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martes, 5 de julio de 2011

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola

La Junta de Gobierno de Novelda.

El 22 de junio pasado se hacía pública la decisión de la Alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de constituir la Junta de Gobierno Local sin la presencia en la misma de la oposición (http://www.diarioinformacion.com/elda/2011/06/22/milagrosa-martinez-constituye-junta-gobierno-local-oposicion/1141123.html).

Esta decisión no ha sido bien recibida por algunos y así se ha puesto de manifiesto en algunos artículos aparecidos en la red en los que se acusa al nuevo equipo de gobierno de falta de transparencia así como de marginar a los grupos de oposición.

Sin embargo, esta decisión se fundamenta en una lógica democrática impecable. La Junta de Gobierno es, como su propio nombre indica, un órgano de Gobierno, no es un órgano de control ni de participación. Para eso está el Pleno de la Corporación. Corresponde, por tanto, a quienes ostentan responsabilidades de Gobierno formar parte de la Junta de Gobierno Local y no a quienes por mandato de los ciudadanos deben estar en la oposición. Es desde el pleno de la Corporación desde donde los miembros de la Oposición han de desarrollar los mecanismos de control y participación previstos en la legislación de régimen local.

La costumbre seguida en algunos municipios de integrar a la oposición en las Juntas de Gobierno, es decir, de concejales que no forman parte del Gobierno y que no ostentan responsabilidades de gestión, constituye una anomalía que se compadece mal con la dialéctica democrática establecida entre gobierno y oposición y con el espíritu de las leyes que regulan el funcionamiento de los entes locales. De una parte, el Gobierno Municipal pierde eficacia y espontaneidad pues la Junta de Gobierno deja de servir de órgano de apoyo a la Alcaldía y sede de deliberación en la toma de decisiones colectivas, corriendo, además, el riesgo de convertirse en un mini pleno con debates cruzados entre gobierno y oposición. Por otra parte, la oposición adquiere un papel de copartícipe en tareas ejecutivas para las que no ha sido designado por el voto de los ciudadanos.

La transparencia queda garantizada con los mecanismos legales previstos pues la oposición, aunque no forme parte de la Junta de Gobierno, conserva siempre los derechos y facultades de acceso a la información que la Ley de Bases y su reglamento prevén.

En definitiva, la decisión de la Alcaldesa de Novelda es una decisión no sólo democráticamente impecable, sino, además, cargada de racionalidad y lógica política. ¿Se imagina alguien a Rajoy sentado junto a Rodríguez Zapatero en el Consejo de Ministros como oyente? A que no. Pues eso.

Santiago de Munck Loyola.