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viernes, 23 de julio de 2021

La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola

martes, 27 de septiembre de 2016

De mal en peor.



Si alguien pensaba que el resultado de las pasadas elecciones autonómicas celebradas en Galicia y el País Vasco iba a servir para desbloquear la situación política y facilitar la formación de un Gobierno para España se ha equivocado. Del resultado de estas elecciones se han sacado tantas lecturas como comentaristas políticos existen y cada cual ha tratado de arrimar el ascua a su sardina. Sin embargo, tras diez meses sin gobierno y tras los resultados de estas elecciones sí que es posible confirmar dos peculiaridades de nuestra cultura democrática.

La primera es que hemos perdido o, mejor dicho, nuestra clase política ha perdido toda capacidad de diálogo, de acuerdo o de consenso, que tan importante fue en nuestra transición, en unos momentos especialmente difíciles para el conjunto de la Nación y, en especial, para millones de españoles cuya supervivencia económica se encuentra en un estado dramático. Nadie o muy pocos hablan ahora de los más de 4 millones de desempleados, de los miles de desahucios que anualmente se siguen produciendo, de las míseras pensiones de muchos ciudadanos, de la subsistencia de todos los privilegios de la clase política, de los riesgos del terrorismo islamista o del avance del proceso de ruptura de nuestra Nación. Todo lo más se habla y como arma arrojadiza de la corrupción que pesa sobre los grandes partidos y sobre las corruptelas de los recién llegados.

La segunda peculiaridad es la inexistencia de asunción de responsabilidades políticas por los resultados electorales. En los países europeos con más larga tradición democrática, que deberían servirnos de espejo para asimilar sus mejores conductas, no se concibe que tras un fracaso electoral un líder, un candidato, no presente su dimisión. Ya tras las elecciones generales del pasado mes de diciembre, la lógica democrática exigía que quien siendo Presidente de Gobierno con una mayoría aplastante de 186 diputados la deja en 123 escaños hubiese presentado su dimisión. Es evidente que muchos justificarán aquel resultado pero los hechos son los que son. Y también entonces un líder de la oposición que no sólo no fue capaz de rentabilizar el desgaste del gobierno y deja a su partido con 20 escaños menos, pasando de 110 a 90, debía igualmente haber presentado su dimisión, como debería haberlo hecho seis meses después al lograr pasar de 90 a 85 diputados. Todo un récord. Y esta peculiaridad, incomprensible para nuestros vecinos europeos, se ha visto reforzada tras las elecciones autonómicas del pasado domingo. ¿Ha dimitido alguien en el PSOE? ¿Ha dimitido alguien en el PP del País Vasco por empeorar unos resultados anteriores ya de por si malos? Nadie.

Es evidente que los resultados de las pasadas elecciones autonómicas no ayudan a despejar el panorama nacional. Todo lo contrario. La situación, a la luz de los últimos acontecimientos se complica enormemente. De una parte, el PSOE se ha convertido en una olla a presión y su Secretario General está forzando la maquinaria interna para sostenerse en el poder. De otra parte, el Partido Popular, tan necesitado de una profunda regeneración, ha decidido posponer cualquier movimiento en esa dirección y limitarse a observar la posible “voladura” del PSOE. Ciudadanos no ha terminado de asimilar que el batacazo en Galicia y País Vasco limita enormemente y quizás de forma definitiva su proyección como partido de ámbito nacional. Y Unidos Podemos, tras fagocitar completamente a Izquierda Unida, contribuye interesadamente a agitar las aguas de Ferraz rompiendo, de momento, los pactos de gobernabilidad que mantenía con el PSOE en Castilla la Mancha y en Extremadura a costa, sin ningún rubor, de la necesaria gobernabilidad para los ciudadanos de esas dos regiones. Todo vale con tal de primar los intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos.

Eso sí, podemos estar tranquilos. Todos los partidos han manifestado por activa y por pasiva que lo último que desean es que tengamos que celebrar unas terceras elecciones generales, pero, por si acaso, sí se han puesto de acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral por el procedimiento de urgencia para que esas indeseadas terceras elecciones se celebren el próximo 18 de diciembre, recortando una semana la campaña electoral, y que así no tengamos que votar en día de Navidad. Para que luego digamos que esta clase política no piensa en el bienestar de los españoles.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com.es