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martes, 7 de febrero de 2017

Alicante: de mal en peor.


No hay peor ciego que el que no quiere ver y eso es precisamente lo que le ocurre a muchos de nuestros conciudadanos de la Provincia de Alicante. Hay quien se empeña en no querer ver la realidad bien porque le da miedo, porque no le gusta o porque está más cómodo con sus propias fantasías.

Cada vez aparecen más voces de la sociedad civil que se suman a la denuncia del maltrato presupuestario que nuestra provincia viene sufriendo desde hace décadas por parte del Estado y, sobre todo, de la Generalidad Valenciana quien, en vez de cohesionar la población de su territorio, ha ido ensanchando la brecha de desigualdad entre sus habitantes en función de la provincia de que se trate. Los alicantinos siempre vienen recibiendo menos de lo que les corresponde y eso hace que, año tras año, la diferencia entre alicantinos y valencianos sea mayor, en perjuicio de los primeros. Pero con los políticos alicantinos no pasa lo mismo que con otros sectores de la vida alicantina. Han venido usando y usan esta anómala situación como arma arrojadiza pero han sido y son incapaces de ofrecer una respuesta política que suponga el fin de la misma. El Partido Popular tras gobernar 20 años la Generalidad Valenciana carece de legitimidad moral para denunciar una discriminación que él mismo ha practicado. Alzan ahora alguna tímida voz denunciando una discriminación que persiste con el tripartito de izquierdas, pero lo hacen sin mucha convicción y escasa credibilidad. Y lo mismo pasa con los políticos alicantinos de izquierdas. Son sus correligionarios los que ahora en la Generalidad Valenciana practican esa tradicional discriminación hacia nuestra Provincia y sus antiguas reivindicaciones provinciales han sido olvidadas.

Por si esto no fuera suficiente, desde hace año y medio hay que sumar al agravio comparativo un sistemático ataque a la propia identidad de nuestra Provincia y a las libertades básicas de los ciudadanos desarrollado desde el gobierno de izquierdas de la Generalidad Valenciana. El tripartito de Valencia no ejerce un gobierno de y para los alicantinos, ni siquiera para los valencianos o castellonenses. La Generalidad Valenciana se ha convertido en un apéndice de los proyectos pancatalanistas dispuesto a facilitar el desarrollo de una ficción política como lo es la fantasía de “los países catalanes”. Nada es casual. 

El tripartito está desarrollando todo un plan sistemático destinado a catalanizar a la Comunidad Valenciana. Los ataques continuos a la libertad en la educación, la política en medios de comunicación, los continuos ataques a la Diputación provincial, la importación de un proyecto de comarcalización ajeno a la tradición política alicantina, la progresiva imposición del catalán en las administraciones públicas, la persecución del uso del español, la imposición del catalán en la educación, los recortes a la libertad de elección de la lengua vehicular, las desaforadas subvenciones a entidades procatalanistas, separatistas e impulsoras de la ruptura de la unidad de España son solo un pequeño ejemplo, quizás el más visible, de este proceso de inmersión social al que someten a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y no queda más remedio que preguntarse ¿qué pinta la Provincia de Alicante en medio de todo esto? ¿Qué hace Alicante en una Comunidad Autónoma que además de perjudicarle económicamente pretende ahora borrar su propia identidad histórica?

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña. Alicante tiene identidad propia, personalidad única y diferente. La Provincia de Alicante tiene entidad política propia, anterior a la artificial Generalidad Valenciana y capacidad económica, social y cultural suficientes para ejercer su propia autonomía. ¿Qué ventaja obtienen los alicantinos del hecho de que las decisiones sobre la educación, la sanidad, el turismo o la política territorial se decidan en Valencia y no en Alicante? Ninguna.


Alicante, la quinta provincia española en población, con casi dos millones de habitantes censados, suma tanta población como las autonomías de Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra juntas. Y, sin embargo, está condenada a ser una provincia de segunda dentro de una autonomía sin tradición histórica que ni es leal con los alicantinos ni con el proyecto común que es España.

Es hora de abrir los ojos, de reconocer la realidad y de ofrecer soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y una solución posible es que la Provincia de Alicante se separe de la Generalidad Valenciana y se constituya en Comunidad Autónoma uniprovincial. No se trata de una propuesta sencilla, pero jurídicamente es posible, económicamente es razonable, políticamente es deseable y socialmente necesaria. No hay otra fórmula para defender la identidad y personalidad propia de nuestra Provincia. No hay otra vía para reducir el enorme peso de la burocracia administrativa que costeamos los ciudadanos. No hay otro medio para que las decisiones que afectan a nuestra Provincia se tomen en Alicante y no en Valencia. No hay, en definitiva, otra posibilidad para evitar que Alicante sea incorporada a un proyecto político independentista y para impedir la importación de una fractura social que desde hace décadas crece en las provincias catalanas. Si se quiere, se puede.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 25 de mayo de 2016

Y están entre nosotros.

“Sí a la libertad en la Educación”.

“Vosotros ya no sois nada, vuestros hijos ya son nuestros”. Esta frase de Adolfo Hitler dirigida a los padres de los niños y jóvenes alemanes a propósito de la educación y de las escuelas de la élite nazi retrata perfectamente la finalidad del Estado nacional socialista: adoctrinar y moldear la mente de los educandos al servicio absoluto de su ideología. El individuo no importa, la familia no importa y solo el omnipotente Estado decide qué han de pensar e incluso sentir los niños puestos obligatoriamente bajo su tutela. Es evidente que este objetivo, el de modelar las mentes de los niños al servicio de una determinada ideología, no es exclusivo de los nazis sino que es común a todas las ideologías políticas totalitarias desde el fascismo italiano al comunismo soviético o chino. Da igual, la enseñanza pública, transformada en educación pública, es puesta al servicio de la ideología dominante para inculcar determinados valores o principios y sustrayendo ese derecho a la familia, a los progenitores.

Los términos enseñanza y educación se confunden y se suelen usar de forma indistinta. Enseñar es transmitir conocimientos evaluables y programados por etapas cuya responsabilidad recae principalmente en el profesorado. Educar es formar en valores, creencias e ideas, una responsabilidad de los padres principalmente. Sin embargo, no son pocos los padres los que suelen delegar gran parte de la educación en la escuela y no son pocas las ocasiones en las que se plantean verdaderos conflictos entre los valores y creencias familiares y los transmitidos por la escuela pública. Del mismo modo, hay una tendencia muy peligrosa a extender el ámbito de los contenidos de la educación en la enseñanza más allá de los valores constitucionales de la convivencia, adentrándose en el terreno de las ideologías partidistas.

Y a propósito del debate surgido en la Comunidad Valenciana en torno a los recortes a la enseñanza concertada impulsados por el tripartito, un portavoz podemita de Orihuela ha recordado, en defensa de su peculiar concepto de la libertad, el siguiente texto: se exigen ciertas políticas “en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados." No, no se trata de un texto de Adolfo Hitler ni de Alfred Rosenberg. Es un texto de Carlos Fernández Liria, filósofo e ideólogo de Podemos, ese partido que en su programa sugería que los miembros del poder judicial deberían ser adictos a un hipotético régimen podemita bolivariano. Vamos, más claro el agua. La libertad en la enseñanza para esta nueva izquierda que cogobierna la Comunidad Valenciana consiste en “liberar” a los hijos de la ideología de sus padres, de sus valores éticos y religiosos, y moldearles la mente a su antojo utilizando la escuela pública, usando el dinero de todos los contribuyentes. Y de ahí que sea imprescindible para ellos recortar la escuela concertada. Si no se les paran los pies, lo harán, poco a poco, paso a paso. Todo ello acompañado con inmersión, perdón, imposición lingüística y pancatalanismo a cucharadas. No existe independentista, nacionalista o totalitario que no reclame en primer lugar el control absoluto sobre la enseñanza. Y en una generación, Alicante convertida en colonia de los países catalanes.

Se está acentuando un peligroso proceso dirigido contra las libertades. Un proceso que cuestiona la libertad de pensamiento, de creencias y que se plasma perfectamente en el campo de la educación como instrumento de dominio ideológico. No es momento de engañarse. Están entre nosotros y desprecian la libertad. No hay que subestimar el objetivo de estos supuestos “progres” que, a la hora de hablar de libertad seguramente compartirán la respuesta que Lenin dio a Fernando de los Ríos en 1920 cuando a la pregunta de cuándo permitiría su gobierno la libertad de los ciudadanos, le espetó "¿Libertad para qué?".

Santiago de Munck Loyola


domingo, 1 de mayo de 2016

Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.


Desde hace décadas, gobernando la izquierda o la derecha en el Estado o en la Generalidad valenciana, lo cierto, y así lo indican todos los datos económicos, es que la Provincia de Alicante ha sido discriminada en todos los presupuestos, recibiendo menos de lo que le correspondía por su población y sus necesidades. La Provincia de Alicante ha venido siendo tratada como una provincia de segunda clase y ello ha sido especialmente significativo en el ámbito de las competencias de la Generalidad Valenciana. En los últimos 20 años la diferencia entre la renta media de los alicantinos y los valencianos se ha agrandado en perjuicio de los primeros. Hoy los alicantinos son más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es evidente que si una institución regional como la Generalidad Valenciana no logra disminuir las diferencias del nivel de vida entre los habitantes de sus territorios, sino que, al contrario, las agranda, es una institución fracasada. Sin ir muy lejos, hace tan sólo unos días el Consejo de la Generalidad redujo a la mitad el presupuesto del programa de Desarrollo Rural LEADER para la agricultura destinado a la provincia de Alicante, un tijeretazo de tres millones de euros menos para nuestra provincia.

A esta intolerable discriminación a la que incomprensiblemente están acostumbrados los políticos alicantinos hay que añadir ahora dos nuevas políticas de la Generalidad que ponen en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante. El tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana compuesto por un partido socialista anémico e ideológicamente desnortado, por los “nacionalistas” de Compromis y los populistas-podemitas de València en Comú ha puesto en marcha, al amparo del extraño Pacto del Botánico, dos procesos claramente perjudiciales para nuestra Provincia que se suman a la discriminación económica de siempre.

De una parte, el tripartito de Valencia ha iniciado un procedimiento de centralización política para despojar de competencias a las Diputaciones Provinciales en determinadas áreas como se ha visto recientemente en el ámbito de la política turística, uno de los motores de nuestra provincia. Con ello, ponen claramente de manifiesto su aversión a todo lo que suene descentralización y alejan de los alicantinos la capacidad de toma de decisiones en sectores claves para nuestra provincia. Quieren y lo están haciendo que determinadas decisiones se tomen en Valencia y no en Alicante excusándose en la necesidad de coordinar ciertas políticas. Si eso fuera cierto, si tan importante es coordinar las políticas sobre turismo, por ejemplo, ¿Por qué no transfieren las competencias sobre turismo al Estado?

De otra parte, la nueva política de la Generalidad que pone en peligro la propia identidad de la Provincia de Alicante viene marcada por el sesgo catalanista que mantiene la propia composición del tripartito y al que no son ajenas algunas decisiones. Este sesgo catalanista no es sólo debido a Compromís o a la versión valenciana de Podemos, sino al propio PSPV con el presidente Puig al frente, responsable en última instancia del gobierno tripartito. Él es quien ha nombrado consejero de Educación a Vicente Marzà defensor de los llamados Países Catalanes y para quien “los Países Catalanes son una realidad más allá de lo que pinta el Estado...no solo cultural sino políticamente, y deberían serlo en un futuro todavía más” o para quien la Costa Blanca no es otra cosa que las playas del sur de los países catalanes.  Marzà, de la mano de los socialistas, está poniendo en marcha la inmersión lingüística en valenciano de modo que en el próximo curso alcanzará al 65% de las nuevas líneas. No es posible obviar que Vicente Marzà pertenece a la entidad Escuela Valenciana, una entidad subvencionada por la Generalidad de Cataluña, galardonada por su defensa del catalán y por su apoyo al referéndum independentista de Mas. Al tiempo que impulsan la inmersión lingüística eliminan los conciertos con la enseñanza privada sin ser capaces tan siquiera de ofertar las correspondientes plazas públicas.

Y tenemos el caso del Consejero de Transparencia Manuel Alcaraz para quien “un País Valenciano aislado es una utopía y sería una traición a su propia esencia. Si el País Valenciano quiere salvaguardar su personalidad ha de ser preservándose fiel a su catalanidad básica”. Defiende la “catalanidad” de Valencia y califica a España de “superestructura coercitiva”. No hay que olvidar además que este tripartito que también gobierna la Diputación de Valencia otorgó recientemente una subvención de 17.000 euros a la “Institució per al Foment de les Arts, Les Ciències i la Cultura”, ACPV,  una entidad supuestamente cultural que promueve en la Comunidad Valenciana las tesis de los “países catalanes”.


Este es el contexto en el que el progreso, el bienestar y la propia identidad cultural de nuestra Provincia se hacen insostenibles. El PP ni está ni se le espera salvo voces aisladas. Es hora de plantar cara, de reclamar instrumentos legales de gobierno que defiendan el derecho y la capacidad de los alicantinos de decidir por si mismos en aquellas cuestiones que constitucionalmente les pueden competer. Alicante no es Valencia y mucho menos Cataluña.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 4 de noviembre de 2015

La Generalidad Valenciana nos sigue discriminando.


Hace tan solo unos días la mayor parte de los medios de comunicación publicaban que el Gobierno tripartito de la Generalidad Valenciana se olvidaba de la provincia de Alicante en su proyecto de presupuesto de inversiones para infraestructuras para el año que viene. Como es evidente, la reiterada discriminación presupuestaria de nuestra provincia no era noticia, por habitual, sino que lo novedoso era que, habiendo cambiado de color el gobierno regional, Alicante seguía como siempre, es decir, discriminada. Nuestra provincia, con el PP, estaba a la cola de las inversiones de la Generalidad Valenciana y ahora con la izquierda en el Gobierno regional también.

Tanto el Estado, como la Generalidad se comportan de forma similar con Alicante que no recibe lo que le corresponde ni por población ni por riqueza. Y da igual quien gobierne en Madrid o en Valencia. Ambas administraciones han generado una deuda millonaria con los alicantinos que es preciso cuantificar exactamente y reivindicar su pago. No se puede seguir admitiendo que año tras año se produzca la misma situación. Alicante debe recibir lo que es justo y debe cobrar esa deuda histórica provincial de la que no quieren ni oír hablar los grandes partidos que solo usan los intereses de los alicantinos como arma arrojadiza.

Ayer mismo sin ir más lejos, el Presidente provincial del PP, José Ciscar, que hasta mayo fue vicepresidente de la Generalidad Valenciana y responsable por tanto de la evidente discriminación económica sufrida durante los últimos años por nuestra Provincia dio buena muestra de ello. Sin el más mínimo asomo de autocrítica y con elevadas dosis de cinismo político señaló que los presupuestos presentados por el nuevo Gobierno Regional “no van a servir para resolver los problemas de la provincia de Alicante” y que no recogen “ningún proyecto relevante o que ilusione” para la provincia. Dice José Ciscar que la media de inversión por habitante será de 24,5 euros frente a la media valenciana de 27,5. Y no queda más remedio que recordarle que la media de inversión con él y el PP ha sido en 2015 de 25 euros por alicantino mientras que la media regional se situaba en 32 euros, que en los últimos 7 años la Generalidad ha dejado de invertir en Alicante 253 millones de euros que le correspondían por población y que Alicante figura en el puesto 40 en las inversiones del Estado y en el último lugar en las inversiones de la Generalidad. Habla por tanto el que más tiene que callar, quien menos legitimado moralmente para denunciar la discriminación de nuestra provincia.

Hoy, los alicantinos somos más pobres respecto a los valencianos que hace 20 años. Es un dato incuestionable. La política de la Generalidad Valenciana ha propiciado una divergencia, en lugar de convergencia, de las rentas provinciales en su territorio. Y tras 20 años la tendencia no ha quebrado, sino que se ha confirmado con el nuevo Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Una autonomía así no funciona bien, no sirve a los intereses de los alicantinos.

Es hora de plantearse con lógica, con racionalidad y sin apasionamientos de carácter sentimental si no ha llegado el momento de cuestionar el modelo territorial y de proponer un modelo alternativo que permita a nuestra provincia desplegar todo su potencial y toda su capacidad de progreso por su cuenta. Es hora de plantearse si es imprescindible que los alicantinos debamos soportar sobre nuestras cabezas y nuestras espaldas cuatro administraciones diferentes (local, provincial, autonómica y estatal) en lugar de tres como ocurre con otras provincias españolas. Es hora, en fin, de plantearse qué modelo territorial es menos costoso, más eficiente y más adecuado a los intereses de los ciudadanos de Alicante.

Santiago de Munck Loyola







sábado, 10 de octubre de 2015

El 9 de octubre y Alicante.


Se acaba de celebrar, con más pena que gloria, al menos en Alicante, la festividad de la Comunidad Valenciana. Tanto los preparativos de la festividad,  como su propio desarrollo no han estado exentos de polémica. Era la primera vez que se desarrollaba bajo la presidencia del tripartito que gobierna la Generalidad Valenciana y esta circunstancia no es posible desmarcarla de algunos gestos y actitudes del nuevo gobierno que caracterizan claramente su perfil identitario. Gestos y actitudes sectarias entre las que está el deseo manifestado por algunos de modificar la letra del Himno regional (al parecer molesta lo de “ofrendar nuevas glorias a España”), la puesta en cuestión de la educación en castellano, el traslado en Alicante del monumento al soldado, la supresión de la interpretación del Himno de España en determinadas festividades, la eliminación del tradicional Te Deum en los actos oficiales del 9 de octubre o la eliminación de la bandera de España en las fiestas de algunas localidades gobernadas ahora por miembros del tripartito. La propia publicidad institucional de la Generalidad Valenciana sobre la propia fiesta del 9 de octubre se ha realizado casi exclusivamente en valenciano, manifestando así  un desprecio absoluto de este gobierno tripartito hacia los ciudadanos castellano-parlantes, ampliamente mayoritarios en la Provincia de Alicante, al menos.

Esta fiesta oficial no parece que cuente en nuestra provincia con mucho fervor popular y su arraigo es prácticamente nulo. Lo cierto es que el 9 de octubre se conmemora la entrada del Rey Jaime I en la ciudad de Valencia en 1238. Este acontecimiento histórico de carácter localista fue elevado incomprensiblemente a la categoría de celebración oficial e institucional para toda la comunidad autónoma y el origen de esta decisión se encuentra en el Plenario de Parlamentarios que en 1976 proclamó el 9 de octubre como Día Nacional del País Valenciano, nada menos, y que más tarde fue ratificado con la puesta en marcha de la Comunidad Autónoma.

No está de más recordar que si el 9 de octubre de 1238 las tropas cristianas, en este caso del Reino de Aragón, tomaron la ciudad de Valencia, el 4 de diciembre de 1248 (festividad de Santa Bárbara), diez años después, las tropas cristianas, en este caso del Reino de Castilla, dirigidas por el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, tomaron la ciudad de Alicante.  Y ello fue así porque Alicante pertenecía a la zona de expansión castellana en virtud del Tratado suscrito en 1179 entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso II de Aragón que había fijado la frontera meridional de Aragón en la línea que une Biar, Castalla, Jijona y Calpe.

Si el aniversario de la toma de la ciudad de Valencia se convirtió en la fiesta oficial de toda la Comunidad Valenciana por criterios exclusivamente políticos, nada debería impedir que por motivos también políticos, la defensa de Alicante y la reivindicación de su singularidad e identidad, se conmemore por todo lo alto el 4 de diciembre el aniversario de la toma de Alicante por las tropas cristianas, un hecho histórico más trascendente e importante para los alicantinos que la toma de Valencia. La defensa de los intereses de la Provincia de Alicante, la lucha contra su discriminación por parte de la Generalidad Valenciana y la exigencia del puesto que le corresponde pasa también por la recuperación de su memoria y de sus propis símbolos de identidad.

Santiago de Munck Loyola