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sábado, 12 de diciembre de 2020

Podemos y “su” república, no la de todos.


Con toda seguridad a la mayoría de los españoles les preocupa ahora cómo van a poder afrontar el futuro económico, cómo se va a volver a crear empleo, cuándo vamos a salir de esta recesión, cuándo y cómo vamos a poder vacunarnos, con qué seguridad o qué se va a hacer para parar la invasión de inmigrantes ilegales. Muchos estarán muy preocupados por saber cuándo van a cobrar las ayudas o por conocer por qué no les aprueban el ingreso mínimo vital. Incluso los hay cuya preocupación es saber por qué estamos como estamos y quién o quienes son los responsables de este desastre. Pocos o muy pocos andan ahora preocupados por saber dónde va a pasar las Navidades el Rey Emérito cuando ellos mismos no saben ni cómo ni con quién van a poder pasar las suyas.

 

Todavía le esperan en las Residencias de ancianos.

Pero es evidente que la agenda de algunos políticos no pasa por los problemas reales de los ciudadanos a los que se supone deben servir. Erre que erre siguen empeñados en hablar de “su libro”, intentan a toda costa que su hoja de ruta se imponga en el debate público y tratan de hacernos creer, con el eco entusiasta de bastantes medios de comunicación, que ahora lo que toca es promover una República, su República. Ya asomaron la patita en medio de la muerte de miles de compatriotas promoviendo caceroladas contra la Monarquía, cuando lo que tocaba, en primer lugar, era llorar a los muertos, socorrer a las víctimas y fomentar la unidad de la Nación para hacer frente a la pandemia. Pero no, todo eso les importaba un rábano y ellos a lo suyo. 

 


El 19 de septiembre, en plena segunda ola del virus, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos señalaba como objetivo prioritario de su formación política en un futuro inmediato “trabajar para avanzar hacia un horizonte republicano que profundice en la democracia española. Trabajar y construir alianzas para avanzar hacia este horizonte republicano tiene que ser una de las tareas políticas fundamentales de Podemos en los próximos tiempos" y para ello acentuar los ataques a la Monarquía en beneficio de la República. Sí, tal cual. Lo de contribuir a la reconstrucción de España, luchar contra la pandemia, contra el desempleo o la recesión que lo hagan otros. Y siguiendo la estela de su jefe, Rafael Mayoral, Portavoz de Unidas Podemos, acaba de declarar lo siguiente: "No queremos legislar sobre la Corona, queremos urnas para que la gente decida sobre la forma de Estado".

 

Salvo que estos comunistas sean unos vulgares golpistas como sus socios y hermanos independentistas y pretendan elevar la presión a base de repetirse hasta la náusea y convocar un referéndum ilegal sobre la Monarquía, saben de sobra que urnas ya las hay para que la gente decida sobra la forma de estado. En vez de cacarear tanto y de hablar de cursis “horizontes republicanos” deberían ponerse manos a la obra y presentar al Parlamento su proyecto de reforma constitucional. Una vez presentada tendrán que conseguir 233 diputados que la voten a favor y 176 senadores. Una vez aprobada su propuesta republicana se deberá proceder a la disolución inmediata de las Cortes. Las nuevas Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado esta vez por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado. Y, una vez hecho esto, su propuesta será sometida a referéndum para su ratificación por el pueblo español.

 

El problema es que saben de sobra que nunca van a conseguir 233 diputados dispuestos a dar el sí a su propuesta de república salvo que impulsen una reforma del sistema electoral al estilo venezolano, algo no descartable, y así puedan alcanzar esa cifra, por ello, están dispuestos, de momento, a calentar la calle, a enrarecer el debate político y a acentuar la crispación y la convivencia ciudadana. Y para conseguir “su república” todo les vale porque su modelo republicano hunde sus raíces en un modelo fracasado, fratricida, totalitario, excluyente y violento. Es indudable que el peor enemigo de la causa republicana (la causa de una República democrática, moderna e integradora) es Pablo Iglesias porque él y los suyos representan lo más putrefacto de la política y porque “su” república es otra y la confusión entre los dos modelos republicanos es letal para el segundo. Pero, cuidado, estos tipos no dan puntada sin hilo, así que más vale no perderles de vista, han empezado por comerse al PSOE y terminarán intentando comerse a todos los demás, vivos o muertos.

 

Santiago de Munck Loyola

viernes, 9 de octubre de 2020

La república dinamitada.


Una parte del Gobierno de España, la parte comunista-podemita, ha decidido dedicar buena parte de sus esfuerzos no a combatir las gravísimas consecuencias de la pandemia, sino a cuestionar y a atacar a la Jefatura del Estado, al Rey, al que acusan, entre otras cosas, de mantener un comportamiento no neutral y de actuar contra el gobierno, es decir, que, según ellos, una institución carente de legitimidad porque nadie ha votado al Rey, la Corona, está socavando a otra, el gobierno, que cuenta con la legitimidad de las urnas. A esta afirmación habría que responder que el Rey sí cuenta con la legitimidad de origen en el Artículo 57 de la Constitución votada mayoritariamente por los españoles y con la legitimidad de ejercicio, la que se deriva del impecable ejercicio de sus funciones constitucionales por parte de Felipe VI, mientras que al gobierno actual no lo han elegido los ciudadanos, sino los parlamentarios incumpliendo los compromisos electorales del actual Presidente del Consejo de Ministros. Pero, en esta situación lo que primero llama la atención es la falta de liderazgo del Presidente del Gobierno porque mientras él hace llamamientos continuos a la unidad para salir de la crisis, parte de su gobierno se dedica a fomentar la división y el enfrentamiento, nada menos que contra la Jefatura del Estado. Y no se trata de un hecho aislado. Todos recordamos que mientras los ciudadanos nos reuníamos en los balcones todas las noches para aplaudir a los sanitarios y demás servidores públicos que luchaban contra la pandemia durante el confinamiento, la primera iniciativa de la parte comunista-podemita del gobierno fue organizar una cacerolada contra el Jefe del Estado.


Vaya por delante que en la situación en la que nos encontramos como Nación, con la economía destruida y en recesión, con millones de desempleados, con más de 55.000 muertos y cientos de miles de contagiados y con tantos y tantos problemas que aquejan a millones de familias como consecuencia de la gestión que se ha hecho de la pandemia, no parece que sea muy oportuno abrir una crisis entre las instituciones del Estado, ni promover ahora un cambio de régimen pasando de una Monarquía a una República, salvo que de lo que se trate sea precisamente de extender una cortina de humo para eludir las responsabilidades que a los gestores de esta situación pudieran corresponderles. Es evidente que, siendo completamente inoportuna para los intereses de los ciudadanos, para quienes por otra parte la Monarquía no supone un problema según las encuestas, abrir esta polémica no debe serlo para la parte comunista-podemita del Gobierno. No abren la polémica por casualidad. La elección del momento y del contexto ha sido perfectamente calculada: lo han hecho con el Gobierno más débil de la democracia, bajo el liderazgo más espurio conocido y en medio de la más grave crisis económica y social de los últimos 80 años. Es decir, en medio de un contexto, según los politólogos, típicamente prerrevolucionario. Su error, sin embargo, es que tratan de aplicar recetas de manuales caducos en medio de una sociedad mucho más madura de lo que ellos suponen.

 

Y resulta especialmente llamativo que los argumentos de los comunistas y podemitas para defender sus ataques al Rey pasen por descalificar a los que le defienden y que dichos argumentos no sólo sean sostenidos por periodistas y comentaristas apesebrados en las televisiones públicas, sino también sean “comprados” por otros supuestamente independientes. Dice el Sr. Iglesias que la reacción de los constitucionalistas defendiendo al Rey en realidad le perjudican, que dañan a la Monarquía y eso favorece al objetivo republicano. Así se lo manifestó al Secretario General de los populares, Sr. Egea, en el Congreso, en la primera sesión de control al Gobierno, tras el veto a la presencia del Rey en Barcelona. O sea que según el líder podemita sus descalificaciones y críticas al Rey contribuyen a la causa republicana y la defensa y los elogios al Rey por parte de los constitucionalistas, también. Curioso ¿no? Pues bien, pocos días después, una periodista de RTVE, Mónica López, entrevistando a Cayetana Álvarez de Toledo le preguntó, asumiendo o transmitiendo la peregrina tesis del Sr. Iglesias, si no creía que la defensa del Rey que estaban realizando los dirigentes populares estaba perjudicando a la Monarquía. La perversa pregunta, como la calificó la Sra. Álvarez de Toledo, no tenía desperdicio. Y es que en el fondo del argumento podemita y de esta pregunta lo que subyace es una descalificación personal y política de los constitucionalistas: ustedes son tan indignos que cuando se posicionan en favor del Monarca o de la Monarquía la manchan.

 

No queda más remedio que preguntarse por qué tantos sesudos periodistas y comentaristas políticos que en diferentes medios de comunicación asumen el razonamiento podemita (que la defensa del Rey por parte de los constitucionalistas de las insidias de parte del Gobierno supone perjudicarle y dañar a la causa de la Monarquía) no son coherentes y aplican la lógica podemita a la inversa, es decir, que la defensa de la causa republicana y los ataques a la Monarquía por parte de sujetos como Pablo Iglesias perjudica a dicha causa y refuerza a la Monarquía. Es la misma y perversa lógica que comunistas y podemitas están usando. Una causa pierde su bondad en función de quién la enarbola. Por tanto, bien podría afirmarse que flaco favor hace a la causa republicana que su abanderado sea un trepa, un sujeto que ha traicionado todos y cada unos de sus “ideales” proclamados, que se ha convertido en pura casta, que ha renegado de las limitaciones salariales autoimpuestas, que ha huido de su querida Vallecas porque es un barrio incompatible con el desarrollo de un proyecto familiar, que se compra el mismo tipo de vivienda que criticaba antes a sus adversarios, que ha laminado a los críticos en su partido, que solo acepta el “jarabe democrático” para los demás, que se esconde tras los aforamientos que no hace mucho criticaba, que dirige un partido acusado de financiación ilegal, que se rodea de gente de confianza condenada por contratar trabajadores en negro, por usar sociedades para eludir impuestos, que recibe alegremente dinero de los homófobos iraníes o los narcopolíticos bolivarianos, que le gustaría azotar hasta sangrar a ciertas mujeres, que experimenta orgasmos cuando la policía es vapuleada por manifestantes, que quiere controlar al poder judicial y amordazar a la prensa independiente o que se encuentra más a gusto de la mano de los herederos de los asesinos etarras y de los independentistas y golpistas catalanes, es decir, de los enemigos de la existencia de España. 

 

En definitiva, para cualquier persona sensata, coherente y demócrata, la mera hipótesis de tener a un Pablo Iglesias como Jefe del Estado español constituye el mejor revulsivo para cuestionarse la idoneidad de un sistema republicano hoy en España. Pablo Iglesias y sus seguidores están dinamitando cualquier oportunidad republicana porque encarnan los peores valores para promover una convivencia pacífica. La Jefatura del Estado requiere la capacidad de transmitir al menos la voluntad de representar a todos los españoles, incluso a quienes odian a España, de conciliar posiciones y eso es algo que queda a años luz de quienes hoy en día promueven como objetivo prioritario, no una nueva República, sino la resurrección de un experimento fracasado en el pasado.

 

Santiago de Munck Loyola

viernes, 24 de julio de 2020

Don Juan Carlos I, Rey de España.


Al conocer el constante goteo de noticias y comentarios sobre el Rey Juan Carlos I, sus manejos económicos y su amiga Corinna, la falsa princesa y peculiar “empresaria”, surgen inevitablemente sentimientos contradictorios para la mayoría de los españoles. Pocas veces, además, se ha hecho más evidente el viejo dicho de hacer leña del árbol caído, un deporte nacional, y, entiéndase por caído, el hecho de que ya no sea el Jefe del Estado sin entrar en otras cuestiones. La lista de nuevos leñadores es impresionante y se nutre de muchos periodistas cortesanos, comentaristas antes juancarlistas y políticos oportunistas tan escasos de principios como de luces intelectuales. Algunos hasta parecen sorprendidos con el hecho de que el Rey Juan Carlos I tenga una más o menos cuantiosa fortuna o de que reciba o haya recibido regalos de los monarcas árabes cuando lo cierto es que ya en los años 90 algunas informaciones, pocas es cierto, se hacían eco de préstamos o donaciones de Kuwait y de negocios de amigos del Rey en torno a las torres Kio.

Al día de hoy, parece conveniente situar las informaciones en sus justos términos y no sacar conclusiones precipitadas ni dar por cierto todo lo que se lee o escucha. Y ello, porque hay un contexto político evidente. Tenemos un gobierno formado por socialistas y comunistas y una parte de él tiene como objetivo prioritario derribar la monarquía parlamentaria. Y, como es evidente, van a usar todos sus terminales mediáticos para explotar este asunto y erosionar al actual Jefe del Estado, el Rey Felipe VI, cuya conducta constitucional está siendo impecable.
Ayer mismo el vicepresidente segundo del gobierno, el Sr. Iglesias, afirmaba que vamos hacia una “república plurinacional”. En este contexto es dónde hay que analizar cada noticia y cada comentario. 

Hay que destacar que la mayor parte de las informaciones o más bien afirmaciones provienen de grabaciones de la Sra. Corinna quien se dió “a conocer en los salones y eventos de la jet set europea, presentándose como princesa. Alega dedicarse a los negocios y mantiene una intensa vida social.

Es la directora general de Boss & Co. Gunmakers, una armería fundada en Londres en 2000 y es cofundadora de “Auténticos” una fundación dedicada a sensibilizar contra las redes de banqueo de dinero, cárteles de la droga, paramilitares y el trabajo infantil” (no se ría el lector, por favor, la descripción está publicada en Wikipedia). ¿Y a quién le hizo todas esas escandalosas declaraciones la falsa princesa Corinna? Al comisario Villarejo, un policía que está en prisión en espera de juicio, protagonista de varios escándalos de espionaje, amigo del exjuez Baltasar Garzón y la exministra de justicia reprobada por el Congreso y actual Fiscal General del Estado, Mª Dolores Delgado, miembro según Pablo Iglesias de las “cloacas del Estado", en fin, una joyita de mucho cuidado que, cuando la mierda que airea les afecta carece de toda credibilidad para los políticos y periodistas izquierdistas y para quienes se convierte en una fuente fidedigna cuando las heces aireadas atañen a la derecha o, como en este caso, al Rey Juan Carlos I o a la institución monárquica. Por todo ello, cualquier persona con un mínimo de sensatez y objetividad tiene que poner en cuarentena cualquier información.

Y si hay algo que cualquier ciudadano comprometido con los valores y derechos establecidos en nuestra Constitución debe hacer, especialmente si se trata de un político, es respetar la presunción de inocencia que vale para todos los españoles sea cual fuere su posición social. A muchos se les ve el plumero de lejos, sobre todo a los políticos que ya se han apresurado a pedir la retirada del nombre del Rey Juan Carlos I de Avenidas, Calles, parques o de cualquier edificio público. A los pancatalanistas de Compromis les ha faltado tiempo para exigir la retirada de un busto en el Ayuntamiento de Alicante.
Y para qué mencionar a tanto imbécil que en las redes sociales exige que Don Juan Carlos devuelva a los españoles el dinero que dicen ha recibido fuera. ¿A quien tiene que devolver esos supuestos bienes? ¿A los jeques árabes que dicen que se lo regalaron? ¿Cómo es posible que atribuyan los 65 millones de euros de los que se habla a comisiones recibidas por el AVE a la Meca cuando las informaciones sitúan ese regalo 6 años antes de que se formalizara dicho contrato? 

Parece más que evidente que la vida privada del Rey Juan Carlos I no ha sido ejemplar. Y entre otros muchos aspectos el hecho de que pudiera tener dinero en paraísos fiscales no lo es, como no lo eran sus cacerías y su tren de vida en plena crisis económica. Pero no existe ni coherencia ni legitimidad alguna para que esa crítica y ese reproche social lo traten de instrumentalizar quienes han recibido regalos económicos de Irán o de Venezuela utilizando igualmente cuentas en paraísos fiscales.

Pero lo que sí es evidente es que el reinado de D. Juan Carlos I ha sido la mayor etapa de libertad y prosperidad para los españoles de los últimos siglos. Es un hecho que no puede ser borrado que D. Juan Carlos hizo posible una transición pacífica de la dictadura a la democracia admirada y estudiada en innumerables cátedras universitarias de todo el mundo. Es un hecho innegable que en 1981 un golpe de estado no triunfó por su decisiva intervención. Y es un hecho innegable que durante su reinado España ha alcanzado las mayores cotas de bienestar social de su historia. Y es por ello, por todo ello, por lo que se le han rendido honores y reconocimiento público y no por su vida privada, no por ser buen marido, padre, amante o administrador de su patrimonio. Si se demuestra que en el ámbito de su vida privada ha infringido las leyes, deberá responder por ello si nuestra legislación lo permite. Pero de ahí a tratar de borrar su legado político hay un verdadero abismo que, con una nueva memoria histórica ad hoc, parece ser el objetivo de tanto inconsciente, advenedizo y miserable que pulula en los medios de comunicación y en la política.

No se puede borrar el papel histórico y constitucional de D. Juan Carlos y menos aún intentar espuriamente imputar responsabilidades al Rey Felipe VI que, aunque no les guste a los podemitas y a sus conmilitones socialistas, está desarrollando su tarea de forma constitucionalmente impecable. Que la pareja del Sr. Iglesias, la Ministra Montero  vea "muy difícil" separar de la institución monárquica "los casos de corrupción, algunos presuntos y otros contrastados, de la familia Borbón" no deja de ser una generalización y una apelación a la genética impropia de alguien que debería contar con la suficiente formación intelectual para formar parte del gobierno de España. ¿Son ahora los hijos responsables de los errores de los padres? ¿Hablamos entonces de los ancestros del Sr. Iglesias?

La Monarquía española es hoy más que nunca absolutamente necesaria para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Y lo es no sólo porque durante los últimos 45 años ha demostrado su valía para construir una sociedad democrática y próspera, sino porque, además, la alternativa encarnada por personajes de la talla moral y política del Sr. Iglesias o del Sr. Sánchez Castejón es realmente pavorosa.

Santiago de Munck Loyola








jueves, 19 de junio de 2014

Felipe VI, nuevo Rey de España.


Tras unas semanas de polémicas e intensos debates públicos desencadenados por el anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos I, hoy se han cumplido las previsiones constitucionales y D. Felipe de Borbón y Grecia ha prestado juramento ante las Cortes Generales y ha sido proclamado Rey de España. Durante estos últimos días se han cruzado toda clase de argumentos tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación entre los partidarios del cumplimiento de la Constitución y de los favorables a su quebrantamiento para promover un cambio de régimen, entre los defensores de la Monarquía y los republicanos. Hoy, sin embargo, todo ese ruido político ha quedado eclipsado, pese a los intentos de la izquierda radical, por la ceremonia de juramento y proclamación de Felipe VI.

Había mucha expectación entre los comentaristas políticos por el contenido del mensaje que iba a pronunciar en las Cortes el nuevo Rey y es evidente que, a la luz de algunas reacciones, el primer discurso de Felipe VI ha sido, ante todo, impecablemente constitucional. Se equivocan quienes esperaban un discurso cargado de novedades políticas que pudieran suponer un cambio de rumbo en la política española porque el Rey, con la Constitución, en la mano no puede anunciar en público lo que políticamente no le compete. La Constitución define perfectamente cuales son las tareas y el papel que el Rey como Jefe del Estado tiene y Felipe VI, como no podía ser de otra forma, se ha atenido a ello. Las supuestas decepciones que las palabras del nuevo Rey han provocado en algunos periodistas e incluso entre algunos políticos solo denotan su ignorancia sobre el papel constitucional de la Corona y de quien la encarna.

Felipe VI ha iniciado su reinado con un discurso constitucional en el que ha querido transmitir y recordar algunas ideas. De una parte ha hecho algo más que un protocolario agradecimiento y reconocimiento a la labor de su padre, su predecesor en la Corona, de quien ha subrayado que bajo su liderazgo fue posible la construcción de un modelo de convivencia para todos y un largo período de progreso, al ampliar este agradecimiento de forma emocionada al papel jugado por su madre, la Reina Sofía, cuyo prestigio entre los ciudadanos españoles, por cierto, está a la cabeza de la institución monárquica. 

De otra parte, ha recordado el papel que en nuestra Constitución se otorga a la Corona, sus funciones y las ventajas que su independencia partidista puede otorgar a la hora de desempeñar las labores de mediación y arbitraje entre los poderes del estado y las fuerzas parlamentarias. En este campo, además, ha hecho mención al sentido y a la orientación que quiere imprimir al estilo de su reinado apelando acertadamente a la transparencia de la institución y a la ejemplaridad que debe presidir la actuación de la Corona. Ha sido un acierto que hable de ejemplaridad, no sólo como referencia al descrédito generalizado de la política, sino especialmente como contrapunto de algunas actuaciones de su propio padre y de otros miembros de la Familia Real que han provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía y una considerable pérdida de apoyo a la Institución. 

El nuevo Rey ha dejado claras dos cosas: que sabe que sin ejemplaridad la Monarquía pierde buena parte de su razón de ser y que sabe que tiene que ganarse día a día el puesto que la sangre y la legitimidad constitucional le han entregado. Felipe VI sabe que a la legitimidad histórica y a la legitimidad constitucional debe sumar la legitimidad de ejercicio. Por último, en su discurso el Rey no ha querido dejar de mencionar los problemas más candentes de nuestra sociedad: el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la crisis y sus consecuencias, la necesidad de promover la investigación, el papel de la mujer en nuestra sociedad o las tensiones que sobre la unidad de España estamos viviendo, aunque lo haya hecho de una forma quizás excesivamente velada. Y, en este repaso a la actualidad general, posiblemente ha sido un olvido no mencionar a un importante sector de nuestra sociedad, los nueve millones de jubilados que tras una larga y muchas veces dura vida, están siendo imprescindibles para que muchas familias puedan sobrevivir en esta dura crisis.

Hoy a diferencia de lo que ocurrió hace 39 años no se abre una nueva etapa desde la ilusión y la esperanza colectiva, sino desde la desconfianza y el escepticismo de millones de ciudadanos a los que el sistema ha defraudado profundamente. Ojalá que la sucesión en la Corona sea sinónimo de regeneración de la misma y que su ejemplo sirva de impulso para promover también la regeneración en los demás ámbitos de las instituciones y en el propio sistema político. Ojalá Felipe VI acierte porque el éxito de su reinado supondrá un éxito colectivo.

Santiago de Munck Loyola


martes, 3 de junio de 2014

2 de junio de 2014, un día para la historia.


El pasado dos de junio pasará, sin lugar a dudas, como una fecha señalada en los libros de historia por el anuncio oficial de la abdicación del Rey, Juan Carlos I. Un anuncio que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos españoles enfrascados muchos aún en los análisis y los debates sobre las recientes elecciones europeas y sus consecuencias y desplazando, afortunadamente, de los titulares de los medios de comunicación al líder de “Podemos” cuya saturada presencia mediática empezaba a aburrir hasta a las ovejas.

El anuncio de la abdicación del Rey supone el cierre de una larga e importante etapa de nuestra historia y el inicio de otra nueva llena de incertidumbres. Es muy pronto para realizar un análisis y un balance objetivo del reinado de Juan Carlos I. Será el paso del tiempo el que permita en el futuro tener una mejor perspectiva de estos 39 años de reinado. Pero sí podemos, aunque sea con toda la subjetividad del mundo, plasmar cada cual nuestras opiniones y sensaciones sobre una etapa histórica que es la nuestra y sobre quienes han ostentado las máximas responsabilidades institucionales durante la misma.

A pesar de las explicaciones oficiosas y de los razonables argumentos que muchos comentaristas han expuesto para justificar las razones y el momento elegido para esta abdicación, da la sensación de que algo se oculta, de que algo no se nos cuenta o de que no se dice toda la verdad. ¿Razones exclusivamente políticas? ¿Personales? ¿De salud? ¿La solidez de la Institución monárquica?… No parece que el momento elegido sea, a primera vista, el más oportuno sobre todo desde la perspectiva del interés nacional, que no tiene por qué ser coincidente con el de la Institución Monárquica, ante el desafío de los separatistas que requiere, entre otras cosas, la presencia de un Jefe del Estado firme, pero dialogante, experimentado y moderador.

Como era de esperar la izquierda más radical ha aprovechado este anuncio para iniciar movilizaciones callejeras reivindicando la tercera república y la convocatoria de un referéndum para ello. Una vez más se hace gala de un absoluto desprecio de la legalidad constitucional, de las reglas de juego, que establecen un claro cauce para canalizar esa legítima aspiración. Si se quiere instaurar una república en España hay que hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece y hacerlo, por tanto, a través de una iniciativa en las Cortes, en la sede de la soberanía nacional, y no en la calle ni en los Ayuntamientos. El continuo desprecio que algunos vienen haciendo gala de la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades, es una clara expresión y anticipo del riesgo que en sus manos correrían esas mismas libertades públicas. Y hay que subrayar que no promueven la instauración de una república de y para todos, con ha sido y es la actual Monarquía Parlamentaria, sino de una república de izquierdas sectaria y excluyente tal y como lo simbolizan con el uso de la bandera del régimen del año 31. No quieren promover un nuevo proyecto político republicano, sino hacer un paréntesis de 75 años y retrotraernos al pasado republicano lo que, sin duda, espanta a muchos republicanos que encuentran en la Monarquía Parlamentaria un espacio de libertades y convivencia de una calidad y amplitud democrática mucho más amplia que la propuesta por esta izquierda republicana. Y es obvio que la democracia está por encima de la forma de la jefatura del estado.

El Rey deja la corona en el momento de más baja popularidad de la Institución. La memoria colectiva es frágil y en el ánimo ciudadano pesan más los recientes escándalos protagonizados por el propio Monarca y algunos de sus familiares que los años de dedicación, de trabajo eficaz y de arbitraje constitucional. Hoy, para muchos, la Monarquía solo puede tener sentido si es ejemplar porque solo desde la ejemplaridad puede desempeñar, sin la legitimidad periódica de las urnas, las tareas de representación y de arbitraje que la Constitución establece. Y es evidente que muchas informaciones de los últimos tiempos no evidencian esa ejemplaridad en la conducta del propio Monarca que ha incurrido en el tremendo error de mezclar su vida íntima con la pública.

Hoy no parece el momento más adecuado para plantearse si queremos Monarquía o una República. Los ciudadanos tenemos problemas muchos más graves y acuciantes que deben ser atendidos por nuestros representantes políticos y sería una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta de la clase política que pasaran a segundo plano. La actual Monarquía Parlamentaria ofrece un espacio de libertades democráticas idóneo para ofrecer entre todos soluciones a los graves problemas que nos aquejan, un espacio que lamentablemente no se vislumbra por ninguna parte en la propuesta tricolor y excluyente de algunos.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 14 de abril de 2013

¿Hacia una República excluyente?



El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.
Bandera de España I República.


La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola


viernes, 5 de abril de 2013

La imputación de la Infanta, una cortina de humo.



La decisión del juez Castro de imputar a la Infanta Cristina ha provocado un infantil regocijo y algarabía en buena parte de la izquierda, de muchos comentaristas políticos y de amplios sectores de la población. Poco importa para ello que, al parecer, el auto de imputación dictado por su señoría peque de incoherencia e inconsistencia jurídica y que se base más en escasos indicios incriminatorias que en hechos relevantes. Buena parte de la opinión pública se alegra y se ensaña con la Infanta tal y como antes hizo con su esposo, el Sr. Urdangarin. Sin freno alguno y sin medir las negativas consecuencias de ello se cargan las tintas sobre ambos personajes como si los hechos que se les imputan y las responsabilidades que de ellos pudieran derivarse sólo les correspondieran a ellos. Parece como si el Sr. Urdangarín y su socio, con la complacencia, colaboración o complicidad de la Infanta Cristina hubiesen asaltado las cajas de las administraciones públicas y se hubiesen llevado el dinero. Y no es así, ni mucho menos.

A un servidor, que no es precisamente un fervoroso partidario de esta Monarquía tan poco ejemplar, sobre todo por la conducta frívola, indiscreta e irresponsable de su máximo representante, el Rey, este ensañamiento callejero de la Infanta y de su marido le parece más una cortina de humo y un espectáculo bien aderezado por los medios de comunicación que sólo sirve para alejar el punto de mira de quienes son los auténticos responsables del mal uso que se haya podido dar al dinero público. No cabe ninguna duda que el Sr. Urdangarin, con la colaboración de su ex socio y antiguo amigo, ha sido un pájaro de cuidado, un fresco y ambicioso que sabía que usando adecuadamente su relación familiar se le podían abrir muchas puertas para ganar dinero a espuertas. Pero tan cierto como lo anterior es que ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, han asaltado ninguna caja fuerte, ni han forzado a nadie a realizar negocios con ellos. Muy posiblemente se dedicaron a vender humo, a vender a precios desorbitados servicios que no lo valían o a facturar prestaciones que no se realizaron. Ellos pusieron precio a su humo y, lo peor, es que hubo quien lo compró y lo pagó con el dinero de los contribuyentes. Son precisamente los que compraron el humo del Sr. Urdangarín y quienes lo pagaron tirando del cajón público los verdaderos responsables de este escándalo. Son los que por mandato de las urnas tenían la obligación política, legal y ética de usar ese dinero público con la “diligencia de un buen padre de familia” y no lo hicieron. Compraron a lo tonto, a cualquier precio y sin comprobar la mercancía, todo por una buena foto. Son, ni más ni menos, los políticos que firmaron estos contratos y convenios con las Fundaciones o empresas del Sr. Urdangarín y los técnicos que debían haber fiscalizado esos gastos. ¿Y dónde están en los telediarios? ¿Dónde están los nombres de los políticos y de los técnicos responsables de velar por el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué no los persigue la prensa?

Ni el Sr. Urdangarin, ni su socio, ni la Infanta Cristina pudieron tener acceso a un solo céntimo público por si mismos, necesitaron que determinados políticos pagasen esas cantidades millonarias que ahora hemos conocido. Y, sin embargo, todos los focos están puestos en los primeros; la mayoría de la gente sólo carga sobre ellos las tintas al igual que la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Ni a la Infanta ni a su marido los hemos elegido los ciudadanos, están donde están por su parentesco, pero a quienes sí hemos elegido, a los que hemos votado es a los responsables políticos que debían gestionar escrupulosamente nuestro dinero y no lo han hecho y debería ser, por tanto, a quienes con mayor firmeza denunciásemos y exigiésemos las responsabilidades a que hubiese lugar. Y, sin embargo, hasta ahora están saliendo de “rositas” ya que casi nadie se fija en ellos. Si se dejaron engañar o si sabían que compraban a precio de oro lo que no lo valía, estos políticos y técnicos deberían irse a la calle y pagar con su patrimonio el agujero que por irresponsabilidad o ignorancia han dejado en las arcas públicas. Sólo así se hará justicia de verdad en este escándalo que tanto daño está haciendo a la imagen internacional de España.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 30 de enero de 2013

Urdangarin y la Feria de las Vanidades.



Día a día, vamos conociendo el progreso de la causa judicial abierta por el llamado “caso del Instituto Nóos” con el Sr. Urdangarin y su socio, el Sr. Torres, como principales protagonistas del mismo. Hoy se ha hecho público un extenso auto judicial en el que se impone a los mismos una fianza civil de 8,1 millones de euros, una de las más altas impuestas en nuestra historia judicial. Queda mucho tramo por recorrer en este proceso y en los que, con seguridad, se derivarán del mismo. Sin embargo, hace tiempo ya que para una gran parte de la población y de los medios de comunicación más sensacionalistas la sentencia está dictada. Pos su posición, el Sr. Urdangarin, hace tiempo que se ha convertido en cualquier conversación en el gran aprovechado, en el gran chorizo de España.

El hecho de que sea el yerno del Rey da mucho morbo a cualquier noticia respecto a este asunto. Se han aireado los correos que al parecer se cruzaba con su socio, conversaciones privadas, noticias relativas a la presencia en esta trama de la Amiga” del Rey (la acompañante del Monarca en su triste cacería africana y en algún que otro viaje oficial costeado por los contribuyentes), insinuaciones sobre la actitud del propio Monarca o incluso la posible evasión fiscal de unos cuantos cientos de miles de euros (una gota de agua en este océano de cuentas suizas y corrupciones varias). Pero tratándose de su parentesco, todo es desmenuzado, interpretado, comentado y, a veces, manipulado. Urdangarin se ha ganado seguramente a pulso su situación y su socio por su parte trata de salvar el pellejo tratando de salpicar a todo el que pueda y cuanto más alto mejor.

Una cosa parece estar clara: Urdangarin aprovechó sus relaciones para obtener unos ingresos que de otro modo no le permitirían llevar el tren de vida que su posición, al parecer, le exigía.  Tal y como se dice en el auto del juzgado utilizó el Instituto Nóos como mero "paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos" y que Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real. O sea, un fresco de tomo y lomo, un aprovechado como pocos.

Pero también se desprende del citado Auto algo quizás mucho más importante: que los gobiernos de Valencia y Baleares vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al duque de Palma y dispensarle así un trato de favor, de "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él". El problema no nace de que Urdangarin fuera un espabilado que puso precio a unos servicios profesionales basados en sus parentescos políticos, sino de quienes estaban dispuestos a comprar esos servicios con el dinero de los contribuyentes. Ni Urdangarin, ni su socio han forzado ninguna caja fuerte, no han metido la mano en ninguna caja pública. Lo que hicieron fue poner precio a sus influencias y otros las compraron, metiendo para ello la mano sobre el dinero público. Son los políticos de turno los que compraron las relaciones y los servicios de estos pájaros. A Urdangarin nos lo tenemos que “comer” los españoles, como nos tenemos que “comer” a cualquiera que pase a formar parte de la Casa Real, aunque haya sido republicano, mientras no se cambien las leyes vigentes. Y como ahora, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, los príncipes se casan con quien quieren y no con quien deben, pues resulta que si los nuevos miembros de la familia real no pertenecen a la rica aristocracia se “buscan” la vida para tratar de mantener el estatus que piensan que han de conservar sus consortes. Y así nos luce el pelo.

Pero a los que han comprado los servicios de Urdangarin y de su socio, los que han metido la mano en la caja para comprar humo y oropeles, a esos no nos los tenemos que “comer”. A ésos los hemos elegido en las urnas para muchas cosas, entre otras, para administrar bien nuestro dinero y lo han malgastado miserablemente. Y lamentablemente, ésos, hoy por hoy, no están siendo noticia. Los titulares se los lleva Urdangarin pero no los verdaderos responsables del expolio, los que han traicionado la confianza de los ciudadanos, los que han comprado y pagado esta opereta. Los verdaderos responsables son los componentes de esa ristra de mediocres politicuchos deslumbrados por el falso brillo del duque consorte y de las regias puertas que suponían podía abrirles, esa caterva de incompetentes ávidos de fotos, de relaciones ilustres, doctores en debilidades humanas como la codicia, el esnobismo, la hipocresía, los engaños y la holgazanería intelectual. Políticos idóneos  para ser protagonistas de la feria de las vanidades de Thackeray para los que Urdangarin ha caído del cielo siendo un eficaz suministrador de remedios para sus complejos. Son ellos los que hoy deberían acaparar los titulares en primer lugar porque son ellos, y pronto conoceremos todos sus nombres, los que nos han traicionado.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 18 de junio de 2012

El culebrón de Dívar en la recta final.

Parece que la muerte del Príncipe heredero saudí le ha venido al Rey como anillo al dedo para evitar hacerse la foto junto con el denostado Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Dívar, centro de toda clase de dardos y diatribas. Vamos, que le ha faltado tiempo a Su Majestad para hacer las maletas y salir pitando hacia Arabia Saudí para rendir homenaje al cadáver del heredero saudí, dejando la papeleta de la foto de rigor con el otro “cadáver” político y judicial a su hijo, D. Felipe. A la retórica franquista de la “tradicional amistad con el mundo árabe” le sucedió el invento de la “Alianza de Civilizaciones” aunque en esta ocasión parece que se ha escogido la “gran amistad y hermandad” del Rey con los “tiranos coronados del petróleo” para justificar este desplazamiento regio tan raudo y veloz.

Da igual el motivo con el que se justifique este desplazamiento real, pero lo cierto es que el Jefe del Estado padece cierto tipo de alergia a ciertas fotos. Al Rey no le importa que le fotografíen junto al cadáver de un hermoso paquidermo o junto a esa seudo princesa alemana que le ha estado acompañando hasta en algunos viajes oficiales a los que no iba D. ª Sofía. Pero por donde al parecer no pasa Su Majestad, o sus asesores de la Casa Real, es por dejarse fotografiar junto a la cuarta autoridad del Estado, desacreditada y en el punto de mira por algunos gastos de sus viajes, o junto al padre de algunos de sus nietos, el Sr. Urdangarin, bajo sospecha judicial por sus suculentos negocios cocinados en la trastienda de algunas administraciones públicas.

El “marrón” para el nene, el heredero, que se ha tragado hoy un acto institucional de lo más agrio y desagradable. Resulta curioso, cuando menos, el criterio selectivo del Rey al que, según noticias recientes, parece que le salen problemas por todos lados: ahora, una ciudadana belga y un español catalán están reivindicando la paternidad de D. Juan Carlos. A lo mejor, dentro de poco, los españoles nos llevamos una sorpresa similar a la que se llevaron los belgas cuando el Rey Alberto les comunicó por televisión que tenía una hija extramatrimonial. Nunca se sabe. Los “pecados” de la juventud llaman a veces a la puerta de uno en el ocaso de la vida. Una vez más, se pone de manifiesto que la ejemplaridad, esa cualidad que podría justificar en estos tiempos la supervivencia de las Monarquías, está muy lejos de la realidad de la Familia Real española o, por lo menos, de la de su máximo representante y exponente, el Rey.

Volviendo al acto de hoy presidido por D. Felipe, parece claro que los días del Sr. Dívar el frente del poder judicial están más que contados y que renunciará a su cargo el próximo jueves. El Sr. Dívar ha pagado y va a pagar muy caro los gastos personales que intentó ahorrarse cargándolos a la espalda de todos los españoles. Dice el dicho popular que “al pobre y al miserable, las cosas le cuestan doble”. Es evidente que el Sr. Dívar lo que se dice pobre, pobre, no lo es.

Es cierto que algunos medios de comunicación se han cebado con el Sr. Dívar. Algunos analistas interpretan esta actitud así como la del vocal que destapó este asunto como una venganza del entorno del ex juez Garzón. Sea cierto o no, y tampoco tendría nada de extraño que lo fuera, parece que el Sr. Dívar, y en eso coincide casi todo el mundo, no ha cometido ningún delito y que su actuación se ha ajustado de forma estricta a las normas y prácticas habituales en el Consejo General del poder Judicial respecto a la forma de justificar este tipo de gastos. Su error, que no delito ni falta, está precisamente en la utilización en beneficio propio de unas normas y procedimientos de por sí rechazables desde una perspectiva ética y moral. Y tan rechazable es el uso de esas normas, como el hecho de que los jueces se autorregulen los procedimientos del uso del dinero público y el control de los mismos.

En esta cultura del despilfarro, de las prebendas, de los privilegios de nuestra clase dirigente, lo del Sr. Dívar no es más que una pequeña gota de agua, aunque por pequeña que sea, lo es de agua sucia. Da igual que el Sr. Dívar haya empleado 100 o 100.000 euros en gastos de carácter privado y aunque fuese conforme a las normas internas del Consejo General del Poder Judicial. Aquí lo determinante de la censura social no está en la cantidad, sino en la calidad. Y un jurista como él y un purista como él debería haberlo sabido desde el principio. Aquí, como en el primer escalón del Estado, ha fallado la ejemplaridad, cualidad esencial en un sistema representativo. Así que deberían ir tomando nota los de más arriba. Sin ejemplaridad, a casa y punto.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 7 de mayo de 2012

Ni casto, ni cauto.

Por si no tuviésemos bastante con los problemas sociales, políticos y económicos que recorren nuestro país, la Monarquía española también da que hablar lo suyo. A las andanzas del Sr. Urdangarin, a las salidas de tono de D. ª Letizia, a las torpezas cinegéticas de su Majestad hay que añadir ahora sus andanzas extraconyugales aireadas por los medios de comunicación. Ayer mismo, un importante diario nacional, publicaba en su suplemento dominical un detallado relato sobre las infidelidades de D. Juan Carlos a lo largo de los 50 años de matrimonio con D.ª Sofía. Y junto a este escabroso relato la opinión e 25 personajes de toda clase y condición sobre los 50 años de matrimonio de la pareja regia. Algunas de estas opiniones son de un tono tan babosamente cortesano que no merecen ni siquiera el más mínimo comentario.

Ya con ocasión del accidente del Rey en su cacería de elefantes africanos, algún que otro comentarista radiofónico calificaba de “desagradecidos” a cuantos tuviesen la osadía de criticar la actitud y las actividades privadas del Rey. Decía que los españoles olvidábamos muy pronto todo lo que le debíamos a D. Juan Carlos por su actitud en la noche del 23 de febrero de 1981. Y sobre esa noche y sobre la actitud del Rey o de los propios golpistas quizás habría mucho que hablar pues muchas incógnitas aún no han sido despejadas. Pero, en todo caso, aquella noche el Rey no hizo otra cosa que cumplir con su obligación, con su deber, aunque tardase más de lo esperado en comparecer ante las cámaras de Televisión. Cumplió con su obligación, es decir, defender la Constitución y ordenar a las FFAA su acatamiento.

Constitución que, por cierto, si no recuerdo mal, no ha sido jurada por el Rey. Está fuera de lugar reclamar a los españoles una actitud de agradecimiento permanente hacia el Jefe del Estado por cumplir con su trabajo, trabajo por el que, además, está bastante bien pagado. El recuerdo distorsionado de la noche del 23 F no puede ser un aval para todo lo que haga o deje de hacer el Rey.

Ahora sabemos lo que antes no pasaba de simples rumores: que la conducta privada del Jefe del Estado no es ejemplar. El asunto no pasaría del ámbito estrictamente privado sino fuera por dos circunstancias especiales. En primer lugar, porque el Jefe del estado es un Monarca, porque estamos hablando de una Monarquía y una de las principales cualidades que se supone debe encarnar la Monarquía es la ejemplaridad y aquí no se da, se mire por donde se mire. Si se tratase de un Presidente de la República cuya vida privada tampoco fuera ejemplar los ciudadanos que no aprobasen ese tipo de conductas lo tendrían fácil, la reprobarían mediante el voto en las siguientes elecciones. Aquí no se da el caso. En segundo lugar, porque los devaneos sexuales del Monarca se han elevado a la categoría de sus actividades oficiales. Es público y notorio que en tres viajes oficiales, al menos, la amante del Rey le ha acompañado y es de suponer que a costa del erario público.

Si la Monarquía no es ejemplar, no vale en este momento histórico. Si al Rey no le importa dejar en evidencia a la madre del futuro Rey que siempre ha sabido estar a la altura de las circunstancias a muchos ciudadanos sí que les importa.

La opción de la República parece hoy más ajustada a las características y exigencias de nuestra sociedad. Sin embargo, la pretensión de muchos de vincular la alternativa republicana al recuerdo y a la herencia de la Segunda República puede suponer un serio obstáculo para que pueda ser aceptada por quienes la identifican con un modelo cuyo desarrollo y resultado no presentó un saldo muy positivo.

Difícil panorama el que tiene por delante la institución monárquica, sobre todo si pretende seguir asentándose sobre privilegios históricos, asimilando los derechos de los ciudadanos corrientes y renunciando simultáneamente a las tradicionales obligaciones de la Institución. Cierto Ministro de Franco, cada vez que era nombrado un gobernador civil, llamaba al interesado y le decía: “sea usted casto y, si no pudiere, al menos sea cauto”. Nuestro Rey, a lo que se ve, ni lo uno, ni lo otro.

Santiago de Munck Loyola