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miércoles, 8 de agosto de 2018

Alejandro Morant.



Hace unos días, Alejandro Morant del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de Bussot escribió en su muro de Facebook: “En unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios, endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un  plan de deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido, la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No, Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de Alicante.

Pero no importa. Aquí todo vale si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la mayoría de afiliados  a los militantes que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra? Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.

Alejandro Morant es un hombre de principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate sosegado y constructivo, no un linchamiento público.

Los políticos están para liderar a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos sostener al Estado y a los políticos.

Defender los intereses de la sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto, puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace tiempo obsoletas.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 11 de octubre de 2017

Dos golpes por el precio de uno.


La escalada secesionista que llevamos años padeciendo ha culminado ayer en un golpe de estado perpetrado en el Parlamento catalán que a muchos ha dejado atónitos. Hay quien cree que ayer Puigdemont ha dado marcha atrás y se lo agradecen como el inefable traidor Pablo Iglesias, hay quien piensa que ha sido un simple “gatillazo” y muchos, en definitiva, están convencidos de que nada de lo que sale de los secesionistas tiene efectos jurídicos.

Es todo un despropósito y da la sensación de que los actores de esta tragedia viven en mundos y realidades absolutamente diferentes. Anoche mismo, tras la declaración de independencia enunciada y aparentemente suspendida por Puigdemont,  compareció la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y dijo entre otras cosas que “ni el Sr. Puigdemont, ni nadie, pueden sacar conclusiones de una ley que no existe (la Ley catalana de Referéndum) ni de un referéndum que no se ha producido”. Vamos a ver, que el referéndum del 1 de octubre fuera ilegal, que careciese de cobertura legal y que no fuera democráticamente homologable, no quiere decir que no se haya producido. 

Todos los vimos, hubo un referéndum con una participación escasa y con unos resultados falseados, pero lo hubo. No se puede negar la evidencia. Afirmar lo contrario sería tanto como renunciar a perseguir a quienes organizaron el referéndum ilegal. El problema está ahí y reside en que las autoridades golpistas catalanas ya están actuando con su propia legalidad, con su ley de referéndum y su ley de Transitoriedad, y no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus actuaciones vulneran desde hace tiempo la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las decisiones judiciales porque no reconocen la autoridad del Estado en Cataluña. Rechazan la legalidad española y han creado la suya propia y por mucho que la justicia española, a la que no reconocen, declare su ilegalidad lo cierto es que están fingiendo que actúan al amparo de sus propias leyes.

Pero es que, además, la esquizofrenia independentista se plasma en que solo fingen que actúan conforme a su propio nuevo ordenamiento porque, en realidad, tampoco lo hacen y ayer Puigdemont y sus acólitos lo demostraron ante todo el mundo. De acuerdo con su propia ley catalana de referéndum, aprobada irregularmente e inútilmente suspendida por el Tribunal Constitucional, “Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. A tal efecto el Parlamento de Cataluña dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura electoral celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordó el inicio del proceso constituyente” (Art.4.4). Es decir que debería haber proclamado los resultados la Sindicatura Electoral y no había tal Sindicatura. Y, en segundo lugar, el Parlamento de Cataluña debería haber celebrado a los dos días de dicha proclamación (que no se ha efectuado) una sesión ordinaria (que tampoco se ha celebrado) para declarar formalmente la independencia de Cataluña. Sin embargo, lo que ayer vivió todo el mundo fue una sesión extraordinaria del Parlamento de Cataluña en la que Puigdemont “proclamó” los resultados del referéndum y en la que “declaró” la independencia de Cataluña para, a renglón seguido, proponer al Parlamento que suspendiese temporalmente los efectos de dicha declaración. 

Peor imposible, una tomadura de pelo. Puigdemont se arrogó las atribuciones de la Sindicatura Electoral, proclamando él mismo los resultados, y del Parlamento catalán, declarando él mismo la independencia. Y ni siquiera el Parlamento catalán llegó a suspender los efectos de tal declaración tal y como se acababa de decir. La guinda de este autogolpe fue la firma posterior de un documento firmado por una parte de los diputados proclamando la república catalana en nombre de todos los catalanes. Los hechos son los que son: Puigdemont y los suyos no solo violan la legalidad constitucional sino que sus primeros actos al amparo de sus propias normas también constituyen una violación de las mismas. Puigdemont sustituyó a su Sindicatura de Cuentas y al propio Parlamento catalán arrogándose atribuciones propias de un dictador. Puigdemont es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo”, Artículo sexto de la Ley Orgánica del Estado de 1967, perfecto para esta ocasión. ¿Cómo no van a huir las empresas de Cataluña con semejante inseguridad jurídica? ¿Cómo no van a huir las inversiones de un territorio donde reina la más absoluta arbitrariedad? ¿A qué tienen que atenerse los ciudadanos catalanes? ¿A la legislación española, a la catalana, a la que se le ocurra a cualquier separata en cualquier momento?

No es posible seguir así ni un día más. Plantearse ahora si esa declaración no hecha pero con solicitud de suspensión no efectuada y acompañada de una proclamación de independencia firmada fuera del hemiciclo tiene o no tiene efectos jurídicos es indiferente, sus efectos son políticos y económicos. Y plantearse ahora que hay buena voluntad de los secesionistas porque quieren dialogar durante unas semanas con el Gobierno de España es sencillamente engañarse, engañar a los ciudadanos, hacer el juego a los golpistas y sumarse al intento de dinamitar la unidad de España porque solo quieren dialogar sobre cuándo, cómo y por cuánto se independizan. No se puede pactar con un violador cuándo y cómo va a delinquir.

Hoy el Consejo de Ministros ha dado por fin un paso que parece que se encamina hacia la aplicación del Artículo 155 de la Constitución al requerir a Puigdemont para que aclare si la payasada de ayer fue una declaración de independencia, algo obvio. Quizás si se le hubiera requerido formalmente a la Generalidad para que anulase su Ley de Referéndum y su Ley de transitoriedad ya se habría podido aplicar el Artículo 155 y todos nos habríamos ahorrado muchos sin sabores, pero lo importante ahora es que se ponga fin cuanto antes a este disparate político y jurídico. Y, una vez restablecida la legalidad, nada habría más sano para nuestra democracia que convocar simultáneamente unas elecciones autonómicas en Cataluña y unas Generales porque todos ya se han retratado y los electores ya sabemos quién está con la Constitución y la unidad de España y quién no.

Santiago de Munck Loyola