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miércoles, 5 de octubre de 2016

Y, a pesar de todo, terceras elecciones.


Tras el entretenido y vergonzoso espectáculo que los socialistas han ofrecido este fin de semana a los españoles y a pesar de los cambios surgidos del mismo en el seno del PSOE, el fantasma de unas terceras elecciones generales no ha desaparecido del horizonte. Es evidente que la radicalidad de Pedro Sánchez y de su equipo solo llevaban a una alternativa: o gobierno del “cambio”, es decir, gobierno socialista con el populismo e independentistas o terceras elecciones, es decir, la constatación del fracaso de una clase política egoísta y sectaria a más no poder. Pero no sería justo achacar en exclusiva al defenestrado líder socialista la responsabilidad de esa posición imposible porque se trata de una responsabilidad compartida por el conjunto de una organización que desde hace tiempo ha ido alejándose del centro político y de la moderación para instalarse en los campos de la radicalidad. Un PSOE podemizado, tal y como acaba de declarar el presidente de la nueva gestora socialista, para el que todo valía y de la mano de quien fuera con tal de arrebatar cuotas de poder local o autonómico.

La organización socialista, como la popular cuando tocaba, ha evitado exigir responsabilidades políticas a su dirección y solo a última hora algunos han echado mano de ello para recordar que un político que ha cosechado seis derrotas electorales durante su corto mandato y que elección tras elección va empeorando los resultados electorales de su partido debería haber asumido responsabilidades y haber presentado su dimisión. Tarde se han atrevido a decir en voz alta lo que en cualquier democracia consolidada es una norma básica y ello, como es lógico, ha sido interpretado por muchos ciudadanos como una simple excusa. Es, cuando menos llamativo, que hasta el mismo día en que Felipe González no cargó contra Pedro Sánchez no se desató la tormenta que ha acabado con Pedro Sánchez y su equipo. Felipe González ha evitado, entre otras cosas, que el Rey se viera abocado a proponer a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia con un acuerdo bajo el brazo suscrito con Podemos que defiende el derecho a la autodeterminación y los independentistas. Menudo papelón habría tenido que asumir el Rey.

La nueva dirección socialista sigue transmitiendo un mensaje imposible, un mensaje que por mucho que pretendan no cuadra: NO a la investidura de Rajoy + NO a terceras elecciones + NO a un gobierno apoyado por independentistas. Las tres posiciones a la vez no son posibles, son incompatibles y lo saben. Es verdad que modificar el primer NO requiere tiempo, pero el principal problema es que éso es precisamente lo que no hay, tiempo. Y el segundo NO está íntimamente ligado a que se sustituya el primer NO por una abstención en la investidura del candidato popular.

Por su parte, en el Partido Popular conscientes de que el PSOE, dividido y sin candidato,  no puede permitirse ahora ir a unas terceras elecciones están dispuestos a subir el listón. Ya no quieren una simple abstención socialista, ahora reclaman cierta estabilidad para poder aprobar los próximos presupuestos y ciertas leyes. Se han hartado a decir que lo último que querían era unas terceras elecciones, que esas elecciones nos expondrían al ridículo internacional, etc. Y ahora, visto como está el PSOE y con un ojo puesto en algunas encuestas, parece que ya no les desagrada tanto esa posibilidad. No cabe la menor duda de que cambiarán el discurso como están cambiando la Ley Electoral. Dirán con toda seguridad que lo que en agosto les parecía de perlas, la abstención del PSOE, ahora es insuficiente porque no les garantiza la gobernabilidad, echarán mano de la imprescindible estabilidad y nos llevarán a esas terceras elecciones generales que, se supone, nunca han querido.

Deberían tener en cuenta, antes de aventurarse a ello, que las elecciones las carga el diablo y que, a la luz de las encuestas, podrán arañar diez escaños más si es que el calvario judicial que les toca no lo impide, pero con toda seguridad conseguirán que la oposición esté encabezada por un crecido Pablo Iglesias, cada vez más engreído y prepotente, que tras haberse comido y digerido a Izquierda Unida se comerá otra buena porción de voto socialista. ¿Es éso lo que le conviene a España? Como se dice ahora, si el PP fuerza esas terceras elecciones, si cree que es bueno para España hacerlo debería hacerselo mirar.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 15 de mayo de 2014

¿Un Gobierno PP-PSOE?


Las coincidencias y las casualidades no suelen existir en política. Y no debe ser una simple casualidad que importantes políticos de nuestro país, unos en activo y otros en presunto retiro, unos de izquierdas y otros presuntamente de derechas, coincidan en sus declaraciones públicas sobre un asunto de la máxima trascendencia. Con pocos días de diferencia hemos escuchado a diferentes dirigentes políticos hablar sobre la posibilidad de constituir un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE condicionado, eso sí, a que el interés de España así lo requiera. El primero en abrir el melón fue el candidato popular al Parlamento europeo, Miguel Arias Cañete. Después lo hizo el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en una entrevista en la Secta, perdón La Sexta. Más tarde le tocó el turno al propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que además matizó que sería contando con el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Y, después, otros políticos como Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho el coro trasladando a los ciudadanos exactamente el mismo mensaje.

Una gran coalición de este tipo es bastante normal en una nación como Alemania cuya cultura política está a años luz de la nuestra y cuya clase política posee un patriotismo y un concepto muy diferente al de nuestros políticos de lo que es el interés nacional. Pero no es el caso español. A lo largo de los últimos treinta años, el interés general de España, el interés nacional ha estado en grave riesgo y un mínimo de sentido de Estado entre nuestra clase política habría conducido necesariamente al acuerdo entre los dos grandes partidos e incluso a la constitución de un gobierno sustentado en una gran coalición. Tras el golpe de estado del 81, tras la matanza del 11-M o al inicio de la profunda recesión económica que padecemos, por citar tres ejemplos evidentes, nuestra clase política habría dado un gran ejemplo y habría mostrado una gran altura de miras y de patriotismo si hubiese sido capaz de aparcar sus mezquinos intereses partidistas y de formar una gobierno sustentado por los dos grandes partidos en beneficio del interés general de España. Pero nunca ha sido así. Ni la sangre de los centenares de víctimas del terrorismo, ni el ataque a nuestras libertades, ni las penurias de millones de españoles ocasionadas por la incapacidad de la propia clase política han sido suficientes para que aflorase un mínimo de generosidad entre nuestros dirigentes políticos. Por ello, estos mensajes, estos “globos sonda” son especialmente extraños y encubren posiblemente una grave situación que nos ocultan.

¿Es necesario un Gobierno PP-PSOE cuando el actual Gobierno se sustenta en una sólida mayoría absoluta? O ¿acaso no es tan sólida? ¿Es casual que Felipe González formule también su propuesta tras haberse reunido con el Rey?

¿A qué obedece, por tanto, esta repentina coincidencia entre PP y PSOE sobre la posibilidad de constituir un Gobierno de coalición entre ellos? Puede haber muchas explicaciones para este repentino cambio de actitud. Dos problemas podrían estar detrás de esta súbita conversión. El primero de ellos es el desafío independentista catalán. Todo parece indicar que los independentistas están dispuestos a llevar su amenaza rupturista hasta el final, confiados, posiblemente, en una actitud meliflua y débil del actual gobierno que se arrugaría ante hechos consumados. En ese hipotético contexto, el PP podría estar buscando el respaldo y la corresponsabilidad de los socialistas para no quedar solo ante el peligro, es decir, para no asumir en solitario las obligaciones y responsabilidades que los españoles le hemos otorgado con una mayoría absoluta. Con los precedentes socialistas en materia territorial (“aprobaré lo que el parlamento catalán decida”) no sería de extrañar que el PP estuviese intentando ponerse la venda ante de recibir otra pedrada del PSOE. Claro que esta explicación quiebra cuando a la idea del gobierno de coalición se suma Felipe González, salvo que vaya ya por libre, ya que la experiencia histórica demuestra que no hay asunto por grave que sea que los socialistas no estén dispuestos a usar con tal de derribar al PP.

El segundo problema que podría estar aglutinando voluntades de socialistas y populares es el proceso de descomposición del sistema político que ha empezado a erosionar a ambos partidos y que está reduciendo notablemente la base electoral de ambos que ha pasado de un 80 % a poco más del 50 % en conjunto. El distanciamiento de su tradicional electorado, junto con el clima de rechazo y la desafección hacia una clase política anclada en sus privilegios y reacia a promover la regeneración democrática del sistema podrían ser la explicación de este repentino ataque de amor entre PP y PSOE. Juntos podrían parapetarse en el corazón de las instituciones y esperar a que amaine una tormenta política que podría acabar como en Italia, arrasando al sistema tradicional de partidos.

En todo caso sea cual fuere la causa, casi con seguridad puede establecerse que no se trata del interés general de España, sino más bien los intereses partidistas que, debidamente envueltos en la bandera, podrían ser presentados como una justificación de altos y nobles ideales. Los votantes de centro derecha han podido constatar como su voto ha sido traicionado estos últimos tres años y como ha sido utilizado para el desarrollo de políticas impropias de una formación política de centro derecha. Y todo parece indicar que so pretexto del interés general, manipulando los sentimientos más sensibles del españolismo, algunos quieren volver a hacerlo, quieren usar esos votos para formar un gobierno con los socialistas sin explicar por qué. Con ello intentarán arrinconar a las nuevas formaciones políticas emergentes que se han levantado para intentar regenerar nuestro sistema político y para poner por delante los programas y principios que nunca debieron ser traicionados. Estas curiosas declaraciones, estas apelaciones a la posibilidad de un gobierno de coalición si es que ponen una cosa en claro para el votante de centro derecha es que la alternativa para que no sigan manipulando y traicionando su voto es dárselo a VOX en las próximas elecciones europeas. No hacerlo podría servir para aplaudir la formación de ese posible gobierno de coalición.

Santiago de Munck Loyola



martes, 15 de enero de 2013

¡Bien por Esperanza!



Escuchando hoy a algunos comentaristas políticos, presuntamente progresistas, se deduce que según ellos para dedicarse a la política hay que ser funcionario o millonario. Muchos de ellos andan aún rasgándose las vestiduras porque Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha abandonado su puesto de funcionaria al que se había reincorporado tras su dimisión como Presidenta Regional para empezar a trabajar en una empresa privada, Seeliger y Conde. Y parece ser que a estos señores les parece muy mal que Esperanza Aguirre trabaje para una empresa privada que, por cierto, no está en absoluto relacionada con las administraciones públicas, mientras conserva su puesto de Presidenta del partido Popular de Madrid, un puesto de carácter interno. Y ¿por qué? Pues sinceramente se mire por donde se mire no parece haber ninguna razón que justifique este rechazo, no hay ni incompatibilidad legal ni ética, para ello y tan sólo se puede intuir con el fondo lo que subyace es una inquina y una fobia política tan furibunda como rancia. De este rechazo y condena habría que entender que sólo se puede ocupar un puesto de responsabilidad en una organización política si uno tiene aseguradas las lentejas o porque es rico y no necesita trabajar o porque su sustento está garantizado por un salario público. Increíble, pero cierto.

Y lo que más llama la atención de estos adalides de la moralidad progresista es su sepulcral silencio en torno a la tradicional práctica de nuestros políticos cesantes de situarse en consejos de administración de empresas privadas o públicas o en instituciones inoperantes como el Consejo de Estado para llevárselo “calentito”. A estos señores, visto su silencio, les debe parecer de perlas como muchos de nuestros políticos cesantes cobren astronómicas cuantías por sentarse en Consejos de Administración de empresas cuyos ingresos y desarrollo ha dependido en buena medida de las decisiones políticas que ellos adoptaban cuando ejercían el poder. Ahí no ven reparo, ni incompatibilidad ética o legal ninguna. Si Esperanza Aguirre hubiese querido ocupar el puesto que le correspondía en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid como ex presidenta regional, como Joaquín Leguina, y percibiese por tanto unos buenos ingresos por ello ¿les parecería bien a estos críticos? Pues no, Esperanza, no lo ha hecho ahorrando con ello unos cuantos millones a los contribuyentes.

Otros políticos optaron por caminos muy distintos, muchos de ellos han recalado en el Consejo de Estado, por ejemplo, y otros han terminado en Consejos de Administración de empresas que en su día fueron afectadas por sus decisiones políticas. Ahí tenemos el caso de Felipe González presente en los consejos de administración de las 35 mayores empresas españolas. José María Aznar fue contratado por Endesa (en su caso en calidad de asesor externo). 

Hay más de una decena de ex ministros que ocupan buenos sillones directivos: Marcelino Oreja  en FCC, Luis Carlos Croissier  en Repsol, Javier Gómez Navarro  en Técnicas Reunidas, Miguel Boyer y Ángeles Amador  en Red Eléctrica, Ángel Acebes  en Iberdrola, José Borrell en Abengoa etc. Y cualquiera puede preguntarse ¿por qué están en estas empresas? ¿Cómo pago de favores recibidos? ¿Por agradecimiento? ¿Para utilizar sus influencias ante las administraciones públicas? ¿O por sus excelentes y hasta hace poco desconocidas cualidades profesionales y empresariales?

No es creíble este doble discurso: el silencio ante estos casos y el grito en el cielo por la decisión de Esperanza Aguirre. Como en tantas ocasiones, se ha abierto una falsa polémica con poca base y más bien sustentada en fobias ideológicas que en argumentos sólidos e inteligentes. Bien por Esperanza. Ha tomado una sabia decisión, buena para ella y buena para los contribuyentes. Y ojala cunda su ejemplo.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 12 de enero de 2011

AZNAR Y GONZÁLEZ: IMAGEN DE UNA MISMA CLASE POLÍTICA.


Hace pocas horas ha sido noticia el “fichaje” de José María Aznar como asesor de la compañía eléctrica Endesa por 200.000.- € brutos anuales. Se trata de una nueva actividad del ex Presidente del Gobierno que se viene a añadir a otras actividades privadas que viene desempeñando desde que abandonó el poder en 2004. Hace menos de un mes, otro ex Presidente, Felipe González, era noticia por haber “fichado” por la empresa energética Gas Natural Fenosa, como consejero independiente de la sociedad, percibiendo por ello 126.500 euros brutos anuales. Se trata también de una nueva actividad privada a añadir a otras que viene desempeñando.
Es público que ambos ex Presidentes perciben, gracias a estas actividades privadas, sustanciosos ingresos económicos. Puede ser discutible la conveniencia e idoneidad de algunas de estas actividades, pero desde el punto de vista legal no hay nada reprochable en ellas.

Pero ambos ex Presidentes, al margen de los enormes ingresos económicos generados en sus actividades privadas disfrutan de sendas pensiones vitalicias pagadas por todos los contribuyentes. En el caso de Felipe González su pensión vitalicia es de 90.000 euros brutos anuales. En el caso de José maría Aznar su pensión vitalicia es de 60.000 euros brutos anuales. Ambos tienen secretaria, asistente y escolta personal con cargo a los presupuestos generales del Estado.

También gozan de pensiones vitalicias algunos ex Presidentes autonómicos con cantidades que varían entre los 40.000 y los 90.000 euros brutos anuales.

Cuando estas pensiones vitalicias se perciben en un régimen de absoluta compatibilidad con otros ingresos provenientes del ámbito privado, no queda más remedio que plantearse qué finalidad tienen estas pensiones vitalicias y, sobre todo, qué compatibilidad ética y moral con el conjunto de un sistema de pensiones públicas como el que tenemos.

Es evidente que cuanto más alto sea el puesto desempeñado por un político más fácil es su reincorporación al mercado laboral. Los contactos y la agenda generada en los años de poder abren muchas puertas cerradas para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Por tanto, terminada la etapa de gobierno, la concesión de una pensión vitalicia sólo puede ser entendida como una salida para evitar que se inicie una andadura profesional al amparo de las relaciones generadas en los años de gobierno, objetivo, por lo demás, de carácter más que saludable para la higiene democrática. Pero, si no existe incompatibilidad legal alguna entre la percepción de una pensión vitalicia y el ejercicio de actividades profesionales privadas entonces no hay razón alguna que justifique su existencia.

En cuanto al encaje moral y ético de este tipo de pensiones en el sistema público de pensiones no puede haber duda alguna: no existe. Basta para ello comprobar el panorama existente en el país para sostener esta afirmación. El sistema que soporta estas millonarias pensiones vitalicias es el mismo sistema que abona a los ciudadanos pensionistas una media de 874,97 euros al mes, cifra de enero de 2010. Es el mismo sistema que paga una pensión mínima de 587,80 euros al mes y máxima de 2.466 euros al mes. Es el sistema que abona 587,80 euros al mes a las viudas mayores de 65 años. Es el sistema de previsión pública que sólo puede abonar a los pensionistas del SOVI por vejez, invalidez o viudedad 375,70 euros mensuales.

Es el sistema de previsión de un país en el que el 20,8% de la población está por debajo del umbral de pobreza relativa, cifra que en 2009 se situaba en el 19,5%; de un país en el que tres de cada 10 hogares manifiestan llegar a fin de mes “con dificultad” o “mucha dificultad”, según los datos resultantes de la publicación provisional de la ECV del INE que ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2009.

Estas son algunas de las cifras reales que describen el panorama, el estado de una sociedad que, curiosamente, sí tiene recursos para pagar pensiones vitalicias millonarias.

Parece que en estas cuestiones no hay color político, pero sí una clase política que comparte privilegios al margen del estado de la nación. Habrá quien argumente que esto es demagogia y que suprimiendo los privilegios de la clase política no se resuelven los problemas sociales de los ciudadanos. Y puede que sea cierto. Pero es evidente que desde una perspectiva ética y moral, la clase política no puede servirse de los ciudadanos, ni acogerse de forma permanente a privilegios fiscales, económicos y sociales que la aleja de la vida real que sus representados viven. O la clase política empieza a dar ejemplo o habrá que reemplazarla.

Es posible que en un futuro no muy lejano Iberdrola cuente con Zapatero como asesor. Será una excelente señal.


Santiago de Munck Loyola