Translate

Mostrando entradas con la etiqueta programa electoral. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta programa electoral. Mostrar todas las entradas

domingo, 4 de diciembre de 2016

La segunda gran estafa electoral del Partido Popular.


Cuando compras un artículo en “El Corte Inglés” si no quedas satisfecho te devuelven tu dinero y lo hacen hasta pasados 60 días de la adquisición. Sin llegar a tanto, la norma general es que si compras un producto y éste no se corresponde con las características o propiedades anunciadas tienes derecho a la devolución del dinero. Una compraventa comercial, en definitiva, no es más que un contrato en el que cada parte debe cumplir sus obligaciones: una pagar el precio y la otra entregar el producto adquirido. Sin embargo, esta simple regla no funciona en la política. Te ofertan un programa electoral y lo compras con el voto. Pero una vez pagado el precio, si te he visto no me acuerdo. No te devuelven el voto en caso de engaño. No han pasado ni 60 días desde que el Partido Popular formó gobierno y, a la primera ocasión, ya ha incumplido de forma flagrante una de las principales ofertas de su programa electoral de junio de 2016: "Dar prioridad a la reducción de la carga tributaria que enfrentan los ciudadanos y atender desde el ámbito fiscal sus necesidades e inquietudes". Primer compromiso: "Rebajaremos la carga fiscal de los ciudadanos, asegurando que los beneficios de la recuperación económica llegan a todos los hogares". El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 2 de diciembre todo un paquete de medidas fiscales para aumentar la recaudación fiscal en más de 5.000 millones de euros en 2017.

Incumplir el programa electoral en materia tributaria es exactamente lo primero que hizo el Partido Popular tras formar gobierno en 2011 y lo vuelve a hacer en 2016. Entonces la excusa fue que la herencia recibida del Gobierno de Zapatero era peor de lo que los datos oficiales decían. Ahora parece que ni la necesidad de ajustar el déficit público a los compromisos con Europa se utiliza como excusa, sino que incluso el Sr. Montoro con toda la desfachatez del mundo afirmó tras el Consejo de Ministros que no había ningún incumplimiento electoral, que no era cierto que se hubiesen comprometido a disminuir la presión fiscal a los contribuyentes españoles. Hay que tener mucha cara dura, además, para justificar la creación del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas con la preocupación por la salud de los ciudadanos. ¿Para cuándo entonces un impuesto especial sobre la panceta, la chistorra o la mayonesa? ¡Venga ya, Cristóbal, a otro perro con ese hueso!

El Gobierno del Partido Popular solo usa una vía para ajustar las cuentas y es aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes aún a costa de tirar a la basura su propio programa electoral, sus principios políticos y su credibilidad. En lugar de gastar menos de lo que se ingresa, la política fiscal del Partido Popular, con el aplauso de la izquierda y el asombroso silencio de casi todos los medios de comunicación, consiste en intentar recaudar más a costa de los contribuyentes e, incluso, de aumentar el gasto público elevando el techo del déficit de las comunidades autónomas, verdaderos sumideros por los que se escapa el dinero público.

Lo cierto es que ningún partido parlamentario está dispuesto a meter la tijera para acabar con el despilfarro y gastar menos. No se trata de recortar en servicios públicos esenciales ni en prestaciones sociales. Se trata de una parte en alanzar una mayor eficiencia en el gasto público que indiscutiblemente mermada por la propia idiosincrasia del sistema autonómico. Y se trata fundamentalmente de recortar toda una estructura pública que a todas luces no podemos mantener con los ingresos actuales. Nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano de una vez al despilfarro de las Comunidades Autónomas con cientos de empresas públicas, con miles de asesores políticos, con decenas de televisiones públicas sin casi audiencia, con embajadas propias por medio mundo, con instituciones duplicadas con las del Estado, con competencias duplicadas, con una diarrea legislativa que dificulta extraordinariamente la fluidez de un mercado único, etc.
Y nadie está dispuesto en este parlamento, ni por supuesto en el gobierno, a meter mano al despilfarro y a la mala gestión del propio Estado e incluso de las propias Cortes cuyos privilegios parlamentarios siguen constituyendo un escandaloso ejemplo de falta de ejemplaridad y de solidaridad social.

El Gobierno del Partido Popular ha vuelto a mentir y a engañar a sus votantes, a los incondicionales y a los de la nariz tapada. No pueden ahora esconderse tras la excusa de la necesidad del consenso y de llegar a pactos porque del mismo modo que se aprestan a acordar cómo y cuánto más van a exprimir al contribuyente podrían hacerlo para decidir cómo y cuánto gastar menos de nuestro dinero. Para este viaje no hacían falta estas alforjas. Y para hacer una política socialdemócrata mejor que la hagan sus inventores.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 8 de mayo de 2015

Presentado el Programa – Contrato Municipal de la Coalición Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante.

8-5-2015
COMUNICADO

Hoy, en el primer día de campaña electoral, la coalición Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicantes ha hecho público su programa electoral ante los medios de comunicación. El candidato a la Alcaldía por la Coalición, Santiago de Munck Loyola, acompañado por el cabeza de lista por la Provincia de Alicante a las Cortes Valencianas, Carlos Pascual Ruiz, y por varios miembros de la candidatura ha expuesto las principales líneas del programa electoral al que ha definido como un programa-contrato de obligado cumplimiento entre los votantes y los candidatos.

Del mismo ha destacado que se ha elaborado mediante un proceso abierto de participación entre los miembros de los partidos de la Coalición y que consta de dos ejes básicos: la regeneración del Ayuntamiento para que Alicante recupere su prestigio de modo que el Ayuntamiento deje de ser un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y la exigencia de una financiación justa para la ciudad, discriminada constantemente por el estado y la Generalidad Valenciana. En este apartado, el candidato de la Coalición ha manifestado su intención de introducir criterios limpios y objetivos en los p

rocedimientos para las contrataciones municipales y de iniciar la revisión de todas las adjudicaciones municipales, comprometiéndose a incoar los procedimientos de rescisión a que hubiere lugar de aquellas contratas que resulten lesivas para la ciudad o que no hayan cumplido en su tramitación con las mínimas exigencias de concurrencia pública.

El candidato a la Alcaldía ha señalado que sin limpiar y poner a punto la maquinaria del Ayuntamiento y sin una justa financiación no es posible impulsar las políticas sociales y económicas que Alicante necesita.

Igualmente ha subrayado que las principales líneas de actuación del Esperanza Ciudadana – Juntos por Alicante se centran en promover la creación de empleo con bonificaciones fiscales de hasta el 90 % para los autónomos, comercios y pequeñas empresas alicantinas que generen nuevos empleos, la agilización de los trámites administrativos y la atracción de inversión privada a la ciudad; en impulsar el desarrollo de políticas sociales de integración y de vivienda; en el impulso de la participación ciudadana con la creación de la Concejalía 3.0; en la disminución de la bajada de impuestos y tasas municipales, especialmente la de basuras cuya eliminación se plantea con un nuevo Plan Integral de Residuos; en la defensa del Medio Ambiente con este nuevo Plan Integral de Residuos, planes de reforestación, de protección de la Serra Grossa o de recuperación del litoral entre otras propuestas; en el desarrollo de Planes Culturales específicos, en el impulso al turismo, etc.


Finalmente, Santiago de Munck Loyola, ha respondido a las preguntas planteadas por los asistentes.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

La penúltima traición electoral del Partido Popular.


Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 14 de septiembre de 2014

La reforma de la ley del aborto: el PP ni está ni se le espera.


No tomarse en serio al adversario político es uno de los peores errores que se puede cometer. Y otro grave error es no aprender del adversario, siempre hay algo en sus estrategias y sus tácticas que merece la pena ser tenido en cuenta. Ambos errores los ha venido cometiendo, una y otra vez, el Partido Popular. Desconozco las causas de esta forma de proceder, arrogancia, soberbia, prepotencia,… pero lo cierto es que se repite una y otra vez. Ocurrió cuando Rodríguez Zapatero se puso al frente del PSOE y no sólo fue menospreciado por los populares, sino que incluso en las filas socialistas hubo quien le llamaba “Bambi”. Pues bien, “Bambi” o “Pancartero” ganó contra muchos pronósticos las elecciones generales de 2004 y dejó noqueada durante años a la derecha española. Y a Zapatero no le tembló el pulso para ponerse de inmediato a cumplir lo que había ido prometiendo detrás de las pancartas y en su programa electoral.

El 16 de abril de 2004 Zapatero fue investido Presidente del Gobierno y a los 3 días, el 19 de abril, ordenó la retirada de las tropas española de Irak. A las pocas semanas de formar gobierno, el 18 de mayo de 2004, dejó en suspenso por decreto ley la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que había sido promulgada el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar y que pretendía reformar y mejorar la educación en España. Ni tan siquiera llegó a aplicarse. Y a mediados de junio del mismo año su gobierno derogó el trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional. Como puede verse, no tardó ni dos meses en ejecutar tres de las principales promesas que había hecho a sus votantes.

Esta semana, casi tres años después de que el Partido Popular ganase las elecciones generales por mayoría absoluta hemos conocido por algunos medios de comunicación que el Gobierno está sopesando enterrar el anteproyecto de Ley sobre la modificación de la regulación del aborto. Hay que recordar que el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular incluía la modificación de la ley del aborto, es decir, que se trata de uno de los compromisos electorales por los que fue elegido mayoritariamente (Página 108. Medida 6ª “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto…”).

Tres años han pasado y el Sr. Rajoy, su gobierno, su Grupo Parlamentario y sus cientos de miles de afiliados no han tenido tiempo para cumplir algo tan elemental que habían prometido: cambiar el modelo actual, cambiar el modelo establecido en la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se puede comprender que, entre tantas cabezas pensantes y sin un liderazgo político y moral evidente, no sean capaces de alumbrar una nueva regulación que aglutine a todas las supuestas “sensibilidades” existentes en el PP, pero bien que podían haber hecho algo muy simple para empezar a cumplir de una vez alguna de sus promesas, podían y pueden aún, imitar al Sr. Zapatero y suspender la aplicación de esta Ley o sencillamente derogarla dejando vigente la anterior regulación, un mal menor, la Ley Orgánica 9/1985, aprobada el 5 de julio de 1985.

Hay quien se escuda diciendo que hacerlo ahora no sería conveniente desde un punto de vista electoral lo que vendría a corroborar la idea de que, al fin y al cabo, lo que cuenta es asegurarse la poltrona, no los principios, ni los compromisos. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Acaso se les ha votado para que se aseguren la poltrona o para que cumplan con lo prometido? Y ¿Dónde están las voces de las decenas de miles de cargos públicos del PP que asumieron ese programa electoral? Nunca antes un partido político se ha situado tan lejos y ha despreciado tanto a sus votantes como éste. La aparición de “Podemos” parece que les ha venido bien porque piensan que levantando ahora la bandera de que viene el coco recuperarán a sus votantes y, por eso, no tienen problemas en que los grandes grupos mediáticos den cancha a esta formación. Pero se equivocan, están alimentando a una fiera que terminará por comérselos.

Padecemos un partido de centro derecha hegemónico cobarde, soberbio y acomplejado que entiende la política como un medio y no como un fin. De los principios han pasado a lo “políticamente correcto” y de lo “políticamente correcto” han dado el salto a la “política sostenible” de la burocracia partidista y de la casta dirigente. Una pena.


Santiago de Munck Loyola

martes, 28 de mayo de 2013

Aznar y los votantes populares.


La entrevista que la semana pasada concedió José María Aznar a Antena 3 ha levantado muchas ampollas y ha obligado a muchos a “retratarse”. La irrupción de Aznar en el debate público no ha sido, pese a lo que muchos opinan, una novedad. El ex Presidente del Gobierno y Presidente de Honor del Partido Popular ha entrado en escena en muchas ocasiones a lo largo de los últimos diez años en el debate político y en la vida interna del Partido Popular. La novedad ha estado principalmente en el contendido de su intervención que no ha agradado lo más mínimo ni a la izquierda recalcitrante, obsesionada de forma enfermiza y patológica con José María Aznar, ni al Gobierno y miembros de la estructura burocrática del Partido Popular. ¡Curiosa coincidencia!

Al margen de los “dimes y diretes” o de las variopintas interpretaciones sobre los motivos de esta entrevista, llama mucho la atención algunos mensajes lanzados por Aznar así como la reacción de algunos “líderes” del PP. La verdad es que hablar de “líderes” en el caso de algunos dirigentes populares resulta irrisorio. Gente que debe su puesto al “dedazo” superior, a sus cualidades personales genuflexas y a su sumisión absoluta, incapaces de ganarse el puesto en una competición en las urnas podrá ser todo lo dirigentes que quieran, pero calificarles de “líderes”, en el amplio sentido de la palabra, resulta francamente ridículo. Pero, en fin, hecho este paréntesis, lo cierto es que algunos de estos presuntos líderes han hecho públicas sus sesudas reflexiones sobre la intervención de Aznar concluyendo, y lo que es peor, manifestando públicamente que el Sr. Aznar “tiene a los votantes, pero no tiene al partido”. ¿Se puede ser más memo políticamente hablando? ¿No se percatan de que reconocer que Aznar tiene a los votantes y no al partido significa que el partido ha abandonado a los votantes? Es más ¿qué es un partido sin votantes?

Aznar dijo muchas cosas con las que se identifican muchísimos militantes y votantes del Partido Popular. Eso es una evidencia que sólo pueden negar quienes permanecen aislados de la realidad social y de las bases del Partido Popular. Es probable que los cargos políticos institucionales, los que deben su puesto a la superioridad y no a las bases, crean que Aznar está equivocado o que compartiendo sus opiniones hagan gala de la tradicional cobardía que asegura su supervivencia política y por eso se nieguen a admitirlo, pero cualquiera que se moleste en hablar con los militantes y con muchos cargos públicos en privado escucharán siempre lo mismo: “no es esto, no es esto”.

Los políticos valen lo que vale su palabra. Los programas no están para incumplirlos, como decía el viejo profesor. Muchos, sobre todo los llamados de la vieja guardia, hemos aprendido y asimilado que un programa es un compromiso con el elector, un auténtico contrato por el que los políticos ofrecen propuestas a los votantes a cambio de su voto. Incumplido el programa, se rompe el contrato y quiebra la legitimidad del gobernante. Y cuando se obtiene una mayoría electoral tan importante como la que recibió el Partido Popular hace un año y medio es porque se recibe un mandato claro y expreso para aplicar un programa determinado con todas sus consecuencias, sin dilaciones y sin excusas. No es tan difícil entender, como tampoco es tan difícil explicar desde el primer día las dificultades que puedan ir apareciendo y que no estaban previstas.

Las declaraciones de Aznar han sido, a muy juicio, muy oportunas porque, además, han reflejado el sentir de muchos votantes y militantes populares profundamente desorientados. Se podrá estar o no en desacuerdo con los planteamientos concretos que se deslizaron en esa entrevista pero es indudable, para muchos, que España necesita un liderazgo más sólido, un proyecto claro que desde el cumplimiento del mandato de los votantes responda a los graves desafíos plateados tanto en el campo económico, como el social, el político y el institucional. Decir las cosas claras, abrir el debate sobre las políticas emprendidas o sobre su ritmo, recordar la responsabilidad del Partido Popular con sus votantes o impulsar reflexiones sobre las respuestas que hay que articular ante los grandes desafíos de España no puede, ni debe ser interpretado de forma beligerante, sino que debería llamar sobre todo a la reflexión y al cambio de rumbo y más en el caso de esos “líderes” que reconocen que se han quedado con las siglas pero no con el programa, con los principios o con los votantes, únicos destinatarios de la acción política de un partido político.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 31 de mayo de 2012

De mal en peor.

La cosa está mal, muy mal. La cosa está mucho peor de lo que nos dijeron, bastante peor de lo vemos y muy lejos de mejorar en poco tiempo. La cosa nos es otra que esta inmensa crisis económica, social y moral que está arrasando todo lo que toca. Ahora se constata que nadie, salvo que estuviese bien “colocado”, pudo vislumbrar el más mínimo y tierno brote verde porque ya había empezado a galopar por la pradera española el caballo del Atila del Siglo XXI. Esos insaciables mercados, con su desconocida prima hasta no hace mucho, no tienen bastante con todo lo que se han llevado por delante y cada día exigen más y más.


La situación parece que supera por momentos al Gobierno que, si tenía un Plan, debía ser gemelo del Programa Electoral, es decir, papel mojado por rebosantes orines de unos pañales que nadie se ocupó de cambiar durante años. La ahora oposición, que sí que debía saber lo que se cocía, tampoco sabe qué pieza bailar. En su seno, unos se pronuncian por la yenka y otros por el vals mientras los micrófonos indiscretos les pillan con las manos en la masa, bueno, mejor dicho, con la lengua en movimiento.


Un Programa Electoral no es un simple catálogo de promesas con el fin de captar votos. Un Programa Electoral es ante todo un Plan de Gobierno, una declaración de intenciones sobre lo que se va a hacer si se ganan unas elecciones. Un Programa Electoral, como cualquier plan o programa mínimamente serio, sólo puede ser diseñado desde un riguroso análisis de la realidad, de una evaluación concienzuda de dónde y cómo se está. Una vez establecida la foto del momento se establecen los objetivos, las metas a las que se quiere llegar si se gobierna y los caminos que se van a utilizar para alcanzarlas. Nos dicen ahora que la realidad con que se han encontrado es mucho peor de la que se esperaban o de la que conocían o que el Gobierno anterior les engañó en las cifras y que, por tanto, no se puede cumplir el programa electoral. Claro que entonces uno se pregunta ¿a qué se dedicaba la oposición entonces? ¿Cómo es posible que la oposición desconociese hasta tal punto la realidad que ahora no pueda cumplir ni por aproximación su programa electoral, su Plan de Gobierno? La oposición está para controlar al Gobierno de turno y para presentar alternativas. Pero ¿qué clase de control realizó durante los últimos años? Es evidente que si la oposición hubiese realizado bien su trabajo, si hubiese controlado de forma exhaustiva al Gobierno habría podido hacer un análisis certero de la situación, habría presentado un Programa Electoral adecuado a la realidad existente y no se habría llevado tantas sorpresas como parece que se está llevando. Vale, la oposición se equivocó y los españoles votamos mayoritariamente un programa electoral poco “adecuado” para sortear esta pesadilla de herencia de ZP. Pero ¿y los principios? Porque si algo debería quedar, algo por debajo de medidas programáticas concretas, es el conjunto de principios ideológicos de un partido político. No cuadra que, aparcadas ciertas promesas, se adopten medidas de emergencia absolutamente contrarias a las que se suponen inspiraban el programa. Antes nos decían: para recaudar más hay que bajar los impuestos, así se crea riqueza, se emprenden nuevas actividades, se crea trabajo y, finalmente, al haber más contribuyentes se recauda más. Ahora parece que eso ya no vale: ahora para recaudar más subo todos los impuestos y punto. ¿Y para éso se cambia de Gobierno?


La cosa está mal, muy mal. Es verdad. Y hasta tal punto está mal que nuestros socios europeos nos dicen ahora que no son suficientes todos los recortes, reformas y sacrificios adoptados en tiempo record en los últimos meses. Nos dicen que tenemos que sacrificarnos más. Es decir, que tenemos que gastar mucho menos para que dediquemos el dinero ahorrado con ello a seguir pagando los intereses de la creciente deuda pública. Cada euro que retiramos de la sanidad, de la educación, de las prestaciones sociales, de las infraestructuras se va a pagar deuda e intereses. Y nos dicen que tenemos que retirar más euros. Para empeorar las cosas algunas Cajas y Bancos están empezando a exhibir sus vergüenzas, tan complacientemente escondidas durante los últimos años. Muchas de esas entidades son las que han dejado ya sin casa a 300.000 familias españolas y ahora necesitan del dinero de todos, incluido el poco que puedan tener esas 300.000 familias, para ser rescatadas. ¡Perfecto! Menos euros para los ciudadanos.


No nos engañemos, si las cosas siguen así, pronto nos van a anunciar más subidas de impuestos que recortarán el consumo y generarán más paro, más recortes en prestaciones públicas, menos derechos sociales y una larga batería de medidas para contentar a Europa y a los mercados, prima incluida. Estamos ante una auténtica situación de emergencia social a punto del colapso del sistema. Y, mientras tanto, ni Gobierno, ni oposición son capaces de aparcar diferencias para subrayar puntos de encuentro. Mientras tanto se ha aparcado uno de los principales problemas que tenemos: que nos guste o no, no podemos seguir costeando este Estado de las autonomías tan caro y tan ineficiente, digan lo que digan. Mientras tanto nuestra clase política sigue sin ser austera, sin dar ejemplo, sin sacrificarse como nos exige a los demás que lo hagamos. Nuestra clase política sigue disfrutando de privilegios fiscales, de un sistema de pensiones privilegiado, de ingresos múltiples, de prebendas inadmisibles. No es de recibo que los diputados y senadores viajen gratis en desplazamientos privados y que sólo el Congreso pagase en 2011 más de 7 millones de euros a Renfe e Iberia. No es de recibo que siga disfrutando de más de 22.000 coches oficiales o que por cada cargo electo haya 1,5 asesores, como en el Ayuntamiento de Alicante. No, no es de recibo. Los sacrificios deben ser para todos y la ejemplaridad debe ser primordial.


Tanto el Estado del Bienestar como la sociedad del Bienestar se están escapando por el sumidero aunque no así el bienestar de la clase política que no parece dispuesta a “apearse” del burro ni a reconocer que nuestros males tienen su origen en sus decisiones y omisiones.


Santiago de Munck Loyola

jueves, 10 de noviembre de 2011

El programa oculto.

Parece que, a medida que avanza la campaña electoral, las cosas no le están saliendo bien al PSOE: el efecto Rubalcaba se está convirtiendo en el defecto Rubalcaba. Un defecto que está mermando las, ya de por si escasas, expectativas iniciales de los socialistas.

Encaró su mejor oportunidad, la del debate, asumiendo resignadamente la posición inicial de perdedor y otorgándole a Mariano Rajoy la de próximo Presidente del Gobierno de España. Una oportunidad evidentemente perdida que lo único que ha puesto de manifiesto es quizás una vocación tardía y frustrada de periodista inquisidor.

De las insinuaciones de Rubalcaba en el debate sobre la existencia de un programa oculto del Partido Popular, el PSOE ha pasado a establecer y a centrar su estrategia electoral en denunciar la certeza de la existencia de ese supuesto programa oculto. Flacos de memoria son estos chicos. Primero nos machacaron durante años pregonando que no había alternativa porque el PP no tenía programa. Rubalcaba demostró en debate que habían mentido, que era falso que el PP no tuviera programa y lo hizo formulando preguntas a Rajoy sobre el contenido del programa popular una y otra vez. El PP tiene programa y Rubalcaba se lo conoce. Otra cosa es que no lo entienda o que no le guste. Ahora, los socialistas han dado un paso más: el PP no sólo tiene un programa de gobierno, sino que tiene dos.

El PP tiene el programa que es público y que también se conoce Rubalcaba y otro programa, el oculto. Y tras este brillante descubrimiento, los socialistas se han lanzado en tromba a enviar mensajes denunciando la existencia de ese supuesto programa oculto. Es decir, que están montando su campaña sobre una falacia que dan por cierta sin prueba alguna. Confunden sus deseos con la realidad y tratan de convencer de ello al electorado.

Ya vimos que Rubalcaba en el debate fingió no conocer a Zapatero ni sus políticas. En ningún momento enarboló o exhibió logro alguno del gobierno que él mismo ha vicepresidido. También se pudo constatar que ningún momento sacó a la palestra su propio programa electoral que seguramente existirá, pero del que nadie habla.

De programas ocultos, los españoles ya conocemos uno: el del PSOE en 2008. Porque, como bien recordó Mariano Rajoy, en el programa socialista de 2008, por mucho que uno se lo lea, no aparece el recorte de los salarios de los empleados públicos, ni la congelación de las pensiones, ni la supresión del cheque bebé, ni la desaparición de la desgravación de 400 euros, ni las negociaciones con los etarras, ni el retraso de la jubilación a los 67 años, ni el aumento del período de cotización para percibir una pensión, ni la destrucción sistemática de empleo, ni las medidas restrictivas para la financiación de los municipios ni ninguno de los “logros” con que los socialistas han obsequiado a la ciudadanía durante esta lúgubre legislatura que afortunadamente concluye ahora. Había un programa oculto del PSOE y todos los ciudadanos lo hemos podido sufrir en nuestras propias carnes.

Y si hubo programa socialista oculto en 2008 nada permite hacer suponer que no exista ahora otro programa oculto del PSOE. Y vete a saber que nuevas fechorías esconden. Mejor no saberlo, aunque uno se las pueda imaginar. Mejor mirar el futuro con ilusión y con esperanza sabiendo que sin ellos en el Gobierno cualquier programa será mejor.

Santiago de Munck Loyola

martes, 1 de noviembre de 2011

Con el programa del PP el SEPES debería desaparecer.

En el Programa Electoral que el Partido Popular presenta en estas elecciones generales de 2011 figura, entre otras cosas, lo siguiente:
Delimitaremos con precisión las competencias de las distintas administraciones para evitar las duplicidades de gasto o la demora en la atención de las necesidades de los ciudadanos. Dotaremos a cada administración de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios públicos, y que éstos sean asignados eficientemente y con respeto al principio de lealtad institucional.
Reduciremos el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente. Suprimiremos todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la administración con sus actuales medios.
Es un hecho evidente que, con el desarrollo del Estado de las Autonomías, se ha producido en las últimas décadas una exagerada proliferación de administraciones, organismos y sociedades públicas que en una gran mayoría duplican funciones y, lejos de proporcionar una mejor eficiencia en el uso de los recursos públicos, constituyen un constante despilfarro del dinero de los contribuyentes. Piénsese en el caso de las Islas Baleares con cientos de organismos públicos y de empresas en las que más de 400 políticos están cobrando sueldos de altos directivos. El despilfarro generalizado ha sido y es evidente y la grave situación económica exige hacer una reestructuración del sector público para acabar con esta sangría económica y con estos nichos de colocación de políticos. En unos casos deberán ser las Comunidades Autónomas las que realicen la poda y prescindan de entes y organismos que duplican funciones que corresponden al Estado o que estarían mejor gestionadas por el Estado a través de estrategias de carácter nacional y, en otros casos, deberá ser el Estado el que elimine organismos públicos que por su finalidad y razón de ser estará, sin duda, mejor gestionados por las Comunidades Autónomas o, incluso, por determinados entes locales.
En España hay, al día de hoy, decenas de Empresas públicas autonómicas dedicadas a la promoción y desarrollo de suelos industriales. Partiendo de la base que debería ser el mercado, los empresarios, quienes en primera instancia deberían ser los promotores de espacios industriales y no las administraciones públicas, lo cierto es que si se admite y asume la intervención pública como agente corrector de las ineficiencias del mercado parece que las sociedades de las comunidades autónomas pueden ser el instrumento idóneo: un mejor conocimiento de la realidad económica inmediata, de las necesidades y prioridades de la región, de las estrategias de desarrollo regional e, incluso, de las particularidades legislativas en materia de suelo.
Sogepsa (Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA) en Asturias, la empresa Navarra de Suelo Residencial, S.A. en la Comunidad Foral, SPRILUR, S.A. en el País Vasco, Gasteizko Industria Lurra, S.A., GILSA en la Provincia de Álava, Sigalsa en Galicia, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León,  SICAN en Cantabria, SEREMUR en la Región de Murcia, SOFIEX Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, conocida como EPSA, SODIAR Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, INCASÒL, Instituto Catalán del Suelo, SEPIVA en la Comunidad Valenciana, la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. o Arpegio en la Comunidad de Madrid son algunos de los ejemplos de empresas públicas destinadas al desarrollo de suelos industriales en el territorio de sus respectivas Comunidades Autónomas.
Junto a ellas sobrevive SEPES, la sociedad estatal dedicada al desarrollo de suelos industriales y heredera directa de dos organismos públicos: la Gerencia de Urbanización y el Instituto Nacional de Urbanización (INUR). SEPES opera en todo el territorio nacional y, por tanto, superpone su actividad a la de los entes autonómicos. Se trata de un claro ejemplo de duplicidad de funciones que hay que corregir. Además, a través de mi experiencia profesional de estos últimos años, he comprobado que SEPES es además una herramienta al servicio de políticas partidistas. Sus actuales gestores y directivos no han dudado en usar esta potente herramienta al servicio de directrices partidistas vulnerando el interés general lo que supone añadir un motivo más para que, en su día, se disuelva esta entidad y sean transferidos sus activos a las entidades autonómicas para el desarrollo de espacios industriales.

D. Pedro Saura y su amiguete.
D. Félix Arias Goytre
Los señores Félix Arias, Pedro Saura o Álvaro Couso han dado un claro ejemplo estos años de cómo no se debe gestionar una empresa pública y de cómo el interés general puede ser pisoteado por mezquinos intereses partidistas. Su actuación no tiene desperdicio.
D. Álvaro Couso.
Por ello, si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales, tal y como pronostican todas las encuestas, la disolución del SEPES, a la luz de las propuestas programáticas, constituye una obligación ineludible por higiene democrática, por eficiencia económica y por el interés general. Ojala sea así.
Santiago de Munck Loyola


domingo, 9 de octubre de 2011

La puja electoral: escaparate de ofertas cosméticas.

En el zoco electoral acaban de aparecer dos ofertas destinadas a hacer un guiño a los que se sienten indignados con el funcionamiento de nuestro sistema democrático. De una parte, el candidato socialista P. Rubalcaba ha propuesto (http://www.laverdad.es/alicante/rc/20111008/espana/rubalcaba-propone-reducir-parlamentarios-201110081405.html) que los políticos sólo cobren un sueldo y, además, no le hace “ascos” a la propuesta (la segunda oferta) de su adversario, Mariano Rajoy, de reducir el número de diputados y concejales en España (http://www.larazon.es/noticia/3192-rajoy-asegura-que-el-pp-sabe-como-se-sale-de-la-crisis-aunque-llevara-tiempo).

Se deduce claramente de la propuesta del candidato socialista que hay políticos, y no deben ser pocos, que cobran más de un sueldo de las administraciones públicas y no sería, por tanto, un mal ejercicio de transparencia democrática que los ciudadanos pudiéramos conocer los nombres y las cuantías que están cobrando de los presupuestos públicos.

La propuesta de Mariano Rajoy parece guardar una finalidad exclusivamente económica: reducir el gasto de las administraciones públicas ahorrando sueldos de cargos electos, de políticos. Reducir el número de diputados del Congreso supone un importante ahorro pero si la reforma que ha de hacerse de la Ley electoral no entra a fondo en los criterios que determinan la representatividad para corregirlos, la reducción del número de diputados llevará, inevitablemente, una importante pérdida de representatividad de nuestros diputados y un aumento de la desigualdad del voto entre los ciudadanos. Y ¿por qué no reformar la Constitución y suprimir el Senado? Hay prácticamente unanimidad a la hora de valorar como inoperante el actual funcionamiento del Senado. Llevan años nuestros políticos hablando de la necesidad de reformarlo y no lo hacen. El Senado nos cuesta casi 10.000 millones de las antiguas pesetas al año. Suprimirlo supondrá un gran ahorro y seguro que su inexistencia no será echada de menos, salvo por los que viven de él.

Estas ofertas que salen ahora al mercado electoral no terminan de entrar en el fondo del asunto que no es otro que la mala imagen de la clase política y la desconfianza que genera, tal y como señalan todos los estudios sociológicos. La brecha entre el ciudadano y el político es cada vez mayor y, por consiguiente, la identificación ciudadana con el sistema.

Nuestro sistema político presenta síntomas de agotamiento y de ahí que sea necesario ir planteando medidas que impliquen su regeneración democrática. Medidas que implican reformas profundas de las instituciones, de las leyes y un cambio profundo de la mentalidad de la clase política. No se trata pues sólo de ahorrar, sino de algo mucho más profundo.

Buena parte del origen del problema radica, en el fondo, en la aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley de los españoles. Es evidente que a lo largo de los últimos años la clase política ha ido construyendo todo un sistema que permite a sus componentes eludir el principio de igualdad ante la ley y dotarse a si mismos de numerosos privilegios y excepciones. Si los ciudadanos no pueden percibir por ley más de un ingreso proveniente de las administraciones públicas ¿por qué los políticos sí pueden? Si los ciudadanos somos los que teóricamente decidimos ¿por qué nuestro voto no vale igual dependiendo su valor de la provincia en la que residamos?

A las ofertas anunciadas por lo candidatos bien podrían añadirse muchas otras que contribuirían, sin duda, a sanear la economía de las administraciones y, lo que es más importante, a regenerar nuestro sistema político:

1º Reforma constitucional eliminando el senado.

2º Reforma constitucional para eliminar duplicidades de competencias entre las administraciones.

3º Reforma de la Ley Orgánica del Régimen electoral para reducir el número de cargos públicos, reformar las Diputaciones y mejorar la representatividad del voto.

4º Aprobación de un Estatuto de los Cargos Públicos que incluya, entre otras, las siguientes medidas:

-          Establecimiento de incompatibilidades absolutas (prohibición de ostentar más de un cargo público).
-          Prohibición de percibir más de un ingreso económico (sueldo, dietas, pensiones, indemnizaciones, etc.) proveniente de las administraciones públicas.
-          Dedicación exclusiva de diputados nacionales y regionales.
-          Prohibición de dedicaciones exclusivas de los ediles (salvo los alcaldes) en los municipios de menos de 100.000 habitantes.
-          Sometimiento de los cargos públicos al régimen general de la seguridad social en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Sometimiento de los cargos públicos al IRPF en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
-          Supresión de pensiones o indemnizaciones especiales de los cargos públicos.
-          Prohibición del ejercicio de la política para miembros del poder judicial o, en su caso, de retorno a la carrera judicial.

5º Eliminación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

6º Remover los obstáculos legales que impidan la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en los diferentes territorios.

7º Reforma del poder judicial reforzando los mecanismos que aseguren su independencia del poder político.

8º Reforma del Tribunal constitucional en cuanto a la designación de sus miembros y su competencia.

La lista de medidas que podrían adoptarse puede ser muy larga. Sirvan las anteriores a modo de ejemplo, pero no conviene olvidar que no se trata de un arreglo cosmético y superficial de nuestro sistema, sino que es preciso y urgente revisarlo en profundidad.

Santiago de Munck Loyola


martes, 13 de septiembre de 2011

Incógnitas del programa del PP que deberían despejarse.

A medida que se acercan las elecciones, el ruido de los partidos políticos va aumentando. Estamos acostumbrados a que las campañas electorales se conviertan en una carrera de descalificaciones, en muchos casos de una gran simpleza, más que en un debate serio y constructivo sobre las diferentes propuestas de los programas de los partidos políticos.

España está en una situación sumamente delicada que algunos califican incluso de emergencia nacional. Hoy más que nunca es necesario que todos los partidos concurran a las elecciones con programas y propuestas claras en las que nos digan a los electores cómo piensan sacarnos de esta desastrosa situación.

Todas las encuestas vaticinan un claro triunfo del Partido Popular y un derrumbe del PSOE. De ahí que existan dos riesgos, dos tentaciones contrapuestas de enfocar la campaña electoral. Desde la perspectiva del Partido Popular es muy posible que la tentación estribe en ajustarse lo máximo posible a la “doctrina Arriola”: ya que el viento es favorable, mejor no hacer nada o hacer lo menos posible para no incurrir en errores o no movilizar el voto ajeno. Esta tentación, de prosperar, se traducirá sin duda en muchas inconcreciones programáticas, en no detallar medidas que pudieran resultar “dolorosas” aunque sean necesarias e inevitables. Por parte del PSOE la tentación puede traducirse en descentrar sus propuestas para captar los votos que pierde por su izquierda y centrar sus mensajes en la resurrección de viejos fantasmas: apelar el voto del miedo a ver si funciona una vez más. Parece que algunos editorialistas del Diario El País así como los habituales grupos de agitadores subvencionados ya están en ello.

Para quienes durante estos últimos años hemos seguido apoyando al Partido Popular lo que haga o diga el PSOE nos da más o menos igual, pero no ocurre lo mismo con la actitud que vaya a adoptar el Partido Popular. Desde una perspectiva de la regeneración democrática es perfectamente exigible la claridad, la transparencia y el compromiso electoral y programático. Desear un triunfo del Partido Popular no puede ser, ni mucho menos, la entrega de un cheque en blanco. El respaldo electoral debe venir avalado, en primer lugar, por la plena coherencia con los postulados mantenidos durante los años de oposición. Sería francamente decepcionante contemplar cómo se dan por amortizadas las críticas y propuestas sostenidas en el período de oposición. Y, en segundo lugar y en consonancia con la anterior, el respaldo electoral debería estar avalado por la presentación y oferta de un programa de gobierno claro, preciso, valiente y coherente.

Por ello, hay una serie de cuestiones que, a pesar de los que digan los bien retribuidos “gurús” electorales, el Partido Popular debería clarificar en la campaña electoral. A título de ejemplo, no estaría de más saber si, en caso de gobernar, el Partido Popular va a:

-          Promover la reforma constitucional para garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles.
-          Desarrollar las reformas legislativas precisas para garantizar un sistema educativo, un sistema sanitario y prestaciones sociales de ámbito nacional.
-          Promover la ilegalización de todas las marcas de ETA.
-          Clarificar todas las dudas sobre el 11-M y depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior.
-          Eliminar la pseudo asignatura de Educación para la Ciudadanía.
-          Profundizar en el sistema de incompatibilidades de los cargos públicos.
-          Acabar con los privilegios fiscales de los parlamentarios.
-          Reformar las administraciones públicas para acabar con las duplicidades.
-          Reforzar la independencia del Poder Judicial y adoptar medidas para despolitizar la Justicia.
-          Reformar la legislación sobre el aborto.
-          Acabar con las tributaciones privilegiadas de las grandes fortunas (SICAV, etc.).
-          Recortar o eliminar las subvenciones a Partidos, sindicatos y patronales.
-          Aprobar la dación en pago de la vivienda en las ejecuciones hipotecarias.
-          Reformar la legislación sobre menores.
-          Reformar la legislación que atenta contra la igualdad de sexos.
-          Poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional.
-          Garantizar la libre elección de lengua en la educación en todo el territorio nacional.
-          Liberalizar realmente el Sector Eléctrico.
-          Hacer aflorar los balances reales de las entidades bancarias.
-          Garantizar la financiación de las entidades locales.

La lista de cuestiones que debería concretar el partido Popular no se acaba con estas que he apuntado. Quedan más que intentaré ir desgranando próximamente, aunque mucho me temo que la mayor parte de ellas no se clarificarán en la campaña electoral. Ya se sabe que las campañas no sirven de mucho y que se rigen fundamentalmente por cuestiones de marketing más que por la voluntad de apelar a la razón y al convencimiento.

Santiago de Munck Loyola