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lunes, 7 de agosto de 2023

PINCELADAS POSELECTORALES.

 

Creo que no me equivoco si afirmo que el resultado de las pasadas elecciones generales ha constituido una sorpresa para casi todo el mundo, fanáticos de uno y otro lado incluidos. Y tampoco creo equivocarme si califico el resultado como desastroso para la gobernabilidad de España que, con un sistema electoral necesitado de una profunda reforma, aboca, necesariamente, a la inestabilidad y a la compra y venta de voluntades para constituir un gobierno.

 

Aunque no lo parezca, a tenor de las celebraciones realizadas desde la misma noche electoral, las elecciones las ha ganado el Partido Popular y el centro derecha que en su conjunto pasa de 147 a 170 escaños y las ha perdido la coalición gubernamental que ha pasado de 155 escaños a 152. Por cierto, las formas son muy importantes, son indicativas del talante de los políticos, y hasta la fecha el Sr. Sánchez Castejón ni felicitó al partido ganador, el PP, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, ni lo hizo en la noche electoral del 28 de julio. Todo un detalle que caracteriza al personaje que, incapaz de realizar la más mínima autocrítica para asumir y explicar su derrota a pesar del uso ilegítimo en la campaña de todos los recursos del estado, se ha lanzado a una carrera para reunir, a cambio de lo que haga falta, cuantos apoyos pueda de separatistas y filoterroristas, ésos a los que les une, según la Ministra de Hacienda y vocera ordinaria, Montero, el amor a España. El personaje carece no solo de convicciones democráticas, sino del más mínimo sentido de estado, el mismo sentido de estado que condujo a Felipe González en 1996 a no intentar siquiera repetir los pactos que mantenía con Convergencia i Unió y PNV para mantenerse en el poder. Había sacado menos escaños (141) que el Partido Popular (156), lo asumió y renunció desde el primer minuto, tras felicitar al ganador, a intentar volver a formar gobierno.

 

Como estamos viendo esta victoria no será suficiente para alcanzar el poder, ni aún sumando el escaño de UPN y, posiblemente, el de Coalición Canaria. Los partidos perdedores de las elecciones harán todo lo posible para amalgamar una mayoría por la mínima para impedir un gobierno, sólo o en compañía, del partido ganador. Ello exige una autocrítica y una corrección de rumbo para, ante todo, aprovechar las características de nuestra denostada Ley Electoral y convertir las debilidades en fortalezas de cara al futuro.

 

Los partidos de centro derecha han cometido errores de bulto antes y durante la campaña electoral siendo corresponsables de esta situación. Llevamos cinco años con un gobierno socialista en coalición con la ultraizquierda. Sí, con la ultraizquierda porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se da por bueno que lo que está a la derecha del PP es la ultraderecha, habrá que concluir que lo que está a la izquierda del PSOE es la ultraizquierda. Sin embargo, pocos comunicadores asumen ese razonamiento y sustituyen el término “ultraizquierda” por “progresista”. Siempre había entendido que ultras eran todas aquellas formaciones políticas que rechazaban el sistema democrático y en su ideario proponían su sustitución por cualquier tipo de sistema autoritario y dictatorial, llámese democracia popular, democracia orgánica, corporativista o bolivariana. Ahora resulta que un partido democrático netamente conservador es calificado de ultra porque cuestiona, por ejemplo, la ideología de género o las teorías del calentamiento global. Y la realidad es que las ideologías no son dogmas que deban ser asumidos obligatoriamente en un sistema plenamente democrático, cuya base es precisamente la libertad de pensamiento y de expresión del mismo, como tampoco deben serlo las simples teorías. Pero como lo ultra suena mal, lo compran y dan por buenas las definiciones que la izquierda, con su habitual pretendida superioridad moral, difunde e imparte. Pero, lo peor es que el PP también compra esta mercancía adulterada. Y el problema de fondo que muchos dirigentes populares parecen ignorar es que Vox, en gran medida, es un hijo suyo. Sus dirigentes y sus votantes provienen de las filas populares expulsados de las mismas por las continuas traiciones en la era Rajoy a sus compromisos electorales. Cuando el PP se comportó como una derecha vergonzante, como una organización endogámica, encubridora de corruptos y escasamente democrática abrió la puerta para la fuga de votantes. Ahora existen dos organizaciones en el centro-derecha y aunque la lógica política sugiere que con el tiempo el pez grande comerá al chico, lo cierto es que no se puede asumir el discurso de la izquierda y tratar permanente de marcar diferencias ofendiendo a quienes antes habitaban en tu casa y a quienes puedes necesitar, en vez de plantar cara de una vez a tanto tópico interesado. Tan legítimo es que se llegue a acuerdos con Vox, como que el PSOE llegue a acuerdos con sus vecinos de SUMAR, antes Podemos. Y el PP no tiene por qué andar poniéndose estupendo, poniendo barreras y objeciones a sus excompañeros de partido cuando, además, los necesita. Las cuitas sobre los pactos en plena campaña, haciéndole el juego a la izquierda, han sido un verdadero desastre. Solo el PP de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, ha seguido una estrategia eficaz e inteligente: discreción, seriedad, rapidez y claridad. Un pacto sin trampa ni cartón, un pacto concreto y preciso publicado de forma inmediata que satisface plenamente a los votantes de ambos partidos. ¿Qué no le gusta a la izquierda y a sus palmeros? Pues, evidentemente, mejor. Les faltó tiempo para recordar que el candidato autonómico de Vox, Carlos Flores, había sufrido una condena por malos tratos años atrás, rasgándose hipócritamente las vestiduras las ministras socialistas mientras durante años su partido ha protegido a su presidente en el País Vasco, el Sr. Eguiguren, condenado en 1992 por dar una paliza a su pareja.
A SUMAR se le escapó en su programa que pretendía acabar con la libertad de prensa, pero pasó desapercibido misteriosamente. Mientras la derecha no se sacuda los complejos y dé la batalla dialéctica y cultural marcando la agenda del debate será muy difícil desprenderse del yugo izquierdista.

 

No me resisto de dejar de señalar la falta de madurez política, en plena campaña, de quienes se ofendían y quejaban porque el PP apelase al voto útil, como si su cuota de votantes fuese fija y en propiedad. ¿En serio lo piensan? Los votantes de Vox son un caladero en el que el PP puede y debe intentar pescar, como lo hace Vox en el caladero de votantes populares. Perder un solo minuto en una campaña electoral en denunciar que te quieren quitar votos es de una simpleza y de una inmadurez impropia de un partido político serio. Como lo es quejarse que el PP, el rival, quiera ganar los suficientes escaños para poder gobernar en solitario. Pues claro, a eso es a lo que debe aspirar cualquier partido que se precie de serlo y no a conformarse con gobernar acompañado, a no ser que en el fondo se consideren un partido muleta.

 

Es muy probable, casi seguro y ojalá me equivoque, que el Partido Popular no alcance el gobierno esta vez. Lo habría alcanzado si no se hubiesen dejado enredar con los pactos autonómicos con Vox, si no hubiesen levantado el pie del acelerador confiados con las encuestas, si no hubiesen rehuido los debates tras el espectacular triunfo de Núñez Feijoó sobre un Sánchez descolocado, si hubiesen centrado su estrategia en exigir responsabilidades por la suelta de centenares de violadores durante los últimos meses, sobre la traición a los
saharauis o sobre los ataques del gobierno a las libertades públicas durante la pandemia por ejemplo. ¿Derogar el Sanchismo? ¿En serio?  El sanchismo es algo mucho más complejo que echar a Sánchez algo que probablemente no todos los votantes alcanzan a comprender. Y, por último, en la derecha deberían de una vez aprender a usar la Ley Electoral para maximizar los resultados y ello pasa necesariamente por cerrar acuerdos preelectorales que son mucho más beneficiosos que los poselectorales, además de transparentes para los votantes.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

miércoles, 19 de julio de 2023

VADE RETRO SANCHIDAD.

 

Bueno, ya queda menos, tan solo unos días para poder votar y para, según deseamos muchos, a pesar de lo que diga el CIS, enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez, a sus socios y demás acompañantes. Pedro Sánchez, Antonio para los amigos, es una mentira andante y voladora. Llegó al poder mediante una moción de censura construida sobre la falsedad de una sentencia y se ha sostenido durante su mandato usando el embuste, el engaño y el fraude de forma permanente. Ni sus compañeros de partido, ni sus votantes, ni sus socios de gobierno se han escapado de sus constantes falsedades. Un lustro negro en el que la verdad ha estado ausente de la política presidencial, el lustro del Pinocho monclovita. Probablemente no se podría esperar otra cosa cuando llega al poder un farsante que nunca ha tenido que trabajar, sin experiencia laboral fuera de la política conocida y con un doctorado tan fraudulento como el comité de expertos del Covid, pero cuesta creer la pasividad y la tolerancia de una sociedad moderna como la nuestra ante un sujeto sin escrúpulos como éste. De la pasividad y tolerancia con este sujeto de los medios de comunicación para qué hablar tras haber sido regados desde el poder con millones de euros. Porque no nos llamemos a engaño, el único valor que puede presentar un político en una democracia ante los votantes es el valor de su palabra, la fidelidad a sus compromisos. Claro que, para ello, antes hay que tener algún principio.

 

Aunque pueda resultar paradójico, durante la campaña electoral lo que más ha repetido el Sr. Sánchez y sus acólitos es que la oposición miente, y lo dice y repite precisamente él, el del comité de expertos inexistente del Covid, el de la tesis doctoral cum fraude, el del intento de pucherazo en la votaciones del comité federal de su partido, el de “y si quiere se lo repito cinco veces, no pactaré con Bildu”, el de Podemos me provoca insomnio, el de “la política sobre el Sáhara no ha cambiado”, el de “la Ley del solo sí es sí” es formidable, el de la economía va como una moto, etc. Ese mismo, la mentira personificada, acusa a los demás de mentir. De psiquiatra.

 

Y en lo que va de campaña electoral merece la pena destacar algunos asuntos. En primer lugar, el debate entre Núñez Feijóo y Sánchez. Reconozco que me sorprendió agradablemente. Vi a un Sánchez nervioso, agresivo, faltón e incapaz de enarbolar ningún logro de su gobierno. Y enfrente a un Feijóo seguro de si mismo, confiable, honesto y transmitiendo una solvencia de gobernante responsable y experimentado. Sánchez, “excusatio non petita, accusatio manifesta”, se ocupó de reivindicar su honradez, su limpieza, su peregrina justificación del abuso del Falcon o de defender a su mujer. Increíble. Y en el culmen del disparate metió en el debate en lema “que te vote Txapote”, por si quedaba algún español que no lo conociera. A pesar de sus cientos de asesores y de los 3 o 4 días que se tomó para preparar el debate, se estrelló.

 

En segundo lugar, el seguidismo de los medios de comunicación a las consignas monclovitas sobre los pactos del PP con Vox y las incomprensibles reacciones de la derecha. Que la izquierda trate de demonizar dichos pactos es normal, pero no que lo secunde los medios de comunicación y, mucho menos, que los populares entren en el juego. No es normal que los pactos del PSOE con la ultraizquierda, antes Podemos, ahora Sumar, con Bildu o con los independentistas golpistas catalanes esté asumido como aceptable y, por el contrario, los pactos del PP con Vox se demonicen. Vox es al PP lo que Sumar o Podemos son al PSOE. Así de claro. Vox es un partido constitucionalista, aunque propugne la reforma de la Constitución, como se supone que lo son Podemos o Sumar. Que se quiere calificarles de “ultras”, pues vale, pero en la misma medida a la izquierda que a la derecha. No hacerlo, es falsear la realidad, es mentir y es manipular.

El ejemplo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana es el camino a seguir: actuar sin complejos y con sentido común en armonía con lo deseado por la inmensa mayoría de los votantes de derechas. Además, la experiencia histórica en nuestro país enseña que la incorporación a un gobierno de coalición implica a la larga la absorción del partido pequeño por el partido mayoritario.

 

En tercer lugar, la campaña está sirviendo para hacer aún más patente y visible la oquedad intelectual de Yolanda Díaz. Es un producto artificial, su retórica es forzada y antinatural, sus ideas inexistentes o, en el mejor de los casos, simples clichés sin capacidad de desarrollo. Y, paradójicamente, este personaje surgido de la factoría monclovita para cargarse a los podemitas más incómodos cuenta, según las encuestas, con un alto grado de aceptación entre los votantes, lo que, sinceramente, dice muy poco sobre los que aprueban su supuesto liderazgo. ¿Se han parado a analizar sus discursos, sus soflamas, sus ideas? Seguramente no. La Fashionaria no va a obtener un gran resultado a pesar de contar con mucha benevolencia de los medios de comunicación que no han subrayado suficientemente el componente estalinista de una formación que pretendía en su borrador de programa acabar con la libertad de expresión en España. Los comunistas, por mucho que cambien de siglas, no cambian.

 

Por último, parece que la campaña de Vox ha quedado empañada por los ecos producidos por sus negociaciones con el PP en las que se ha puesto de manifiesto más el hambre por ocupar sillones que por acabar con el sanchismo. Sus propuestas, su programa no está llegando a los votantes, pero su estrategia y sus fines lamentablemente sí. Resulta un poco cómico que Abascal se queje o lamente por los esfuerzos del PP por captar votantes de Vox. ¿Y qué esperaba el dirigente de Vox? ¿De dónde se cree que proceden sus propios votantes? Pues del PP, como él mismo. Cualquier partido que aspire a gobernar aspira a conseguirlo obteniendo el mayor número de votos y, en el caso de los populares, es que lógico que intenten ensanchar su base electoral por su izquierda y por su derecha.

 

No parece haber más opción para poner punto final al lustro negro de la mentira que apoyar con el voto al partido con más posibilidades reales de conseguirlo, el Partido Popular. Es relativamente fácil imaginar un gobierno presidido por Feijóo, un gobierno respaldado por el PPE y no por partidos dudosamente europeístas y amigables con Putin, como los que frecuenta el líder de Vox, algo que facilitará la posición de España en la compleja dinámica europea. Nos jugamos mucho el 23 de julio, nos jugamos sobre todo la libertad individual y colectiva que se sustenta sobre el respeto a la Constitución, a la separación de poderes, a la libertad de prensa y al consenso que hizo posible la transición. Para muchos de nosotros los supuestos avances esgrimidos por los sanchistas no son tales: el guerracivilismo no es un avance, la compra de voluntades mediáticas no es un avance, la catástrofe jurídica sobre los delincuentes sexuales no es un avance, el fortalecimiento de los derechos de los okupas no es un avance, la desaparición de la Guardia Civil en determinadas regiones y tareas tampoco, como tampoco son avances los disparates de género, la sumisión a Marruecos, el despilfarro constante con café para todos al renunciar a la progresividad en las ayudas, la colonización de todas las instituciones, etc. Y sí, estos supuestos avances son auténticas lacras que deterioran la calidad democrática de nuestra política y por ello deben ser derogados sin complejos y con la misma rapidez que la usada en el pasado por el PSOE para derogar todo lo que se les puso por delante.

 


A Sánchez, al PSOE, a SUMAR y a la Fashionaria que les voten Txapote, Tito Berni, los violadores y pederastas, los malversadores, los de los EREs, Mohamed, Maduro, los independentistas, Fernando Simón, el director de Correos y los alumnos y clientes de Begoña. Yo lo tengo claro.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

lunes, 20 de junio de 2022

El sanchismo: un cadáver andante.


Dígase lo que se diga, lo cierto es que los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio han sido sorprendentes no porque las haya ganado el Partido Popular, algo que vaticinaban todas las encuestas incluida la del CIS, sino por cómo lo ha hecho. La holgada mayoría absoluta que ha logrado el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido sorprendente en el actual contexto electoral. Y es que estamos en un contexto electoral caracterizado por el fraccionamiento partidista tanto por la derecha (Vox, PP y C’s) como por la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) algo que dificulta mucho la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Y a ello hay que añadir que estamos hablando de la región española que hasta ahora era considerada como el granero de votos socialista lo que, a priori, era un plus de dificultad para que esa mayoría pudiera ser obtenida por el tradicional partido del centro derecha. Por ello, la mayoría absoluta conseguida por el PP de Andalucía tiene el doble mérito de haberla logrado con su espectro electoral fraccionado y en el feudo socialista por antonomasia. 


Lo cierto es que este histórico triunfo tiene interpretaciones y explicaciones para todos los gustos, pero algunos datos electorales tienen poco margen de maniobra para buscar posiciones interesadas. Los números son claros: si analizamos los porcentajes electorales por bloques se observa que un 11 % de los votantes de izquierdas en 2018 han transferido su voto al bloque de la derecha que pasa de un 49,99 % en 2018 a un 60,88 % en 2022. Y este dato es muy importante porque apunta a que el electorado no se ha dejado influir por los mensajes catastrofistas de la izquierda, por los mensajes del miedo y por sus tópicos (que si privatizaciones, que si desmantelamiento del estado de bienestar, etc.), a que el electorado no ha encontrado propuestas constructivas y atractivas en la izquierda y a que tampoco han percibido que los problemas reales (el paro, la inflación desbocada, el precio de la luz, etc.) sean percibidos como tales por una izquierda más implicada en sus políticas de género, en las pseudoclimáticas o en el revisionsimo histórico que en la dura realidad diaria. El Partido Popular ha perdido un 2,5 % de su electorado que se ha ido hacia Vox, pero ha compensado sobradamente esa pérdida porque ha crecido absorbiendo a la mayoría de los votantes de Ciudadanos, un 15 %, y a una porción nada desdeñable de votantes socialistas, en torno a un 9,40 %. Ciudadanos ha desaparecido a pesar de haber formado parte del gobierno andaluz en la última legislatura. Una vez más se repite la historia, el socio minoritario de un gobierno de coalición es absorbido por el mayoritario.


Aunque sea a título simbólico, los resultados del PSOE han sido un auténtico varapalo, en primer lugar, porque ya no es el partido más votado en su propio feudo, mejor dicho, su ex feudo y, en segundo lugar, porque ni contando con el apoyo del Gobierno de España que enseguida hizo uso de la chequera han podido mejorar los resultados de 2018. El PSOE pierde casi un 3 % de los votos y 3 escaños respecto a 2018 y no pierde más porque se ha producido una transferencia de voto de la ultraizquierda hacia el PSOE cercana al 4 %. Y resulta especialmente increíble la incapacidad de los socialistas para hacer autocrítica. Todavía no han pedido perdón por los 630 millones de euros robados según sentencia y, aún más, el inefable Zapatero ensalzó la figura política de Cháves y Griñán en el final de la campaña socialista. ¡Vergonzoso! Resulta ridículo atribuir sus malos resultados a la falta de movilización cuando lo cierto es que la participación ha subido casi dos puntos respecto a 2018. La Sra. Lastra ni se entera. Por cierto ¿alguien sabe si ya se ha movilizado para protestar por los resultados?

 

El tercer Partido de Andalucía es ahora Vox quien desplaza a la ultraizquierda a la última posición de la carrera electoral. Vox crece un 2,5 % respecto a 2018 y pasa de 12 escaños a 14. No llega a cumplir con unas expectativas que, por cierto, llegaron a marcar el rumbo de su campaña con un tono elevado, con un rumbo incierto y con ciertas dosis de prepotencia. Vox ha crecido, pero ha pasado a la irrelevancia política, ha pasado de influir en el gobierno andaluz mediante un acuerdo parlamentario a que Olona se convierta en Vicepresidente, pero no del gobierno, sino de la oposición. Vox ha pecado de prepotencia y de falta de respeto a su militancia. No es posible que un partido serio y democrático no sea capaz de estimular los liderazgos territoriales y siga usando la vieja técnica de los candidatos paracaidistas.

 

Y en último lugar queda la ultraizquierda fraccionada en dos formaciones. El “chulísimo” proyecto de Yoli se estrella estrepitosamente y debería constatar en su proceso de “escucha” qué es lo que los andaluces le han dicho alto y claro. Afortunadamente la ultraizquierda ha sido reducida a una presencia testimonial. Eso sí, el que no se consuela es porque no quiere y de ahí que la Sra. Teresa Rodríguez se ufane de que con sus pésimos resultados han logrado desactivar a Vox.

 

En definitiva, hemos asistido a un resultado histórico que bien administrado puede ser determinante para un próximo cambio político en toda España. Ha quedado demostrado que el centro derecha pueda volver a alcanzar una mayoría absoluta en España porque, además, se quiera o no,  se ha iniciado un nuevo ciclo político que pivota sobre el Partido Popular. Eso sí, hace falta prudencia y es imprescindible que antes el Partido Popular recupere el arraigo en territorios ahora hostiles donde su presencia es testimonial. La soberbia o la prepotencia no son buenos aliados y abrir las puertas del partido, apostar por la democracia interna e integrar son más necesarias que nunca para que el centro derecha pueda consolidarse como una alternativa al sanchismo y a toda la patulea separatista y radical que le acompaña. El sanchismo es ya un cadáver político, aunque aún no se haya dado cuenta de ello y eso lo hace especialmente peligroso para la libertad y el progreso de los españoles.

 

Santiago de Munck Loyola

 

jueves, 5 de mayo de 2022

Un Gobierno “partío”.

Nunca antes un Gobierno de España había ofrecido un espectáculo tan bochornoso como el que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto de los espías es el último esperpento de una larga serie que protagonizan socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Y todo salta a raíz de un informe de “Citizen Lab”, un “laboratorio interdisciplinar” de la Universidad de Toronto, Canadá. Este laboratorio se financia a través de grandes fundaciones norteamericanas, como la “Open Society” de Soros. En dicho informe se afirma que 65 independentistas catalanes han sido espiados. Algo que, tras un intento de golpe de estado y tras toda clase de acciones delictivas vulnerando el estado de derecho y poniendo en peligro la convivencia ciudadana pacífica, cualquier demócrata entendería como algo absolutamente necesario siempre que se haga con las garantías legales necesarias. El Estado tiene que protegerse y protegernos. Es de cajón. Y para ello debe usar todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos y más cuando los delincuentes están en la calle y no han renunciado a reincidir en sus propósitos ni en los medios. No, no se trata de un espionaje por motivos ideológicos, a nadie se le espía por pensar lo que le venga en gana.

 

El problema real para el conjunto de los ciudadanos es que tenemos un gobierno que tiene a los socios que tiene, un gobierno que depende para sobrevivir parlamentariamente de partidos cuyos dirigentes han delinquido tratando de pisotear la Constitución y las reglas de la democracia. Tiene su aquél escuchar al Demóstenes independentista Rufián rasgarse las investiduras y proclamar que "lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia". Mira, payaso, lo que verdaderamente ha puesto en riesgo la democracia ha sido que tú y tus comparsas hayáis intentado romper las reglas de la democracia y os hayáis ciscado en la soberanía del pueblo español. A ver si lo entiendes, los españoles incluidos los catalanes tenemos derechos, entre ellos, el de decidir entre todos el futuro de nuestro país y va siendo hora de que todos los catanazis como tú lo asumáis. Es comprensible que toda la recua de catanazis trate de inflar el asunto del espionaje por dos razones, la primera porque el victimismo es consustancial a los independentistas, la segunda porque con ello apagarán cualquier mirada hacia sus amores pasados con el sátrapa de Putin cuya ayuda buscaron para armar su intento secesionista.

 

Y tan real como el problema anterior es el problema de la división interna del Gobierno. Es evidente que los podemitas-comunistas no han asumido aún que ellos mismos son parte del gobierno y que, por tanto, son parte de los problemas del mismo. No se puede ser gobierno y oposición a la vez. O estás dentro o estás fuera, pero las dos posiciones simultáneamente son absolutamente imposibles. No puedes estar en un gobierno que sin consultarlo con nadie se carga décadas de una posición internacional de España respecto al Sáhara y al mismo tiempo criticar y condenar ese cambio. Y cuando se trata de un asunto de tal relevancia no vale con desmarcarse de ese cambio radical con críticas más o menos indignadas, lo único que vale es presentar la dimisión y salir del gobierno. Eso es lo que haría cualquier político decente. Pero, claro, es duro renunciar a la moqueta, a los privilegios, a los coches oficiales, a los sueldos y a la corte de asesores podemitas colocados cómodamente en la administración pública. Ni por el pueblo saharaui, ¡faltaría más!

 

Pero ya en el colmo de la desfachatez los podemitas llegan a pedir la dimisión de compañeros de gobierno como la de la Ministra de Defensa, asumiendo, cómo no, las peticiones de los independentistas, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia. ¿Alguien se imagina a la ministra Belarra o a Irene Montero pidiendo en el Consejo de Ministros que dimita o sea cesada Margarita Robles? Francamente improbable.

 

Los españoles padecemos un gobierno dividido y enfrentado, un gobierno sostenido parcialmente por grupos políticos enemigos de la unidad del Estado y un gobierno torpe en sus reacciones y sin escrúpulos. Un gobierno que para aplacar a sus socios es capaz de poner en riesgo el prestigio internacional del Estado y la seguridad interna desvelando aspectos secretos de las estrategias contra la delincuencia institucional, capaz de incluir a los enemigos del estado en la Comisión de Secretos oficiales o capaz de condicionar la aprobación de importantes medidas económicas al acuerdo y al voto de los herederos de la ETA. Para llorar, de verdad.

 

Santiago de Munck Loyola

jueves, 15 de julio de 2021

Con la libertad de los cubanos, sí o sí.

Vamos a ver, algo está fallando aquí. Resulta que de todos es sabido que Cuba padece, desde mi punto de vista, o disfruta, desde el punto de vista de los izquierdistas, de un régimen comunista. Y el régimen comunista cubano cumple perfectamente con lo que se espera de un régimen comunista, es decir, con lo que establecen los cánones comunistas: partido único, ausencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de manifestación, de libertad de movimientos o de libertad económica y todo ello aderezado con la oportuna represión fulminando los derechos humanos más elementales. O sea, comunismo de libro. El régimen cubano es una dictadura “del proletariado”, sí, dictadura marxista y que ha seguido al pie de la letra las ideas de Engels “el partido victorioso (en la revolución) si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios”.

 

Y algo está fallando en España cuando los políticos comunistas, podemitas y socialistas no se atreven a decir claramente que Cuba es una dictadura, que lo que hoy y desde hace 62 años disfrutan o padecen los cubanos es una dictadura del proletariado de manual marxista, una dictadura comunista con los deberes bien hechos imponiendo el terror “engueliano” a todos los reaccionarios, o sea, a todos los que no sean comunistas. Porque lo quieran o no comunismo y dictadura son sinónimos. Ser comunista de manual, ortodoxo, implica ser enemigo radical de las libertades públicas, del libre ejercicio de los derechos humanos más elementales.

 

Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.

 

Estamos asistiendo a una protesta, a un levantamiento de buena parte del pueblo cubano que tras 62 años de dictadura comunista, de democracia popular, está saliendo a las calles para decir ¡Basta! Ante cualquier clase de vulneración de los derechos humanos no vale la táctica de la avestruz, no puede haber equidistancias y no pueden prevalecer las conveniencias económicas. Es incomprensible que, mientras el Gobierno español aplaude sin reservas cualquier medida que la UE adopte contra Hungría o Polonia por supuestas vulneraciones de los derechos del colectivo homosexual, sin embargo, mire hacia otro lado cuando todo un pueblo especialmente cercano al español como el cubano sufre una constante vulneración de sus derechos humanos. No hay excusa que valga, ni valen las razones diplomáticas, ni las de oportunidad para no decir las cosas claras, para no llamar a las cosas por su nombre. 

 

El pueblo cubano es prisionero de una terrible dictadura y ningún demócrata puede mirar hacia otro lado, ni tratar de enmascarar la condenable situación de los cubanos. Y si tras la miserable actitud de tibieza del Gobierno de España solo se esconde su fragilidad y su dependencia de fuerzas políticas que defienden la vulneración de los derechos humanos perpetrada por sus afines ideológicos en Cuba es que nuestros propios derechos humanos y nuestra democracia también está en peligro.

 

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 26 de mayo de 2021

Sr. Sánchez, métase los indultos por donde le quepan.



Pedro Sánchez ya ha empezado a sacar la patita. Por fin, lo que muchos pensábamos se empieza a hacer realidad. Pedro Sánchez se dispone a pagar a los enemigos de España el precio por haberle hecho Presidente. El PSOE del indigno Sánchez se prepara a indultar a los delincuentes golpistas catalanes y, para ello, toda la batería mediática progre empieza a inundarnos con falsos mensajes y argumentos falaces sobre la bondad de semejante disparate y traición a la Constitución y a España.

 

Lo primero que hay que subrayar es que en España no hay ningún preso político, aunque lo diga el mismo Papa. Nadie está en la cárcel por sus ideas políticas. Lo que hay son políticos presos por haber cometido no uno, sino muchos delitos contra el estado, contra la hacienda pública y contra la pacífica convivencia entre los españoles. Sus delitos son gravísimos pues pretendían quebrar lo más sagrado para cualquier demócrata, la soberanía nacional, el derecho a decidir de todos españoles, no de unos pocos, y la unidad nacional cuya defensa en última instancia habría supuesto la quiebra de la pacífica convivencia y su aseguramiento finalmente mediante el uso de las armas.


No hay otra posibilidad. Hay miles de españoles en las cárceles condenados por delitos mucho menos graves y menos trascendentes y no se escucha a ningún político, ni a ningún comunicador andar pidiendo indultos, ni amnistías. Y muchos de estos ciudadanos están en la cárcel por haber quebrantado la ley para simplemente sostener a sus familias. Los indultos supondrían ante todo la quiebra de uno de los principios básicos de la Constitución, el de la igualdad de los españoles ante la Ley. Resulta paradójico que la izquierda, la misma que se llena la boca hablando de igualdad, se pase por el arco del triunfo esa sacrosanta igualdad: si cometes delitos por muy graves que sean, malversar fondos, prevaricar, rebelión, etc. con una excusa política ya puedes ser indultado. Y a los que no tengan un móvil supuestamente político, que les den.

 

En segundo lugar, el Sr. Sánchez y sus voceros deberían ahorrarse sus supuestas justificaciones. No nos las tragamos. Los indultos nada tienen que ver con la búsqueda de una solución para el problema de Cataluña, son simplemente el pago del precio por seguir en el gobierno. Nada más. Los indultos no sólo no van a suponer la desaparición de un problema ya que los separatistas y golpistas condenados han manifestado por activa y por pasiva no sólo que no están arrepentidos, sino que van a volver a hacer lo mismo en cuanto tengan otra ocasión, es decir, que en cuanto puedan van a intentar forzar nuevamente el enfrentamiento civil y el derramamiento de sangre si es necesario, con el añadido, además, de que van a suponer un incremento de la tensión política a nivel nacional entre los defensores de la Constitución y de la unidad de España con los defensores de la mercantilización de la Justicia.

 

Y en tercer lugar si hay algo especialmente repugnante es el uso de la Constitución para amparar y justificar una medida absolutamente inaceptable para cualquier persona con un mínimo de decencia. Es llamativo el hecho de que se intente justificar unos indultos apelando a la inexistencia de valores constitucionales como la venganza o la revancha. Pues claro que no son valores constitucionales, como tampoco lo son el amor o la abnegación. ¿Y qué? Pero la justicia y la igualdad ante la ley sí son valores constitucionales. Es más, son exigencias irrenunciables. Y unos hipotéticos indultos pisotearían ambos principios. Un presidente del gobierno serio y decente no puede "comprar" el discurso de los golpistas y asumir que las condenas de los golpistas y su cumplimiento conforme a la ley son actos de “venganza o de revancha” porque de hacerlo estaría deslegitimando a las más altas instancias de la Justicia del Estado, es decir, de hacerlo estaría promoviendo un auténtico golpe de estado judicial. Y tan llamativo como apelar a valores no recogidos en la Constitución es hacer lo mismo con la utilización de la palabra concordia. Sí, la Constitución de 1978 fue definida como la Constitución de la Concordia porque por primera vez España se dotaba de una Constitución apoyada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de izquierdas y derechas, porque fue el fruto de un pacto de estado entre los herederos de los vencedores y de los vencidos en la guerra civil intentando así cerrar y olvidar los episodios más siniestros de nuestra reciente historia. Sí, concordia, término que significa conformidad y unión. Hay que tener cuajo y desfachatez para relacionar, como hace Sánchez, concordia con indultos a los delincuentes golpistas. ¿Dónde está la conformidad y con quién? ¿Dónde la unión?

 

Los indultos son un instrumento legal, pero en este caso no están ni política, ni jurídica, ni éticamente justificados. No cuentan ni con el aval de la Fiscalía, ni con el del Tribunal Supremo. Que no nos hablen del sufrimiento de los presos y de sus familias porque ese sufrimiento es común a todos los que delinquen. Que no nos hablen de venganza o revancha porque saben que en España hay Justicia. Que no nos hablen de los valores constitucionales porque conforme a dichos valores se han dictado las sentencias. Y, sobre todo, que no nos intenten engañar apelando a una concordia que los independentistas odian. El Presidente Sánchez puede, por una vez y sin que sirva de precedente, hacer caso al Sr. Junqueras y meterse los indultos “por donde le quepan” y todos sabemos que por ahí le caben muchos.

 

Santiago de Munck Loyola

jueves, 13 de mayo de 2021

El Gobierno de España sigue la linde, aunque se ha acabado.


Es muy probable que, a lo largo de la historia de nuestra democracia, sea ésta la primera vez en que el Gobierno del Estado se ha constituido como oposición de un Gobierno regional, el de Madrid. Es una realidad que ha venido desarrollándose y creciendo desde el inicio de la pandemia, que parecía haber llegado a su culmen en la campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo pero que, lejos de ello, hemos visto cómo ayer mismo se ha consolidado con los ataques de varios Ministros a la Presidente Ayuso y al conjunto de los madrileños. 


Se trata de una auténtica anomalía democrática, de un atropello institucional de la parte más fuerte del Estado contra una de sus propias administraciones, de un desprecio al mandato de cooperación y colaboración interadministrativa y, sobre todo, de un uso torticero de la administración pública contra una parte muy importante de su población que puede responder a varias consideraciones.

 


Los socialistas de Sánchez confunden claramente el partido con el Estado y tratan, de forma permanente, de usarlo en beneficio propio. Ya hace casi un año, el Delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y a la vez Secretario General de los socialistas madrileños, el Sr. Franco, usaba la Delegación del Gobierno para conspirar con los alcaldes socialistas contra el Gobierno Regional. Algo nunca desmentido y, por supuesto, nunca visto. No es de recibo que un Delegado del Gobierno, pagado por todos los contribuyentes, dedicase los recursos públicos para intentar desestabilizar al Gobierno Regional de todos los madrileños. Esta confusión entre estado y partido es un claro síntoma de ausencia de cultura democrática y un perfecto embrión de totalitarismo y de corrupción.

 

Pero es que, además, las interferencias partidistas desde la administración del Estado para desarrollar una labor de oposición contra un Gobierno regional esconden la propia debilidad de los socialistas de Madrid para ejercer el mandato conferido por las urnas. Es decir, la incapacidad de los socialistas madrileños para desarrollar una labor eficaz de oposición controlando y proponiendo alternativas del Gobierno de Ayuso es la razón por la que tienen que acudir al “primo de Zumosol”, al Gobierno de España para que desde el mismo se intente desgastar a cualquier precio al Gobierno Madrileño. 



Y para conseguirlo no han reparado en medios, divulgación de bulos, actuando irresponsablemente en el control de las vías de acceso del virus, obstruyendo y dificultando la distribución de vacunas, despreciando las inversiones sanitarias madrileñas para luchas contra la pandemia, imponiendo cierres de la Comunidad en contra de los criterios sanitarios madrileños, etc. Y a ello hay que sumar, además, el uso partidista en plena campaña electoral de los recursos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para divulgar encuestas manipuladas con el fin de influir en favor de la izquierda las tendencias de voto. Eso sí, el socialista Tezanos ha conseguido transferir su escaso prestigio intelectual al propio CIS cuyo crédito profesional es ahora nulo. Que el máximo responsables del CIS califique a los votantes de derechas de “tabernarios” es más que suficiente como para que en cualquier país democrático hubiera sido cesado de forma fulminante.

 


Y en este ámbito, el de la confusión entre Estado y partido socialista, es especialmente grave el uso del Ministerio del Interior con fines puramente electorales. Los socialistas han traspasado una importante línea roja al poner al servicio de su partido el Ministerio que debe garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos. Un Ministerio del Interior que conoce los llamamientos previos de la ultraizquierda a boicotear un acto electoral de Vox en Vallecas, que no adopta las medidas de seguridad necesarias para evitarlo poniendo en riesgo la seguridad de muchas familias y que oculta a la opinión pública la detención, en los incidentes violentos surgidos, de los escoltas, de los matones contratados por el ex vicepresidente del Gobierno y ex coleta Sr. Iglesias, no es un Ministerio del Interior, es un chiringuito privado y abyecto. Y para qué hablar del numerito de las supuestas amenazas, de los sobres con balas o con navajas. Todo un circo en el que, además, destaca el hecho de que una Ministra del Gobierno de España, la Sra. Maroto, comparezca ante la prensa acusando falsamente  y sin prueba alguna a Vox de la autoría de la supuesta amenaza.

 

Y la última consideración que puede subrayarse es la falta de aceptación de la voluntad de los votantes por parte de los socialistas y, en consecuencia, del Gobierno de España. Sin entrar a fondo en la falta de autocrítica por parte de la mayor parte de la izquierda madrileña y en sus sorprendentes valoraciones de los resultados insultando y descalificando, algo inaudito, a los votantes madrileños, léase al jeta de Monedero, a la inculta Carmen Calvo o al propio Tezanos, lo cierto es que la constatación de que el hecho de que nunca individuos con tan baja preparación intelectual hubieran llegado tan alto implica, necesariamente, la persistencia en los errores. 



Dicen que "cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue". El talante antidemocrático de esta colección de “tontos” tan altamente situados en la esfera del poder es sumamente peligroso para la convivencia y para la estabilidad de las instituciones. Han comprobado que seguir la linde del enfrentamiento, de la confrontación y de la deslealtad institucional se ha acabado y que no les ha proporcionado réditos electorales y, sin embargo, ellos siguen y siguen. Esta estrategia, se acaba de comprobar, es electoralmente suicida. Y desde la perspectiva electoral puede ser muy buena para la derecha, pero no lo es para el conjunto de los ciudadanos.

 

Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y el conjunto de los españoles no se merecen un Gobierno del Estado al servicio exclusivo de las estrategias cortoplacistas de un partido cuyas señas de identidad se difuminan cada vez más con las de los enemigos de la Nación española.

 

Santiago de Munck Loyola

 

domingo, 18 de octubre de 2020

La Justicia y la anchluss socialpodemita.

Los españoles nos encontramos en medio de una guerra política en torno a la renovación nada menos que del órgano de gobierno del tercer poder del estado, el poder judicial. Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a situaciones que si las analizamos bien nos harían caer en la cuenta de lo anormal y poco democrático que resulta el hecho de que la clase política, encuadrada en los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, pugne por el control del tercer poder, el judicial, el poder que, entre otras cosas, debe controlar la legalidad de las actuaciones de los miembros del legislativo y el ejecutivo.

No le faltaba razón a Alfonso Guerra, allá por el año 1985, cuando afirmó que con la reforma socialista de la Ley Orgánica del Poder Judicial Montesquieu había muerto en España y con él la división de poderes, división esencial para caracterizar a un estado como democrático o no.

 


Lo cierto es que la poca calidad democrática de nuestro estado en este aspecto no es sólo responsabilidad de los socialistas, sino también, del Partido Popular que, una vez alcanzado el Gobierno con dos mayorías absolutas, se olvidó por completo de sus compromisos regeneradores para despolitizar a la justicia y prefirió seguir pasteleando con los socialistas el nombramiento de los miembros del Gobierno de la Judicatura, el Consejo General del Poder Judicial.

 

Para entender mejor la situación presente, conviene echar un vistazo a lo que la Constitución dice sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y cómo los políticos han ido interpretando la misma a través de su desarrollo mediante la Ley Orgánica correspondiente. El Artículo 122 de la Constitución dice: 

 

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, … 

 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

 

Hay que resaltar dos cuestiones importantes. Primera, que la Constitución no remite a una Ley Orgánica el procedimiento de selección de los miembros del Consejo. Segunda, que la Constitución sólo especifica que de los 20 miembros que lo componen, el Congreso designará a cuatro y el Senado a otros cuatro y que los doce restantes se designarán entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Es evidente que la distinción establecida entre los 12 elegidos entre Jueces y magistrados y los 8 elegidos por las Cortes implica que la elección parlamentaria no es de los 20 miembros. Y así se interpretó en el Artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial: “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establece la presente Ley; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegido en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”. Por tanto, inicialmente, 12 de los 20 miembros eran elegidos por y entre los propios jueces. Sin embargo, este sistema cambió con la reforma socialista de la Ley Orgánica en 1985, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, en la que se estableció en el Artículo 567 que “2. Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial, conforme a lo previsto en el Capítulo II del presente Título”, pasando, por tanto, la constitución del tercer poder del estado a depender de la voluntad del legislativo y, por ende, del ejecutivo. El Tribunal Constitucional avaló esta interpretación retorcida de la Constitución con el pretexto de que así se favorecía una mayor democratización de la justicia al favorecer la representatividad de las mayorías sociales, como si el Consejo General del Poder Judicial tuviera que ser una representación en miniatura del parlamento y no el gobierno de la judicatura.

 


La exigencia de que la elección de los miembros del Consejo fuera hecha por tres quintos de las cámaras obligaba a que, al menos, se produjese un consenso entre los dos partidos mayoritarios. ¿En qué punto nos encontramos ahora? Pues que el Gobierno exige al PP que negocie la lista de vocales que han de votar las cámaras parlamentarias. El PP se niega a negociar con los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, porque el segundo es un partido imputado y el Gobierno, en respuesta, amenaza con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la mayoría cualificada de tres quintos y convertirla, a la polaca, en mayoría absoluta. Y tanto el Gobierno como todo su coro de loritos periodistas se dedican a repetir que el PP actúa de forma irresponsable y en contra de la Constitución porque la renovación del CGPJ es obligatoria y lleva dos años de retraso.

 

Ya está bien de mentiras. En este asunto, como en muchos otros, la responsabilidad es compartida entre unos y otros. Si hay alguien actuando en contra de la Constitución hay que concluir que no sólo es el PP, sino todos, empezando por el Presidente del Gobierno. Y ello es así porque el ni el Gobierno, ni su Presidente pintan nada en el proceso de elección de los vocales del CGPJ. El poder ejecutivo no puede ni debe intervenir, y menos aún plantear exigencias, en una votación y un procedimiento que depende exclusivamente del poder legislativo. Por muy chuleta que sea el Sr. Sánchez y por muy matón de billar que sea su vicepresidente no pueden exigir a la oposición que se siente a negociar en los términos que a ellos les parezca conveniente. Nadie puede obligar al PP a sentarse a negociar con Unidas Podemos, con Bildu o con ERC. Y la razón por la que el poder ejecutivo carece de legitimidad para intervenir en el proceso deriva no sólo del sentido común, sino de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial vigente que en su Artículo 568.1 señala, como es lógico, que “Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”. 

Si se trata de una decisión del poder legislativo es lógico que sean los presidentes de las cámaras quienes adopten las medidas necesarias para alcanzar la renovación del CGPL que en este caso pasan por la necesaria negociación entre grupos parlamentarios para alcanzar los consensos necesarios para llegar a los tres quintos de cada cámara. 

 

Es posible que sea mucho pedir a este Gobierno que trate de respetar la división de poderes, que trate de asumir que su poder y su competencia es limitado y delimitado por la Ley tanto en su espíritu como en sus formas, pero hay que seguir pidiéndoselo todos los días, así como al ejército de sumisos comentaristas y periodistas que lo jalean. Aquí no hay más incumplidor de la Constitución que un Gobierno con ansias de “espacio vital” que invade las competencias del poder legislativo para someter y conformar a su imagen y semejanza al poder judicial.

 

Santiago de Munck Loyola