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miércoles, 18 de septiembre de 2013

Por un nacionalismo español sin complejos.


Ha pasado una semana desde su celebración y aún no se han desvanecido los ecos de la Diada de Cataluña. Lo primero que destaca es el alcance de la manipulación histórica de los independentistas que se plasma en la incongruencia que supone que un patriota español como Casanova se haya convertido en símbolo central de las celebraciones de la Diada. Tras las valoraciones iniciales de unos y otros, no hay día que pase sin que se abra una nueva polémica en torno a esta celebración. Ayer, era Luis del Val el que levantaba su voz y su indignación, compartida por cualquier persona con sentido común, contra la manipulación de los niños en la Diada y su uso partidista en los medios informativos dependientes de la Generalidad catalana. Comparaba esta manipulación infantil con la que todos los partidos y regímenes totalitarios hacen desde siempre con los niños y jóvenes. La primera respuesta venía desde CiU alegando en su defensa que se trata de “pedagogía”, nada menos. La segunda respuesta y, por supuesto amenaza, vino del portavoz del gobierno catalán diciendo que no van a tolerar, como si en su boca tuviera algún significado la palabra tolerancia, que se realizasen semejantes comparaciones sobre la manipulación infantil, algo perfectamente legítimo para los independentistas.

Al margen de lo anterior, lo cierto es que estamos viviendo una situación política tremendamente complicada y el panorama no es nada alentador. Buena parte de los políticos de una importante región española quieren la independencia de la misma, quieren romper España y llevan décadas poniendo todos los medios humanos y económicos necesarios y todo su empeño para conseguirlo. Lo que hoy vivimos no es un nuevo e improvisado problema, es el resultado de un largo proceso en el que políticos nacionales y regionales, los agentes sociales, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad tiene su cuota de responsabilidad. Los partidos nacionales no han tenido inconveniente alguno en realizar cesiones con el fin de asegurarse mayorías parlamentarias y han sido incapaces de pactar un modelo de estado estable o de reformar una Ley electoral que sobre representa a los independentistas mientras penaliza a otras fuerzas minoritarias de proyección nacional. Buena parte de la antaño izquierda solidaria y con vocación internacionalista se ha reconvertido en independentista renunciando a sus propias señas de identidad sociales. La sociedad española en su conjunto ha permanecido pasiva mientras durante años los independentistas han ido tejiendo una red clientelar y difundiendo una versión falseada y victimista de la historia española. Hace tiempo que los sindicatos debieron decidir que ésa no era su “guerra” obviando la progresiva desigualdad de derechos entre los ciudadanos españoles en función del territorio y los evidentes peligros para el sostenimiento del estado de bienestar, incluida la caja común de las pensiones o de las prestaciones sociales.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos y como tal carece de viabilidad económica sin las ayuda del Estado. Sus dirigentes no son capaces ni tan siquiera de aprobar el presupuesto anual y todo ello pese a haber sido los pioneros en los recortes sociales. No tienen dinero para luchar contra la desnutrición infantil, pero sí para seguir alimentando numerosos canales de televisión, pseudo embajadas o cualquier organización independentista. El actual gobierno catalán heredó una administración arruinada por el tripartito uno de cuyos socios lo es hoy del nuevo gobierno a nivel parlamentario. La presión independentista de los políticos catalanes ha aumentado paralelamente a la evidencia de su incapacidad de poner orden en las cuentas y de gestionar racionalmente las instituciones. Y del mismo modo, el ruido independentista catalán ha aumentado, coincidencia o no, en perfecta sincronía con la disminución del ruido de los asesinos de la ETA. En su agenda política la independencia está muy por delante de la satisfacción de las necesidades y de la solución de los enormes problemas de sus ciudadanos, lo que ofrece una clara idea de la ética que mueve a muchos políticos.

Los mal llamados nacionalistas, pues siempre han sido independentistas y así habría que denominarlos, han ido apretando las tuercas a los partidos nacionales, dando pasos, poco a poco, siempre encaminados hacia un mismo fin. Cada pequeña cesión del estado ha supuesto contribuir con un ladrillo más al levantamiento del muro independentista. La cesión de determinadas competencias a las comunidades autónomas supuso un tremendo error sobre todo cuando con ello se quebraba el sagrado principio de igualdad entre todos los españoles o cuando se dejaba en manos de los independentistas el cultivo de nuevas generaciones educadas en falsos mitos históricos y en el odio a España. Los nacionalistas – independentistas nunca han sido leales con el estado democrático. La reivindicación de las peculiaridades propias, el victimismo permanente o el simple chantaje parlamentario han servido para separar y construir el camino de la independencia. Desde la admisión de aquel engendro gramatical de “regiones y nacionalidades” hasta la aprobación del último Estatuto catalán que no fue respaldado ni por la mitad de los electores de la Comunidad, ninguna cesión ha servido para aplacar la sed de los independentistas. Por cierto que hay que recordar que cuando entró en vigor este último Estatuto, los socialistas se apresuraron a acusar a los populares de fallidos adivinos proclamando que ya había Estatuto y que no se había roto España. Ya, pues si no está rota está a punto. También la aprobación de ese Estatuto evidenció que las prioridades de la clase política catalana no son exactamente las mismas que las prioridades de los ciudadanos que no lo respaldaron mayoritariamente.

El derecho a decidir y, por tanto, a celebrar un referéndum ilegal para proclamar la independencia de Cataluña es el eje del debate diario. Los independentistas no tienen ningún reparo en asumir la involución ideológica que supone sustituir el concepto de soberanía popular por el de soberanía nacional. Ya la Constitución Española supuso una sustitución de las reivindicaciones de descentralización administrativa por la descentralización política y las competencias legislativas de los parlamentos autonómicos han supuesto en la práctica una fragmentación escalonada de la soberanía del pueblo español. Las instituciones catalanas cuya legitimidad se asienta en la Constitución Española y que son parte inherente del Estado español están siendo utilizadas para quebrar la soberanía que les otorgó y otorga su legitimidad. El problema que se plantea en el fondo es decidir quién tiene derecho a decidir y dónde se establece ese límite. ¿Son los españoles en su conjunto como determina la Constitución? ¿Son los catalanes? ¿Podrían los habitantes de cualquier Provincia o Municipio ejercer ese derecho a decidir? ¿Por qué los independentistas catalanes niegan a los habitantes del Valle de Arán el ejercicio del derecho a decidir?

Lo peor es que frente al desafío de los secesionistas el gobierno ofrece diálogo y negociación, pero no señala ni avisa sobre lo que no se puede negociar. Incluso algún Ministro ha manifestado que habría que buscar un nuevo estatus par Cataluña, algo que desde hace tiempo vienen repitiendo los socialistas quienes no saben en qué consistiría. Todos parecen ignorar que modificar una vez más las normas en la dirección deseada por los independentistas no va a aplacar sus ansias. Proponer machaconamente que la solución se encuentra en una estructura federal del estado es una falacia más. Los independentistas tampoco quieren una España federal que supondría la misma estructura organizativa para todas las regiones. Una España federal acabaría con la cursilada del hecho diferencial como justificación de sus pretensiones. Y para qué hablar del federalismo asimétrico que viene a ser como el círculo cuadrado.

Todo parece indicar que se avecinan tiempos mucho más revueltos y que nuestra clase política no está a la altura por su mediocridad y por la ausencia de un verdadero sentido de estado. Lo que los políticos no quieren o no saben hacer puede ser suplido, aunque sea mínimamente, por la actitud y los gestos diarios de los que nos sentimos españoles. Tan legítimo es ser nacionalista catalán como nacionalista español y tan legítimo es reivindicar dentro de la ley sus postulados como defender sin complejos y con gestos concretos la necesidad de una España unida e íntegra.


Santiago de Munck Loyola

martes, 5 de marzo de 2013

PSOE y PSC, una relación imposible.



La votación en el Congreso, el pasado 26 de febrero, sobre la resolución a favor de la consulta independentista en Cataluña evidenció lo que muchos ya sospechaban desde hace tiempo que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional, de toda España, y, por tanto, ha dejado de constituir por si mismo una alternativa de gobierno. La ruptura del Grupo Socialista provocada por el alineamiento de los socialistas catalanes en el bando de los independentistas no es una buena noticia para la salud de nuestra democracia, todo lo contrario, se trata de un elemento más de preocupación y de estabilidad institucional que debería ser resuelto de la mejor manera y lo antes posible.

Pese a todos los intentos de edulcorar la posición de los socialistas catalanes manifestando que no están a favor de la independencia de Cataluña, sino sólo a favor de que se realice una consulta popular en Cataluña, y de que son partidarios de una España federal, lo cierto es que sus posiciones y sus actos coinciden milimétricamente con las estrategias rupturistas de los independentistas para quienes cualquier vulneración de la legalidad es válida siempre que se encamine hacia sus propósitos que no son otros que la independencia. Hoy, esta afirmación se ve confirmada por el hecho de que el Presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, ha decidido llevar a votación al Parlamento catalán, y a petición precisamente del Partido Socialista de Cataluña, la misma resolución a favor “del derecho a decidir” (es decir, de violentar la Constitución Española) que fue votada y rechazada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y que evidenció la voladura intencionada del grupo socialista. Más claro el agua: los socialistas catalanes coinciden plenamente con las estrategias independentistas de Artur Mas y sus socios.

Es evidente que para los independentistas catalanes resulta indiferente lo que resuelva el Congreso de los Diputados porque, desde su perspectiva, no lo reconocen como depositario de la soberanía del pueblo. Parten de la existencia real, aunque aún no formal, de un sujeto político distinto y propio, de una nación diferente que excluye la existencia de cualquier otro sujeto político concurrente. Niegan por tanto la existencia del pueblo español como sujeto político soberano, tal y como se reconoce en el Artículo 1.2 de la Constitución Española, y consiguientemente de su representación institucional a través de las Cortes Generales, Congreso y Senado. Reclaman para si exactamente lo que niegan a los demás y lo hacen con el sentido propio de los movimientos excluyentes y totalizadores. Hay cierta involución conceptual en torno al alcance  del concepto de soberanía. Mientras las constituciones más modernas han ido sustituyendo el concepto de “soberanía nacional” por el de “soberanía popular o del pueblo”, los independentistas se aferran al concepto de nación y, por tanto, al de “soberanía nacional” estableciendo unos conveniente límites para sus intereses al mismo. El llamado “derecho a decidir” viene a ser un eufemismo para sortear el concepto de soberanía popular, la soberanía del pueblo español, establecido en Constitución de 1978 y del que emanan paradójicamente las actuales instituciones catalanas. Cabe preguntarse ¿quién tiene derecho a decidir? Y, sobre todo, ¿quién está legitimado para señalar quienes sí y quienes no tienen derecho a decidir? ¿Dónde se establece el nivel? ¿Tiene derecho a decidir el pueblo español? ¿El pueblo catalán? O una vez rota la delimitación constitucional ¿tendría derecho a decidir cualquier entidad local o provincial? ¿Tiene derecho una parte del pueblo soberano a excluir a otra parte del mismo en la toma de decisiones?

Parece claro que el acuerdo es prácticamente imposible si de lo que se trata es de romper unilateralmente las reglas de juego y de imponer unas nuevas reglas sin el consenso entre todos los participantes. Y parece aún más claro que los socialistas catalanes han apostado por “el derecho a decidir”, es decir, por la voladura de la soberanía del pueblo español en contra de las tesis y presupuestos ideológicos del PSOE. Por ello, parece difícil que la recomposición de los acuerdos que mantenías unidos a ambos partidos llegue a buen puerto. Son dos posturas irreconciliables por mucho que traten de “vender” otra cosa. Si el PSOE renueva algún tipo de acuerdo de colaboración con el PSC sin que éste renuncie a las tesis independentistas, el primero habrá dejado de ser de forma definitiva un partido de ámbito nacional o estatal como les gusta decir a ellos. Y ése es un lujo que España no se puede permitir.

Santiago de Munck Loyola