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viernes, 23 de julio de 2021

La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola

sábado, 22 de agosto de 2020

¿Hay alguien gobernando?


Da la sensación de que vivimos en dos mundos diferentes: el mundo de la gente normal y el mundo del Gobierno. Dentro de pocos días debería empezar el curso escolar en toda España y a estas fechas poco o nada se sabe de cómo van a incorporarse los más de 8.000.000 de estudiantes, los más de 700.000 docentes en enseñanzas de régimen general no universitarias, los más de 1.700.000 estudiantes universitarios y los cerca de 140.000 docentes universitarios. Es decir, más de 10.500.000 personas pendientes de la evolución de la pandemia y de las decisiones que tomen los responsables políticos de la educación. Encarar un curso escolar no es tarea fácil. Las familias tienen que ajustar sus presupuestos y organizar su vida en función de cómo vaya a ser la vuelta al colegio.

Y, mientras tanto, el mundo del Gobierno de España se fue de vacaciones. Eso sí, para tranquilidad de todos la Ministra de Educación ya ha anunciado que posiblemente se reunirá con los consejeros de Educación la semana que viene para abordar el tema, lo que evidentemente no sirve para tranquilizar a las familias, más bien al contrario. Y el inefable Ministro de Universidades ni está, ni se le espera. Habría que plantearse para qué se creó este Ministerio.

 

En medio de la tragedia que ha supuesto y supone la pandemia la sensación de desgobierno se extiende. La incomprensible negativa de este Gobierno para dotarnos de herramientas jurídicas, de leyes que permitieran a las distintas administraciones públicas adoptar medidas preventivas para frenar la pandemia sin tener que acudir nuevamente a la aprobación de un estado de alarma está teniendo ya consecuencias en los tribunales. Cada Comunidad autónoma está aprobando distintas medidas convirtiendo a nuestro país en un referente mundial de incertidumbre y de falta de seguridad jurídica. Ya no somos solo el primer país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes, ni el que más se ha hundido económicamente en la Unión Europea, ni el que peores datos presenta en la evolución actual de la pandemia, sino que además somos el país que más normas diferentes aplica para combatirla la según la región de que se trate. Todo ello, se mire por donde se mire es desgobierno.

Sin embargo, es posible que todo tenga su lógica. ¿Por qué no va a estar de vacaciones el gobierno? ¿Por qué no pueden tomarse las cosas con tanta calma? Pues porque son coherentes. ¿Acaso el pasado 4 de julio en La Coruña no dijo el Presidente del Gobierno, el Sr. Sánchez, que la pandemia estaba vencida y que los ciudadanos debían "no tener miedo y salir a la calle para reactivar la economía"? ¿Acaso no dijo el 5 de julio en el País Vasco que "hemos derrotado al virus, controlado la pandemia y doblegado la curva”? Si los embustes y faroles de este mentiroso compulsivo son aceptados sin discusión, lo normal es que ocurra lo que está ocurriendo.

 

Mes y medio después se han producido 131.000 nuevos contagios y han fallecido al menos otras 500 personas. La curva de contagios sigue subiendo, pero el Gobierno ha podido irse de vacaciones. Más de 3.000 rebrotes en toda España y el Sr. Simón dice que “esto puede ser o no una segunda oleada”. Las Residencias de mayores vuelven a estar en el punto de mira del virus y de los 300 millones de euros prometidos en medio de la primera oleada del virus por el Vicepresidente segundo, el Sr. Iglesias, no se sabe nada.

 

Si damos por buenos los argumentos progubernamentales de que el virus les pilló por sorpresa, de que lo hicieron lo mejor que supieron, de que nadie podía imaginarse la magnitud de la pandemia y de que por ello no estábamos preparados con la consiguiente insuficiencia de medios materiales y la tardía adopción de medidas, ahora no podemos hacerlo. Ahora no hay excusas posibles que justifiquen volver a estar a la cabeza de Europa en el número de contagios. No, ahora ya no cuela en modo alguno.

 

Nos esperan unos meses muy duros por delante: meses de enfermedad, de muerte, de dolor, de sufrimiento y de pobreza creciente. Esto no se arregla con discursos semanales televisados, ni con aplausos desde los balcones a las 20 horas. Esto no se arregla con anteponer la agenda ideológica al sentido común. Esto no se arregla ni con más memoria histórica, ni más políticas de “género”, ni más manipulación televisiva. Esto no se arregla resucitando fantasmas del pasado, ni acentuando la división y el enfrentamiento entre los españoles. Hace falta despertar la conciencia colectiva sobre la extrema gravedad de la situación y hace falta un liderazgo político honesto, sincero y sacrificado. Justo el tipo de liderazgo que no rige en nuestra España.

 

Santiago de Munck Loyola

lunes, 11 de mayo de 2020

Un gatillazo sin paliativos.



Iniciamos una nueva semana caracterizada por la peculiar desescalada del confinamiento que ha puesto en marcha el gobierno tras el debate del pasado 6 de mayo en el Congreso sobre la prórroga del estado de alarma y la posterior votación. En ese debate se produjo una intervención especialmente llamativa, la del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Pronunció un excelente discurso en el que hizo una profunda y dura crítica a la acción del Gobierno frente a la pandemia y propuso una alternativa a la prórroga del estado de alarma con el uso de otros mecanismos legales tales como la ley general de sanidad, la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, la ley general de salud pública, el reglamento de enfermedades infecciosas o la ley de Protección Civil y la Ley de Seguridad Nacional. Mecanismos legales que permitirían al Gobierno mantener el Mando único y la limitación de desplazamientos y actividades. Una alternativa que además se adecúa mejor a las recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de limitar el uso de estados excepcionales que restrinjan derechos. Casado subrayó los errores del Gobierno, la falta de autocrítica de éste y la falta de honestidad política al usar falazmente a los parados y autónomos como rehenes del estado de alarma para que no pierdan las ayudas económicas. 

En definitiva, este discurso crítico, duro y a la vez ofreciendo alternativas legales al abuso gubernamental del estado de alarma sólo podía conducir a una postura lógica y coherente que era la de votar no a la prórroga. Y más aún cuando el Gobierno que pedía el voto a la oposición no solo no se había molestado en negociar o dialogar con ella sobre esta prórroga, sino que, además, con una chulería y una desvergüenza más propia de cuatreros que de hombres de estado, se había permitido el lujo de proclamar que quien no votase a favor sería el culpable de los muertos que se produjeran. Pues bien, lo asombroso fue que con ese sólido discurso y con esos antecedentes el Partido Popular se abstuvo en lugar de votar no. Ninguna coherencia por tanto entre el discurso y el sentido del voto posterior. Una decisión que no aquietó al gobierno social-comunista cuyos tentáculos mediáticos y sus dirigentes redoblaron sus esfuerzos para seguir acosando y criminalizando a los responsables autonómicos populares y que, simultáneamente, supuso una gran decepción para muchos votantes populares.

Este peculiar posicionamiento del Partido Popular ha sido interpretado de muy diversas formas por los medios de comunicación y los analistas políticos. Hay quienes lo interpretan como un deseo de diferenciarse de la nítida posición de Vox al respecto, otros como una cesión al deseo de los barones regionales del PP quienes acosados en sus tareas de gobierno por los tentáculos del gobierno social-comunista confiarían, cándidamente, en que una abstención rebajaría la tensión, algo que evidentemente no ha ocurrido, todo lo contrario, y otros finalmente interpretan, con elevadas dosis de simplismo, la abstención como un guiño a las posiciones más centristas del partido y de los votantes. Sea como fuere lo que sí son evidentes son las consecuencias. El votante popular, en su mayoría y tras escuchar los argumentos del discurso, se han quedado un tanto descolocados. Ha sido un gatillazo en toda regla. Mucho ladrido y poco mordisco. Pero los ladridos han molestado mucho a la feligresía socialpodemita, profundamente refractaría a cualquier crítica y especialmente vengativa. Realmente resulta muy difícil desde un punto de vista político encontrar un solo beneficio en esta abstención. Quizás los haya y ojalá así sea, pero este humilde servidor no lo encuentra de momento.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 19 de abril de 2020

Covid 19: alguien tendrá que pagar por ello.



No resulta fácil opinar sobre la trágica situación que vive nuestro país sin apasionamiento, sin que afloren sentimientos en ocasiones contradictorios o sin dejarse llevar por prejuicios, más que ideológicos, simplemente partidistas. Y ello es así porque nos encontramos en medio de una auténtica tragedia humana, ante una terrible enfermedad que se está llevando por delante a decenas de miles de compatriotas que pensaban, como muchos lo pensábamos, que España contaba con todos los recursos necesarios para hacer frente a esta enfermedad, que creíamos, porque así nos lo habían dicho quienes contaban con toda la información al respecto, que se trataba de una simple gripe, eso sí, algo más fuerte que las habituales y que no se producirían más que unos pocos casos en el país. Así que cuando la cruda realidad nos ha puesto sobre la mesa 200.000 infectados y 20.000 muertos, según las cifras oficiales debidamente maquilladas, o unos 2.000.000 de infectados y unos 40.000 muertos, según otras fuentes más realistas, resulta imposible no preguntarse por qué y quién es el responsable de este drama.

Hay quien dice, como la ministra Montero, que ahora la responsabilidad de todos no consiste en realizar críticas, sino en apoyar al gobierno. No es la única. Es frecuente escuchar que la oposición debe apoyar al gobierno, que la situación requiere el esfuerzo conjunto y olvidarse de las críticas o que las críticas solo tienen por finalidad derribar al gobierno. Nada más falso. Si la responsabilidad consiste en no criticar al gobierno y apoyarlos, como dice la ministra Montero, estaríamos machacando de un plumazo uno de los pilares de la democracia que se distingue precisamente de los regímenes autoritarios por la existencia de una oposición libre cuya principal obligación es la de controlar al gobierno. Controlar significa analizar cada paso que da el gobierno y denunciar, en su caso, los errores de cualquier tipo que cometa. Y un gobierno democrático tiene la obligación de escuchar a la oposición y valorar sus críticas y sus propuestas para mejorar su propia gestión. Si la oposición no critica la acción de gobierno estaría traicionando a su electorado y haciendo una dejación de funciones inexcusable. Se convertiría en cómplice de los errores del gobierno. Ni la crítica por la crítica sin aportar alternativas, ni la demanda de apoyo sin consensuar antes las medidas pueden ser admisibles en una situación tan excepcional como ésta. No es de recibo que el gobierno reclame constantemente apoyo a la oposición para las medidas que adopta sin antes intentar al menos consensuarlas.

La lógica partidista está llevando a los defensores del gobierno a justificar todo lo que se ha hecho hasta ahora eludiendo cualquier responsabilidad y construyendo un relato que termine culpando a la oposición de la triste realidad plagada de muertos y de familias destrozadas. Los mismos que hace seis años clamaban exigiendo la dimisión de Rajoy por la muerte del perro Excalibur como consecuencia de la crisis del Ébola hoy no demandan dimisión alguna. Llamativo, pero cierto. Eso sí, coinciden en afirmar que la gravedad de la pandemia en nuestro país se debe a los presuntos recortes sanitarios que hizo el PP durante la recesión económica pasada. Pero, claro, en cuanto uno se toma la molestia de leer las cifras del Ministerio de Sanidad y comprueba que, por ejemplo, entre 2009 y 2018 el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid (PP) aumentó un 17,46% y el de Andalucía (PSOE) solo un 6,82% se les viene abajo ese argumento. 

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Hay una gran diferencia entre el Presidente francés Macron que comparece ante su pueblo y reconoce que han actuado tarde y que han cometido muchos errores en la gestión y el Presidente Sánchez que semanalmente comparece ante los españoles para decir que todo se ha hecho bien y que, incluso, su gobierno fue el primero en reaccionar en Europa ante la pandemia. Pues algo no cuadra, porque si eso fuera cierto y contando con unos excelentes profesionales sanitarios y con todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia, tal y como anunció el Ministro Marlaska a principios de febrero, ¿a qué se debe a que seamos el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes? Quizás la explicación se encuentre ni en el dinero que se destina a sanidad, ni en la calidad del sistema necesario ya que el nuestro está clasificado como el tercero del mundo más eficiente, sino en otras circunstancias.

Comparémonos con Grecia, un país también mediterráneo, turístico por excelencia y que está en bancarrota con tres rescates a cuesta de la Unión Europea. Grecia tiene una población de 10.720.000 habitantes, España de 47.000.000. Grecia tiene un gasto público anual per cápita de 1.678 €, España de 2.371 €, es decir, España gasta en sanidad por habitante más de un 40% que Grecia. En Grecia hay 525 camas en las UCIS, en España 4.404 camas, es decir, España cuenta con el doble de camas que Grecia por cada millón de habitantes. Sin embargo, en Grecia el coronavirus ha matado a 9,4 personas por cada millón de habitantes y en España ha matado a 429 personas por cada millón. Es decir, la mortalidad del virus en España es 45 veces superior a la que se registra en Grecia. Es evidente que la causa no se encuentra ni en la cantidad de dinero destinada a sanidad, ni en los recortes, ni en la calidad del sistema sanitario. La diferencia está en el momento en que se actúa frente a la pandemia. Grecia se movilizó decretando toda clase de medidas a los 4 días de producirse el primer fallecimiento. España lo hizo a los 30 días. Y este letal retraso no se debió a falta de información del Gobierno.

Desde el 25 de enero hasta mediados de marzo el Gobierno recibió 40 avisos de la OMS. Es más, el gobierno recibió el 24 de enero un detallado informe sobre las medidas preventivas que debía adoptar para proteger a los policías que operaban en los aeropuertos, informe elaborado por el responsable de prevención de salud de la Policía Nacional, y la única medida adoptada por el Ministerio del Interior fue cesarlo. A muchos nos sorprendía ver que no se medía la temperatura a los viajeros cuyos vuelos llegaban a España provenientes de China o de Italia y mientras tanto la agenda política giraba en torno al pin parental o a la carrera entre los socios del gobierno para ver quién era más feminista. Y poco más. Hoy, por primera vez, un ministro del Gobierno ha tenido la honestidad de reconocer algo de responsabilidad. El Ministro Duque ha declarado que “esta pandemia nos ha desbordado a todos. Debimos prestar más atención a los científicos”. Pues sí, más atención a los científicos, a la OMS y a la Unión Europea porque esta insuficiente atención prestada se está traduciendo en decenas de miles de muertos y en la ruina económica de España. Alguien tendrá que pagar por ello.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 12 de abril de 2020

Covid19: La que nos espera.


Cuando vamos a iniciar la quinta semana de confinamiento con el inicio de la segunda prórroga del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados estamos, en el mejor de los casos, a la mitad de este confinamiento domiciliario. De momento, otras dos semanas por delante que habremos de abordar de la mejor forma posible, con disciplina, por supuesto, si queremos contribuir a que la situación mejore. Una vez que nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir es posible que, ante las perspectivas de mejoría de la situación, estas semanas restantes sean más llevaderas.

No es fácil abstraerse de las continuas noticias que nos trasladan los medios de información ni de los permanentes mensajes que recibimos a través de las redes sociales. La catastrófica situación en la que nos encontramos necesariamente empuja a cualquier persona con sentido crítico a buscar responsabilidades entre quienes tenían el deber de haber adoptado medidas preventivas para proteger a la población y, consciente o inconscientemente, no lo hicieron. Sin embargo, hoy no pretendo abordar ese asunto. Hoy quiero destacar algunos aspectos relacionados con esta crisis.

El primero aspecto es el relacionado con el ambiente social que se está creando. A veces da la sensación de que se intenta difundir una sensación de normalidad que atenúa la auténtica tragedia que estamos viviendo. Casi 20.000 muertos, en a penas dos meses. Casi 20.000 familias rotas, destrozadas y parece que aquí no ha pasado nada. Mucha canción, mucho aplauso (merecido, no se cuestiona), mucho consejo, mucho tertuliano "especialista" en virología, mucho humor,... Pero las televisiones han debido ponerse de acuerdo o quizás las estén obligando a ello para no mostrar imágenes de las víctimas, ni de sus familiares o amigos.
No hay crespones negros, ni lutos oficiales, ni nada que nos recuerde que ante todo estamos en medio de una verdadera tragedia humana y que hay miles y miles de personas que se han ido para siempre. ¿Tan insensibles somos?

El segundo aspecto es el relacionado con la situación de nuestros mayores y el tratamiento que están recibiendo. Creo que si hay algo que nadie discute a priori es la vigencia del principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley. Bien es verdad que este mandato luego no se cumple y que hemos venido tolerando excepciones como el hecho de que nuestros representantes, nuestros parlamentarios, se hayan atribuido excepciones que les permiten no ser iguales ante las leyes tributarias de modo que tienen ingresos exentos de tributación o no ser iguales pudiendo cobrar una pensión máxima con un tercio de años respecto a los exigidos a cualquier otro ciudadano o excepciones que criminalizan al hombre por razón del género. Pero volviendo a nuestros mayores hemos escuchado con naturalidad como aquellos que sobrepasasen determinada edad no tendrían los mismos recursos asistenciales que los jóvenes, limitando su aplicación en función de su previsible capacidad de supervivencia. 

 
No es que falte lógica en la idea de aplicar los recursos sanitarios escasos preferentemente a quien a priori tenga más posibilidades de sobrevivir, pero es que esa lógica choca frontalmente con el mandato constitucional que proclama la igualdad ante la ley y, por tanto, con la igualdad al derecho a recibir tratamiento sanitario sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad. La crisis sanitaria ha destapado además una gran precariedad de medios en las residencias de nuestros ancianos. No podemos olvidar que nuestros mayores son los que han forjado nuestro estado de bienestar y son los que han sostenido a millones de hogares durante los peores momentos de la crisis económica. Una sociedad digna de tal nombre no puede seguir relegándolos a un segundo plano, no puede seguir aparcándolos como un estorbo prescindiendo de su experiencia y conocimientos y no puede ni debe evitar devolverles lo mucho que ellos han hecho por nosotros. 

No son pocos los hogares en los que los abuelos son prescindibles en un momento dado. Hemos pervertido los valores que consagran la familia como pilar básico de la sociedad porque al limitar la extensión del ámbito estrictamente familiar hemos debilitado a la familia y, por tanto, a la propia estructura social. Urge replantearnos nuestra escala de valores y urge romper con el modelo utilitarista, egoísta y hedonista sobre el que estamos construyendo nuestra sociedad.

La última reflexión que quiero destacar es la necesidad que tenemos de asumir que las consecuencias de esta pandemia van a durar mucho tiempo y que va a haber un antes y un después en muchas facetas de nuestra vida. Si alguien cree que superada la crisis todo va a volver a la normalidad, se equivoca. No estamos en un paréntesis, sino en un punto y a parte. La superación de la enfermedad no va a ser total hasta que se produzca una vacuna efectiva y eso, según parece, no se producirá antes de un año. No va a bastar con su control parcial y temporal, tenemos que prepararnos para una segunda oleada de la enfermedad dentro de 5 o 6 meses según están avisando los chinos. La vuelta a una relativa normalidad de nuestras vidas va a ser lenta y gradual, pero necesariamente conllevará muchos cambios. Y estos cambios van a ser personales y sociales. No cabe duda de que este encierro involuntario durante 45 días mínimo va a suponer un paréntesis vital que obliga a la reflexión e invita a la modificación de conductas y costumbres. En más de un caso se producirán modificaciones de los sentimientos y el replanteamiento de afectos. En muchos casos más de uno se cuestionará  la escala de valores por la que venido intentando regir su vida.

Cuando acabe el confinamiento saldremos a la calle cambiados, para bien o para mal, y lo haremos a un mundo que también habrá cambiado. Los cambios económicos que nos esperan van a ser enormes como consecuencia del enorme daño que nuestra economía va a sufrir. Tengamos en cuenta que la primera fuente de riqueza y de empleo de nuestra economía estará en la UCI, el turismo que representa el 15% del Producto Interior Bruto y que generaba 2,8 millones de empleo, que la construcción, el 14% del PIB, sufrirá también un importante retroceso, así como el comercio, el 12% del PIB, o el sector del automóvil, el 5%. Más de un millón, cerca de dos millones, perderán su empleo junto con la desaparición de decenas de miles de PYMES y de autónomos. La enorme pérdida de ingresos fiscales que la recesión conllevará obligará al Estado a endeudarse como antes nunca lo había hecho. Y en función de la política económica que se aplique tardaremos más o menos en recuperarnos. Deberemos replantearnos muchas cosas, entre otras, hasta la configuración territorial de nuestro Estado que ha demostrado poca eficacia a la hora de prevenir y de actuar por culpa de un reparto absurdo de competencias sanitarias que ha conducido hasta la ridícula y costosa competencia entre regiones en los mercados internacionales para hacerse con los lotes de productos sanitarios. Tendremos que habituarnos a una subida de tono de la disputa política porque si hay algo evidente es que las cosas se podían haber hecho mejor, que se debía haber actuado antes contra la pandemia ya que los avisos de la OMS ahí estaban desde el 24 de enero. Y habrá que, por tanto, exigir responsabilidades políticas y quizás judiciales. Los cambios en nuestro entorno serán muchos y necesariamente deberán producirse si queremos evitar la repetición de unos hechos similares en el futuro. La responsabilidad última es de todos los españoles, porque nuestra es la última palabra a la hora de decidir nuestro futuro.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com





lunes, 23 de marzo de 2020

Primera semana de confinamiento.



Termina la primera semana de confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno con la declaración del estado de Alarma. Hoy, domingo, tal y como era de esperar, el Gobierno ha anunciado que el estado de Alarma y, por tanto, el confinamiento se prolongará por lo menos quince días más. Es decir, tenemos por delante un mínimo de tres semanas de confinamiento y mucho me temo que serán bastantes más. Nuestra vida ha cambiado de repente de forma radical y la incertidumbre y el miedo se han apoderado de nuestras vidas. Los medios de comunicación nos informan, y a veces nos desinforman, desde el primer día de cuanto rodea a la grave crisis generada por la expansión del virus en España y en el resto del mundo. Y nunca las redes sociales han estado más activas, son nuestra ventana al exterior y se han convertido en muchos casos en el altavoz de la indignación y la frustración de no pocos ciudadanos.

Estamos inmersos en una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país. Y es precisamente en situaciones como éstas donde florece lo mejor y lo peor de cada persona, tanto en el ámbito privado como en el público. Tenemos un país lleno de héroes anónimos que trabajan día a día para que todos podamos sobrevivir de la mejor manera posible, desde los sanitarios, pasando por los miembros de las fuerzas de seguridad, los transportistas, los operarios de los servicios esenciales o los repartidores. Todos siguen cumpliendo sus tareas exponiéndose a contraer el virus y, en ocasiones, haciendo más de lo que su deber les impone. 

Pero también tenemos, los menos, ciudadanos irresponsables y egoístas que incumplen las restricciones de movimiento o acaparan productos compulsivamente. Tenemos voluntarios que cosen mascarillas desinteresadamente y empresarios que donan millones para ayudar a combatir la pandemia. Pero también tenemos personalidades que no predican precisamente con el ejemplo y que abusan de los privilegios que su posición social o política les confieren.   

Tenemos ciudadanos tan anclados en el odio partidista que desean en las redes sociales que el coronavirus gane la batalla a Ortega Smith o a Irene Montero según sea el caso sin darse cuenta de que al hacerlo están haciendo pública su indigencia moral. La crítica política en una situación como ésta no puede ni debe desaparecer como pretenden los partidarios del Gobierno, pero debe ser usada con moderación y dentro de los límites de la racionalidad, no de la visceralidad. Es cierto que los mismos que hoy piden silenciar las críticas y exigen el respaldo al gobierno son los mismos que cuando el ébola provocó una muerte en España en 2014 querían la cabeza de Rajoy, pero no hay que ser como ellos.

Cada día que pasa aparecen nuevas informaciones que ponen de relieve muchos errores cometidos por el gobierno que ponen de manifiesto una gran irresponsabilidad que ha propiciado una expansión desbocada del virus en nuestro país. Sabemos ahora que 6 días antes de la manifestación del 8 M las autoridades sanitarias europeas desaconsejaron la celebración de eventos multitudinarios y, sin embargo, el gobierno, los partidos que lo componen y toda una serie de comunicadores televisivos animaron a la gente a acudir a la manifestación. Pudo más el interés partidista que el interés por la salud de la ciudadanía. 

Es cierto que ahora las feminazis que entonces proclamaban que el machismo mataba más que el coronavirus se desgañitan ahora en las redes sociales, para eludir así su propia responsabilidad,  señalando a los supuestos recortes sanitarios del pasado como los culpables de que precisamente en Madrid se haya disparado exponencialmente la pandemia.  Son muchos, políticos, periodistas, comentaristas, agitadores sociales, los que deberían estar pidiendo perdón a la sociedad por el mal que han hecho.

“En tiempos de tribulación no hacer mudanza” aconsejaba San Ignacio de Loyola. No es el momento de pedir o promover un cambio de gobierno. Es fundamental que todas las administraciones públicas colaboren y cooperen con el Gobierno de España en unos momentos tan graves como los actuales. Ya habrá tiempo para exigir responsabilidades o para aplaudir los aciertos. Todas las Instituciones del Estado deben cerrar filas, eludir polémicas estériles y trabajar en una misma dirección para acabar cuanto antes con esta pesadilla. 

No podemos caer en estrategias tan burdas y desleales como las diseñadas por una parte misma del gobierno, la de Podemos e Izquierda Unida, que aprovechando la especial sensibilidad social que genera la tragedia de la pandemia promueve caceroladas contra la Jefatura del Estado. Su indecencia ética y política no debe ser secundada. Mejor harían en intentar reparar el daño que han ocasionado habiendo abandonado a su suerte a los ancianos en las Residencias. 

Nos queda mucho por ver durante las próximas semanas o seguramente meses. No nos queda otra que obedecer las normas, observar, analizar y tomar buena nota de todo porque cuando esto pase habrá que pedir más de una explicación.

Fdo. Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com