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miércoles, 23 de mayo de 2012

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 9 de mayo de 2011

EL PARTIDO POPULAR ADEMÁS DE CORNUDO, APALEADO.

La decisión del Tribunal Constitucional de revocar la sentencia del Tribunal Supremo por la que se impedía a Bildu (la nueva marca electoral de ETA) participar en las elecciones ha constituido un auténtico mazazo para quienes se oponen rotundamente a ceder un milímetro ante la banda terrorista.

El Tribunal Constitucional ha terminado por perder cualquier atisbo de credibilidad como institución encargada de garantizar la supremacía de la Constitución española. Su composición, establecida mediante reparto entre los dos grandes partidos, obedece a la lógica partidista más que a una estructura democrática de la justicia, es decir, a una decisión democrática de los componentes del poder judicial. Su funcionamiento obedece igualmente a razones de oportunidad política más que a una estricta aplicación de criterios y valoraciones de índole jurídica, habiéndose finalmente convertido en una cuarta instancia del poder judicial que no guarda relación con los principios de profesionalidad imperantes en la totalidad de los órganos jurisdiccionales.

Su decisión de primar el derecho de los terroristas y de sus amigos a presentarse a unas elecciones municipales sobre el derecho de los ciudadanos a la vida y a su integridad física y moral supone, sin ninguna duda, poner en peligro a miles de potenciales objetivos de la banda asesina ETA.

La pasividad del Partido Popular, cómplice del anormal funcionamiento de esta Institución, ante esta repugnante sentencia no puede ser dejada pasar por alto. Las encomiables palabras al respecto del ex Presidente Aznar o de Esperanza Aguirre no son suficientes. Hace falta una actuación concreta y contundente de la dirección nacional del Partido Popular para responder a esta infamia y dar así satisfacción a los demócratas y a las víctimas.

Porque no se ha tratado de una decisión jurídica e independiente de un Tribunal, no. Se ha tratado de una decisión política adoptada exclusivamente por los magistrados nombrados por el PSOE. Es evidente que cuando el Sr. Zapatero pedía hace unos días al Sr. Urkullu tranquilidad hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase es porque ya estaban dictadas las instrucciones pertinentes a los dóciles magistrados socialistas. Y el que quiera pensar o decir otra cosa que lo haga, pero a nadie va a engañar. El guión pactado con ETA se ha cumplido.

El Partido Popular debe mover ficha y debería romper el pacto que en el País Vasco mantiene con quienes deseaban y han apoyado e impulsado esta decisión, los socialistas. Ya que era tan aficionado el Sr. Basagoiti a las metáforas matrimoniales cuando negociaba con los socialistas debería recordar el dicho “además de cornudos apaleados”. Y eso es exactamente como está quedando el Partido Popular. Mantener un pacto portando semejantes “cuernos” sería una indignidad política igual o mayor que la de apoyar esta sentencia.

Santiago de Munck Loyola