuelto  a hacer en 2011. Hablar por tanto de marea azul o de vuelco histórico sólo puede ser calificado de solemne estupidez. Rivas-Vaciamadrid sigue siendo un municipio de izquierdas y lo sigue siendo en medio de la peor crisis económica sufrida en nuestra democracia. Eso sí, los votantes ripenses siguen votando a la izquierda pero nada les ha impedido castigar, y con dureza, al partido político responsable de este desastre social, el PSOE.

En todo caso, no está de más recordar que el resultado obtenido por el PP el pasado 20 N ha sido inferior al obtenido por Alberto Ruiz Gallardón en 1999 cuando el PP alcanzó en Rivas el 37,37 % de los votos. Tampoco conviene obviar otro dato importante: en las últimas convocatorias electorales de ámbito nacional el PP de Rivas había ido disminuyendo en cada cita electoral el diferencial negativo que le separaba del voto obtenido por el PP en la Comunidad de Madrid. Este diferencial negativo fue de un -12,93 % en 2008 y en 2011 esta tendencia se ha roto y el diferencial negativo ha vuelto a crecer llegando a un -13,53 % respecto al voto del PP en la comunidad madrileña.


1989
1993
1996
2000
2004
2008
2011
CongresoRivas
8,17
25,73
32,07
36,82
31,23
36,26
37,31
CongresoMadrid
34,22
43,92
49,29
52,52
45,02
49,19
50,84
Diferencia
-26,05
-18,19
-17,22
-15,7
-13,79
-12,93
-13,53




Que la Sra. Sánchez Ramos quiera engañar a los vecinos con semejantes conclusiones era de esperar conociendo su trayectoria ética y política. No en balde, a pesar de haber perdido el aliento en su desenfrenada carrera para hacerse una foto con Rajoy, D.ª Inmaculada ha sido uno de los cargos públicos del PP que menos ha ayudado a la victoria de Mariano Rajoy denigrándole y descalificándole con sus escritos durante los últimos años.

Pero que ese engaño cale en la propia organización local resulta extremadamente peligroso. Si el PP de Rivas se cree las mentiras de estas absurdas conclusiones electorales estará cimentando futuros errores. Todos estamos comprobando a dónde lleva negar la realidad y empeñarse en desarrollar estrategias disparatadas y, para muestra, basta constatar la existencia de 5 millones de parados.

La Sra. Sánchez Ramos podrá saber mucho de satélites, pero es evidente que le faltan unos cuantos hervores para poder esbozar un simple análisis electoral. O éso o es que tiene mucha cara. O las dos cosas. ¡Vaya usted a saber!

Santiago de Munck Loyola