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lunes, 23 de noviembre de 2020

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.

NOTA DE PRENSA

23-11-2020

El Partido Alicantino Regionalista (PAR) presenta alegaciones contra el convenio urbanístico que favorece a la empresa en la que trabaja el marido de la Alcaldesa.


El Partido Alicantino Regionalista ha presentado hoy ante el registro municipal de Monforte del Cid tres alegaciones contra el borrador de convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Monforte del Cid y varias empresas entre la que se encuentra innecesariamente la empresa para la que trabaja el marido de la Alcaldesa para dotar al Polígono Industrial Las Norias de un acceso a la carretera CV-85.


La primera alegación reitera la recusación a la Alcaldesa por incumplir su deber legal de abstención en este procedimiento. En efecto, pese a que la inexistencia de acceso del Polígono a la citada carretera es un problema antiguo para el que la alcaldesa no ha movido un dedo durante años, lo cierto es que tan solo semanas después de que su marido, Javier Martínez Serra, exconcejal de IU en San Vicente de Raspeig, fuera contratado por la empresa UVASDOCE SL como analista de producción, se iniciaron los trámites para aprobar este convenio. La participación de la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Bello, en el impulso y tramitación de este expediente vulnera lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que la obliga a abstenerse.  La intervención de la Alcaldesa claramente en favor de la empresa para la que trabaja su marido vicia de nulidad al convenio.


La segunda alegación se sustenta en que el convenio atenta al interés general y supone una pérdida de ingresos para el Ayuntamiento de más de 950.000 euros que sería lo que la empresa UVASDOCE SL debería abonar para tener pleno acceso a las infraestructuras del Polígono industrial.  La inclusión de la empresa para la que trabaja el marido o pareja de la Alcaldesa, UVASDOCE SL, es absolutamente innecesaria para lograr la finalidad perseguida por el Convenio que no es otra que dotar de un acceso al Polígono de las Norias a la Carretera CV-825 ya que es evidente que el Ayuntamiento cuenta por si solo con recursos suficientes para afrontar el coste de 28.267 € de la obra. Pero es que, además, el abono de los 28.627 € por parte de UVASDOCE SL previsto en el Convenio se hace a cambio de que dicha empresa pueda conectarse y beneficiarse de todas las infraestructuras del Polígono Industrial, según se reconoce en la Memoria suscrita por el Ingeniero Municipal Sr. Carratalá, infraestructuras cuyo coste mínimo para los propietarios del polígono ha sido de 28 € por cada metro de solar. Es decir, que gracias al Convenio promovido por la Alcaldesa la empresa para la que trabaja su marido o pareja, considerando que la parcela de UVASDOCE SL pueda rondar los 35.000 m2, se ahorrará cerca de 950.000 euros, cantidad que perderá el Ayuntamiento monfortino, amén de la revalorización que ello suponga. Todo un pelotazo.


La tercera alegación considera que el Convenio es un fraude de ley pues mediante el mismo se persigue, además del beneficio económico particular, que una empresa ubicada en suelo no urbanizable, suelo agrícola común según el PGOU, que cuenta con una DIC, pase a conectarse a las infraestructuras de un suelo urbano, industrial, eludiendo la legislación del suelo para la consecución de este fin. Es decir, estamos en presencia de un auténtico fraude de ley.


En definitiva, el PAR entiende que el convenio impulsado por la Alcaldesa comunista de Monforte del Cid es nulo, atenta contra el interés general y constituye un auténtico fraude de ley. Es un pelotazo urbanístico en toda regla absolutamente inadmisible y un agravio comparativo para todos los propietarios de suelo del Polígono Industrial que durante años han realizado enormes esfuerzos para construir esta infraestructura. Se trata de un escándalo por el que la Alcaldesa debe asumir responsabilidades y presentar su dimisión.