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viernes, 22 de febrero de 2019

La ideología de género también apuñala los derechos de la infancia.



El Congreso de los Diputados acaba de aprobar la reforma que garantiza y mejora las pensiones de los niños cuyas madres han sido asesinadas por violencia de género. El Pleno ha aprobado así una proposición de Ley tras revisar las enmiendas procedentes del Senado. Esta proposición de ley eleva la cuantía que recibirán los menores y simplifica los requisitos para su percepción.

El aplauso a esta iniciativa ha sido casi unánime. Pero esta iniciativa se inserta o está teñida por la llamada ideología de género. Sé que el simple hecho de cuestionar la ideología de género no es políticamente correcto, pero por encima de cualquier otra consideración está la libertad de pensamiento y la de expresión y a ambas me acojo para denunciar esta nueva injusticia construida al amparo de la misma. Hay que centrar las cosas y reflexionar sobre lo que en el fondo se ha aprobado que no es otra cosas que en España, a partir de ahora, existan huérfanos de primera clase, aquellos cuya madre ha muerto a manos de su pareja, y de segunda, todos los demás.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, no en uno, sino en varios de sus artículos, señala la igualdad de derechos sin discriminación alguna por razón de sexo. Incuestionable. Y lo mismo cabe predicar de la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2 y, en especial en este caso, en relación al artículo 26. Y nuestra propia Constitución, sin ir más lejos, señala en su Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  Por tanto, el género no puede introducir discriminación alguna que suponga una desigualdad ante la Ley ni a la hora de establecer penas, procedimientos judiciales o, como en este caso, prestaciones sociales.

No podemos olvidar que el objeto principal de una pensión de orfandad es proteger al beneficiario de la misma ante la situación de necesidad económica derivada del fallecimiento de uno o sus dos progenitores. Se trata de proteger al huérfano ante esa eventualidad para que sus necesidades vitales sigan cubiertas a pesar de la orfandad. Ya nuestro actual sistema de otorgamiento de pensiones adolece de importantes carencias pues vincula sus cuantías al sistema de cotización de la seguridad social en lugar de establecer la pensión en función de la situación económica real en la que queda el huérfano. Da igual que el huérfano herede una fortuna, percibirá una pensión por el hecho de serlo.

Parece que olvidamos que el Estado debe tener un papel subsidiario y que ha de suplementar los derechos o las necesidades del ciudadano cuando la sociedad sea incapaz de hacerlo. El derecho constitucional a una vivienda digna no significa que el Estado deba entregar una vivienda a cada ciudadano, sino promover las condiciones para que todos podamos hacer efectivo ese derecho. Y lo mismo cabe decir de la pensión de orfandad. Si su finalidad es proteger al huérfano ante las necesidades económicas derivadas de la muerte de uno o ambos progenitores y, por ello, su percepción debería estar condicionada a que efectivamente se produzca un estado de necesidad. Y a pesar de que no es así, nuestros políticos han decidido dar un paso más y condicionar la cuantía en función de las circunstancias y del género del fallecido.

Las necesidades económicas de los huérfanos para garantizar su desarrollo personal hasta alcanzar la independencia económica son iguales independientemente de la causa de la muerte de su o sus progenitores. A priori, el huérfano tendrá las mismas necesidades sea de una víctima de accidente de tráfico o laboral, de una víctima de una enfermedad o de un hecho violento. Pues no. Parece que esta consideración que es de puro sentido común, no lo es para nuestros políticos. Han establecido dos categorías de huérfanos: los huérfanos de mujeres víctimas de la llamada violencia de género y todos los demás huérfanos. Los primeros tendrán derecho a una pensión de 7.200 euros anuales. Todos los demás 2.898 euros al año.

La sustitución de la idea de la persona por la idea del género como condicionante fundamental para legislar está conduciendo a planteamientos tan absurdos como éste: el huérfano de padre asesinado por su pareja no tiene los mismos derechos que el huérfano de madre asesinada por su pareja. Los derechos del niño, del menor, en este caso son pisoteados en nombre de la sacrosanta ideología de género. Y de ahí a que las huérfanas perciban más pensión que los huérfanos sólo hay un paso. Lo veremos.

Santiago de Munck Loyola



jueves, 21 de febrero de 2019

Por fin a las urnas.


Por fin: el 28 de abril los españoles podremos votar. Pedro Sánchez, cumpliendo involuntariamente la promesa que hizo para llegar al gobierno, se ha visto obligado a convocar elecciones generales. Pocas veces se habrá visto a un político como éste. Un tramposo que llegó a intentar un fraude electoral dentro de su propio partido y que tuvo que dimitir cuando le pillaron con el carrito de los helados. Un embustero contumaz capaz de decir una cosa hoy y mañana la contraria. Un farsante sin paliativos capaz de plagiar su tesis doctoral o de suscribir un libro escrito por una subalterna. Un amoral capaz, con tal de llegar a la Moncloa, de aceptar sin ningún tipo de escrúpulos los votos de los representantes políticos de la banda terrorista que asesinó a muchos de sus compañeros socialistas. Un sujeto sin estilo, sin clase, sin elegancia que se jacta de que su primera decisión como Presidente del Gobierno, nada menos, fuera la de cambiar el colchón de la cama matrimonial del Palacio de la Moncloa. Vamos, un dechado de defectos y vicios políticos incompatibles con la visión de la política como una vocación generosa al servicio de los demás. Pedro Sánchez sólo ha sabido estar al servicio de sí mismo sin reparar en los medios por muy deleznables que fueran.

Por fin, el 28 de abril, los españoles podremos poner punto y final a este negro período democrático consumado por Pedro Sánchez y sus socios podemitas, independentistas y batasunos o, por el contrario, prorrogarlo. Se trata, sin ninguna duda, de la cita electoral más importante y con más trascendencia de las últimas décadas. El 28 de abril el eje del debate principal no será económico, de será un debate entre políticas de derechas y de izquierdas. El eje fundamental del debate será territorial. Algo más, será nacional. La confrontación será entre quienes optan por la defensa de la Nación española y quienes postulan su desaparición. Y, por primera vez, el PSOE del doctor Sánchez anuncia que no tiene inconveniente alguno en pactar con los enemigos de la existencia de España como Nación, es decir, los independentistas. Es evidente que la mayoría de los socialistas no comparten esta posición y que inconscientemente tratarán de soslayarla con otras prioridades políticas, pero en el fondo lo que se va a dilucidar es la constitución de un gobierno sólidamente asentado en los valores de la Constitución del 78 o por el contrario un gobierno rehén parlamentario de los enemigos de España.

Y en este contexto tan trascendental quienes defendemos a la Nación española y quienes propugnamos la igualdad real entre todos los españoles con independencia del territorio en el que habiten, nos encontramos con que las tres principales opciones políticas que asumen lo anterior no están siendo capaces de estar a la altura del momento histórico, de traducir su patriotismo en generosidad para llegar a acuerdos que permitan rentabilizar al máximo, provincia por provincia, las peculiaridades de nuestro sistema electoral. Ninguno de los tres partidos ha realizado ni tan siquiera un llamamiento para llegar a acuerdos con partidos minoritarios cuando cada voto va a ser trascendente para que la mayoría se incline hacia uno u otro lado. 

Parece que ni siquiera se han planteado en llegar a acuerdos entre ellos para que el Artículo 155 tenga posibilidades de prosperar en el próximo senado que se constituya. Cada Provincia cuenta con cuatro escaños: tres para la lista más votada uno para la segunda. Si los tres partidos que defienden la Nación española no concentran su voto en una sola candidatura, en la mayor parte de las provincias los tres senadores irán a parar al PSOE según las encuestas. Y así será inviable la aplicación del Artículo 155 aunque haya en España un gobierno de las mal llamadas tres derechas o de la derecha “trifálica” que diría la culta Ministra de Justicia.

Ojalá se produzca ese acuerdo y no nos obliguen a los ciudadanos a tirar el voto en determinadas provincias o en el senado. El patriotismo no requiere banderas para su demostración. El patriotismo exige generosidad, el sacrificio de lo particular en beneficio de lo general, de España.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com