Mucho se ha hablado
y escrito estos últimos días primero sobre la continuidad de la prestación de
400 € y después sobre su alcance y requisitos para su percepción. El Sr.
Floriano, Portavoz Popular, hacía públicas sus reflexiones sobre la
conveniencia de su concesión a desempleados que se ven obligados a vivir con la
familia sin tener en cuenta la capacidad económica de dicha familia. Otros
dirigentes gubernamentales han insistido en la conveniencia o en la necesidad de vincular esta prestación
de subsistencia a la consecución de un empleo. En fin, que como no hay dinero
público se está mirando con lupa los pormenores y detalles de esta prestación
excepcional que, por regla general, constituye para muchos ciudadanos el último
y escaso salvavidas en medio de esta desoladora crisis económica.
Hoy hemos conocido
que el Ejecutivo va a aprovechar la nueva norma sobre reestructuración y
liquidación de entidades financieras con problemas para recortar otra vez las
retribuciones de los directivos de bancos que perciben dinero público. Ya en
febrero el Gobierno fijó el límite para la retribución fija anual, por todos
los conceptos, de los directivos y consejeros con funciones ejecutivas, en
600.000 €, cifra nada desdeñable. Ahora se pretende rebajar esta cantidad en
100.000 € anuales y establecer el tope salarial en 500.000 €.
Hay que reconocer
que se trata del primer Gobierno que se atreve a recortar los sueldos de los
directivos de las entidades financieras que perciben ayudas públicas y que las
rebajas impuestas son notables, pero no queda más remedio que preguntarse si
esto es suficiente y, sobre todo, se esta decisión se moralmente aceptable
cuando se está hablando de retribuciones que provienen de ayudas públicas, del
dinero público que sale del bolsillo de los contribuyentes.
Es evidente que hay
dos varas de medir a la hora de regular el uso salarial del dinero público y
contrasta enormemente la minuciosidad y la preocupación de algunos dirigentes
políticos a la hora de abordar la concesión de una prestación de subsistencia
como la de los 400 € con su silencio y magnanimidad a la hora de regular las
retribuciones de los directivos financieros que perciben dinero público para
sostener las entidades bancarias que dirigen.
Ya en otras
ocasiones desde estas mismas páginas se han puesto de relieve las anomalías que
se detectan en el uso salarial del dinero público en nuestro país. Mientras que
no hay dinero público para pagar, por ejemplo, la extra de Navidad a los
empleados públicos o para extender la prestación de 400 €, resulta que sí hay
dinero público para pagar retribuciones como las que aquí se detallan:
- Presidente del
Red Eléctrica Española: 429.000 € de retribución fija + 199.000 € de
retribución variable.
- Consejeros de Red
Eléctrica Española: 1 consejero con 899.000 euros al año, 5 consejeros con
182.000 euros al año, 3 consejeros con
153.000 euros al año, 1 consejero con 170.000 euros al año, 1 consejeros con 165.000 euros al año.
- ADIF: 11
directivos con una media de 140.000 euros anuales.
- FEVE: director
general 96.196,58 euros.
- Zapatero cobra
6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual e ingresa otros
6.515 € al mes como ex Presidente.
- RTVE: Presidente
220.000 euros al año. Las presentadoras Ana Blanco, Pepa Bueno, Ana Pastor y
María Casado tenían sueldos que oscilaban entre los 150.000 a los más de
200.000 euros brutos anuales en 2009.
- El alcalde de
Sabadell, Manuel Bustos Garrido, cobra un sueldo público del Ayuntamiento de
81.576,04 euros brutos anuales.
- El presidente de
la Diputación de La Coruña/A Coruña, Diego Calvo Pouso, del Partido Popular,
tiene un sueldo de 71.593 euros brutos anuales.
- Trece directivos
de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.
- El Alcalde de
Leganés 103.000 euros anuales.
- Sueldo base de
directivos de grandes empresas públicas, 105.000 euros anuales.
- Directivos de
empresas públicas medianas un sueldo base máximo de 80.000 euros anuales.
- Y cuando entre en
vigor la nueva reforma, los directivos de las entidades financieras
intervenidas sólo podrán cobrar, los pobrecitos, 500.000 € al año. ¿Y no se
cuestiona el Sr. Floriano que cobren 500.000 € al año sin considerar la renta
familiar?
En una situación
económica como la de nuestro país el destino retributivo del dinero público no
puede tener tratamientos tan dispares ni tan injustos. El dinero usado para las
anteriores retribuciones nace en todo o en gran parte de los contribuyentes y
debería, por tanto, ser usado con criterios públicos y objetivos. Es preciso
aplicar un principio claro y único: con dinero público, salarios públicos.
Tanto en las empresas públicas, como en las empresas privadas que perciben
ayudas públicas, las retribuciones no deberían establecerse siguiendo las
mismas normas que rigen en la Administración Pública y, por tanto, no deberían superar
las máximas retribuciones que se perciben en las administraciones públicas. Y
al que no le convenga que deje el puesto que seguro que habrá alguien con, al
menos, tanta preparación como la suya para desempeñarlo y dispuesto a hacerlo
con un salario público.
El punto de partida
es fácil de encontrar: nadie debería poder percibir en este país y en estas
circunstancias un salario con origen en los fondos públicos superior al del
Presidente del Gobierno. No es posible ni tolerable que los más débiles sigan
siendo “los castigados” por la crisis. En vez de tanta “reforma” sectorial, de
tanto parche legislativo, el Gobierno debería de una vez abordar una reforma
global de los sistema retributivos cuando está por medio el dinero público y,
para ello, debería elaborar una Ley sobre Retribuciones Públicas. Por simple
lógica y elemental justicia. Que haya dinero público para pagar sueldos de
500.000 € anuales a los directivos de los bancos intervenidos y que no lo haya
para abonar la paga extra de los empleados públicos o los 400 € no lo entiende
nadie.
Santiago de Munck
Loyola