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lunes, 19 de noviembre de 2012

Dimitir en tiempos revueltos.




Mal lo debe estar pasando la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a causa de su situación procesal como imputada tras las graves acusaciones formuladas contra ella, como le pasaría a cualquiera en sus mismas circunstancias. Hay que subrayar, para evitar interpretaciones erróneas, que, al día hoy, la Alcaldesa de Alicante es inocente de cualquier delito. Está imputada por cuatro delitos cuya comisión deberá ser probada por quienes la acusan en sede judicial, pero su presunción de inocencia es y debe ser absoluta o se quebraría uno de los pilares esenciales de nuestro sistema de garantías judiciales. Quizá ahí radique la explicación de su actitud a la hora de encarar su situación personal y política, en el íntimo convencimiento de que siendo inocente no debe asumir responsabilidad política alguna y, por tanto, no debe apartarse del cargo que ocupa. Y ojalá le salgan bien las cosas. Pero esta actitud, comprensible desde un punto de vista personal y humano, tiene sin embargo unas claras consecuencias políticas negativas tanto para ella como para el Partido Popular.

Está fuera de toda duda que la imputación de la Alcaldesa y, consecuentemente, la publicación y difusión de cada uno de los trámites judiciales está haciendo un gran daño a la imagen del partido que la llevó a ocupar el primer sillón de la Casa Consistorial. No son pocos los militantes populares que, además, sienten vergüenza ajena al leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas aportadas en el procedimiento judicial. Negar esta evidencia sería una muestra de irresponsabilidad política. Y este daño se agranda cuando se percibe la existencia de un doble discurso en determinados ámbitos del Partido Popular. Se exigen dimisiones de imputados de otros partidos políticos y se modulan esas peticiones cuando afectan a los compañeros de partido. No es sostenible en modo alguno que el Presidente Fabra haya establecido un claro criterio sobre las imputaciones de cargos políticos y que dicho criterio no sea recordado en todos y cada uno de los casos. Y si subimos al ámbito nacional, contrastan actitudes como la de Pedro Calvo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dimitió a las tres horas de ser imputado en el caso Madrid Arena con las actitudes de nuestro entorno más próximo.

Existe un doble discurso en estos temas que incluso se visualiza en algunas actuaciones de la propia cúpula del Partido Popular de la Provincia de Alicante. El pasado día 16 de noviembre, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, manifestaba que si él "estuviese en una situación de cualquier tipo de imputación" como la de la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, su "decisión personal" seria dejar todos sus cargos. Y añadió algo que es de cajón: que "con la actual legislación electoral española, las actas de un diputado, de un concejal o de un alcalde no son ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, son de las personas" y, por tanto, "son las personas quienes toman las decisiones, evidentemente dentro de la legalidad porque la ley electoral así les faculta, y son decisiones enteramente personales". Que se trata de una decisión personal del imputado es evidente, pero lo es en el caso de Sonia Castedo y en el de cualquier imputado de otros partidos y ello, sin embargo, no impide a los dirigentes populares que en estos últimos casos pidan siempre la dimisión del acusado. ¿Por qué no en este caso? ¿Por qué el Presidente Provincial no lo pide como en los demás casos? Otra cosa será que la Alcaldesa, en el ejercicio de sus derechos, decida o no atender esa petición, pero a los electores, a los ciudadanos y a los militantes del PP les quedaría muy clara la doctrina del PP al respecto. A pesar de lo anterior, estas declaraciones del Presidente Ciscar han venido siendo interpretadas por algunos medios de comunicación y comentaristas políticos como un claro distanciamiento de la dirección provincial popular respecto al enrocamiento de la Alcaldesa.

Pero resulta sorprendente que este supuesto distanciamiento de la dirección provincial vaya acompañado de la presencia y presidencia del Secretario General Provincial, la mano derecha de Ciscar, en la cena de auto homenaje (dicen las malas lenguas que concejales y asesores tenían la obligación de “colocar” 20 invitaciones cada uno) celebrada el mismo día 16 de noviembre en Alicante, lo que evidentemente abona la tesis de la existencia de un doble discurso y supone, cuando menos, un enorme desconcierto para la militancia popular. Si el Secretario General Provincial asistió a dicha cena a título personal, como un simple amigo de Sonia Castedo que se solidariza con su dura situación personal, nada que objetar salvo que no se debería haber sentado en la mesa presidencial, sino en cualquier otro lugar, como cualquier amigo de la Alcaldesa. Pero no fue así. Se sentó en la Mesa Presidencial por lo que muchos podrán entender o que la Dirección Provincial apoya la estrategia de la Alcaldesa pese a estar imputada o que el Secretario General va por libre. Mal en cualquiera de las dos posibilidades.

Sinceramente se están haciendo mal las cosas y si se están haciendo bien se comunican francamente mal. En temas tan importantes no puede existir un doble lenguaje, dos varas de medir, ni gestos que puedan inducir a interpretaciones erróneas. ¿Cree la dirección provincial popular que la Alcaldesa debe dimitir? Díganlo ya. ¿Se lo ha pedido o se lo va a pedir? La doctrina clara y los mensajes inequívocos porque los tiempos están más que revueltos hasta para las dimisiones.

Santiago de Munck Loyola