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viernes, 23 de octubre de 2015

Consecuencias de los "dedazos" del PP.


Para entender muchas noticias que afectan al Partido Popular y a sus representantes institucionales es necesario saber cómo funciona internamente. La designación de quienes han de ser elegidos como parlamentarios o concejales no depende de los cientos de miles de afiliados del PP. Su designación como candidatos se hace a través de Comités Electorales nombrados desde arriba que se limitan prácticamente a designar a los que desde arriba les señalan. No cuenta el mérito, ni la capacidad, ni, por supuesto, el respaldo de las bases del partido. Cuentan las amistades, las influencias y, en no pocos casos, el servilismo. Existe un fuerte déficit de democracia interna que es el que termina generando problemas y, a veces, escándalos. Buena prueba de ello, es la trayectoria política de un diputado autonómico de Madrid con el que hace años colaboré, José Cabrera Orellana. Se podría decir que es prototipo del arribismo y del amiguismo en el Partido Popular.

Hace unos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la renuncia al escaño del Diputado Popular en la Asamblea de Madrid, José Cabrera Orellana, tras 16 años como parlamentario, coincidiendo casualmente con la expiración del plazo dado a todos los diputados (el 15 de octubre) para que presentasen una declaración escrita describiendo todo el patrimonio que poseen. Según el Diario El País, Cabrera ha justificado su renuncia en que “no quiere poner en riesgo el vasto patrimonio que ha atesorado para él y sus hijos desde que arribó hace muchos años a Madrid procedente de su Extremadura natal” confesando que lo hizo “con una mano delante y otra detrás”.

El Diputado José Cabrera también fue objeto de atención por parte de los medios de comunicación en 2012 y no precisamente por su labor como parlamentario, prácticamente inexistente. En febrero de 2012, Metro de Madrid incorporó a su plantilla a un hijo del portavoz de Transportes del PP en la Asamblea de Madrid que casualmente era José Cabrera Orellana. Esta incorporación se hizo mediante un contrato "de relevo", como "subjefe de servicio" con un nivel salarial 3 y una retribución bruta anual de 46.000 euros. Y este fichaje tuvo lugar un mes después de que Metro redujera a la mitad su cúpula directiva y de que redujese a la mitad la composición de su Consejo de Administración dejando fuera a los representantes sindicales y de los usuarios.

También en 2012, José Cabrera fue objeto de críticas y denuncias por parte de grupos ecologistas por sus actuaciones en una parcela en Carabaña, junto al río Tajuña, en la que, ignorando la legislación, ajardinó toda la franja de policía y el dominio público hidráulico, arrasando el bosque y construyendo escolleras y un vallado para impedir el libre acceso al río.

¿Cómo llegó Cabrera a ser diputado autonómico del Partido Popular? Pues gracias al molino de la casa de Rodrigo Rato en Carabaña. En abril de 1994 Rodrigo Rato fue acusado por el alcalde de Carabaña, de Izquierda Unida, de haber desviado el agua del cauce del río Tajuña para llevarla al molino de su casa. A parte de muchas críticas, Rodrigo Rato recibió el apoyo de un vecino de Vallecas y veraneante en Carabaña que formaba parte del movimiento asociativo de la localidad, José Cabrera. Y este respaldo tuvo premio. En 1996, José Cabrera, comercial de venta de baterías, votante de izquierdas, sin experiencia ni formación política y recién afiliado al Partido Popular fue nombrado, nada menos, que Secretario de Pueblos del Partido Popular de Madrid.

Durante más de dos años colaboré, junto con dos concejales más de Rivas-Vaciamadrid, como asesor jurídico de los grupos municipales. Hay que destacar dos obsesiones de Cabrera en aquella época: de una parte que los miembros del equipo debíamos identificarnos como seguidores de Rato (“Cuanto mejor le vaya a Rodrigo mejor nos irá a nosotros”) y de otra que no debíamos poner el nombre del autor en los informes jurídicos que hacíamos, sino “Secretaría de Pueblos”. Eran épocas de etiquetas o te la ponías o te la ponían aunque no quisieras. Recuerdo que en una ocasión Cabrera me dijo “Santiago, no vales para la política porque eres un intelectual y aquí de lo que se trata es de vender”. Sin comentarios.

El caso es que en 1999, el converso Cabrera fue incluido en las listas del Partido Popular a la Asamblea de Madrid y así durante tres legislaturas más. Y de paso, Rodrigo le promovió para ser consejero de Bankia y de RTVE. Y en este tiempo pasó de ser comercial de venta de baterías a convertirse en “Técnico en Desarrollo Comercial y especialista en Mercado Internacional del Sector de Automoción”, ahí es nada, a ser dueño de seis empresas, por las que factura al año al menos 6,2 millones. Su esposa aparece además como administradora de las mercantiles Ecovega Máster y Mercabatería, cuyas ventas superaron entre 2011 y 2013 los ocho millones de euros. Las sociedades de Cabrera Orellana comparten domicilio social con las firmas de su mujer.

Es evidente, ante casos como éste, que el Partido Popular necesita una profunda reforma estatutaria para que los militantes tengan la capacidad de decidir quienes han de ser los candidatos en las instituciones y para controlar que su actividad parlamentaria y política sea la adecuada. Mientras siga primando el amiguismo, el compadreo, el padrinazgo y el nepotismo las instituciones públicas seguirán siendo un paraguas para medrar personalmente y un semillero de abusos. No es posible hablar de regeneración democrática de nuestro sistema si no se empieza por regenerar a los propios actores del mismo, es decir, a los partidos políticos. Y la mejor regeneración empieza por mayores dosis de democracia interna.

Santiago de Munck Loyola






martes, 14 de octubre de 2014

Todos tranquilos: No hay corrupción generalizada.


¡Menudo peso nos hemos quitado de encima los ciudadanos! El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es decir, el Ministro responsable de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado persigan los delitos, corrupción incluida,  no ve que haya corrupción generalizada, sino muchos casos simultáneos. Según ha declarado ayer el Ministro los casos de corrupción que están apareciendo son "del pasado",  pero que al salir "todos en el mismo momento da la sensación de un estado de corrupción generalizada que no se corresponde con la realidad del país". Y ha remachado estas declaraciones, efectuadas en los Desayunos de TVE, afirmando que se está viendo que "había mucha" corrupción y que "el estado de moralidad pública en el pasado no es el que debería haber existido". O sea, que podemos estar tranquilos porque la corrupción es y era cosa del pasado (seguramente por culpa de Zapatero) y lo único que pasa es que la coincidencia del descubrimiento simultáneo de diferentes casos hace que parezca que hay una corrupción generalizada, pero que no, que no es así: casos aislados, del pasado y ¡Oh coincidencia! que afloran a la vez.

O sea, a ver si se puede entender lo que dice o quiere decir el Ministro encargado de perseguir la corrupción. Casos de corrupción del futuro no pueden ser. Todavía nuestro ministerio del interior no ha llegado a la detección precoz de la corrupción. Casos de corrupción del presente parece que los obvia el Sr. Ministro. Es "el estado de moralidad pública en el pasado” (en estado comatoso al parecer) la causa de que se produjesen tantos casos de corrupción, en el pasado, y que ahora, en el presente, afloren y los conozcamos, causándonos una impresión de corrupción generalizada equivocada.

¡Menudo respiro! A lo que se ve la “moralidad pública” del presente debe ser impecable. ¿Será que los responsables de casos de corrupción del pasado han asumido una nueva moralidad y se están confesando públicamente, están haciendo propósito de enmienda y están realizando penitencia? ¿Será que bajo la “moralidad pública” recuperada están cantando de plano sus pecadillos y devolviendo la pasta trincada? Parece que el Sr. Ministro opina que sí.

El expolio del dinero de la Junta de Andalucía destinado a la formación de los parados con 33 cargos públicos socialistas imputados, la financiación ilegal de los partidos (por ejemplo de las campañas electorales del PPCV), la trama Gürtel, la fortuna de origen dudoso del clan Pujol en Cataluña, el caso Palau, la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña, el caso Brugal en Alicante, las imputaciones a la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, los pagos con dinero negro a la trama Gürtel realizados por José Ciscar, Mercedes Alonso, César Augusto Asencio, Miguel Peralta, Alfredo Castelló o Adela Pedrosa por citar sólo algunos de los que aparecen en el informe de la UDEF, el escándalo de las tarjetas negras de Bankia, los sobresueldos del Partido Popular, el caso Cooperación, el caso Palma Arena, el caso Rabasa en Alicante, el caso Emarsa y el largo etcétera que inunda los informativos es cosa del pasado y su conocimiento público, pura coincidencia.

Y por analogía ministerial, alguien debería explicar a la Organización Mundial para la Salud que en algunos países africanos no existe ninguna epidemia de Ébola, sino que se trata de la aparición de muchos casos simultáneos de la enfermedad. Así que todos tranquilos.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 5 de noviembre de 2012

Paro y desahucios: dos caras de la misma moneda.



Estos días se están cruzando dos noticias, dos datos íntimamente ligados que reflejan claramente la dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad: el aumento del paro y el incremento de los desahucios, causa y consecuencia, cara y cruz de esta crisis. Al respecto y en torno a las diferentes reacciones que ambos datos provocan, merece la pena hacer algunas reflexiones. 

El aumento del paro no da tregua alguna. Mes tras mes los datos siguen siendo malos, ya se analicen los de la EPA o los del paro registrado. Intentar vislumbrar signos esperanzadores en las ligeras variaciones que dichos datos puedan ofrecer no desvirtúa lo esencial, la persistencia de un auténtico drama social, la extensión de la pobreza, el mantenimiento de una tendencia destructora de las vidas de millones de españoles que han de afrontar el futuro en condiciones cada vez más penosas. En la Provincia de Alicante el paro ha subido un 1,51% durante el mes de octubre, 3.359 desempleados más lo que supone 225.796 personas sin empleo en la Provincia de Alicante. Son casi 44.000 los hogares alicantinos en los que no se percibe ningún ingreso, ningún subsidio o ayuda. La pobreza se sigue extendiendo inexorablemente. Y si utilizamos como dato de referencia la EPA las cifras aumentan notablemente. En paralelo, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios siguen creciendo de forma alarmante. Es verdad que un buque transatlántico, como la economía española, no se detiene, ni varía su rumbo de forma automática, sino que necesita un largo espacio para invertir el rumbo, pero no parece que las diferentes medidas adoptadas durante el último año hayan variado la inercia heredada, entre otras cosas, probablemente porque no están siendo todo lo correctas que debían haber sido. Una cosa está clara, las medidas hasta ahora tomadas no se corresponden con buena parte del programa y la filosofía política del PP. Más impuestos, supone menos consumo, más paro, más gasto social, más déficit y mayor deuda pública a acumular al inmenso agujero negro dejado por el PSOE.

Una de las consecuencias más dramáticas del creciente y prologado paro es la pérdida de la vivienda. Y en la inmensa mayoría de los casos no se trata sólo de que se pierda la vivienda, sino de que, además, el deudor permanece como tal durante años impidiéndole cualquier expectativa razonable para rehacer su vida. No está de más recordar que en el año 2011, los dos grandes partidos, PP y PSOE, se opusieron en el Congreso a tramitar una proposición de ley para que la deuda hipotecaria de las familias que no pudiesen hacer frente a sus obligaciones económicas con el banco pudieran ser saldada con la entrega de la vivienda, con la dación en pago. El nuevo Gobierno aprobó hace unos meses un código de buenas prácticas bancarias que sólo ha servido para paliar la situación de unas 800 familias mientras que han seguido su curso decenas de miles de procedimientos de ejecución bancaria. Este año, más de 150.000 familias habrán perdido su hogar y, además, seguirán endeudadas con el banco que se queda con su casa. Hace pocos días, un ciudadano se suicidó tras recibir la notificación del desahucio lo que ha servido desgraciadamente para poner el asunto en la agenda de los políticos.

Hoy, el PSOE, que el año pasado se opuso a la dación en pago “porque podría desestabilizar el sistema financiero”, ha anunciado a bombo y platillo una ofensiva publicitaria en toda España para presentar la iniciativa que ha planteado el Congreso para frenar los desahucios. La portavoz socialista de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Leire Iglesias, ha resaltado que la proposición de ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia pretende "cambiar la ley", porque "trata de mirar a las personas, se trata de un rescate de ciudadanos". Bonita frase, pero ¿por qué ahora sí y hace un año no? Y, como ahí no puede quedar la cosa, los socialistas, fieles a sus costumbres, se van a dedicar a presentar mociones en los Plenos de los Ayuntamientos que no tienen competencia alguna en la materia para utilizarlos, sin ningún tipo de escrúpulos, como simples cajas de resonancia política.

Por su parte, también hoy, la Secretaria General del PP, Mª Dolores de Cospedal ha subrayado que "hay que diferenciar" entre los bancos que lleven a cabo ejecuciones hipotecarias tras haber recibido ayudas del Estado de los que no han recibido dinero público, por lo que aboga por que los primeros den "un tratamiento distinto" a estas ejecuciones ya que "el dinero que les viene es público" y que hay "muchas cosas que se pueden hacer, no solo la dación en pago" para "limitar la sangría y el drama social" de los desahucios, y ha abogado por "trabajar en buscar vías que puedan flexibilizar esta situación". Pues bien, si hay que diferenciar entre los bancos que han recibido dinero público en el tema de los desahucios ¿por qué no extender esta “diferenciación” a otros ámbitos como el de las retribuciones de sus directivos? La realidad, al día de hoy, es que bancos sostenidos con dinero público, de los contribuyentes, están ejecutando las hipotecas de esos contribuyentes como cualquier banco y que sus directivos llegan a cobrar hasta 750.000 € anuales de ese dinero público. ¿Es moralmente aceptable? Claro que la dación en pago no es el único instrumento legal que puede ponerse en marcha, pero el tiempo sigue pasando y, hasta ahora, es la única propuesta socialmente aceptada encima de la mesa y ya está tardando el Gobierno en plantear soluciones rápidas y eficaces a este drama.

Se mire por donde se mire, los casi 500 desahucios diarios que se están produciendo en nuestro país son una drama colectivo y una inmoralidad absoluta, por muy legal que sean, que exigen una respuesta inmediata del conjunto de la clase política que no está, una vez más, a la altura de los retos de nuestra sociedad.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 29 de enero de 2012

Algunos se forran con nuestros impuestos.

Hoy, el diario El Mundo, publica un artículo sobre las retribuciones de los políticos o ex políticos en las instituciones financieras que no tiene desperdicio alguno. En la mayoría de los casos, se trata de instituciones financieras que han recibido o reciben ayudas económicas del Estado, es decir, que reciben dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos. La presencia de los políticos en estas instituciones, Bancos y Cajas de ahorro, sólo obedece a la participación estatutaria de las administraciones públicas en sus Consejos de Administración. Es decir, que los políticos encuentran acomodo en los Consejos de Administración o en los puestos de dirección no porque reúnan especiales conocimientos financieros sino porque cubren las cuotas de los partidos políticos, aunque se trate de auténticos ignorantes del mundo económico y financiero.

He aquí, algunos de los datos aportados:

     -         Rodrigo Rato: Presidente de Bankia, 2,4 millones de euros, sin contar la retribución variable.
-          José Luis Olivas: 1,6 millones hasta su cese en Bankia.

-          900.000 € Antonio Pulido, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          900.000 € Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica, sin contar la parte variable.

-          526.000 Moral Santín (BFA, Bankia y Caja Madrid).

-          Mercedes de la Merced: 429.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Jorge Gómez: 393.00 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Ricardo Romero de Tejada: 316.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Estanislao Rodríguez Ponga: 422.000 euros (Caja Madrid y BFA).

-          Virgilio Zapatero: 421.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Antonio Tirado: 409.000 euros (Bankia, BFA y Caja Madrid).

-          Carlos Egea: 456.000 euros (BMN).

-          Braulio Medel: 600.000 euros (Unicaja).

-          Antonio Jara: 278.000 euros (BMN).

-          Agustín González: 224.000 euros (Caja Provincial de Ávila y BFA).

-          José Antonio Asiain: 151.700 euros (Banca Cívica).

No están aquí todos los que son. Algunos, como el exalcalde de León, se han negado a facilitar sus datos al Banco de España acogiéndose a la Ley de protección de datos. Hay que tener en cuenta, además, que en algunos casos estas retribuciones se perciben simplemente por asistir a los Consejos de Administración, no por desempeñar funciones auténticamente directivas.

Es escandaloso e inmoral, se mire por donde se mire. Una empresa privada, con capital exclusivamente privado, puede fijar libremente las retribuciones de sus empleados y directivos. Pero éste no es el caso. Se trata de empresas que están usando dinero público, dinero que proviene de los impuestos de los ciudadanos. No tiene lógica alguna que el sueldo del Presidente del Gobierno, el máximo responsable del destino del dinero de los contribuyentes, ronde los 100.000 euros anuales y que el de estos señores, nutrido en parte con dinero público,  alcance niveles tan escandalosos.

Habrá quien lo justifique apelando a la “enorme responsabilidad” de estos señores en el manejo de tanto dinero y a otras estupideces. Pero más responsabilidad acumula el Presidente del Gobierno o el cirujano de la seguridad social en cuyas manos se depositan, no ya capitales, sino vidas humanas y no ganan esas cantidades ni por asomo.

Las administraciones públicas tienen regulado por Ley las retribuciones que perciben los que en ellas trabajan. Tratándose de dinero público no existe arbitrariedad en la asignación de las retribuciones. La misma regla debería aplicarse a toda aquella entidad que perciba dinero público para su funcionamiento: si una empresa, sea financiera o no, recibe ayudas públicas las retribuciones de su personal deberían seguir las mismas reglas y niveles que las  que corresponden a las administraciones públicas. Así de fácil, de sencillo, de lógico y de claro. Hay empresas en nuestro país que sobreviven exclusivamente gracias al dinero público y, sin embargo, no existe una limitación, ni reglamentación a la hora de determinar las retribuciones de su personal.

Esto tiene que acabar. No es posible que se suban los impuestos a los ciudadanos para que, mientras tanto, una élite de ex cargos políticos “se forre” con el dinero proveniente de esos mismos impuestos. No hace mucho alguien abogaba por la casilla en la declaración de la renta para investigación. Puestos a ello, habría que proponer la casilla para no dar un duro a empresas y entidades cuyos directivos tengan semejantes salarios. Con mis impuestos, no. O, mejor, directamente la objeción fiscal. Un servidor, al menos, sabe que no les paga dos veces por lo mismo: se lo llevarán de mis impuestos, pero no de mi cuenta porque a estas entidades ni un céntimo.

Santiago de Munck Loyola

martes, 5 de julio de 2011

El Sr. Valeriano Gómez y sus impuestos especiales.

El verano es una época del año especialmente favorable para la aparición de noticias un tanto especiales. Muchos medios de comunicación aprovechan la sequía informativa para desempolvar viejas historias o para subrayar determinados eventos que en otro momento habrían pasado desapercibidos. En otros casos, son determinados políticos los que aprovechan el hueco para lograr cierta notoriedad lanzando propuestas, globos sondas o realizando intervenciones que carecen de calado y de rigor.

Parece un poco pronto para ello considerando las fechas en las que estamos, pero lo cierto es que la propuesta lanzada ayer por el ministro de trabajo Valeriano Gómez de crear un impuesto especial para directivos de banca parece encajar en las noticias propias del verano.

Cualquiera habría pensado que D. Valeriano, experto en liquidaciones y desguaces, encajaba perfectamente en el esquema zapateril sobre empleo y que su paso por el Ministerio de Trabajo aportaría un mínimo de rigor y seriedad, pero parece que no es así. Será cosa del calor o del color político del Ministro, no se sabe, pero su propuesta veraniega es un disparate, una tomadura de pelo y, quizás, un guiño a los ex-acampados del 15-M.

Puestos a poner impuestos especiales quebrando toda clase de principios jurídicos y de garantías legales de los contribuyentes ¿por qué no poner un impuesto especial a quienes perciben una pensión mensual de 24.000 € tras sacudir los bolsillos de los ciudadanos con el canon y la Ley Sinde? ¿Por qué no un impuesto especial a los agentes de bolsa, a los directivos de empresas constructoras, a los fabricantes de armas, a los directivos de RTVE, o simplemente a los notarios? ¿Qué criterio hay que usar para crear un impuesto especial? ¿No sirve ya el IRPF en el que los parlamentarios gozan de excelentes privilegios? ¿No sería mejor, más eficaz y más justo suprimir las SICAV?

La peregrina y ministerial idea es una tomadura de pelo, un engañabobos y una hipocresía. El mismo Gobierno que permite que los directivos de las Cajas de Ahorro perciban en estos tiempos de crisis escandalosas retribuciones como las del Sr. Rato (10,5 millones de euros anuales) propone ahora un impuesto especial para directivos. Lo cierto es que el Sr. Rato cuya preparación y solvencia política están fuera de duda se convierte en directivo de Caja Madrid y de Bankia merced no a su carrera profesional dentro de la entidad financiera, sino a su trayectoria política. Y no es el suyo el único caso de políticos en la cumbre del poder financiero. A la peculiaridad de sus méritos se une el hecho de que se trata de entidades con carácter público y nutridas de ayudas y fondos públicos, provenientes de los impuestos de los españoles. De ahí que esas millonarias retribuciones sean más que cuestionables y de ahí la necesidad de que el Gobierno, en lugar de andar lanzando propuestas pintorescas, legisle lo necesario para impedir que los directivos de entidades sostenidas con fondos públicos, sean bancos, cajas o entidades como la SGAE, perciban retribuciones propias del ámbito privado. No tiene lógica que la Ministra de Economía y Hacienda gane 30 ó 50 veces menos que los directivos de las entidades a las que debe sostener y regular. El dinero público, lo gestione la administración o un banco, sigue siendo de los contribuyentes y debe ser tratado con el mismo rigor en cualquier caso. Impidan que con dinero público se cometan estos abusos y sobrarán impuestos especiales, aunque con ello pierdan la ocasión de entretener al personal con majaderías.

El Sr. Valeriano Gómez no tiene precio como liquidador. Ha terminado por hacer desaparecer cualquier atisbo de rigor intelectual y de seriedad en su ministerio.

Santiago de Munck loyola