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domingo, 9 de octubre de 2011

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).
-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.
-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.
-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.
-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola