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martes, 5 de enero de 2016

La autonomía uniprovincial: una solución para Alicante.


Padecer una situación de injusticia permanente, conocer las causas que la originan, reconocer el problema de fondo y no afrontarlo adoptando las medidas que están en nuestra mano para solucionarlo es bastante anormal. Esa situación puede darse en muchas circunstancias y ocasiones de cada persona pero cuando la elevamos a la categoría de lo público resulta, cuando menos, una anomalía social. Veamos.

Los ciudadanos que vivimos en la Provincia de Alicante padecemos desde hace décadas una situación de discriminación permanente por parte del estado y de la Generalidad Valenciana. No somos tratados ni económica, ni políticamente de acuerdo con la importancia económica y demográfica de nuestra provincia. Somos tratados de forma injusta y no como debería corresponder a la quinta provincia por volumen de su Producto Interior Bruto o por el volumen de su población. Todos los indicadores de los datos económicos y sociales así lo señalan y no son discutibles: rentas y pensiones por debajo de la media española, asistencia sanitaria, educativa o social por debajo de la media, inversiones públicas en el furgón de cola, etc. Son tantos años de discriminación negativa en las inversiones en nuestra Provincia que bien podemos hablar de la existencia de una enorme deuda histórica con Alicante, deuda del estado y deuda de la Generalidad Valenciana. Y esta injusta situación la sufrimos directamente, en nuestros bolsillos y en nuestro nivel de bienestar.

Cada vez son más las voces autorizadas las que desde distintos ámbitos de la Provincia se suman al reconocimiento y a la denuncia de una situación a todas luces injusta, la permanente discriminación de nuestra Provincia. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la vida política, pocos son los representantes políticos que denuncian esta situación, sobre todo porque se deben más a los aparatos de sus partidos, a sus jefes, que a los ciudadanos. Y cuando mencionan la discriminación de Alicante lo hacen sólo para usarla como arma arrojadiza contra el gobierno de turno, sea en Madrid o Valencia. Pero ¿alguno plantea una solución política? Porque lo cierto es que salvo esos lamentos ocasionales ninguno de nuestros representantes políticos ni ninguno de los partidos políticos con representación pone una solución encima de la mesa. Y haberlas las hay.

No hay ninguna razón económica, histórica, política o social que justifique el hecho de que los alicantinos tengamos que soportar sobre nuestras espaldas una administración pública más que los madrileños o nuestros vecinos murcianos, por poner un ejemplo. Sobre nuestras espaldas recae el peso de sostener con nuestros impuestos a los Ayuntamientos, a la Diputación, a la Generalidad Valenciana y al Estado. Costeamos cuatro administraciones españolas mientras que otros sólo tienen que sostener a tres administraciones. Si ello nos reportase ventajas mercería la pena, pero cuando se comprueba que la Generalidad Valenciana no cohesiona su territorio ni económica, ni socialmente, cuando se constata que lleva veinte años invirtiendo por habitante menos en Alicante que en las dos otras provincias y que las decisiones trascendentes para nuestra Provincia se toman en Valencia y no en Alicante, parece evidente que no merece la pena. La solución política a estos problemas pasa por tener voz propia en Madrid y por constituir una Comunidad Autónoma uniprovincial. Esperanza Ciudadana es el único partido que pone sobre la mesa una posible solución. No basta con lamentarse, no es suficiente con quejarse. Hay que ofrecer soluciones y ésta es una propuesta absolutamente constitucional que puede dar salida a un grave problema por todos reconocido.

Alicante tiene capacidad de sobra para administrar por si misma las competencias autonómicas que quiera asumir y eso también es una evidencia. Tenemos los argumentos y la capacidad para hacernos oír directamente en Madrid sin tener que pasar el filtro de Valencia. Tenemos la capacidad para tomar las decisiones competenciales aquí sin tener que someternos a las decisiones de Valencia. No se trata de romper los vínculos culturales que unen a parte de nuestra con Valencia, ni tienen por qué romperse con la Constitución en la mano. No se trata de enfrentar a nuestra Provincia con otras, ni de renunciar a la pluralidad y a la riqueza y variedad cultural de nuestra Provincia. Se trata de acercar a los alicantinos a la toma de decisiones políticas, de llevar directamente la voz de Alicante ante el Estado, de eliminar una carga administrativa de nuestras espaldas, de lograr una mayor eficiencia en la gestión pública, de eliminar innecesarias duplicidades, de hacer realidad la igualdad de derechos y de obligaciones entre todos los españoles y de hacer una realidad la tan manida como ignorada solidaridad territorial. Se trata, en definitiva, de aprovechar y usar en beneficio de Alicante los legítimos instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición. Podemos seguir quejándonos, lamentándonos y denunciando lo evidente, pero si no actuamos de nada servirá.

Santiago de Munck Loyola