En estos días es noticia la expulsión de Francia de cientos de gitanos rumanos. La decisión del Presidente francés ha levantado toda clase de comentarios y declaraciones y son especialmente relevantes las protagonizadas por la izquierda europea y las de los defensores de los derechos humanos que no sólo condenan sin paliativos la actuación de Sarkozy, sino que, además, le han regalado toda clase de improperios, insultos y descalificaciones.
Es de suponer que la decisión presidencial se ha tomado conforme al ordenamiento jurídico francés, como no podría ser de otra forma, pero parece que esta decisión podría colisionar con la libre circulación de las personas en los territorios que forman parte de la Unión Europea, libre circulación consagrada en los diferentes tratados de la Unión. Rumania es ya un estado de la Unión y, por tanto, sus ciudadanos, con independencia de la etnia a la que pertenezcan, pueden circular libremente por los territorios de la Unión. Otra cosa bien distinta es que los ciudadanos comunitarios en sus desplazamientos por la Unión deban someterse y adaptarse a las legislaciones nacionales de los países por los que transitan o se instalan. Y aquí es donde en principio podría estar la razón de esta decisión francesa.
Hace poco más de diez años, más de cien gitanos rumanos se instalaron en Rivas-Vaciamadrid. Lo hicieron a unos 300 metros del despacho del Sr. Alcalde, entonces Fausto Fernández de IU, en los terrenos del antiguo matadero, unas ruinas peligrosas rodeadas de basura y plagadas de rata. Se trataba de decenas de familias rumanas con multitud de niños. Durante meses vivieron en condiciones infrahumanas sin más ayuda que la prestada por algunos vecinos y asociaciones.
Durante los meses que malvivieron en Rivas-Vaciamadrid su presencia despertó los recelos y temores de los vecinos del Casco Urbano pero no despertaron los instintos solidarios ni del Sr. Alcalde ni de su organización política. El Ayuntamiento ripense contaba entonces con muchos recursos económicos pero el Gobierno Municipal no adoptó ni una sola medida para tratar de integrar o ayudar a los nuevos e incómodos vecinos. De un Gobierno de izquierdas, presuntamente solidario y progresista, se podría haber esperado una acción decidida para erradicar esa marginalidad mediante programas de integración o, siendo mucho más modestos, simplemente una atención específica para escolarizar a las decenas de niños que allí malvivían. Pues no, nada de eso ocurrió. Lo que decidió Fausto Fernández y su Gobierno Municipal (IU-PSOE) fue, ante la proximidad de las elecciones, negociar con los cabecillas del poblado y llegó al siguiente y sorprendente acuerdo: les entregó sus coches que habían sido retirados de la circulación por diferentes deficiencias y les entregó 50.000 Ptas. por familia con la condición de que se marchasen inmediatamente. Y así lo hicieron los gitanos rumanos. Se fueron. Dos días después uno de los niños del campamento gitano murió atropellado en la sierra madrileña.Está claro que la decisión francesa de expulsar a los gitanos rumanos tiene un elocuente antecedente en la política social y de inmigración de IU de Rivas-Vaciamadrid. Por cierto, hasta el día de hoy no se ha escuchado ni una sola voz de condena de estos hechos por parte de la progresía ripense, madrileña o española.
Santiago de Munck Loyola
