Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

La peregrinación indigna de la besucona.

En las elecciones generales del pasado mes de julio, los partidos independentistas con representación parlamentaria lograron 1.614.000 votos en toda España, es decir, el 6,59% de los votos. Estos resultados suponen respecto a las elecciones de 2019 una pérdida de más de 700.000 votos (2.427.000 votos en 2019) y un retroceso porcentual de casi puntos (10,11% en 2019). En definitiva, en 2023 los partidos independentistas perdieron casi a un tercio de sus votantes respecto a 2019 y ello se tradujo en una pérdida de 9 escaños al pasar de 35 a 26 escaños en 2023.

 

Sin embargo, por esas paradojas de la aritmética parlamentaria, su capacidad de influencia en el conjunto de la política nacional es infinitamente superior a la que venían ostentando. Se han convertido en decisivos para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro en el eje derecha-izquierda para la formación del nuevo gobierno. Son muy conscientes de que pueden situar en el poder de nuevo a los perdedores de las elecciones, a la izquierda española, que es lo que conviene a sus intereses antiespañoles. Son conscientes de que tienen enfrente a un líder socialista sin principios, incapaz de mantener un solo postulado básico con tal de seguir en el poder. Y no hace falta enumerar aquí todos los “cambios de opinión” que el Sr. Sánchez ha padecido en los últimos cuatro años. La ausencia de principios del Sr. Sánchez, su debilidad electoral y su enfermiza ansia de poder son la fortaleza de los independentistas, de los enemigos de España. Y hay que hablar claro, esta patulea de partidos son los enemigos de España, repudian la democracia porque solo la entienden, si acaso, para los suyos, son una mezcla de la derechona rancia, meapilas y racista del PNV, de la extrema izquierda filoterrorista de Bildu, de la derechona racista, burguesa y provinciana adicta al 3% de Junts, de la izquierda heredera del genocida Companys y de la extrema izquierda gallega. No nos engañemos, son enemigos de los españoles, odian a España, pero quieren que entre todos les paguemos las pensiones y asumamos las deudas que sus desastrosos gobiernos autonómicos han generado con sus embajadas, sus inmersiones lingüísticas, sus medios de comunicación y su corrupción institucionalizada. Se han inventado unas naciones, han manipulado la historia, llevan décadas adoctrinando a las nuevas generaciones e inculcando el odio hacia lo español en sus territorios. Y lo han estado haciendo con la pasividad, cuando no la colaboración, del conjunto de la sociedad española, medios de comunicación incluidos, y de su meliflua clase política.

 

Y en medio de esta grave situación siempre aparece alguien capaz de empeorar las cosas. Pocas veces se habrá podido ver un espectáculo más vergonzoso, más repugnante y humillante que la visita de toda una Vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, rindiendo pleitesía en Bruselas al delincuente y prófugo de la Justicia española Carlos Puigdemont. Reunirse con un enemigo declarado de nuestra democracia, de nuestro país, hacerle el juego a este cobarde sujeto dejando con el “culo al aire” a uno de los tres poderes del Estado, el judicial, prestarse a blanquear a un golpista, dejar por los suelos la imagen de España trasladando la sensación de que tenemos un estado fallido no tiene un pase. Es evidente que la Sra. Yolanda Díaz no tiene un ápice de dignidad propia y una persona indigna no puede representar a los españoles. Y no, no ha ido a Bruselas a negociar nada en beneficio de España, ha ido a mendigar los votos de los diputados del golpista para mantenerse en el poder pese a haber perdido las elecciones. No hay ningún fin altruista o patriótico tras su mamarrachada. Todo lo contrario. Esta señora está encantada de haberse conocido y tras esta bochornosa peregrinación a Bruselas aún más. 

 

Santiago de Munck Loyola

Una amnistía dañina para España.

 

Todo parece indicar que Núñez Feijóo no logrará ser investido Presidente del Gobierno. El no inicial de la “derechona” racista vasca se mantiene: al PNV le produce alergia el apoyo sin condiciones de Vox a la investidura del candidato popular y prefiere un gobierno débil de la izquierda en coalición con la ultraizquierda. Por tanto, nos encaminamos, salvo un milagro de última hora, a una investidura fallida y, tras los oportunos trámites parlamentarios, hacia la investidura del perdedor de las últimas elecciones generales que contará con el respaldo de la ultraizquierda y de los independentistas a cambio, como mínimo, de una amnistía.

 

Si hay algo con lo que no se puede trivializar, ni minusvalorar es una amnistía. La venta de una Ley de amnistía para conseguir los votos de los enemigos de España encierra consecuencias muy peligrosas. Conviene, por ello, saber qué alcance y qué significa desde una perspectiva política y jurídica una Ley de amnistía.

 

Una amnistía (la palabra proviene del griego y comparte origen etimológico con la palabra amnesia) es el olvido por parte del estado de los delitos cometidos por una pluralidad de delincuentes y su perdón sin necesidad de que hayan sido juzgados como en el caso del indulto, donde lo que se perdona es la pena impuesta, tras ser juzgados, a personas concretas. Una amnistía borra los antecedentes penales y extingue también  su responsabilidad civil. Y, por regla general, se aplica a los delitos políticos.

 

El debate político sobre la constitucionalidad o no de una posible Ley de Amnistía está abierto. Y el principal escollo está en el Artículo 14 de la Constitución que proclama que: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El texto y, por tanto, la voluntad de los constituyentes es clara, diáfana, cristalina y lo es hasta tal punto que no cabe interpretación alguna. Lo puede entender cualquiera, hasta Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o los independentistas. Pero…a pesar de ello, están preparando el camino hacia una amnistía. Dice Pedro Sánchez que en el derecho cabe todo, pero no es así. No todo cabe en el derecho español, en Corea del Norte puede, pero en España no. Primero, porque en la cúspide de la pirámide normativa que diría Kelsen está la Constitución y ninguna Ley puede rebasarla. Segundo, porque por encima de la Constitución está la Nación española, la soberanía del pueblo español que es radicalmente incompatible con cualquier otra pretendida soberanía.

 

No obstante lo anterior, algunos juristas ya están intentando allanar ese camino hacía una amnistía porque, desgraciadamente, parece que todo está en venta (seguramente hasta la propia madre) para obtener un puñado de votos en el Congreso que permitan a Pedro Sánchez formar un gobierno en minoría. Leyendo el siguiente artículo del enlace

( https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/jurisprudencia-constitucional-avala-amnistia-exposicion-motivos-ley-justifica-como-fin-problema-politico/20230901113849629428.html ) lo podemos comprobar. Algunos nos quieren hacer creer que justificando debidamente en el preámbulo de una Ley de Amnistía su razón de ser se puede vulnerar constitucionalmente el principio de igualdad ante la Ley siempre que sea para obtener un bien social. Pretenden justificarlo en que la legislación vigente no es suficiente para resolver lo que llaman un conflicto político que no es otro que la negativa de los independentistas a someterse a las reglas de la democracia, a acatar el ordenamiento jurídico español que seguirán sin acatar tras ser amnistiados. Igual que lo han hecho con los indultos. Y ahí está la raíz del problema. No están perseguidos por ser independentistas porque en España, gracias a la Constitución, cada cual puede ser lo que quiera. Si no porque se niegan a usar los caminos legales, que existen en la propia Constitución, para hacer realidad sus deseos. Los independentistas proclaman que son una nación y, consiguientemente, nos niegan a los demás el derecho a serlo. Ellos no reconocen la soberanía del pueblo español, no.

Y, por tanto, están en rebeldía con el ordenamiento jurídico que el pueblo español se ha dado. Pretender que una amnistía va a resolver un problema que las actuales leyes no pueden resolver, además de una simpleza, es una falacia. Una Ley de amnistía en la que además pretenden los independentistas incluir a una tipeja como Laura Borrás, condenada por corrupción, y excluir de la misma a los policías encausados por obedecer órdenes el 1 de octubre, no arregla nada, solo beneficia a los delincuentes, a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz.

¿Incluirán en esta amnistía a los h. de p. de los CDR que estos días han intentado herir o matar a los deportistas que participaban en la vuelta ciclista a España a su paso por Cataluña?

 

Pero es que, además de vulnerar el principio de igualdad ante la Ley, una amnistía traslada a Europa y al mundo la idea de que en España nuestras leyes son injustas y que tenemos presos políticos y a gente perseguida por sus ideas políticas.

Es cuestionar la ejemplar actuación del Rey Felipe VI en aquellos días de octubre de 2017 y su modélico discurso. No se puede lanzar el mensaje de que aquí se puede delinquir y se puede vulnerar el ordenamiento jurídico con total impunidad porque a un aspirante a la jefatura del Gobierno le hacen falta los votos de los delincuentes. Lo que en otras circunstancias podría ser entendido como un signo de generosidad de nuestra democracia hacia sus enemigos, solo puede ser visto como una señal evidente de debilidad y como una muestra de la inexistencia de principios para defender el ordenamiento jurídico que garantiza la justicia, la libertad y la igualdad de todos los españoles. Se equivocan y mucho socialistas y comunistas pensando que con una amnistía se va a solucionar algo el problema independentista, si es que en verdad lo piensan, porque todo indica que ese problema les importa un comino, solo quieren sus votos para la investidura y si ese es el precio lo pagarán.

 

Santiago de Munck Loyola