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domingo, 19 de abril de 2020

Covid 19: alguien tendrá que pagar por ello.



No resulta fácil opinar sobre la trágica situación que vive nuestro país sin apasionamiento, sin que afloren sentimientos en ocasiones contradictorios o sin dejarse llevar por prejuicios, más que ideológicos, simplemente partidistas. Y ello es así porque nos encontramos en medio de una auténtica tragedia humana, ante una terrible enfermedad que se está llevando por delante a decenas de miles de compatriotas que pensaban, como muchos lo pensábamos, que España contaba con todos los recursos necesarios para hacer frente a esta enfermedad, que creíamos, porque así nos lo habían dicho quienes contaban con toda la información al respecto, que se trataba de una simple gripe, eso sí, algo más fuerte que las habituales y que no se producirían más que unos pocos casos en el país. Así que cuando la cruda realidad nos ha puesto sobre la mesa 200.000 infectados y 20.000 muertos, según las cifras oficiales debidamente maquilladas, o unos 2.000.000 de infectados y unos 40.000 muertos, según otras fuentes más realistas, resulta imposible no preguntarse por qué y quién es el responsable de este drama.

Hay quien dice, como la ministra Montero, que ahora la responsabilidad de todos no consiste en realizar críticas, sino en apoyar al gobierno. No es la única. Es frecuente escuchar que la oposición debe apoyar al gobierno, que la situación requiere el esfuerzo conjunto y olvidarse de las críticas o que las críticas solo tienen por finalidad derribar al gobierno. Nada más falso. Si la responsabilidad consiste en no criticar al gobierno y apoyarlos, como dice la ministra Montero, estaríamos machacando de un plumazo uno de los pilares de la democracia que se distingue precisamente de los regímenes autoritarios por la existencia de una oposición libre cuya principal obligación es la de controlar al gobierno. Controlar significa analizar cada paso que da el gobierno y denunciar, en su caso, los errores de cualquier tipo que cometa. Y un gobierno democrático tiene la obligación de escuchar a la oposición y valorar sus críticas y sus propuestas para mejorar su propia gestión. Si la oposición no critica la acción de gobierno estaría traicionando a su electorado y haciendo una dejación de funciones inexcusable. Se convertiría en cómplice de los errores del gobierno. Ni la crítica por la crítica sin aportar alternativas, ni la demanda de apoyo sin consensuar antes las medidas pueden ser admisibles en una situación tan excepcional como ésta. No es de recibo que el gobierno reclame constantemente apoyo a la oposición para las medidas que adopta sin antes intentar al menos consensuarlas.

La lógica partidista está llevando a los defensores del gobierno a justificar todo lo que se ha hecho hasta ahora eludiendo cualquier responsabilidad y construyendo un relato que termine culpando a la oposición de la triste realidad plagada de muertos y de familias destrozadas. Los mismos que hace seis años clamaban exigiendo la dimisión de Rajoy por la muerte del perro Excalibur como consecuencia de la crisis del Ébola hoy no demandan dimisión alguna. Llamativo, pero cierto. Eso sí, coinciden en afirmar que la gravedad de la pandemia en nuestro país se debe a los presuntos recortes sanitarios que hizo el PP durante la recesión económica pasada. Pero, claro, en cuanto uno se toma la molestia de leer las cifras del Ministerio de Sanidad y comprueba que, por ejemplo, entre 2009 y 2018 el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid (PP) aumentó un 17,46% y el de Andalucía (PSOE) solo un 6,82% se les viene abajo ese argumento. 

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Hay una gran diferencia entre el Presidente francés Macron que comparece ante su pueblo y reconoce que han actuado tarde y que han cometido muchos errores en la gestión y el Presidente Sánchez que semanalmente comparece ante los españoles para decir que todo se ha hecho bien y que, incluso, su gobierno fue el primero en reaccionar en Europa ante la pandemia. Pues algo no cuadra, porque si eso fuera cierto y contando con unos excelentes profesionales sanitarios y con todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia, tal y como anunció el Ministro Marlaska a principios de febrero, ¿a qué se debe a que seamos el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes? Quizás la explicación se encuentre ni en el dinero que se destina a sanidad, ni en la calidad del sistema necesario ya que el nuestro está clasificado como el tercero del mundo más eficiente, sino en otras circunstancias.

Comparémonos con Grecia, un país también mediterráneo, turístico por excelencia y que está en bancarrota con tres rescates a cuesta de la Unión Europea. Grecia tiene una población de 10.720.000 habitantes, España de 47.000.000. Grecia tiene un gasto público anual per cápita de 1.678 €, España de 2.371 €, es decir, España gasta en sanidad por habitante más de un 40% que Grecia. En Grecia hay 525 camas en las UCIS, en España 4.404 camas, es decir, España cuenta con el doble de camas que Grecia por cada millón de habitantes. Sin embargo, en Grecia el coronavirus ha matado a 9,4 personas por cada millón de habitantes y en España ha matado a 429 personas por cada millón. Es decir, la mortalidad del virus en España es 45 veces superior a la que se registra en Grecia. Es evidente que la causa no se encuentra ni en la cantidad de dinero destinada a sanidad, ni en los recortes, ni en la calidad del sistema sanitario. La diferencia está en el momento en que se actúa frente a la pandemia. Grecia se movilizó decretando toda clase de medidas a los 4 días de producirse el primer fallecimiento. España lo hizo a los 30 días. Y este letal retraso no se debió a falta de información del Gobierno.

Desde el 25 de enero hasta mediados de marzo el Gobierno recibió 40 avisos de la OMS. Es más, el gobierno recibió el 24 de enero un detallado informe sobre las medidas preventivas que debía adoptar para proteger a los policías que operaban en los aeropuertos, informe elaborado por el responsable de prevención de salud de la Policía Nacional, y la única medida adoptada por el Ministerio del Interior fue cesarlo. A muchos nos sorprendía ver que no se medía la temperatura a los viajeros cuyos vuelos llegaban a España provenientes de China o de Italia y mientras tanto la agenda política giraba en torno al pin parental o a la carrera entre los socios del gobierno para ver quién era más feminista. Y poco más. Hoy, por primera vez, un ministro del Gobierno ha tenido la honestidad de reconocer algo de responsabilidad. El Ministro Duque ha declarado que “esta pandemia nos ha desbordado a todos. Debimos prestar más atención a los científicos”. Pues sí, más atención a los científicos, a la OMS y a la Unión Europea porque esta insuficiente atención prestada se está traduciendo en decenas de miles de muertos y en la ruina económica de España. Alguien tendrá que pagar por ello.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 12 de abril de 2020

Covid19: La que nos espera.


Cuando vamos a iniciar la quinta semana de confinamiento con el inicio de la segunda prórroga del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados estamos, en el mejor de los casos, a la mitad de este confinamiento domiciliario. De momento, otras dos semanas por delante que habremos de abordar de la mejor forma posible, con disciplina, por supuesto, si queremos contribuir a que la situación mejore. Una vez que nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir es posible que, ante las perspectivas de mejoría de la situación, estas semanas restantes sean más llevaderas.

No es fácil abstraerse de las continuas noticias que nos trasladan los medios de información ni de los permanentes mensajes que recibimos a través de las redes sociales. La catastrófica situación en la que nos encontramos necesariamente empuja a cualquier persona con sentido crítico a buscar responsabilidades entre quienes tenían el deber de haber adoptado medidas preventivas para proteger a la población y, consciente o inconscientemente, no lo hicieron. Sin embargo, hoy no pretendo abordar ese asunto. Hoy quiero destacar algunos aspectos relacionados con esta crisis.

El primero aspecto es el relacionado con el ambiente social que se está creando. A veces da la sensación de que se intenta difundir una sensación de normalidad que atenúa la auténtica tragedia que estamos viviendo. Casi 20.000 muertos, en a penas dos meses. Casi 20.000 familias rotas, destrozadas y parece que aquí no ha pasado nada. Mucha canción, mucho aplauso (merecido, no se cuestiona), mucho consejo, mucho tertuliano "especialista" en virología, mucho humor,... Pero las televisiones han debido ponerse de acuerdo o quizás las estén obligando a ello para no mostrar imágenes de las víctimas, ni de sus familiares o amigos.
No hay crespones negros, ni lutos oficiales, ni nada que nos recuerde que ante todo estamos en medio de una verdadera tragedia humana y que hay miles y miles de personas que se han ido para siempre. ¿Tan insensibles somos?

El segundo aspecto es el relacionado con la situación de nuestros mayores y el tratamiento que están recibiendo. Creo que si hay algo que nadie discute a priori es la vigencia del principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley. Bien es verdad que este mandato luego no se cumple y que hemos venido tolerando excepciones como el hecho de que nuestros representantes, nuestros parlamentarios, se hayan atribuido excepciones que les permiten no ser iguales ante las leyes tributarias de modo que tienen ingresos exentos de tributación o no ser iguales pudiendo cobrar una pensión máxima con un tercio de años respecto a los exigidos a cualquier otro ciudadano o excepciones que criminalizan al hombre por razón del género. Pero volviendo a nuestros mayores hemos escuchado con naturalidad como aquellos que sobrepasasen determinada edad no tendrían los mismos recursos asistenciales que los jóvenes, limitando su aplicación en función de su previsible capacidad de supervivencia. 

 
No es que falte lógica en la idea de aplicar los recursos sanitarios escasos preferentemente a quien a priori tenga más posibilidades de sobrevivir, pero es que esa lógica choca frontalmente con el mandato constitucional que proclama la igualdad ante la ley y, por tanto, con la igualdad al derecho a recibir tratamiento sanitario sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad. La crisis sanitaria ha destapado además una gran precariedad de medios en las residencias de nuestros ancianos. No podemos olvidar que nuestros mayores son los que han forjado nuestro estado de bienestar y son los que han sostenido a millones de hogares durante los peores momentos de la crisis económica. Una sociedad digna de tal nombre no puede seguir relegándolos a un segundo plano, no puede seguir aparcándolos como un estorbo prescindiendo de su experiencia y conocimientos y no puede ni debe evitar devolverles lo mucho que ellos han hecho por nosotros. 

No son pocos los hogares en los que los abuelos son prescindibles en un momento dado. Hemos pervertido los valores que consagran la familia como pilar básico de la sociedad porque al limitar la extensión del ámbito estrictamente familiar hemos debilitado a la familia y, por tanto, a la propia estructura social. Urge replantearnos nuestra escala de valores y urge romper con el modelo utilitarista, egoísta y hedonista sobre el que estamos construyendo nuestra sociedad.

La última reflexión que quiero destacar es la necesidad que tenemos de asumir que las consecuencias de esta pandemia van a durar mucho tiempo y que va a haber un antes y un después en muchas facetas de nuestra vida. Si alguien cree que superada la crisis todo va a volver a la normalidad, se equivoca. No estamos en un paréntesis, sino en un punto y a parte. La superación de la enfermedad no va a ser total hasta que se produzca una vacuna efectiva y eso, según parece, no se producirá antes de un año. No va a bastar con su control parcial y temporal, tenemos que prepararnos para una segunda oleada de la enfermedad dentro de 5 o 6 meses según están avisando los chinos. La vuelta a una relativa normalidad de nuestras vidas va a ser lenta y gradual, pero necesariamente conllevará muchos cambios. Y estos cambios van a ser personales y sociales. No cabe duda de que este encierro involuntario durante 45 días mínimo va a suponer un paréntesis vital que obliga a la reflexión e invita a la modificación de conductas y costumbres. En más de un caso se producirán modificaciones de los sentimientos y el replanteamiento de afectos. En muchos casos más de uno se cuestionará  la escala de valores por la que venido intentando regir su vida.

Cuando acabe el confinamiento saldremos a la calle cambiados, para bien o para mal, y lo haremos a un mundo que también habrá cambiado. Los cambios económicos que nos esperan van a ser enormes como consecuencia del enorme daño que nuestra economía va a sufrir. Tengamos en cuenta que la primera fuente de riqueza y de empleo de nuestra economía estará en la UCI, el turismo que representa el 15% del Producto Interior Bruto y que generaba 2,8 millones de empleo, que la construcción, el 14% del PIB, sufrirá también un importante retroceso, así como el comercio, el 12% del PIB, o el sector del automóvil, el 5%. Más de un millón, cerca de dos millones, perderán su empleo junto con la desaparición de decenas de miles de PYMES y de autónomos. La enorme pérdida de ingresos fiscales que la recesión conllevará obligará al Estado a endeudarse como antes nunca lo había hecho. Y en función de la política económica que se aplique tardaremos más o menos en recuperarnos. Deberemos replantearnos muchas cosas, entre otras, hasta la configuración territorial de nuestro Estado que ha demostrado poca eficacia a la hora de prevenir y de actuar por culpa de un reparto absurdo de competencias sanitarias que ha conducido hasta la ridícula y costosa competencia entre regiones en los mercados internacionales para hacerse con los lotes de productos sanitarios. Tendremos que habituarnos a una subida de tono de la disputa política porque si hay algo evidente es que las cosas se podían haber hecho mejor, que se debía haber actuado antes contra la pandemia ya que los avisos de la OMS ahí estaban desde el 24 de enero. Y habrá que, por tanto, exigir responsabilidades políticas y quizás judiciales. Los cambios en nuestro entorno serán muchos y necesariamente deberán producirse si queremos evitar la repetición de unos hechos similares en el futuro. La responsabilidad última es de todos los españoles, porque nuestra es la última palabra a la hora de decidir nuestro futuro.

Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com





lunes, 23 de marzo de 2020

Primera semana de confinamiento.



Termina la primera semana de confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno con la declaración del estado de Alarma. Hoy, domingo, tal y como era de esperar, el Gobierno ha anunciado que el estado de Alarma y, por tanto, el confinamiento se prolongará por lo menos quince días más. Es decir, tenemos por delante un mínimo de tres semanas de confinamiento y mucho me temo que serán bastantes más. Nuestra vida ha cambiado de repente de forma radical y la incertidumbre y el miedo se han apoderado de nuestras vidas. Los medios de comunicación nos informan, y a veces nos desinforman, desde el primer día de cuanto rodea a la grave crisis generada por la expansión del virus en España y en el resto del mundo. Y nunca las redes sociales han estado más activas, son nuestra ventana al exterior y se han convertido en muchos casos en el altavoz de la indignación y la frustración de no pocos ciudadanos.

Estamos inmersos en una crisis humanitaria sin precedentes en nuestro país. Y es precisamente en situaciones como éstas donde florece lo mejor y lo peor de cada persona, tanto en el ámbito privado como en el público. Tenemos un país lleno de héroes anónimos que trabajan día a día para que todos podamos sobrevivir de la mejor manera posible, desde los sanitarios, pasando por los miembros de las fuerzas de seguridad, los transportistas, los operarios de los servicios esenciales o los repartidores. Todos siguen cumpliendo sus tareas exponiéndose a contraer el virus y, en ocasiones, haciendo más de lo que su deber les impone. 

Pero también tenemos, los menos, ciudadanos irresponsables y egoístas que incumplen las restricciones de movimiento o acaparan productos compulsivamente. Tenemos voluntarios que cosen mascarillas desinteresadamente y empresarios que donan millones para ayudar a combatir la pandemia. Pero también tenemos personalidades que no predican precisamente con el ejemplo y que abusan de los privilegios que su posición social o política les confieren.   

Tenemos ciudadanos tan anclados en el odio partidista que desean en las redes sociales que el coronavirus gane la batalla a Ortega Smith o a Irene Montero según sea el caso sin darse cuenta de que al hacerlo están haciendo pública su indigencia moral. La crítica política en una situación como ésta no puede ni debe desaparecer como pretenden los partidarios del Gobierno, pero debe ser usada con moderación y dentro de los límites de la racionalidad, no de la visceralidad. Es cierto que los mismos que hoy piden silenciar las críticas y exigen el respaldo al gobierno son los mismos que cuando el ébola provocó una muerte en España en 2014 querían la cabeza de Rajoy, pero no hay que ser como ellos.

Cada día que pasa aparecen nuevas informaciones que ponen de relieve muchos errores cometidos por el gobierno que ponen de manifiesto una gran irresponsabilidad que ha propiciado una expansión desbocada del virus en nuestro país. Sabemos ahora que 6 días antes de la manifestación del 8 M las autoridades sanitarias europeas desaconsejaron la celebración de eventos multitudinarios y, sin embargo, el gobierno, los partidos que lo componen y toda una serie de comunicadores televisivos animaron a la gente a acudir a la manifestación. Pudo más el interés partidista que el interés por la salud de la ciudadanía. 

Es cierto que ahora las feminazis que entonces proclamaban que el machismo mataba más que el coronavirus se desgañitan ahora en las redes sociales, para eludir así su propia responsabilidad,  señalando a los supuestos recortes sanitarios del pasado como los culpables de que precisamente en Madrid se haya disparado exponencialmente la pandemia.  Son muchos, políticos, periodistas, comentaristas, agitadores sociales, los que deberían estar pidiendo perdón a la sociedad por el mal que han hecho.

“En tiempos de tribulación no hacer mudanza” aconsejaba San Ignacio de Loyola. No es el momento de pedir o promover un cambio de gobierno. Es fundamental que todas las administraciones públicas colaboren y cooperen con el Gobierno de España en unos momentos tan graves como los actuales. Ya habrá tiempo para exigir responsabilidades o para aplaudir los aciertos. Todas las Instituciones del Estado deben cerrar filas, eludir polémicas estériles y trabajar en una misma dirección para acabar cuanto antes con esta pesadilla. 

No podemos caer en estrategias tan burdas y desleales como las diseñadas por una parte misma del gobierno, la de Podemos e Izquierda Unida, que aprovechando la especial sensibilidad social que genera la tragedia de la pandemia promueve caceroladas contra la Jefatura del Estado. Su indecencia ética y política no debe ser secundada. Mejor harían en intentar reparar el daño que han ocasionado habiendo abandonado a su suerte a los ancianos en las Residencias. 

Nos queda mucho por ver durante las próximas semanas o seguramente meses. No nos queda otra que obedecer las normas, observar, analizar y tomar buena nota de todo porque cuando esto pase habrá que pedir más de una explicación.

Fdo. Santiago de Munck Loyola
https://santiagodemunck.blogspot.com