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lunes, 20 de junio de 2022

El sanchismo: un cadáver andante.


Dígase lo que se diga, lo cierto es que los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio han sido sorprendentes no porque las haya ganado el Partido Popular, algo que vaticinaban todas las encuestas incluida la del CIS, sino por cómo lo ha hecho. La holgada mayoría absoluta que ha logrado el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido sorprendente en el actual contexto electoral. Y es que estamos en un contexto electoral caracterizado por el fraccionamiento partidista tanto por la derecha (Vox, PP y C’s) como por la izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) algo que dificulta mucho la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Y a ello hay que añadir que estamos hablando de la región española que hasta ahora era considerada como el granero de votos socialista lo que, a priori, era un plus de dificultad para que esa mayoría pudiera ser obtenida por el tradicional partido del centro derecha. Por ello, la mayoría absoluta conseguida por el PP de Andalucía tiene el doble mérito de haberla logrado con su espectro electoral fraccionado y en el feudo socialista por antonomasia. 


Lo cierto es que este histórico triunfo tiene interpretaciones y explicaciones para todos los gustos, pero algunos datos electorales tienen poco margen de maniobra para buscar posiciones interesadas. Los números son claros: si analizamos los porcentajes electorales por bloques se observa que un 11 % de los votantes de izquierdas en 2018 han transferido su voto al bloque de la derecha que pasa de un 49,99 % en 2018 a un 60,88 % en 2022. Y este dato es muy importante porque apunta a que el electorado no se ha dejado influir por los mensajes catastrofistas de la izquierda, por los mensajes del miedo y por sus tópicos (que si privatizaciones, que si desmantelamiento del estado de bienestar, etc.), a que el electorado no ha encontrado propuestas constructivas y atractivas en la izquierda y a que tampoco han percibido que los problemas reales (el paro, la inflación desbocada, el precio de la luz, etc.) sean percibidos como tales por una izquierda más implicada en sus políticas de género, en las pseudoclimáticas o en el revisionsimo histórico que en la dura realidad diaria. El Partido Popular ha perdido un 2,5 % de su electorado que se ha ido hacia Vox, pero ha compensado sobradamente esa pérdida porque ha crecido absorbiendo a la mayoría de los votantes de Ciudadanos, un 15 %, y a una porción nada desdeñable de votantes socialistas, en torno a un 9,40 %. Ciudadanos ha desaparecido a pesar de haber formado parte del gobierno andaluz en la última legislatura. Una vez más se repite la historia, el socio minoritario de un gobierno de coalición es absorbido por el mayoritario.


Aunque sea a título simbólico, los resultados del PSOE han sido un auténtico varapalo, en primer lugar, porque ya no es el partido más votado en su propio feudo, mejor dicho, su ex feudo y, en segundo lugar, porque ni contando con el apoyo del Gobierno de España que enseguida hizo uso de la chequera han podido mejorar los resultados de 2018. El PSOE pierde casi un 3 % de los votos y 3 escaños respecto a 2018 y no pierde más porque se ha producido una transferencia de voto de la ultraizquierda hacia el PSOE cercana al 4 %. Y resulta especialmente increíble la incapacidad de los socialistas para hacer autocrítica. Todavía no han pedido perdón por los 630 millones de euros robados según sentencia y, aún más, el inefable Zapatero ensalzó la figura política de Cháves y Griñán en el final de la campaña socialista. ¡Vergonzoso! Resulta ridículo atribuir sus malos resultados a la falta de movilización cuando lo cierto es que la participación ha subido casi dos puntos respecto a 2018. La Sra. Lastra ni se entera. Por cierto ¿alguien sabe si ya se ha movilizado para protestar por los resultados?

 

El tercer Partido de Andalucía es ahora Vox quien desplaza a la ultraizquierda a la última posición de la carrera electoral. Vox crece un 2,5 % respecto a 2018 y pasa de 12 escaños a 14. No llega a cumplir con unas expectativas que, por cierto, llegaron a marcar el rumbo de su campaña con un tono elevado, con un rumbo incierto y con ciertas dosis de prepotencia. Vox ha crecido, pero ha pasado a la irrelevancia política, ha pasado de influir en el gobierno andaluz mediante un acuerdo parlamentario a que Olona se convierta en Vicepresidente, pero no del gobierno, sino de la oposición. Vox ha pecado de prepotencia y de falta de respeto a su militancia. No es posible que un partido serio y democrático no sea capaz de estimular los liderazgos territoriales y siga usando la vieja técnica de los candidatos paracaidistas.

 

Y en último lugar queda la ultraizquierda fraccionada en dos formaciones. El “chulísimo” proyecto de Yoli se estrella estrepitosamente y debería constatar en su proceso de “escucha” qué es lo que los andaluces le han dicho alto y claro. Afortunadamente la ultraizquierda ha sido reducida a una presencia testimonial. Eso sí, el que no se consuela es porque no quiere y de ahí que la Sra. Teresa Rodríguez se ufane de que con sus pésimos resultados han logrado desactivar a Vox.

 

En definitiva, hemos asistido a un resultado histórico que bien administrado puede ser determinante para un próximo cambio político en toda España. Ha quedado demostrado que el centro derecha pueda volver a alcanzar una mayoría absoluta en España porque, además, se quiera o no,  se ha iniciado un nuevo ciclo político que pivota sobre el Partido Popular. Eso sí, hace falta prudencia y es imprescindible que antes el Partido Popular recupere el arraigo en territorios ahora hostiles donde su presencia es testimonial. La soberbia o la prepotencia no son buenos aliados y abrir las puertas del partido, apostar por la democracia interna e integrar son más necesarias que nunca para que el centro derecha pueda consolidarse como una alternativa al sanchismo y a toda la patulea separatista y radical que le acompaña. El sanchismo es ya un cadáver político, aunque aún no se haya dado cuenta de ello y eso lo hace especialmente peligroso para la libertad y el progreso de los españoles.

 

Santiago de Munck Loyola

 

miércoles, 9 de marzo de 2022

Los marcadores de territorio.

 

Muchas especies animales tienen la costumbre arraigada en su instinto de marcar su territorio con sus deposiciones. La finalidad es evidente, avisar a otros competidores de que ese espacio es suyo y de que, por tanto, no son bienvenidos. Pues bien, parece que  hay algunos políticos que son incapaces de sustraerse a ese instinto atávico y en cuanto son objeto de atención de los focos y de los micrófonos intentan marcar su territorio esparciendo declaraciones que son auténticas deposiciones. Mal ha empezado el amigo Esteban González Pons, diputado del PP en el Parlamento Europeo y presidente del comité organizador del PP, porque una de las primeras cosas que ha hecho ha sido intentar marcar territorio y lo ha hecho ocupándose en calificar a Vox como partido de extrema derecha. Tal cual. No es que haya marcado su territorio, el territorio del PP, proclamando lo que es y representa el Partido Popular, sus principios y propuestas, sino lo que es peor, lo ha hecho asumiendo, sin ningún tipo de rigor intelectual y de análisis, los tópicos de la progresía, lo que evidentemente no desvela nada bueno sobre la capacidad intelectual del susodicho, ni aporta nada interesante a su labor como presidente del comité organizador del próximo congreso de los populares. Quizás podría haber calificado de paso a Podemos como lo que es, extrema izquierda, pero ni aún así se entiende el objetivo de este señalamiento. ¿Piensa el Sr. González Pons que los ciudadanos no sabemos lo que la izquierda nos repite machaconamente sobre Vox? 

 

Si el Sr. González Pons cree que constituye una ineludible obligación de su “cargo” proceder a marcar el territorio electoral del Partido Popular no debería hacerlo mediante el uso de etiquetas adjudicadas a sus vecinos ideológicos, sino identificando claramente los principios y las líneas ideológicas de su propio partido para que luego, a la hora de votar, los ciudadanos no se sientan engañados, como ya ha ocurrido el pasado. Estaría muy bien que los populares señalizasen su territorio explicando a los votantes lo que podrán encontrar en el mismo; estaría francamente bien que nos dijesen si en el mismo vamos a encontrar de nuevo su rendición ante la Ley de Memoria Histórica o, por el contrario, su derogación; si su política fiscal va a ser una réplica de la llevada a cabo por el Sr. Rajoy con las mayores subidas de impuestos de la historia o si, por el contrario, van a volver a la desarrollada por los gobiernos de Aznar; si piensan devolver al hombre la presunción de inocencia o van a mantener intacta, como ya hicieron en el pasado reciente, la vigente Ley de Violencia de género; si tienen en mente adoptar alguna medida para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles en todo el territorio nacional; si van a hacer posible que en todo el territorio español se pueda elegir estudiar en español o si, por el contrario, van a extender el modelo gallego; podría también decirnos si el PP apuesta por homogeneizar los planes de estudio en España o no, o si va a hacer algo para acabar con el despilfarro autonómico y eliminar las duplicidades. En fin, son tantas las señales o mensajes para identificar de una vez clara y nítidamente el territorio electoral del Partido Popular que no se entiende esa obsesión por marcar el territorio con las etiquetas de sus vecinos.

 

Porque, una vez más, se olvida algo fundamental y es que los votantes de Vox lo eran antes del Partido Popular y, digo yo, que algo harían mal en el PP para que más de 4 millones de electores les dieran la espalda. Y cabe poca duda de que esos exvotantes del PP no se sienten de ultraderecha, ni sienten que el partido al que ahora votan, Vox, lo sea. La inmensa mayoría se siente demócrata, defiende la Constitución de 1978 y los valores constitucionales, pero también es verdad que la inmensa mayoría ya no se siente representada por el Partido Popular porque o bien les ha traicionado en cuestiones ideológicas o bien porque se ha plegado a lo políticamente correcto. Y si es así ¿a qué esperan los dirigentes populares para hacer una profunda autocrítica y a enmendar los errores que les han llevado a esta situación? ¿por qué no perfilan de una vez un mensaje claro, nítido y sinceramente comprometido con los valores que siempre han dicho defender?

 

Existe lo que Manuel Fraga denominaba una “mayoría natural” que puede y debe ser articulada bajo una misma oferta electoral porque así lo demanda nuestro sistema electoral si lo que se quiere es llegar al gobierno. Y para lograrlo la estrategia tiene que pasar por resaltar los muchos puntos de unión existentes entre las fuerzas de esa mayoría natural que son muchos más que los puntos de discrepancia. Descalificar a los antiguos votantes o resaltar las diferencias es simplemente suicida, es el mejor favor que se puede hacer a los sanchistas y a sus socios de la ultraizquierda.

 

No estamos ante el crepúsculo de las ideologías, sino ante su sustitución por otras fachadas de las mismas. La izquierda actual, revestida con nuevas banderas está logrando imponer una nueva visión social, utiliza todos los recursos públicos disponibles para ir penetrando poco a poco en todos los niveles sociales para imponer su visión y proyecto social que siempre empieza y termina por cercenar las libertades. Y parece mentira que mientras tanto la derecha liberal no se atreva a levantar sus banderas ideológicas y se dedique a hacer el ridículo una vez tras otra. Así nos va.

 

Fdo. Santiago de Munck Loyola

viernes, 23 de julio de 2021

La irresponsable agenda sanchista.

En períodos de crisis agudos como el que en estos momentos se vive en España constituye un ejercicio de responsabilidad política por parte de quienes dirigen el Estado intentar encontrar puntos de encuentro lo más abiertos e integradores posibles para aunar el máximo de voluntades políticas que puedan contribuir a superar los graves problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Es indudable que en estos momentos coinciden a la vez graves problemas económicos, sanitarios, sociales, políticos e institucionales cuya solución podrá ser más o menos rápida en función de la capacidad del Gobierno, de la Oposición y de los agentes sociales para alcanzar acuerdos de estado. Y, para lograrlo, es indudable que quien gobierna debe actuar con cierta grandeza de espíritu abriendo campos para el diálogo y para el acuerdo que cuenten con el mayor respaldo ciudadano posible, es decir, que sumen el mayor respaldo parlamentario. Y, para ello, lo más inteligente y eficaz es acotar la agenda del debate a la solución de los problemas más graves para la inmensa mayoría de los ciudadanos y aparcar temporalmente cualquier cuestión que ideológicamente suponga barreras de difícil superación para los interlocutores. 

 

Es evidente que la gestión de la pandemia habría sido muy diferente si el Gobierno desde el primer día hubiese intentado implicar en las medidas a adoptar y en la gestión sanitaria a todas las fuerzas políticas, si hubiese actuado con absoluta transparencia y si hubiese, por tanto, corresponsabilizado al conjunto de las administraciones y de las fuerzas políticas y sociales en el rumbo a seguir para minimizar el impacto de la misma. Unir a la sociedad para la consecución de grandes objetivos colectivos es un imperativo político de un Gobierno que aspire realmente a ejercer el poder con responsabilidad. Los cambios profundos no se consolidan si vienen respaldados por una mayoría parlamentaria frágil y precaria.

 

Salir más fuertes de la pandemia no se consigue por proclamarlo propagandísticamente. Se consigue abordando cambios profundos que fortalezcan la cohesión social, que consoliden un Estado lo suficientemente fuerte para poder enfrentar cualquier emergencia sanitaria de forma unitaria; se logra removiendo los obstáculos que nos dificultan un mercado interior único incluyendo también una reforma educativa duradera y nacional, una política energética transparente sin concesiones a la demagogia, una política fiscal incentivadora de la creación de empleo, cuya destrucción es ahora más que nunca un auténtico drama, una política exterior alineada, sin concesión alguna al populismo, con los países referentes en progreso y libertad; y se logra reformando aquellos aspectos institucionales que lastran nuestra convivencia democrática como la debilidad de la independencia judicial o la desigualdad de los derechos y obligaciones de los ciudadanos en función del territorio de residencia. Se sale más fuerte abordando de forma conjunta estos asuntos y despejando la agenda del debate político de aquellos otros que ni figuran en las preocupaciones de los ciudadanos, ni facilitan el entendimiento entre los partidos políticos.

 

Y en este sentido, no parece muy razonable, ni muy acuciante para la mayoría de los españoles sacar a la palestra el proyecto de Ley de Memoria Democrática. No sólo no es un tema prioritario, sino que además es un tema que sólo va a servir en estos momentos para reducir el campo de encuentro y de diálogo entre los grandes partidos para abordar en profundidad las reformas que nuestro país necesita para salir lo antes posible de la profunda crisis económica, política y social que atravesamos y para sentar unas bases sólidas de convivencia para las próximas décadas.

 

Los ciudadanos, la inmensa mayoría, queremos que se resuelvan los problemas de desempleo, que el precio de la electricidad sea asequible y que la factura de la luz deje de ser un instrumento de saqueo fiscal, queremos unas fronteras seguras y que nuestro país sea respetado, queremos que nuestros pensionistas reciban unas pensiones dignas y que se aseguren para las próximas décadas, queremos que nuestro sistema sanitario sea reforzado, queremos poder usar nuestro idioma en cualquier territorio español, queremos un pacto educativo y no reformas del modelo cada que hay un cambio de gobierno, queremos que los gobiernos no metan la mano ni en la caja pública, ni en la justicia ni en los medios de comunicación. 

 

Se equivocan y mucho quienes piensan que lo prioritario es imponer ese insulto a la lengua española que es el mal llamado lenguaje inclusivo o la mal llamada memoria democrática. Eso no es abrir ámbitos de diálogo, ni abordar los problemas más graves que a diario sufrimos los ciudadanos. Es simplemente irresponsabilidad ideológica. Es puro sanchismo.

 

Santiago de Munck Loyola