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jueves, 19 de marzo de 2015

Ikea, Alicante y la “polla insaciable”.


En una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes el hecho de que una empresa cualquiera, por muy grande que sea y por muy Ikea que se llame, decida instalarse en una ciudad como Alicante no debería causar todos los problemas y debates que en nuestro caso se están generando. La instalación de esa empresa debería depender fundamentalmente de razones de oportunidad de mercado y del cumplimiento de la legislación vigente. Y poco o nada tendrían que decir los políticos salvo en lo relativo a la defensa de los intereses de los usuarios.

Pero es evidente que no estamos en una sociedad de mercado libre, no intervenida, competitiva y con instituciones limpias y transparentes y no lo estamos porque nos gobiernan los que nos gobiernan y porque se oponen los que se oponen. Unos y otros son los responsables del lamentable espectáculo que se está ofreciendo para algo tan normal como que funcione el mercado en una sociedad moderna y occidental. Seguramente, al observador extranjero toda esta opereta en torno a la instalación de Ikea en Alicante le suena más a una aventura empresarial en una república bananera que a la que corresponde a un país y a una ciudad occidental en el siglo XXI.

Han conseguido que la llegada de Ikea a Alicante esté asociada a la corrupción, al tráfico de influencias y, en definitiva, a lo peor de una determinada forma de entender el papel de las administraciones públicas en el funcionamiento del libre mercado. A la vista de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo es evidente que en Alicante tenemos, más bien padecemos, un Ayuntamiento y una Administración Autonómica podridas hasta la médula que, lejos de servir al interés general, al de los ciudadanos y consumidores, sirven a intereses particulares y, además, bastante sucios, gracias a una clase política en buena parte corrupta, servil, irresponsable y, cuando menos, vergonzosamente pasiva.

Para que una gran empresa se instale en una determinada ciudad sólo deben confluir dos intereses: el de la empresa y el de los consumidores o usuarios y el primero siempre dependerá del segundo. Y el papel de las administraciones no puede ser otro que el de haber desarrollado un modelo de ciudad que disponga de los suelos necesarios para que las oportunidades empresariales pueden materializarse. Y eso no ha ocurrido en nuestra ciudad cuya configuración territorial, cuya trama urbana se ha venido improvisando a golpe de ocurrencias o de intereses particulares, sin más previsión de futuro que la del pelotazo del amigote.

Para que Ikea o cualquier otra gran empresa se instale en nuestra ciudad no hace falta que se vincule con la aprobación de suelos para miles de viviendas nuevas, ni con la creación de un supercomplejo comercial de 130.000 metros cuadrados. Si se hace es sólo para beneficiar al amigote de turno, si se hace es para servir a los intereses de un particular y no al interés general. Podrán justificarlo como quieran, pero todos sabemos que eso es así. Y cuando el proyecto inicial es sometido a investigación judicial, acudir a la figura urbanística de una ATE para eludirla es una demostración palpable de que el Gobierno de la Generalidad también está sirviendo a intereses privados.

Ikea no es la panacea para el empleo ni es la salvación de la ciudad, aunque lo sea del capo de la misma. Es indudable que su implantación beneficiará al consumidor que ya no tendrá que desplazarse a Murcia o a Valencia para adquirir los productos de la multinacional sueca. Pero si Ikea va acompañada de un macrocentro comercial significará, sin duda, la asfixia de los numerosos centros comerciales de la ciudad que no terminan de despegar, supondrá la creación de muchos puestos de trabajo pero simultáneamente la pérdida de cientos de puestos de trabajo en esos mismos centros comerciales y en muchos de los comercios del centro de la ciudad y supondrá el desplazamiento y concentración del ocio con la consiguiente pérdida de vitalidad de importantes zonas de la ciudad. Hay que valorar todo y hay que redimensionar el impacto de esta iniciativa empresarial. Pero lo que hay que intentar sobre todo es obligar a nuestros gobernantes a que sitúen en el centro de sus actos el interés de los alicantinos y a que olviden de una vez sus pactos y su vergonzante sumisión en Valencia y en Alicante a la “polla insaciable”.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 25 de diciembre de 2014

Alicante: cambio de persona pero no de políticas.


Lo que hace algo más de dos años empezamos a reclamar unos pocos en Alicante,  y pagamos caro por ello, se ha hecho realidad en parte el pasado día 23 de diciembre: el apartamiento del poder municipal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y hay que subrayar que esa reclamación solo se ha logrado parcialmente ya que continúa en su puesto el vicealcalde procesado Sr. Llorens.  Cuando a finales de ese año 2012 la Alcaldesa Sonia Castedo fue imputada, fuera de la oposición municipal, tan sólo el Diario El Mundo y unos pocos afiliados del PP manifestamos públicamente que los imputados deberían ser apartados de sus responsabilidades de gobierno hasta clarificar la existencia o no de responsabilidades judiciales, mientras que la dirección provincial del PP participaba en los auto-homenajes que la Alcaldesa se organizaba por esa imputación. 

Meses más tarde, los que nos habíamos atrevido a demandar la imprescindible regeneración de la política en general y del PP alicantino en particular fuimos expulsados del mismo por ello, mientras simultáneamente el Presidente provincial Popular José Ciscar y su Secretario General José Juan Zaplana retorcían los Estatutos del PP para situar en la cumbre de la organización alicantina a Sonia Castedo, como coordinadora de sus distritos.

Sonia Castedo había ido escalando puestos en la organización popular hasta llegar a la alcaldía no porque contase con el respaldo de los afiliados del PP, que no pintan nada a la hora de elegir a sus cargos o candidatos, sino gracias a su habilidad para moverse entre los clanes y familias con controlan y manejan a su antojo ese partido político. No era de extrañar que con tantos intereses inmobiliarios del Sr. Ortiz en juego, fuese precisamente la concejala de urbanismo la que heredase la alcaldía de Alicante. Y es precisamente la hipoteca de esa relación fraguada en los años de gestión directa del urbanismo la que hizo que Sonia Castedo despilfarrase o no pudiese aprovechar el inmenso caudal político que las urnas le otorgaron en las elecciones municipales de 2011.

Sonia Castedo deja la Alcaldía de un Ayuntamiento que se ha convertido en una referencia nacional de corrupción. Deja una mala imagen de nuestra administración municipal, un desprestigio absoluto de la forma de gobernar en nuestra ciudad. Deja una hacienda municipal intervenida, un alto endeudamiento, una infinidad de proyectos aparcados, una mala gestión de servicios públicos básicos, barrios enteros abandonados a su suerte y un presupuesto municipal en el que 1 de cada 5 euros es para pagar al proveedor municipal por excelencia, Enrique Ortiz.

No hay que engañarse, la tardía y forzada dimisión de Sonia Castedo solo cierra una etapa personal, pero no supone en modo alguno un cambio de políticas en el Ayuntamiento de Alicante. “Las políticas de Sonia Castedo son las políticas del Partido Popular” y eso lo decía hace poco más de un año el máximo órgano disciplinario del Partido popular de la Comunidad Valenciana. Sonia Castedo no ha gobernado sola, lo ha hecho con todo un grupo de concejales que la han apoyado y participado en una gestión cuyos resultados están a la vista. Ninguno de ellos ha discrepado jamás de la línea seguida, ninguno de ellos ha tenid la valentía o el decoro para expresar su desacuerdo con todo lo que hemos venido conociendo. Todos son corresponsables del descrédito de nuestro Ayuntamiento. Y ahora, uno de ellos, Miguel Valor, 30 años sin bajarse del coche oficial y que aparece en las conversaciones con el empresario Enrique Ortiz del sumario policial del caso Brugal, la va a suceder encarnando a la perfección la presunta regeneración democrática que intenta vender el Sr.  José Ciscar. ¡Ahí queda eso! El PP de Alicante intenta lavarse la cara, intenta cambiar de imagen pero no de principios, no de política, y lo hace por puro interés electoralista, no hay que dejarse engañar. Un partido sin democracia interna, sin participación de sus militantes sólo puede volver a ofrecer más de lo mismo: incompetentes, amigotes, oportunistas, arribistas o aprovechados.

La ciudad de Alicante, su Ayuntamiento, necesita un profundo cambio y no sólo de carteles electorales. Frente al auge y amenaza de experimentos populistas hoy solo existe en el campo del centro derecha una alternativa dispuesta y capaz de ofrecer ese cambio, Esperanza Ciudadana. Un partido joven, sólidamente asentado en los valores que el PP ha abandonado, comprometido con la ciudadanía, centrado política y socialmente, construido desde la base y en el que la participación y la voluntad del vecino, del afiliado, son los motores de su actividad. Alicante no se merecía todo el daño que el Partido Popular le ha hecho y llega la hora de exigir responsabilidades en las urnas, de pasar página y de cambiar de personas y de políticas. Vamos a intentar que así sea.

Santiago de Munck Loyola



martes, 7 de octubre de 2014

La filípica de Sonia Castedo.


A pocos, sobre todo en Alicante, ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado. Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella pudiese ser la Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son difíciles de igualar.

Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18 concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado: traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado popular,  la piden muchos antiguos militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en  privado.

Dice la Alcaldesa que la izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano, por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar, de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.

Y es muy posible que las bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas” en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación. Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos los ciudadanos a los que representa.

Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente… no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr. Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio, de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.

Para quienes seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho. Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante. No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 19 de septiembre de 2014

José Ciscar y José Juan Zaplana deberían dimitir a la par que la Alcaldesa.


Poco o nada ha cambiado en la situación procesal de la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, salvo el hecho que ha sido imputada en un nuevo caso, el asunto “Rabasa”, promovido por la acusación particular, Izquierda Unida. Poco o nada ha cambiado con respecto al año 2012 en su situación procesal porque su estatus sigue siendo el mismo, el de imputada. Al día de hoy ni está procesada por delito alguno ni, mucho menos, condenada. Y ya sabemos lo que en España significa estar imputado. Por cierto, hay que denunciar que el lento funcionamiento de la justicia que alarga durante años la instrucción de los casos y, con ello, las imputaciones constituye una burla a los derechos fundamentales y libertades públicas protegidos por la Constitución en el Artículo 24.

Y, de repente, como si una nueva imputación supusiera un cambio radical en el estatus judicial de la Alcaldesa se monta todo un espectáculo. Periódicos que durante años han omitido cualquier crítica o noticia adversa a la gestión de la Alcaldesa, ven la luz, se caen del caballo y empiezan a publicar noticias con todo lujo de detalles. Y en el PP se ponen muy nerviosos y empiezan a enseñar la puerta de salida a la Alcaldesa y a buscarle sustituto. ¿Tanto ha cambiado el asunto? Evidentemente no. Pero hay elecciones municipales dentro de 9 meses y el PP teme que los alicantinos le pasemos factura por haber convertido nuestra ciudad en un paradigma de la corrupción y del “chalaneo” político-empresarial. Y a esa circunstancia hay que añadir otra muy enraizada en lo más profundo de algunas personas. Los miserables suelen ser oportunistas. Suelen actuar como las aves carroñeras y se alimentan de los despojos. Dicho de otra forma, siempre hay gente dispuesta a hacer leña del árbol caído. Pero seamos serios. Muy poca gente y muy pocos medios de comunicación de Alicante que hoy andan despotricando se han atrevido en los últimos años a alzar su voz contra los abusos y la gestión de Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante. En el PP nadie, salvo dos personas y pagamos con la expulsión por ello, alzó la voz públicamente. Todos los concejales del PP, todos sin excepción desde Carlos Castillo hasta Luis Barcala, han permanecido callados como tumbas, han sido partícipes de una nefasta gestión municipal y han avalado con su presencia en el equipo de gobierno el desprestigio de nuestro Ayuntamiento. Y la dirección provincial del PP no sólo ha avalado estos años a la Alcaldesa sino que, además, conocida su primera imputación la promocionó concediéndole el mando sobre el desmembrado PP de la ciudad. No es posible olvidar que ante la corrupción no caben las medias tintas. O se denuncia o se transige y lo segundo, cuando se ostentan responsabilidades políticas, es complicidad.

Hay que decirlo alto y claro: si en 2012 Sonia Castedo podía, pese a estar imputada, seguir al frente de la Alcaldía y del PP con la bendición y protección de José Ciscar y de su mano derecha, José Juan Zaplana, hoy, en 2014, no debería existir ninguna razón objetiva para lo contrario. Y si ahora sus protectores, José Ciscar y José Juan Zaplana, han cambiado de criterio es que se equivocaron gravemente dañando a esta ciudad y si ahora entienden que la imputación no le permite seguir al frente del Ayuntamiento, son ellos dos los que también deben irse a casa, porque son ellos dos los responsables de que estando imputada haya permanecido durante dos años representando al PP y a los alicantinos en el Ayuntamiento. No lo harán con toda seguridad porque ambos personajes no se han distinguido nunca por su defensa de los valores y principios que deben animar el servicio a la ciudadanía, sino que se mueven por simples cálculos electoralistas.

Con todo, no hay que olvidar que Sonia Castedo goza de la presunción de inocencia y, al día de hoy, es inocente. Andar pidiendo su prisión preventiva es una majadería propia de ignorantes y de oportunistas sin escrúpulos. ¿Tendría que dimitir? Parece que sí. Tendría que haberlo hecho en 2012, porque está bajo sospecha judicial por múltiples causas, porque ha incumplido sistemáticamente el programa electoral por el que elegida y porque no ha representado a los alicantinos, tal y como evidencian las grabaciones difundidas, con la dignidad y altura que el cargo institucional y la representación de todos los alicantinos requería.

Santiago de Munck Loyola





jueves, 18 de septiembre de 2014

Ayuntamiento de Alicante: llueve sobre mojado.


Lo han vuelto a conseguir. La ciudad de Alicante vuelve a ser noticia en toda España gracias a los líos judiciales de su Alcaldesa, Sonia Castedo. Por segunda vez en menos de dos años, un juez vuelve a imputar a la Alcaldesa, en este caso el juez que instruye el 'Caso Rabasa', por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y junta a ella ha imputado a su amigo, el autodenominado “la polla insaciable”,  el empresario Enrique Ortiz.

Nuestro Ayuntamiento vuelve a ser un referente nacional y no precisamente por la calidad de los servicios que presta, sino por las sospechas de corrupción que salpican a varios de sus más relevantes cargos públicos. Todo un logro labrado, paso a paso, desde hace muchos años y del que quedan muchas facetas por descubrir. El descrédito del Ayuntamiento de Alicante y de los cargos políticos que lo dirigen es absoluto y merece una condena sin paliativos. Al margen de las responsabilidades que los procedimientos judiciales en curso contra la alcaldesa y varios concejales populares terminen por determinar (hasta ahora todos son inocentes) lo cierto e innegable es que existe una clara responsabilidad política por haber deteriorado y arrastrado por el fango la imagen y el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Y las cosas claras: la responsabilidad política de haber llegado hasta este punto de descrédito es exclusivamente del Partido Popular, de sus dirigentes que no sólo no han querido adoptar medidas para evitarlo, sino que además han sido encubridores políticos y protectores de esta escandalosa situación, y de sus afiliados que, salvo honrosas excepciones, han permanecido mudos, dóciles y sumisos ante esta desastrosa y repugnante forma de hacer política.

Hoy, en el Partido Popular andan muy preocupados con esta situación. Pero que no se engañe el lector, la preocupación no deriva de cuestiones éticas o de principios políticos, no. La preocupación deriva de un simple cálculo electoral. Están evaluando el daño en término de votos que toda esta situación les va a reportar en las próximas elecciones municipales. Y hoy existe esta preocupación porque cuando debían haber tomado medidas ejemplarizantes no sólo no las tomaron, sino que además reforzaron la posición política de la Alcaldesa.

Cuando hace casi dos años Sonia Castedo fue imputada por primera vez, los responsables del PP alicantino, José Ciscar y José Juan Zaplana, se alinearon con ella, asistiendo incluso el segundo a una cena de homenaje organizada con ocasión de la imputación. Pusieron en marcha los mecanismos para expulsar a los pocos afiliados que entonces reclamaron que la alcaldesa y cualquier otro concejal imputado fuesen apartados del Grupo Municipal Popular. Y fraccionaron al PP alicantino para poder sortear las normas internas que impedían que la Alcaldesa pudiera presidirlo y la nombraron Coordinadora de las fracciones resultantes. Es evidente que si entonces hubiesen actuado con firmeza, si entonces la hubiesen apartado del Grupo Popular (otra cosa no podían hacer porque el acta de concejal es de ella) hoy el panorama sería muy diferente y no estarían hablando de “buscarle una salida digna” o de encontrar un “recambio” que esquive el fatal pronóstico electoral que se anuncia para mayo.

José Císcar, José Juan Zaplana y todos los concejales del equipo de gobierno, cómplices con su silencio de toda esta situación, son los principales responsables de lo que está pasando. Han sido incompetentes, sectarios, complacientes y tolerantes con conductas inaceptables, encubridores políticos de una forma de gobernar “bananera” en el peor sentido de la expresión. Ahora andan como locos buscando una solución al problema que ellos mismos han creado pero no lo hacen porque crean en la regeneración política, no lo hacen por principios, lo hacen sólo por puro mercantilismo electoral. Y decidan lo que decidan, la solución que encuentren, el recambio que busquen nacerá viciado de origen porque, una vez más, lo harán sin contar con sus abnegados militantes cuya opinión les importa muy poco. Si los problemas judiciales de Sonia Castedo la incapacitan políticamente para seguir gobernando y tienen que “buscarle una salida digna” (o sea otro cargo público) ¿no la incapacitan para seguir cobrando de otro presupuesto público? La única salida digna es dejar la política y buscarse la vida como cualquier ciudadano. ¿Y el recambio? ¿Van a preguntar a los afiliados? ¿Va a salir de entre los miembros de un Equipo de Gobierno responsable de adjudicaciones escandalosas y corresponsable de la sucia imagen de nuestro Ayuntamiento?

Peor no se podía haber gestionado esta situación. Los José Ciscar, José Juan Zaplana, Sonia Castedo, Andrés Llorens, Marta García-Romeu, Juan Seva, Antonio Ardid, Miguel Valor, Carlos Castillo, María Ángeles Goitia, Sonia Alegría, Pablo Sandoval, Adrián Santos, Belén González, Oti García-Pertusa, Juan Zaragoza, Mariano Postigo, María del Carmen de España, Luis Barcala y Tomy Duarte han estafado políticamente a los ciudadanos de Alicante, han defraudado la confianza de los votantes y han abierto la puerta del gobierno de la ciudad a la izquierda alicantina. Lamentablemente lo comprobaremos en unos meses.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 27 de junio de 2014

El PP de Alicante con “la polla insaciable”.


Bochorno, vergüenza o indignación son seguramente las sensaciones que tendrán muchos ciudadanos al leer estos días las informaciones relativas a las conversaciones que mantenían nuestros representantes políticos alicantinos, todos ellos del Partido Popular, con el empresario Enrique Ortiz, autodenominado en las mismas como “la polla insaciable”. Y a esa sensación se sumará el convencimiento de que los gobernantes de nuestro Ayuntamiento lo han puesto a los pies de los intereses de un particular. Una banda de políticos y empresarios han manejado a esta ciudad, a los colectivos ciudadanos y a su Ayuntamiento a su antojo amañando o apañando desde el Plan general de Ordenación Urbana hasta las contratas de los servicios públicos, logrando incluso que en tiempos de crisis sólo acudiera una empresa a la mayor licitación pública, 420 millones de euros, de la historia de nuestra ciudad. Y ya adivinará el lector a quién le tocó. Los jueces dirán en su momento si en todo ello hay o no delito, pero no hay quien pueda evitar que los ciudadanos digamos que todo lo visto y oído es cutre, repugnante y seudomafioso y que esta banda organizada, amparada en las siglas del PP y protegida por la dirección popular alicantina ha hecho un daño enorme al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro Ayuntamiento.

Estamos ante un escándalo de enormes proporciones que refleja claramente la gran extensión de la podredumbre de parte de los actores del sistema político y que de haber sido conocido por la mayoría de los vecinos de Alicante habría supuesto un castigo electoral aún mayor que el recibido por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Y los vecinos deben saber que los responsables de esta situación no son sólo los que aparecen en las grabaciones policiales, no, son muchos más y deben ser denunciados públicamente.

Hay que denunciar públicamente a la Alcaldesa Sonia Castedo y a su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi por poner el Ayuntamiento al servicio de los intereses del Sr. Oriz, “la polla insaciable”, y no al servicio de los intereses de los alicantinos que fueron quienes con su voto los encumbraron al sillón municipal.

Hay que denunciar públicamente a los concejales del Partido Popular, y que seún declaraciones del Sr. Barcala estarán con la Alcaldesa hasta el final, que han sido y son cómplices con su silencio y pasividad y que siguen apoyando a una Alcaldesa deslegitimada moral y políticamente, no sólo ya por su imputación en los procedimientos judiciales, sino también por la evidencia de sus  impresentables conversaciones publicadas con el Sr. Ortiz y de cuya veracidad nadie duda: apaños en el PGOU para el Estadio Rico Pérez, para IKEA, abuso sobre el Hércules para intentar colocar al Sr. De Gea y poder descabezar así a los comerciantes, etc.

Hay que denunciar públicamente a la Dirección Provincial del Partido Popular que se ha dedicado a perseguir y a expulsar a los afiliados que denunciábamos esta situación y que promovíamos el concepto para ella maldito, de la regeneración democrática, mientras toleraba y protegía a los responsables de este impresionante escándalo. Hay que denunciar públicamente al Presidente Provincial, José Ciscar, y al Secretario General Provincial, José Juan Zaplana, que desde el primer momento se han alineado con la Alcaldesa y en lugar de pedirle que abandonase el Grupo Municipal Popular al ser imputada, el segundo acudió raudo y veloz a presidir una cena de homenaje a la misma al conocerse su múltiple imputación y que, en vez de aplicar la línea roja de Alberto Fabra en virtud de la cual los imputados no podrían ostentar responsabilidades orgánicas en el PP, decidieron suprimir fraudulentamente el PP de la ciudad, trocearlo en distritos y nombrar a Sonia Castedo, nada menos, coordinadora de los mismos. Han preferido convivir con semejante panorama a correr el más mínimo riesgo ante una eventual pérdida de la Alcaldía. Han sacrificado los principios al materialismo y al más espurio pragmatismo.

Hay que denunciar públicamente a los militantes populares que, conocedores de toda esta situación, han preferido mirar para otro lado o han callado como siempre o han colaborado con su pasividad ante las maniobras de unos indignos dirigentes populares siempre encaminadas a mantener la red clientelar en la ciudad y a asegurarse el control del partido para que nada cambie y sigan ganado los mismos.

Y hay que denunciar públicamente a algunos medios de comunicación que han venido sacrificando la objetividad, imparcialidad e independencia periodística a la connivencia con el poder político y económico de la ciudad.

No nos engañemos, “la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP”. Eso es lo que literalmente dice el Comité de Derechos y Garantías del PPCV y eso es lo que avala Madrid. Seguramente, en los próximos meses los dirigentes populares intentarán lavarse la cara. Podrán cambiar el nombre y los rostros de los carteles electorales pero eso no significará un cambio de política. La podredumbre actual es fruto del sistema de funcionamiento interno del PP. No se olvide que los alcaldes y concejales del PP en la ciudad de Alicante no fueron designados candidatos por las bases, sino impuestos desde arriba para ajustar los repartos de poder entre los clanes del PP. Y, por ello, los próximos candidatos populares al Ayuntamiento serán fruto también del dedazo, el mejor sistema para propiciar la corrupción.

Por higiene democrática este PP debe irse a su casa. Tras conocer todas las maniobras especulativas que se han llevado a cabo, este PP no está en condiciones de adoptar ni una sola decisión municipal sin que sea sospechosa. Y dado que este PP no tiene la más mínima intención de rectificar, de pedir perdón y de regenerarse es evidente que no debe volver al Ayuntamiento de Alicante en una buena temporada. Pero ello no significa que la solución esté en la izquierda ni que el votante de centroderecha se vaya a quedar huérfano porque hay opciones políticas dispuestas a no renunciar y a defender los principios éticos que el PP de Alicante hace tiempo que abandonó.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 23 de junio de 2014

El PP alicantino ensuciando el prestigio de Alicante.

Durante los últimos días, diversos medios de comunicación están publicando las escuchas policiales o la transcripción de las mismas efectuadas a varios de los implicados en los casos de corrupción que afectan a políticos municipales y a empresarios de la ciudad de Alicante. Los principales protagonistas de estas grabaciones son la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, (Partido Popular) y el empresario Enrique Ortiz. Es sencillamente vergonzoso tanto en el tono como en el contenido lo que se está publicando. El nombre de la ciudad de Alicante y su representación institucional quedan por los suelos. Hoy por hoy, la Alcaldesa está imputada por cuatro graves delitos y salvando su presunción de inocencia lo que sí se puede afirmar con absoluta rotundidad es que su grado de compadreo con el Sr. Ortiz, la sumisión al mismo de la representación municipal y el estilo cutre y tabernario de las conversaciones son inadmisibles e incompatibles con la más alta representación municipal. Ni la ciudad de Alicante, ni los vecinos se merecen tanta y tan cara basura.

Según el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, "la política de la Alcaldesa de Alicante es la política del Partido Popular y por ello no puede ser criticada públicamente por los afiliados del PP". Será por ello que al ser imputada se organizó una cena de homenaje que presidió nada menos que el Secretario General del PP de Alicante José Juan Zaplana, en claro y chulesco desafío a la justicia y a los ciudadanos decentes. Pero es indudable que el Partido Popular de Alicante es cómplice y encubridor de esta situación, al menos por su actitud pasiva y por su acoso a los que pidieron públicamente más honradez expulsándolos finalmente del PP.




Sea o no finalmente culpable o inocente la Alcaldesa, alguien debería pedir perdón a los alicantinos por la deplorable imagen que se está transmitiendo de nuestra ciudad en toda España y por el desprestigio de la institución municipal y de la clase política que han fomentado con estas peculiares formas de entender la gestión municipal.







Santiago de Munck Loyola
http://santiagodemunck.blogspot.com.es

domingo, 11 de mayo de 2014

El PP de Alicante nos sube los impuestos para poder pagar a los amigotes.


Si hay una ciudad y una provincia en las que se pueden ejemplificar el sistemático incumplimiento de un programa electoral, la traición a unos determinados principios políticos y la institucionalización de las prácticas corruptas son la ciudad y la Provincia de Alicante. Y si hay un partido al que se le puede imputar la autoría de ese rechazable proceder es al Partido Popular de Alicante. Viene esta reflexión al hilo de tres coincidencias producidas en la última semana: la recepción postal en nuestras casas del aviso de cobro de los tributos y tasas municipales enviado, por primera vez, por SUMA (por cierto, algo que nos va a costar más caro que antes), la publicación de informaciones hasta ahora no desmentidas en las que se afirma textualmente que “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz” y el anuncio de nuevos incrementos fiscales para los alicantinos que serán aprobados por el Partido Popular el próximo lunes día 12 de mayo de 2014.

Para ser Partido Popular la fuerza política abanderada de la disminución fiscal, de la austeridad, de la eficiencia y del ahorro no está mal. Si esa es la buena dirección mejor cambiar de conductor o mejor cambiarse de autobús. En los próximos días, los contribuyentes tendremos que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles que no ha experimentado disminución alguna tras ser incrementado un 10 % en 2012 y 2013. Pagaremos también la tasa de la basura que va a ser subida otro 3% el próximo lunes con lo que acumulará un incremento del 9 %. Nuestro querido Ayuntamiento no solo no nos descuenta los días que como consecuencia de la huelga no nos prestó el servicio por el que pagamos, sino que, además, nos lo sube a partir del lunes otro 3 % junto a otros tributos, tasas y precios públicos. Así a partir del lunes se incrementarán también la tasa por la prestación de servicios de los bomberos municipales, las tasas de la grúa municipal, de Mercados, de Cementerio, la tasa por la obtención de licencias urbanísticas y de ocupación, por el uso de instalaciones deportivas, del ascensor del Castillo de Santa Bárbara, las Escuelas Deportivas Municipales y Escuelas Infantiles Municipales. En conjunto, el PP de Alicante va a incrementar en tan sólo 2 años entre un 6 y un 10 % los diferentes tributos, tasa y precios públicos municipales lo que es un ataque directo al poder adquisitivo de los alicantinos. Y, si a ello sumamos, el incremento de la presión fiscal del Gobierno de la Nación es un hecho incontestable que la política del PP, en contra de su programa y sus principios, lesiona y perjudica al bolsillo de los alicantinos y supone un freno al consumo y a la recuperación económica. Si exceptuamos a ciertos políticos ¿alguien ha tenido un incremento salarial o en su pensión entre el 6 y el 10 % en los dos últimos años? Pues eso.

Pero con ser desolador este panorama para los bolsillos de los alicantinos gracias a la desastrosa gestión de Sonia Castedo, Andrés Llorens, Juan Seva y demás miembros del Gobierno municipal, eso sí, con el apoyo y complicidad de la dirección provincial popular capitaneada por ese irrepetible dúo, José Ciscar y José Juan Zaplana, lo es aún más cuando se tiene presente la incalificable gestión de las contratas municipales que obliga a aumentar la presión fiscal para hacer frente a unos compromisos contractuales incomprensibles desde su gestación, pasando por su tramitación hasta su propio contenido. Según ha revelado un Diario a raíz del seguimiento de las declaraciones judiciales que se están produciendo estos días en torno a la adjudicación del servicio de basuras a una empresa participada por el empresario Enrique Ortiz, amigo de la Alcaldesa e imputado en el caso Brugal, “el PP de Alicante dio orden de no rebajar más las basuras de Ortiz”, es decir, que el PP de Alicante ordenó que esta contrata no pudiera ser adjudicada más barata para así beneficiar al adjudicatario en claro perjuicio de los contribuyentes, como estamos viendo ahora con los recibos y las subidas fiscales. Y no queda más remedio que preguntarse ¿por qué? o ¿a cambio de qué? La recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos es un impresionante negocio en el que se mueven toda clase de intereses económicos pero en el que desgraciadamente vemos y comprobamos que lo que está ausente es el interés por un tratamiento sostenible y por la eficiencia y el ahorro de los recursos. Durante los últimos diez años, los ciudadanos de Alicante no hemos percibido ninguna mejora del servicio encaminada a implantar una política medioambientalmente sostenible, sólo hemos percibido escándalos, corrupción y pagar más por la tasa correspondiente. Y esta falta de ambición medioambiental es perfectamente imputable también a la Diputación Provincial aunque no es ahora el momento para extenderse en ello.

Y metidos en plena campaña electoral parece toda una burla que quienes encerrados en sus torres de marfil abandonen ahora sus cómodas moquetas para dignarse a acercarse a los ciudadanos a pedirnos el voto. No sólo no han sido capaces de cumplir con sus promesas electorales, no sólo no han sido capaces ni tan siquiera de cumplir con los principios éticos y morales que se suponen animan sus siglas que, encima, vienen a contarnos lo bien que lo están haciendo y lo mejor que lo van a hacer en Europa. Nos vienen con el cuento del miedo ¡que viene el tripartito! o con la estupidez del voto útil ¡no tirar el voto con partidos minoritarios! Dicen que vamos en la buena dirección. Pues, por parte de un servidor, esta vez que vayan solos porque por más que uno se repasa programas e idearios, lo de esquilmar el bolsillo de los alicantinos, lo de favorecer a los “amigotes” y lo de ser complacientes con la corrupción no aparece por sitio alguno.

Santiago de Munck Loyola



martes, 18 de febrero de 2014

¡Cuánta porquería!


A veces ciertas noticias que son importantes pasan bastante desapercibidas en medio de la vorágine informativa en la que los ciudadanos nos vemos inmersos. Estos últimos días por ejemplo hemos presenciado, una vez más, el funcionamiento implacable de la digitocracia de los grandes partidos. Por la banda derecha, el divino dedo de Mariano Rajoy ha ungido a su preferido para presidir el PP andaluz, Juan Manuel Moreno, un señor que por lo visto, como tantos otros, ha ido maquillando conveniente su curriculum vitae y por la banda izquierda, Pérez Rubalcaba, con mismo mecanismo digital ha designado a Elena Valenciano, muy aficionada a hacer novillos cuando era europarlamentaria, para encabezar la candidatura socialista a Estrasburgo ya que con los años es posible que haya superado su adición a cobrar sin trabajarse el escaño. Estamos asistiendo igualmente al cruce de acusaciones entre gobierno y oposición en torno a la tragedia de los inmigrantes ilegales africanos fallecidos cuando intentaban entrar a nado en territorio español y a la más que miserable utilización partidista de los muertos por parte del PSOE aunque esta repugnante técnica socialista no es nada nueva. Y también es objetos de portadas la falta de escrúpulos éticos y morales de los socialistas navarros dispuestos a auparse en el Gobierno Foral gracias a los votos de los herederos de ETA. Nada nuevo bajo el sol, en realidad.

Pero entro estas noticias y algunas otras, está pasando bastante desapercibida la noticia del creciente malestar de muchos dirigentes populares de la Comunidad Valenciana por la actuación de Alberto Fabra al frente de la Generalidad Valenciana. Según informan varios medios de comunicación, entre ellos el confidencial.com, el malestar viene motivado por el nombramiento de Esther Pastor como Secretaria Autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales. ¿Y quién es esta señora cuyo nombramiento tanto molesta a algunos? Pues según dichos medios es la pareja sentimental de Alberto Fabra, su colaboradora cuando era Alcalde de Castellón y después Directora General de la Generalidad. No se trata de una afiliada del Partido Popular y, según parece, sus méritos profesionales para alcanzar tan alto cargo radican en su especial relación con el Presidente Fabra y la confianza que en ella tiene ante su falta de liderazgo y de colaboradores leales en el seno del PPCV. Estas cosas suelen ocurrir cuando se hereda una organización política, cuando el liderazgo político es inexistente y cuando la mediocridad política es encubierta por los cantos de sirena de toda una panda de aduladores y oportunistas tan prestos al aplauso como a la puñalada trapera.

Los asuntos sentimentales de nuestros políticos siempre se han mantenido bastante lejos de los focos periodísticos e incluso han sido analizados con bastante benevolencia por la mayoría de la opinión pública. Pero cuando el político, como en este caso ha hecho el Sr. Fabra, confunde su dormitorio con los despachos oficiales y utiliza la administración pública para colocar a su “amiga” la cosa cambia. Alberto Fabra ha roto la frontera entre lo público y lo privado y, por tanto, puede y debe someterse a la crítica de la opinión pública. De todos es sabido que cuando Fabra habla de líneas rojas carece de credibilidad porque las aplica según le conviene y lo ha demostrado claramente en Alicante al consentir que los Sres. Ciscar y JJ Zaplana retorciesen los Estatutos del PP para inventarse un Consejo de Dirección en el que poder situar a la Alcaldesa imputada Sonia Castedo y así saltarse la famosa e inexistente línea roja fabriana. Por cierto, vaya “pasada” de fotos de nuestra Alcaldesa y de su amigote Enrique Ortiz  publicadas por La Sexta. ¡Qué manera de arrastrar por los suelos la dignidad de nuestra ciudad!

El nombramiento de Esther Pastor es impresentable, indigno y humillante para la inmensa mayoría de los militantes populares. No vamos a hablar ya de señas de identidad de un partido como el Popular cuyos valores no encuentran mucho acomodo en determinado tipo de conductas personales sino de principios y valores éticos básicos e irrenunciables en la actuación de cualquier representante político y en el uso que se pueda o no hacer de los bienes y recursos públicos. No son pocos los dirigentes populares en nuestra comunidad que confundieron la hacienda pública con su bolsillo particular como podemos ver en las crónicas de los tribunales que ahora los ciudadanos tenemos que asistir estupefactos a la confusión del colchón con el despacho. No es de extrañar pues que Alberto Fabra, en su condición de Presidente del PPCV, tolere o promueva la expulsión de los militantes populares que reclaman ejemplaridad o la regeneración democrática del partido, tal y como han ejecutado los Sres. Ciscar y JJ Zaplana, dos personajes cuya palabra vale lo que un duro falso. Una vez más, la falta de democracia interna del PPCV está en la raíz de estos escandalosos y repugnantes comportamientos. El nepotismo, la corrupción, el oportunismo, el despilfarro y la ausencia de ejemplaridad están a la orden del día y ni los ciudadanos de esta Comunidad ni los militantes populares se merecen tanta porquería.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 30 de enero de 2014

Huelgas y servicios públicos.


El pasado mes de noviembre tocó a los vecinos de Madrid sufrir las consecuencias de la huelga de los empleados de las empresas concesionarias de los servicios de limpieza viaria. El conflicto que enfrentaba a trabajadores y empresas concesionarias tenía su origen en la entrada en vigor el 1 de agosto de un nuevo contrato que integraba los servicios de limpieza y de jardinería y por el que las concesionarias iban a recibir un 16% menos de dinero por hacer el mismo trabajo. Las empresas que voluntariamente habían suscrito el nuevo contrato decidieron plantear un ERE con el despido inicial de 1.400 trabajadores, rebajado posteriormente a 1.134. Y la huelga cuyas consecuencias pagaron los contribuyentes estalló. Tras varias jornadas de huelga y la aparición de la empresa pública Tragsa para paliar los graves efectos de la huelga, empresas y trabajadores llegaron a un acuerdo y la huelga fue desconvocada. La semana pasada le llegó el turno a nuestra ciudad. En esta ocasión, a los cinco meses de que el Ayuntamiento otorgase el traje a medida, perdón, el contrato del servicio de recogida de basuras por 12 años al único licitador, cosa extraña en este país donde a cualquier licitación pública acuden decenas de empresas, la UTE de la que forma parte la empresa ¡Oh casualidad! del Sr. Ortiz, el de la fiesta en pijamas con la Sra. Alcaldesa, se inició una huelga por parte de los trabajadores de este servicio municipal. Tras varios años de recortes en las condiciones de los trabajadores del servicio municipal impuestos por parte de INUSA, empresa que forma parte de la UTE que hace 5 meses se vio agraciada con el suculento contrato municipal, se quería producir una nueva vuelta de tuerca pretendiendo eliminar el convenio vigente. Parece que, al final y gracias a la huelga, el ajuste se va a limitar a tres años sin subida salarial (la empresa quería cinco), media hora más de jornada que antes, un máximo de 40 días anuales de baja por enfermedad común por cada trabajador y mantener 21 días de vacaciones entre octubre y mayo, principalmente. Y, en estos días, también en una importante localidad, Alcorcón, se está desarrollando otra huelga del servicio de recogida de basuras.

La falta de recursos económicos, el despilfarro y la mala gestión está empujando a muchos ayuntamientos a reducir de forma importante las partidas destinadas a servicios públicos básicos y esenciales como la limpieza viaria o el tratamiento de residuos. Pretenden que con menos dinero se sigan prestando esos servicios sin importar, al parecer, que ello repercuta en la calidad de las prestaciones. Y en esta estrategia parece que participan, sin ningún reparo, las empresas concesionarias que, al final, hacen recaer los recortes en los trabajadores con el fin de mantener e incluso incrementar sus beneficios empresariales a pesar de la dureza de la crisis. Hasta ahora al obtener una adjudicación de un contrato para prestar estos servicios públicos, el adjudicatario se subrogaba en las relaciones existentes con los trabajadores que venían prestando el servicio para el antiguo adjudicatario. Sin embargo, los últimos conflictos evidencian que ya no es así. Las empresas licitan a la baja y automáticamente intentan repercutirla en los empleados con el consiguiente deterioro del servicio público prestado mediante la gestión privada.

El debate sobre la gestión pública o privada de servicios públicos siempre ha estado presente entre los partidos políticos y últimamente los ciudadanos hemos podido asistir a la confrontación dogmática entre la izquierda y la derecha. Hay quienes defienden a ultranza la bondad de la gestión privada y tratan de identificarla con una mayor economía y eficiencia y desde posiciones ideológicas contrarias se defiende la gestión pública de los servicios públicos como la única válida. Sin embargo, se trata de un debate falso y tramposo. Los que en un municipio o en una comunidad defienden la gestión pública a ultranza, resulta que en no pocas ocasiones allí donde gobiernan no tienen reparo alguno en apostar por el modelo de gestión privada. Basta recordar que, por ejemplo, en Rivas Vaciamadrid, quizás el municipio más grande gobernado por IU con mayoría absoluta, la Empresa Municipal de la Vivienda está gestionada por una empresa privada mientras el Ayuntamiento se manifiesta una y otra vez contra cualquier iniciativa privatizadora del gobierno regional madrileño.

Sin embargo, la elección entre una fórmula u otra no es tan simple ni puede obedecer simplemente al color político del gobernante. Hay que tener en cuenta que al coste de cualquier servicio público hay que añadirle cuando está privatizado o externalizado, como gusta a algunos denominarlo, el importe del IVA que cada Ayuntamiento ha de abonar a la empresa gestora y el propio beneficio empresarial de la misma. La diferencia entre la gestión directa o a través de un concesionario sería mucho menor si las administraciones públicas no tuvieran que pagar el IVA en los casos de gestión de servicios públicos a través de empresas privadas, pero no es así y no parece que el Ministerio de Hacienda esté dispuesto a aligerar la presión fiscal a los municipios ni a los contribuyentes. La elección entre la gestión privada o pública de los servicios públicos no puede ni debe depender de dogmas políticos, de ideologías, sino del sentido común, de las características propias del servicio a prestar, de la capacidad operativa de la administración, de la capacidad económica y de la cualificación de los gerentes del mismo y, sobre todo, de la obligación política de prestar al ciudadano los mejores servicios con la máxima eficiencia.

Desgraciadamente no siempre impera el sentido común ni gran parte de la clase política dirigente está a la altura para asumir y poner en marcha retos semejantes. Da la sensación que muchas veces se opta por el camino más fácil. Seguramente, nuestro Ayuntamiento cuenta con la capacidad humana y técnica para ofrecer muchos servicios públicos de forma directa y con unos niveles de calidad y eficiencia similares o superiores a los de muchas empresas pero da la sensación de que falta la voluntad, la valentía y la capacidad en sus rectores para apostar por ello o que priman más los intereses particulares que los del conjunto de los alicantinos.

Santiago de Munck Loyola



viernes, 15 de noviembre de 2013

El PP de Alicante ahora en pijama.




Si alguien pensaba que en el fraccionado Partido Popular de Alicante sus militantes iban a poder acudir a las urnas para elegir a los dirigentes de las Juntas de Distrito ilegalmente creadas por José Ciscar y se equipo, se ha equivocado. José Ciscar y su sicario político, José Juan Zaplana, padecen una profunda alergia a las urnas, a la libre y democrática concurrencia de alternativas y candidaturas en las organizaciones locales. Siempre han expresado públicamente su preferencia por eso que, en un alarde de ignorancia política, denominan “consenso” sobre la libre elección de los cargos orgánicos del PP mediante votaciones en las que los afiliados puedan con absoluta libertad elegir a sus líderes. Con ese profundo talante antidemocrático que les caracteriza, cada vez que se abre un proceso electoral interno intentan por todos los medios, incluidos los menos éticos, que no haya más de una candidatura y presionan y coaccionan a los posibles candidatos a presidentes locales para que renuncien a presentarse o a que se integren como segundones en las listas oficialistas. 

Ya el simple hecho de que se hable de candidatos o de listas oficialistas, afines por tanto a José Ciscar, es un síntoma evidente de la baja calidad democrática de la organización popular en la Provincia de Alicante. Confunden libre concurrencia con división y consenso con pasteleo. Es evidente que no se podía esperar otra cosa de alguien que carece de raíces en el Partido Popular y que hace poco más de diez años militaba en otra formación política en contra de su actual partido; ni se puede esperar tampoco otra cosa de alguien que sin oficio ni beneficio ignora lo que es ganarse la vida fuera de las moquetas y despachos oficiales.

Es muy decepcionante comprobar cómo los arribistas, los chaqueteros y los mercenarios de la política pueden hacerse con el control de una importante organización política y la mansedumbre, sumisión y cobardía de muchos honestos e históricos militantes populares con que lo aceptan.

Hace poco más de un año que los dirigentes provinciales decidieron impedir que el Partido Popular de Alicante pudiera resurgir como una organización local fuerte y renovada y que pudiese adquirir el protagonismo y la importancia que le corresponde en la Provincia. Y para lograrlo no dudaron en violentar los Estatutos del Partido Popular, en ocultar sus maniobras a los militantes populares, en perseguir, coaccionar y finalmente expulsar a quienes denunciaban sus enredos y en mentir con absoluto descaro a los medios de comunicación, a los militantes y a la propia sociedad alicantina. Baste recordar que el 12 de octubre de 2012, el Secretario Provincial compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la Junta de Alicante había sido disuelta, que su Presidente Julio de España había cesado y por ello se le nombraba vocal del Comité Ejecutivo, que se creaba una Gestora y que se sustituía dicha junta por Juntas de Distrito. Y alguien debió mentir cuando Julio de España ha convocado hace unas semanas por escrito las elecciones a dichas juntas firmando en su calidad de “Presidente de la Junta de Alicante”. O bien el Sr. Zaplana mintió a los medios de comunicación el 12 de octubre del año pasado o bien D. Julio de España ha usurpado funciones o ha enviado un documento falso a los afiliados. Pronto se sabrá en los Tribunales de Justicia. Sea como fuere el talante democrático de los personajes queda perfectamente retratado con estas maniobras.

Ayer, tras forzar la retirada de los candidatos a presidir cuatro de las Juntas de Distrito del PP de Alicante han quedado proclamados los candidatos oficiales que no son otros que los de la Alcaldesa, Sonia Castedo, que por estar imputada por diversos delitos no podía aspirar a presidir ningún cargo orgánico popular. Estos presidentes de Juntas de Distrito, sin someterse a votación alguna, formarán parte del ilegal Consejo de Dirección del PP que estará presidido por Sonia Castedo sin tampoco pasar por las urnas populares. Con ello se cierra la operación diseñada por José Ciscar: el PP de la ciudad de Alicante queda dividido, cautivo y desarmado una vez que las tropas castedistas han alcanzado sus últimos objetivos. Cualquier posibilidad de una regeneración democrática en el PP de Alicante queda definitivamente alejada y el Sr. Ortiz podrá, además de ejercer su influencia sobre el Ayuntamiento de Alicante, extenderla sobre los anestesiados restos del Partido Popular alicantino. Los alicantinos contamos ahora con un PP en pijama. ¡Chapeau!

Santiago de Munck Loyola