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jueves, 5 de julio de 2012

¿Reforma profunda o cosmética de los Ayuntamientos?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a insistir esta mañana durante una intervención en el Campus Faes en la voluntad del Gobierno de impulsar reformas de las Administraciones Públicas, empezando por las Administraciones Locales. No es la primera persona del Gobierno que anuncia cambios profundos en la Ley de Bases del Régimen Local. Hace unas semanas el Gobierno anunció también en el proyecto de reforma de esta Ley para racionalizar las competencias y los servicios que deberían asumir los entes locales. Y hace pocos días, desde el Ministerio de Hacienda se ha lanzado la idea de reformas que supondrían la obligación de evaluar los costes de los servicios municipales y de proceder a la privatización o al cierre de los que resulten deficitarios. En el caso de la intervención de hoy, los medios de comunicación han destacado la reforma para determinar los sueldos de Alcaldes y Concejales y la reducción del número de éstos.

Parece que el Gobierno está usando la técnica del globo sonda para ir espaciando en el tiempo diferentes aspectos del paquete de reformas de los entes locales que se van a aprobar en las próximas semanas. En cuanto a la modificación del sistema de asignación de los sueldos de los Alcaldes y Concejales parece que responde a una necesidad evidente de homogeneizar las cuantías y de acabar con los espectáculos bochornosos que se producen al inicio de cada legislatura cuando los Plenos de los Ayuntamientos proceden a fijar las retribuciones de sus componentes. Reformar el actual sistema de determinación de las retribuciones de Alcaldes y Concejales es una medida necesaria, pero es a la vez discriminatoria e insuficiente. Debe existir un mismo criterio y un mismo baremo a la hora de determinar cualquier retribución o cualquier salario que tenga su origen en el dinero público. No vale con aplicar un límite al escalón inferior de las administraciones públicas, los Ayuntamientos, sino que la norma, al igual que se ha hecho respecto a la jornada laboral, debe ser extensiva a todas las administraciones públicas y a cualquier entidad que se sostenga con ayudas públicas, sea cual sea su origen o denominación. El criterio es simple y de sentido común: con dinero público, tablas salariales públicas y nadie que perciba una retribución con origen en fondos públicos debe percibir un euro más de lo que perciba el Presidente del Gobierno. Si la máxima responsabilidad política está en la Presidencia del Gobierno, todos los salarios de los cargos públicos deberían ser inferiores al suyo. No tiene mucho sentido ni lógica que Alcaldes, Concejales, Parlamentarios nacionales y autonómicos, Presidentes o Consejeros de Comunidades Autónomas o directivos de entidades financieras intervenidas o ayudadas con fondos públicos ganen mucho más que el Presidente del Gobierno. Y junto a esta norma, otra de sentido común: ningún cargo público podrá cobrar de dos o más fuentes de ingresos públicos aunque se disfrace de dietas por asistencia a Consejos de Administración de Empresas Públicas, indemnizaciones, etc. Pero es que, además, este criterio debería ser aplicado al ámbito del sector privado, es decir, al ámbito de empresas o instituciones que sobreviven gracias a las subvenciones públicas. Por tanto, más que una reforma parcial en este campo de la Ley de Bases de Régimen Local lo que hace falta es una Ley sobre Retribuciones del Sector Público.

Es evidente que la Ley de Bases del Régimen Local necesita una profunda reforma. Pero esta reforma ha de partir de un serio análisis del modelo local que tenemos. No hay que olvidar que nuestro actual modelo tiene su origen y su consolidación en una época histórica concreta. La clase política de finales de los 70 y principios de los 80 partía de una profunda desconfianza hacia unas administraciones locales cuyas estructuras y hábitos provenían de 40 años de dictadura. Se articuló entonces un sistema municipal más preocupado en el control político y democrático de los entes locales que del desarrollo eficaz de la gestión de los mismos. Esa desconfianza inicial se tradujo en un desplazamiento de la gestión hacia el ámbito político reproduciéndose en los entes locales esquemas de funcionamiento que hoy por hoy necesitan una profunda reforma.

Hoy más que nunca es preciso que los políticos locales centren su actividad en desarrollar políticas más que en gestionar. No es lo mismo hacer política que gestionar. Las Administraciones Locales cuentan con excelentes profesionales cuyo papel debe ser potenciado en las próximas reformas legislativas.

Igualmente, es necesario abordar algunos aspectos importantes como son la delimitación de competencias de los entes locales, la financiación sostenible de los mismos, el papel de las Policías Locales en relación a la seguridad ciudadana, la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones públicas, etc. Son tantos los aspectos que podrían y deberían reformarse que sería una lástima que las urgencias presupuestarias terminaran centrando la reforma de los entes locales en simples recortes salariales o en la reducción de los cargos públicos. Ojala que no sea así, porque los Ayuntamientos son la base de la convivencia ciudadana y la primera puerta a la que todos accedemos para demandar atención y servicios.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 3 de junio de 2011

Las retribuciones de los directivos de Cajas y Bancos.

A lo largo de los dos últimos años, numerosas entidades, especialmente las cajas, que componen nuestro sistema financiero han necesitado importantes inyecciones de dinero público para subsistir. Lejos han quedado las voces que defendían esa medida como instrumento imprescindible para que el grifo crediticio volviera a abrirse y el dinero volviera a fluir hacia las pequeñas y medianas empresas cada vez más asfixiadas.

Lo cierto es que al día de hoy esos miles de millones de euros provenientes del Estado no han servido para aliviar la escasez dineraria que tantos problemas plantea para la supervivencia de nuestro tejido productivo. Bien es cierto que ya hay miles de empresas que ya no necesitan financiación alguna, pero por la sencilla razón de que han desaparecido mientras esperaban la financiación necesaria para seguir funcionando.

El dinero de los contribuyentes, el dinero público ha servido para otras cosas: para la devolución de los créditos de nuestros bancos al mercado bancario internacional, para la compra de deuda pública o para mejorar las retribuciones de las cúpulas de las entidades financieras.

Varias instituciones internacionales como el Comité de Estabilidad Financiera, el G-20 o el Comité Europeo de Supervisores Bancarios señalan la mala práctica retributiva en las entidades financieras como una de las muchas causas de la actual crisis económica y, por ello, los poderes públicos están impulsando una nueva regulación de las políticas retributivas de los bancos y las cajas.

Pero, mientras esto se hace realidad, los contribuyentes podemos seguir viendo con no poco asombro cómo se utilizan las inyecciones de dinero público en el sistema financiero por parte de estas entidades.

De una parte, resulta inconcebible que los directivos de muchas Cajas que con su mala gestión las han llevado al borde del abismo y que han tenido que recurrir a la ayuda del Estado sigan conservando sus puestos con las retribuciones y privilegios aparejados a los mismos.

De otra, mientras que el Estado presta nuestro dinero a algunos Bancos y a muchas Cajas para que no se colapsen, los directivos de estas entidades se suben sus ya elevados sueldos. Es el caso, por ejemplo, de la entidad alicantina Caja del Mediterráneo, la CAM,  que ha estado a punto de ser intervenida por el Banco de España, al haberse roto su matrimonio con Cajastur, Cantabria y Extremadura en Banco Base. Esta Caja ha pedido 2.800 millones de dinero para poder sobrevivir, una inyección que no ha impedido a su consejo y a sus altos directivos elevar un 7,2% su retribución. Y el caso de la Caja alicantina no es una excepción en el panorama de las entidades financieras.

Sin entrar a discutir la conveniencia y el alcance de la ayuda estatal al sistema financiero, lo que sí parece más que discutible es la ausencia de efectos que estas ayudas deberían tener. Lo esencial es que se trata de dinero público, de dinero de los contribuyentes y que, por tanto, es de todos y su uso debería estar sometido a principios y reglas propios de la gestión de bienes públicos.

Cuando una entidad financiera recibe dinero del estado para subsistir el control público sobre el uso y destino de esos fondos debería ser exhaustivo, los gestores de la entidad responsables de su situación deberían ser apartados inmediatamente y las retribuciones del personal de la entidad deberían ser asimilables a las retribuciones de las administraciones públicas. En un país que atraviesa una situación económica de auténtica emergencia, en el que se recortan derechos sociales, en el que a los pensionistas se les congelan las pensiones y a los funcionarios públicos se les rebajan las retribuciones, los gestores de las entidades financieras que sobreviven gracias al dinero público deben someterse a los mismos sacrificios que todos los demás ciudadanos. Es una cuestión de ética y de sentido común.

Santiago de Munck Loyola