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viernes, 13 de junio de 2025

Y ahora ¿qué?

Cada día que pasa y cada nuevo titular periodístico hacen que la situación política española se complique más y más. Es evidente que nuestra cultura democrática no es homologable aun a la de las viejas democracias europeas en la que, por ejemplo, haber copiado parte de una tesis doctoral conlleva la dimisión de un ministro o el no haber contratado a la niñera. Baste recordar como en 1974, el canciller alemán Willy Brandt dimitió al descubrirse que uno de sus asistentes personales, Günter Guillaume, era un espía de la Alemania Oriental. Brandt dimitió asumiendo su culpa “in vigilando”.

España es muy diferente. Somos demasiado tolerantes no solo ya con los errores políticos, sino también con el alcance de las responsabilidades éticas y políticas. Ninguna democracia europea soportaría un panorama político como el nuestro: un Presidente cuyo entorno familiar más próximo está bajo sospecha judicial, un Presidente del Gobierno cuyo ex Ministro de Fomento y nº 2 de su partido, junto con su asesor personal, están imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal y un nuevo nº 2 de su partido “dimitido” por presuntamente encabezar una red de corrupción cuyo alcance real aún se desconoce.

Y lo anterior no es más que una parte pequeña de los escándalos que rodean a este Presidente. Pedro Sánchez es doblemente culpable: es culpable “in eligendo” y culpable “in vigilando”, como poco. No tengo ninguna duda, en ningún país europeo un Presidente del Gobierno duraría más de 24 horas en estas circunstancias. O bien habría dimitido por dignidad o bien habría sido sustituido por su propio partido o por el Parlamento. Ningún ciudadano medianamente inteligente o con algún escrúpulo moral se habría conformado con la patética comparecencia de un Pedro Sánchez tan esforzadamente compungido como la de ayer.

En esta situación la oposición no tiene más que un camino: el de promover una moción de censura con un solo objetivo: devolver la palabra al pueblo español para que se pronuncie en unas elecciones generales. Es de tal gravedad la situación que no es admisible entrar en cálculos partidistas a la hora de plantear la moción de censura. No presentarla alegando que sería inútil porque no se cuenta con los votos para que prospere y que supondría darle un balón de oxígeno, no son más que excusas baratas impropias de una oposición responsable ante una situación excepcionalmente grave.

Se pierda o se gane, la moción de censura servirá para poner negro sobre blanco la excepcional situación en la que se encuentra España. No estamos ante bulos, fango o noticias de “pseudomedios”. Esa cantinela gubernamental se acabó.

Estamos ante una organización criminal que, emboscada en el partido del gobierno y al amparo del mismo, se ha dedicado, entre otras cosas, a asaltar los contratos públicos millonarios de diferentes ministerios para enriquecerse. Y hay que evitar que quienes han consentido, amparado o protegido a los culpables siga moviendo los hilos del Estado para terminar enterrándolo todo.

La oposición debe intentar la moción de censura y solo con un fin, el de convocar inmediatamente elecciones generales. Sé que muchos pensaran que la corrupción pasada del PP le inhabilita para encabezar una moción de censura, pero también estoy convencido de que, al margen de los tribunales, el PP ya ha pagado en las urnas su pasado. Son precisamente los que piensan eso quienes hoy en día se dedican a inundar las redes sociales con recordatorios de esos casos junto con “inventadas”, que diría el Sr. Sánchez, pero que son incapaces de realizar la más mínima critica sobre el estercolero monclovita. Callan sobre la prostitución pagada por los contribuyentes, sobre la traición a los saharauis, sobre la venta de armas a Israel, sobre los millones de euros repartidos en comisiones a costa de encarecer los contratos públicos, etc. Callan sobre todo lo que a ojos de la mayoría es inaceptable. Sus tragaderas son inversamente proporcionales a sus principios éticos y políticos y, por tanto, su credibilidad es nula.

Es hora de retratarse y de actuar, no solo con sentido común, sino también con altura de miras y con patriotismo.

Fdo. Santiago de Munck Loyola 

viernes, 30 de agosto de 2024

DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES. (Noticia censurada por la prensa alicantina)

 29 de agosto de 2024.


DENUNCIADO EL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID POR UN PRESUNTO DELITO DE EXACCIONES FISCALES ILEGALES.

El Ayuntamiento de Monforte del Cid lleva años permitiendo el cobro del servicio de agua potable y mantenimiento del alcantarillado sin haber aprobado la Ordenanza fiscal que lo autorice.

El Partido Alicantino Regionalista ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Novelda contra el Alcalde, D. Juan José Hernández Rico, y la anterior alcaldesa y demás funcionarios responsables, por permitir el cobro por parte de la empresa Aguas de Alicante a todos los usuarios del servicio municipal de suministro de agua potable y conservación del alcantarillado sin que exista una Ordenanza Municipal que apruebe y regule las tarifas aplicables, lo que podría constituir un delito de exacciones fiscales ilegales previsto en el Articulo 437 del Código Penal.


En efecto, al hecho de que desde el 9-9-2020, el TSJ de la Comunidad Valenciana dictase la Sentencia N.º 717/2020 anulando el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Monforte del Cid de fecha 2 de marzo de 2017 y, por ende, la adjudicación a Aguas de Alicante del contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública y al ocultamiento de esta circunstancia a la Comisión de Precios de la Generalidad Valenciana para lograr el visto bueno de la misma a las subidas anuales de las tarifas, hay que añadir el agravante de que el Gobierno Municipal de Esquerra Unida y PSOE no ha aprobado ni una sola vez desde 2017 la modificación de las Ordenanzas Fiscales para autorizar las tarifas que se han venido aplicando a los usuarios monfortinos, de modo que todos los cobros efectuados por el consumo de agua potable y uso del alcantarillado son nulos de pleno derecho.

La disposición final duodécima de la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo añade un nuevo apartado 6 al artículo 20, en los siguientes términos:

«6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado SE REGULARAN MEDIANTE ORDENANZA. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.»

La ausencia de esta Ordenanza invalida todos los pagos efectuados por los usuarios del servicio publico de agua potable y alcantarillado y obliga a Aguas de Alicante y al Ayuntamiento no solo a asumir las responsabilidades penales a que hubiere lugar, sino también a proceder al reintegro a los usuarios de las cantidades ilegalmente percibidas.

El PAR de Monforte del Cid considera irresponsable y negligente la gestión del gobierno municipal y exigirá la responsabilidad personal a los dirigentes políticos implicados para que asuman el enorme daño económico que, sin duda, esta situación va a generar a las arcas municipales.