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viernes, 27 de octubre de 2017

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

25-10-2017.
NOTA DE PRENSA.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid acumula en 2 años 7 Recomendaciones del Síndic de Greuges para que deje de incumplir la Ley.

El Gobierno tripartito de Monforte del Cid compuesto por IU, PSOE y tránsfugas de C’s, presidido por Mª Dolores Berenguer Belló, acumula en poco más de dos años siete “Recomendaciones” del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana recordándole cuáles son sus obligaciones legales e instándole reiteradamente a cumplir la Ley. Algunas de estas Recomendaciones del Síndic, no contestadas por la Alcaldesa y consiguientemente no aceptadas, ya han sido publicadas en la página oficial del Síndic de Greuges y se dará cuenta de las mismas a las Cortes Valencianas en el informe anual de esta Institución.

De forma reiterada el Síndic de Greuges recuerda a la Alcaldesa de Monforte del Cid, Mª Dolores Berenguer Belló, que tiene la obligación de cumplir con las normas que rigen los procedimientos administrativos, que está obligada a responder a los escritos de los ciudadanos resolviendo expresamente los procedimientos administrativos y que debe respetar el libre ejercicio de los derechos sindicales proporcionando la información necesaria para que los representantes sindicales puedan ejercer sus funciones.

Es la primera vez, desde la creación de la Sindicatura de Agravios, que el Ayuntamiento de Monforte del Cid es amonestado por esta institución y esta circunstancia pone de manifiesto la falta de transparencia y la arbitrariedad que impera en el Ayuntamiento monfortino desde el acceso al Gobierno Municipal de comunistas, socialistas y tránsfugas.

jueves, 26 de octubre de 2017

Unidos Podemos contra la soberanía de los españoles.

Puede que sea deformación profesional, pero cada vez que escucho a determinados políticos hablar sobre “diálogo” con los independentistas o proponer como solución al problema del secesionismo la celebración de un referéndum “pactado y legal” o reformar la propia Constitución, no salgo de mi asombro. Todo el mundo sabe que cuando los independentistas hablan de diálogo éste se circunscribe a “su libro”, es decir, los independentistas sólo quieren dialogar para fijar cuándo se rompe España y con las mayores ventajas económicas para ellos. No quieren entrar en otro tipo de diálogo dentro del marco constitucional. Eso pertenece al pasado cuando el diálogo consistía en dame más, dame más y dame más. Ahora es distinto. Lo quieren todo, son los atracadores de un banco, atrincherados en el mismo con rehenes, rodeados por la Policía y su negociación no es tal, sino la imposición de sus exigencias: “nos vais a dejar salir, con la pasta, cuando digamos y cómo digamos”. El chantaje no es diálogo se vista como se vista. En estos días, Pablo Iglesias ha reivindicado "diálogo" y "sensatez" a las partes y una solución que pase por que los catalanes voten en un referéndum "pactado, legal y con garantías" sobre la independencia, ha asegurado que no ha habido declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont y encuentra injustificada la aplicación del Artículo 155 de la Constitución porque conduciría a España "a una situación de involución democrática que afecta a la calidad democrática".

De los independentistas puede esperarse cualquier cosa por disparatada que sea incluso que nieguen la existencia de España como nación, pero no resulta comprensible en un partido que se supone que quiere gobernar España. No existe ninguna posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña pactado y legal por dos razones evidentes que conoce o debería conocer el Sr. Iglesias y cuantos se suman esta tesis.

La primera razón es legal. Para que pudiera celebrarse ese hipotético referéndum habría que modificar la Constitución española y, de hacerlo, supondría la eliminación de la soberanía del pueblo español y, por consiguiente, la aniquilación de la propia nación española. Hoy por hoy, tal y como recoge la Constitución la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que quiere decir que es el conjunto del pueblo español, y no solo una parte del mismo, quien tiene que manifestarse en un referéndum. El Artículo 1. 2. De la Constitución no admite interpretaciones “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Que los independentistas catalanes nieguen al pueblo español su propia existencia como titular de la soberanía nacional tiene su sentido pues de aceptarla no tendrían sentido sus pretensiones; no pueden coexistir dos soberanías y dos naciones sobre un mismo ente jurídico, pero que Podemos y su líder se sumen a las tesis independentistas negando al pueblo español su titularidad sobre la soberanía nacional, no es de recibo. Como no lo es tampoco hablar de un Estado plurinacional, de una nación de naciones,  porque admitirlo sería tanto como admitir que, de una parte, España no es una nación y, de otra, que cada nación debe tener su propio estado.

La segunda razón es, además de sentido común, de índole democrática. Una hipotética independencia de Cataluña tendría efectos inmediatos sobre el conjunto de los españoles y no sólo sobre los habitantes de Cataluña. Hay vínculos seculares, relaciones, infraestructuras, servicios públicos, transacciones, etcétera que estarían afectados y cuyo futuro, por tanto, no puede dejarse en manos exclusivamente de una parte de los ciudadanos españoles, los catalanes. Es imposible de admitir que sólo los catalanes puedan decidir sobre el futuro del conjunto de las pensiones, de la deuda pública o de los impuestos que afectan a todos. Son todos los españoles los que tienen derecho a decidir sobre ello e impedirlo constituye un atentado a los más elementales principios democráticos.

Son cuestiones elementales, de principios generales del derecho que no se pueden obviar asumiendo el discurso de los independentistas. Pero, todo parece indicar que el Sr. Iglesias y su coalición Unidos Podemos van un poco más allá en la manipulación de sus discurso. Se muestran absolutamente contrarios a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, llegando al ridículo de pretender acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, y alegan que no pueden respaldar su aplicación porque el Partido Popular es un partido “fuera de la ley” y corrupto. Y, sin embargo, están del lado de los independentistas que pública y notoriamente se han situado fuera de la Constitución y son los responsables de los mayores escándalos de corrupción durante casi cuarenta años en Cataluña, con la bendición del clan Pujol, donde han instaurado el régimen del 3%. Por ello, es muy significativo que Unidos Podemos anteponga su interés partidista, echar al Gobierno de Rajoy de la mano del PSOE, los independentistas y los proetarras, a la defensa de la Ley y la soberanía de todos los españoles apoyando las tesis y pretensiones de los reyes de la corrupción en Cataluña. Todo vale para los podemitas y sus lacayos de IU porque en el fondo están convencidos de que todo lo que pueda servir para volar por los aires la Constitución de 1978 puede y debe ser usado como paso previo a una aventura revolucionaria, bolivariana, de impredecible final.

Santiago de Munck Loyola.

miércoles, 11 de octubre de 2017

Dos golpes por el precio de uno.


La escalada secesionista que llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas tiene efectos jurídicos.

Es todo un despropósito y da la sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont,  compareció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya producido. 

Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia. Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al amparo de sus propias leyes.

Pero es que, además, la esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum y en la que “declaró” la independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración. 

Peor imposible, una tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán, declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose atribuciones propias de un dictador. Puigdemont es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de 1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?

No es posible seguir así ni un día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente, sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos, hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan. No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.

Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo 155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está con la Constitución y la unidad de España y quién no.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 7 de octubre de 2017

El Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) requiere al Gobierno para que aplique el Artículo 155 de la Constitución.

7-10-2017

COMUNICADO.

Ante la situación existente en Cataluña y los reiterados incumplimientos por parte de la Generalidad catalana de sus deberes constitucionales así como su intención expresa de proceder en los próximos días a declarar unilateralmente la independencia de las provincias de Cataluña, el Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) ha remitido ayer un requerimiento al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, para que proceda a poner en marcha de forma inmediata el Artículo 155 de la Constitución Española.

En el citado requerimiento se señala que “el Gobierno de España, una vez consumada esta parte del golpe de estado que se está desarrollando en Cataluña, no puede seguir haciendo dejación de sus funciones y seguir esperando para actuar en función del siguiente escalón golpista que, como ya se ha anunciado públicamente, será la declaración unilateral de independencia”.

Igualmente se recuerda que “el Artículo 155 de nuestra Constitución señala que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” pero, a la vista de los acontecimientos, no es posible ampararse más en el carácter optativo de esta disposición contenido en su redacción al señalar que ”el Gobierno…podrá adoptar..” porque hacerlo supondría no sólo facilitar la consumación del golpe de estado, sino vulnerar los mandatos del Código Penal para defender la Constitución”.

Por ello, concluye el escrito remitido a la Presidencia del Gobierno  que se requiere “Al Presidente del Consejo de Ministros de España, D. Mariano Rajoy Brey, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y proceda de forma urgente a activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española y a dictar las instrucciones precisas para la persecución de todos los actos delictivos que se han producido o estén en curso de ejecución”.

miércoles, 4 de octubre de 2017

¡Sí a un Referéndum!


Los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña parece que vienen a certificar que ni nuestra Constitución de 1978 ni nuestra clase política son capaces de responder a las necesidades del conjunto de los ciudadanos españoles. La crisis del sistema político es ya endémica y lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre es sólo una prueba más de esa circunstancia, pero no es la única, ni la primera. Lo ocurrido el 1 de octubre tiene su origen inmediato en no haber aplicado el Artículo 155 de la Constitución y había sobrados motivos para ello. En días se producirá la declaración unilateral de independencia y ya dará lo mismo el Artículo 155 y sólo quedará el Artículo 8.1 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional” al que aferrarse. El Gobierno de España tenía y tiene la obligación legal de actuar antes de que se vuelva a perpetrar otro delito. No hay otro camino: aplicación del Artículo 155 y convocatoria de elecciones autonómicas y generales simultáneas porque la campaña ya está hecha y aquí ya se ha retratado todo el mundo.

Padecemos una crisis territorial y una profunda crisis institucional que ya afloró con ocasión del 15 M. La Constitución de 1978 fue el resultado de la voluntad mayoritaria de encontrar un punto de encuentro en el que la convivencia entre todos, izquierda y derecha, centralistas y autonomistas, fuera posible.

Es evidente que la Constitución dejó importantes flecos sin resolver e importantes carencias que con el paso de los años se han agravado. Al amparo de la misma y de las leyes emanadas de la misma (Estatutos de Autonomía, Ley electoral, ley de partidos políticos, etc.) se ha desarrollado toda una clase política que depende económicamente de los partidos y de sus intereses y de las cuotas de poder territoriales que ha impedido que el sistema político construido a partir de la Constitución contara con los elementos necesarios para establecer contrapesos a los distintos poderes y con los mecanismos legales imprescindibles para le propia regeneración del sistema.

El resultado es una clase política que, incapaz de ganarse la vida en el ámbito de la sociedad civil, ocupa el poder a todos los niveles no por méritos técnicos o intelectuales, sino por su sumisión a los intereses partidistas, a las estructuras políticas. Nunca la mediocridad había alcanzado tan altas cotas de poder. Otros, han hecho del conflicto territorial y del victimismo su modus vivendi. Los reyezuelos de las Taifas. Ni a unos ni a otros les interesa llegar a la raíz del problema porque supondría acabar con su propio medio de vida y viven mejor instalados en el conflicto.

El Estado de las Autonomías ha demostrado su incapacidad para asegurar la igualdad entre todos los españoles y su imposible sostenibilidad económica y financiera. Hay que recordar que desde el frustrado intento de armonizar el proceso autonómico a principio de los 80 con la LOAPA no se ha hecho ningún esfuerzo por racionalizar las autonomías y por ponerlas al servicio del ciudadano en lugar de al servicio de la clase política. Nuestros impuestos se destinan a sostener un sistema político caro e ineficiente y nuestros políticos anteponen su sostenimiento al aseguramiento, por ejemplo, de nuestras futuras pensiones. Es una realidad fácilmente constatable. En España se fabrican más leyes y reglamentos anualmente que en cualquier otro lugar del mundo porque, al final, la soberanía nacional, la soberanía del pueblo está fragmentada en 17 trozos.

El no acometer a tiempo las carencias y defectos de la Constitución nos ha traído hasta aquí. Muchos apuestan ahora como solución para el conflicto secesionista por el diálogo. Y se equivocan. A los secesionistas no les interesa dialogar porque su objetivo no es encontrar un modelo de encaje constitucional, su objetivo es la independencia y punto. No es posible además dialogar con los golpistas, con los delincuentes porque hacer supone no sólo quebrar los fundamentos del estado de derecho sino abrir la puerta a la insumisión ciudadana en cualquier otro ámbito. Sería tanto como consagrar el derecho exclusivo de la clase política a violentar la legalidad sin consecuencias penales.
Ya no vale que a partir de negociaciones y acuerdos entre los partidos alcancen un consenso temporal para confeccionar un parche constitucional y después preguntarnos a todos los ciudadanos si damos un sí, un no o nos abstenemos. No, no vale. Otro apaño de esta clase política para mantener sus privilegios, para prolongar la agonía de un sistema político y constitucional en estado terminal por culpa de sus intereses de casta no es de recibo.

Yo quiero un referéndum, un referéndum nacional antes de que los partidos, la casta, toquen la Constitución y que nos pregunten previamente si queremos un Estado, unitario, autonómico o federal, si queremos una monarquía o una república, si queremos la igualdad real de derechos y obligaciones para todos los españoles o preferimos el mantenimiento de privilegios según el territorio de que se trate, si queremos una Justicia verdaderamente independiente o si preferimos con el sistema actual y si queremos mecanismos de regeneración democrática o que todo siga igual. No hay otro camino que preguntar a todos los españoles sobre estos asuntos básicos si queremos evitar un nuevo pasteleo cocinado a espaldas del pueblo para que después nos lo presenten como un trágala. Yo quiero un referéndum nacional porque no hay otro camino para que esta gran Nación que es España siga siéndolo. Ya va siendo hora de que esta clase política incapaz, mediocre, cobarde o traidora quite sus sucias manos del presente y del futuro de España.

Fdo. Santiago de Munck Loyola