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miércoles, 30 de septiembre de 2020

La democracia es incompatible con el socialismo (Largo Caballero).

Francisco Largo Caballero ¿Un demócrata? ¿Un luchador por las libertades? ¿Un defensor del diálogo frente a la violencia? Pues no, nada de eso y quien afirme lo contrario sencillamente miente. Ya está bien de tener que aguantar tantas mentiras, de tragar con patrañas de semejante calibre. Y es que la intención del Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Vox, de retirar el nombre de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, dirigentes socialistas en los años veinte y treinta, de sendas calles de Madrid en aplicación de la Ley de Memoria Histórica del ínclito Zapatero ha desatado las iras y las lenguas de los socialistas, empezando por el Presidente del Gobierno

Pedro Sánchez quien en un desvergonzado ejercicio de desfachatez o de ignorancia ha afirmado que ambos dirigentes socialistas "usaron el valor de la palabra y sus ideas en un sistema elegido por el pueblo" "no la fuerza, ni las armas" y que "Podrán quitar sus placas pero nunca podrán borrar su memoria en favor de la libertad”.

 

Pongamos las cosas en su sitio y a Francisco Largo Caballero en el suyo. En 1924, Largo Caballero, que era secretario general de UGT y miembro de la Ejecutiva del PSOE, decidió colaborar con la Dictadura del General Primo de Rivera y ser designado miembro del Consejo de Estado. Años más tarde, tal y como recoge el periódico El Socialista de 9 de noviembre de 1933, Largo Caballero afirmó: “Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. ¿Cómo?... Vamos, repito, hacía la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente” …Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”.

 

Tras la victoria electoral de la derecha el 19 de noviembre de 1933 y la entrada de tres ministros de la conservadora CEDA en el Gobierno de Alejandro Lerroux un año después Largo Caballero, tal y como había anunciado, encabezó un violento golpe de estado y la revolución de 1934. Era tal la postura violenta y guerracivilista de Largo Caballero que fue apodado el Lenin español. El 20 de enero de 1936 dijo: “La clase obrera debe adueñarse del Poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”.

 

Diga lo que diga el Sr. Sánchez los hechos están ahí y las palabras de Largo Caballero también. Ni la vigente Lay sobre Memoria Histórica ni la que vayan a aprobar puede borrar la realidad: Largo Caballero fue un dirigente socialista que propugnó la violencia y la atizó, fue un nefasto político cargado de odio y de sectarismo, un antidemócrata integral, un totalitario y a la vista de su afirmación de que la “democracia es incompatible con el socialismo”, cualquier socialista demócrata y honesto del siglo XXI renegaría de él y de sus obras que tanto dolor y sangre causaron en España.

 

Por otra parte, conviene recordar que Indalecio Prieto se abstuvo de votar el artículo del sufragio femenino en los debates de redacción de la Constitución española de 1931 y se ausentó expresamente de la votación del artículo 36 que permitía el voto a las mujeres; que su escolta personal, llamada “la motorizada” secuestró y asesinó al líder derechista José Calvo Sotelo y que, al igual que Largo Caballero, participó activamente en la preparación y ejecución del golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la República en 1934, aunque también es cierto que se arrepintió de ello. 

Años después, en el exilio, escribió lo siguiente “Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación de aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo”.

 

Es evidente que ninguno de los dos dirigentes socialistas fueron unos héroes de la lucha por las libertades y de la pacífica convivencia entre los españoles. La realidad es tozuda por mucho que se empreñen los socialistas en alabar y glorificar a sus predecesores políticos directos. Los socialistas harían hoy un gran servicio a España y a la convivencia si de una vez hiciesen autocrítica y reconociesen, repudiasen y renegasen de todos los compañeros de partido que buscaron destruir la república parlamentaria para instaurar de la mano de los comunistas un régimen totalitario como en Rusia. Porque lo contrario, ahondar en el error y la mentira histórica, como ha hecho el presidente Sánchez o el concejal socialista Ramón Silva afirmando que la propuesta de retirar estos nombres  "incita al odio" y que Largo Caballero y Prieto fueron "demócratas y antifascistas" no sólo no se sostiene políticamente sino que implica asumir y hacer como propios unos comportamientos de los más deleznables de aquel período histórico. ¡Sr. Sánchez ensalcen a socialistas como Julián Besteiro y bajen de su santoral laico a estos impresentables personajes!

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

miércoles, 23 de septiembre de 2020

La equiparación europea del comunismo y el nazismo.


Desde hace meses viene circulando por Whatsapp un mensaje que dice lo siguiente: “NOTICIA BOMBA

 

-Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la Memoria Histórica Europea para el futuro de Europa. 

(2019/2819(RSP))

 

- El Parlamento Europeo condena el Comunismo y el Estalinismo y obliga al Estado Español a: …” Y a continuación se enumeran una serie de medidas que supuestamente deberían ser obligatoriamente adoptadas por todos los gobiernos europeos, entre ellos el español.

 

Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el pasado dieciocho de septiembre de 2019, el Parlamento europeo aprobó una resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente y que en ella se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa sin excepción y se equipara al comunismo al nazismo en cuanto a la crueldad y crímenes cometidos contra los ciudadanos europeos. 



Se trata de una resolución impulsada por los diputados de los países que tras la Segunda Guerra Mundial estuvieron sometidos a la tiranía comunista que coincide con un nuevo aniversario del Tratado internacional entre Ribbentrop y Molotov, esto es, entre Hitler y Stalin, para repartirse Polonia en 1939 y cuya aplicación supuso el estallido de la segunda contienda mundial. 



Nazis y comunistas fueron de la mano para aniquilar Polonia. Lo que no es cierto es que este acuerdo del Parlamento Europeo aprobado con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, obligue a los Estados de la Unión a aplicar las propuestas que dicho acuerdo contiene. Este acuerdo carece de fuerza legal y no es vinculante jurídicamente, aunque para cualquier demócrata o para cualquier defensor de los derechos humanos tiene fuerza moral y es vinculante moralmente.

 


Y ello es así porque se trata de una Resolución y no de una Ley propiamente dicha. Las leyes, las normas que produce la Unión Europea son de tres tipos: Los Reglamentos legislativos europeos, las Directivas legislativas europeas y las Decisiones legislativas europeas. La Resolución aprobada no entra dentro de ninguna de estas categorías. Por tanto, la resolución sería algo parecido a las Proposiciones no de Ley que suelen aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado españoles, es decir, iniciativas parlamentarias a través de las cuales la Cámara expresa su posición sobre una determinada cuestión o insta al gobierno a seguir una política determinada o a realizar alguna actuación concreta.

 


Esta circunstancia no resta ningún valor al documento aprobado. En primer lugar porque se trata de un acuerdo respaldado por la inmensa mayoría de los únicos parlamentarios que representan al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, que se trata de la única institución legitimada para expresar la voluntad y el sentir de la ciudadanía europea por lo que su autoridad política y moral es indudable. Y en segundo lugar porque sus pronunciamientos y recomendaciones, carentes de fuerza legal para vincular a los estados miembros, sí vinculan ética, moral y políticamente a cualquier dirigente político y social comprometido con la verdad y con la defensa de los derechos humanos por lo que dicha vinculación sirve para poner en evidencia quiénes están dispuestos y quiénes no a limpiar de una vez la trágica memoria europea que costó la vida a millones y millones de europeos apuntando con objetividad a todos los responsables y no sólo a una parte de ellos.

 

Nazismo y comunismo son dos ideologías cuya praxis fue genocida y poco importa en nombre de qué ideales fueron impulsadas. Seguir blanqueando al comunismo, como durante décadas se ha venido haciendo en occidente gracias al inmenso poder de la URSS desplegado en universidades, sindicatos y medios de comunicación, es impensable e inadmisible en una Europa que debe seguir construyéndose desde valores humanistas incompatibles con cualquier ideología totalitaria. Ahora, nuestros dirigentes políticos, algunos de ellos empeñados en desenterrar el pasado, tienen una ocasión de oro para pasar la prueba del algodón y para demostrar de una vez al lado de qué valores se sitúan.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

miércoles, 24 de octubre de 2018

Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?



El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola