Aguas de Alicante sube ilegalmente la tarifa del agua potable un 14,5% y el servicio de alcantarillado hasta un 950% en Monforte del Cid.

COMUNICADO DEL PAR.

8-2-2023.

El Boletín Oficial de la Provincia de Alicante N.º 26 de fecha 07/02/2023 publicó la “Modificación de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado, conservación de contadores, contratación y reposición en Monforte del Cid”. Esta modificación, según esta publicación, se justifica así “De conformidad con lo dispuesto en el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid…”.

Sin embargo, el contrato mixto de concesión de la gestión integral del servicio municipal de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y obra pública del municipio de Monforte del Cid fue anulado en la Sentencia N.º 717/2020 de fecha 9-9-2020 de la Sala Quinta del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA en la que se falla lo siguiente:

“1.- ESTIMAR el recurso de apelación que Aguas de Valencia S.A. ha presentado contra la sentencia 775/2018, de 28 de diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Alicante (proceso 377/2017). El Juzgado no accede a la pretensión de invalidez jurídica que la sociedad apelante formuló contra una decisión, de 2 marzo 2017, del Pleno del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Esta decisión acuerda:

"Primero. Aprobar el expediente de contratación sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la concesión del Servicio Público de Agua Potable y mantenimiento del Alcantarillado, así como de Concesión de Obra Pública convocando su licitación".

"... Tercero. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato".

2.- REVOCAR esta decisión judicial.

3.- ANULAR el acuerdo de dos marzo 2017, al contrariar el ordenamiento legal aplicable. También quedan afectados por la invalidez la adjudicación del vínculo y el contrato firmado con el óptimo contractual”.

A pesar de ello, AMAEM con la aquiescencia del Gobierno Municipal de IU de Monforte del Cid ha aprobado una escandalosa subida de tarifas del 14,5 % que afectan al abastecimiento de agua potable, a la conservación de contadores, a la contratación y reposición del servicio. Y lo que es más escandaloso aún es el incremento de las tarifas por el servicio de alcantarillado que oscilan entre el 225% y el 950 % según el diámetro del contador.

A juicio del Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid “estas escandalosas subidas responden a la necesidad de AMAEM de tratar de amortizar el sobreprecio de más de 1,5 millones para gastos generales que pactó con el Gobierno Municipal tripartito de IU, PSOE y C’s para hacerse con la adjudicación y que está denunciado ante la Agencia Valenciana de Anticorrupción. Pero, es que, además, estas subidas carecen de respaldo jurídico pues, tal y como se enuncian en el BOP, se hacen de conformidad con lo dispuesto en un contrato que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en septiembre de 2020. Es evidente que la alcaldesa comunista y su Gobierno Municipal no miran por los consumidores, sino por los intereses de las poderosas empresas y por los suyos propios, porque no hay otra manera de interpretar su falta de oposición y de denuncia a este abuso del monopolio del agua”.

UNA “ESTAFA” POLÍTICA CON EL AGUA POTABLE.

En ocasiones y sobre todo cuando examinamos decisiones políticas parece que el sentido común brilla por su ausencia. En otras, da la sensación de que resulta indiferente que gobierne la derecha o la izquierda porque a la hora de tomar decisiones ni la ideología, ni los principios, ni tan siquiera el sentido común se vislumbran por sitio alguno y, menos aún, cuando don dinero anda por medio.

Vayamos por partes. Cuando tenemos que tomar decisiones cotidianas como qué televisor comprar, qué colegio elegir para nuestros hijos o qué ropa adquirir nos basamos en el sentido común y el sentido común nos señala que hay que escoger la mejor relación posible entre la calidad del producto o servicio y el precio. ¿Ocurre lo mismo cuando las decisiones las toman los políticos? Pues lamentablemente en muchos casos no es así. Recuérdese, por ejemplo, el famoso Plan E del Sr. Zapatero en el que se dilapidaron miles de millones de euros en obras, muchas de las cuales fueron inútiles. Baste citar, por ejemplo el aeropuerto de Huesca, que costó 40 millones de euros y recibió 1 pasajero cada cuatro días durante el año 2016. Y así con otras 30 infraestructuras que costaron un total de 6.000 millones de euros. ¿Sentido común? Evidentemente no. Pero no hace falta remontarse tanto en el tiempo ni ceñirse al Estado. 

 ¿Tiene sentido común que un pequeño ayuntamiento como Monforte del Cid, con apenas 8.000 habitantes, en vez de reponer los contenedores de residuos deteriorados se gaste decenas de miles de euros en sustituir todos los existentes por otros más pequeños y que en el plazo de dos años no servirán por no ajustarse a la normativa?

Pues no, no hay sentido común en esa decisión, aunque quizás si exista tras la misma algún interés concreto.

Tampoco parece que la ideología del gobernante sirva para explicar determinadas decisiones que adoptan a la hora de gestionar el dinero público, nuestro dinero. Nos hemos acostumbrado a identificar a la izquierda con la gestión pública de los servicios públicos y a la derecha por preferir la gestión privada de determinados servicios públicos. Sin embargo la realidad es distinta. ¿Qué explica, por ejemplo, la decisión de un gobierno municipal de izquierdas, como el de Monforte del Cid, de privatizar servicios esenciales como los servicios jurídicos municipales? ¿Qué razón se esconde para que este Ayuntamiento bata records con la contratación de falsos autónomos para el desempeño de trabajos que deberían ser cubiertos por funcionarios públicos? Y en este caso hablamos también de decenas de miles de euros anualmente. No parece que sea por motivos ideológicos, ni por sentido común.

Y si intentamos acudir a los principios políticos que entonan muchos gobernantes para tratar de marcar su sesgo político distintivo, entonces, apaga y vámonos. Hablan de transparencia, de participación, de honestidad, de defensa de los más débiles o de adalides del medio ambiente y, en la mayoría de las ocasiones, ni rastro de esos supuestos principios a la hora de gestionar el dinero público.

Ni acudiendo al sentido común, ni a la ideología, ni a los principios se encuentra una justificación razonable para explicar el caso del rimo del agua potable en el Ayuntamiento de Monforte del Cid. Veamos. El suministro de agua potable y la prestación del servicio de alcantarillado son dos competencias básicas de cualquier Ayuntamiento. En la mayoría de los casos, las administraciones locales deciden prestar dichos servicios de forma indirecta, es decir, mediante concesión administrativa. El agua potable es un bien de primera necesidad que es objeto de protección y ordenación jurídica incluso a nivel internacional. No es un bien sobre el que una administración pública pueda o deba especular para obtener beneficios económicos. Sin embargo la realidad es muy distinta gobierne la derecha o la izquierda. Tras dos intentos fallidos por prosperar recursos judiciales de adjudicar el contrato con el ciclo integral del agua, es decir, comprendiendo el suministro del agua potable y la red de alcantarillado, en 2015 el gobierno de Izquierda Unida y sus socios en Monforte del Cid decidió volver a licitar dicho concurso.

Volviendo al inicio de este artículo cualquier persona normal y decente pensaría que la forma de adjudicar dicho contrato para un período de 25 años sería hacerlo a la empresa que hiciese la oferta con una mejor relación entre calidad y precio. ¿Precio? Sí, pero no como cualquier persona normal y decente podría pensar. El precio es el canon que la empresa ganadora debería pagar a Ayuntamiento para prestar el servicio en su nombre. Contra toda lógica, tanto el PP con anterioridad como la izquierda ahora, la preferencia a la hora de adjudicar es la empresa que preste el servicio más caro, la que pague un canon más alto al Ayuntamiento. En resumen, obtiene el contrato la que cobre más caro por suministrar el agua potable. Y ello es así, porque la empresa adjudicataria cobrará el canon que paga al Ayuntamiento a los consumidores, en sus recibos del agua. Un negocio redondo para el Ayuntamiento: a cambio de adjudicar el servicio recibe el canon, una forma de préstamo que no tiene que devolver el Ayuntamiento, sino los consumidores que se ven sometidos así a una doble “fiscalidad” sobre un bien de primera necesidad como es el agua potable. Como se ve, da igual la derecha o la izquierda en este caso. Ambas han especulado con el agua. Pero en la adjudicación del año 2017 realizada por IU, PSOE y tránsfugas se ha ido más lejos, se ha vulnerado el Código Penal porque se ha amañado el concurso para que resultase adjudicataria la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante. La Alcaldesa y el asesor de la misma negociaron con los directivos de AMAEM para incrementar el canon prestablecido de 3.500.000 euros en un 1,5 millones de euros de más de modo que el concurso se adjudicó por 5.000.000 de euros. Casi nada. 5 millones que los consumidores pagarán religiosamente en sus recibos hasta que AMAEM los recupere. Así de sencillo y así de claro. La izquierda se ha convertido en una máquina especuladora sobre un bien de primera necesidad, como el agua, superando con ello al PP y pasándose el sentido común, la ideología y los principios por el arco del triunfo. Éste es su modelo: adjudicar un servicio público básico y esencial a la empresa más cara. Ver para creer.

Santiago de Munck Loyola

https://santiagodemunck.blogspot.com