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jueves, 15 de julio de 2021

Con la libertad de los cubanos, sí o sí.

Vamos a ver, algo está fallando aquí. Resulta que de todos es sabido que Cuba padece, desde mi punto de vista, o disfruta, desde el punto de vista de los izquierdistas, de un régimen comunista. Y el régimen comunista cubano cumple perfectamente con lo que se espera de un régimen comunista, es decir, con lo que establecen los cánones comunistas: partido único, ausencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de manifestación, de libertad de movimientos o de libertad económica y todo ello aderezado con la oportuna represión fulminando los derechos humanos más elementales. O sea, comunismo de libro. El régimen cubano es una dictadura “del proletariado”, sí, dictadura marxista y que ha seguido al pie de la letra las ideas de Engels “el partido victorioso (en la revolución) si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios”.

 

Y algo está fallando en España cuando los políticos comunistas, podemitas y socialistas no se atreven a decir claramente que Cuba es una dictadura, que lo que hoy y desde hace 62 años disfrutan o padecen los cubanos es una dictadura del proletariado de manual marxista, una dictadura comunista con los deberes bien hechos imponiendo el terror “engueliano” a todos los reaccionarios, o sea, a todos los que no sean comunistas. Porque lo quieran o no comunismo y dictadura son sinónimos. Ser comunista de manual, ortodoxo, implica ser enemigo radical de las libertades públicas, del libre ejercicio de los derechos humanos más elementales.

 

Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.

 

Estamos asistiendo a una protesta, a un levantamiento de buena parte del pueblo cubano que tras 62 años de dictadura comunista, de democracia popular, está saliendo a las calles para decir ¡Basta! Ante cualquier clase de vulneración de los derechos humanos no vale la táctica de la avestruz, no puede haber equidistancias y no pueden prevalecer las conveniencias económicas. Es incomprensible que, mientras el Gobierno español aplaude sin reservas cualquier medida que la UE adopte contra Hungría o Polonia por supuestas vulneraciones de los derechos del colectivo homosexual, sin embargo, mire hacia otro lado cuando todo un pueblo especialmente cercano al español como el cubano sufre una constante vulneración de sus derechos humanos. No hay excusa que valga, ni valen las razones diplomáticas, ni las de oportunidad para no decir las cosas claras, para no llamar a las cosas por su nombre. 

 

El pueblo cubano es prisionero de una terrible dictadura y ningún demócrata puede mirar hacia otro lado, ni tratar de enmascarar la condenable situación de los cubanos. Y si tras la miserable actitud de tibieza del Gobierno de España solo se esconde su fragilidad y su dependencia de fuerzas políticas que defienden la vulneración de los derechos humanos perpetrada por sus afines ideológicos en Cuba es que nuestros propios derechos humanos y nuestra democracia también está en peligro.

 

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 24 de octubre de 2018

Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?



El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 25 de febrero de 2015

PP-Podemos: No con nuestro dinero.


En diciembre de 2012, los diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Bartolomé González y María Isabel Redondo alcanzaron una notable relevancia informativa y se convirtieron de golpe en protagonistas en los temas de conversación de las redes sociales. La razón de su éxito mediático no estaba en su ingente trabajo en favor de los madrileños ni en la calidad de sus iniciativas parlamentarias, sino en que fueron pillados con las manos en la masa, mejor dicho, en la Tablet jugando a “apalabrados”, sentaditos en sus escaños mientras en el Pleno de la Asamblea madrileña se discutía algo tan intrascendente, al parecer, como era la privatización de seis hospitales y de una parte de los centros de salud. Estos dos sinvergüenzas pasaban así el rato en lugar de trabajar que es para lo que se les estaba pagando. ¿Y qué pasó? Pues nada, que estos dos caraduras se limitaron a balbucear unas excusas y han seguido en sus puestos cobrando del erario público.

Ayer, en el transcurso del debate sobre el estado de la Nación, la que fue “pillada” fue otra veterana diputada del Partido Popular, Dª Celia Villalobos, otra profesional de la política, quien presidiendo la sesión del Congreso, en ausencia del Sr. Posadas, se entretenía en jugar con su Tablet al “Candy Crusch” mientras el Sr. Rajoy intervenía en la tribuna de oradores. ¿Y qué va a pasar? Pues seguramente lo mismo que pasó con las “dos perlas” madrileñas, que, con suerte, emitirá algún tipo de excusa y a seguir cobrando de los sufridos contribuyentes. La indecencia y la falta de ejemplaridad de una buena parte de la clase política parece no tener límites. Los ciudadanos no pagamos los sueldos a sus Señorías para que se entretengan jugando, leyendo o durmiendo en las sesiones parlamentarias. Les pagamos para que trabajen y punto. Si tienen la suficiente cara dura como para entretenerse así delante de los medios de comunicación, a la vista de todo el mundo, bien podemos imaginarnos lo que harán, lo que trabajarán fuera de la vista pública. Mejor no pensarlo.

Claro que estas impresentables actitudes, estas manifestaciones de desprecio hacia los ciudadanos que algunos identificarían como propias de la “casta” son muy contagiosas. Hoy mismo, se ha celebrado en Estrasburgo un Pleno del parlamento europeo en el que, a instancias del Grupo Popular, se debatía la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, la patria adoptiva de los ultraizquierdistas de Podemos. Y resulta que el Sr. Pablo Iglesias, en vez de cumplir con sus obligaciones para las que se le paga generosamente con cargo a los contribuyentes europeos, hace “novillos” y se planta en un mitin en Madrid en el que, por cierto, pasándose las urnas por el “arco del triunfo” se autoproclama jefe de la oposición. Dejando al margen esta “querencia” bolivariana y totalitaria del Sr. Pablo Iglesias y su, por supuesto, proverbial complacencia con la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo cierto es que su actitud es exactamente la misma que la de los miembros de la “casta” que él tanto critica. El Sr. Iglesias cobra por un trabajo que no hace. ¿Cómo Monedero? Puede ser. ¿Cómo Villalobos, González y Redondo? Desde luego que sí. Un sinvergüenza más. Y disfrazado de profeta.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 20 de septiembre de 2012

"Nihil novum sub sole".




Nada nuevo bajo el sol. ¡Qué gran verdad! Basta con observar el agitado panorama mundial en torno al video que caricaturiza a Mahoma para comprobar la veracidad de este dicho. De ello puede dar buena cuenta el escritor británico Salman Rhusdie, autor entre otras de la obra Los versos satánicos y condenado a muerte por ello por el Imán Jomeini mediante una fatwa, un edicto religioso. La publicación de Los versos satánicos en 1988, provocó la ira inmediata en el mundo musulmán al entender que se trataba de forma irreverente a la figura del profeta Mahoma. Rápidamente países como la India, Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Bangladés, Sudán,  Malasia, Indonesia y Catar prohibieron el libro el 5 de octubre, y Sudáfrica el 24 de noviembre. La violencia se desató en algunos países musulmanes y murieron decenas de personas. Editores o traductores fueron agredidos o asesinados en algunos países occidentales a manos de los musulmanes. Los iraníes ofrecieron una recompensa de tres millones de dólares por la cabeza del escritor británico quien durante muchos años ha tenido que vivir bajo protección policial.

En 2005 el periódico con mayor tirada de Dinamarca convocó a los dibujantes daneses a caricaturizar a Mahoma. Se recibieron en el periódico doce caricaturas algunas de las cuales vinculaban al Islam con el terrorismo y se publicaron. Los líderes musulmanes daneses y los embajadores de varios países musulmanes en Dinamarca intentaron, sin éxito, presionar al Primer Ministro danés para que interviniese. Éste se negó a ello alegando que se debía respetar la libertad de prensa y ofreciendo los musulmanes la vía judicial para que defendiesen sus posiciones. Un periódico noruego reprodujo las mismas caricaturas en solidaridad por los ataques a la libertad de expresión de sus colegas daneses. Periódicos franceses y alemanes actuaron igualmente. Y la histeria y la violencia volvieron a extenderse por la mayoría de los países musulmanes. Otra vez manifestaciones, asaltos y pillaje contra embajadas y empresas occidentales, muertos en distintos países,… El mismo y siniestro ritual que con Salman Rhusdie. Esta vez, algunos dirigentes occidentales empezaron a criticar la libertad de expresión y a tachar de imprudentes y de incitadores al odio religioso a los medios de comunicación que habían desencadenado esta espiral de violencia.

Ahora, 24 años después del inicio del calvario del escritor británico la historia se repite. El detonante en esta ocasión es un video de corta duración en que se ridiculiza, al parecer, a Mahoma. El panorama sigue exactamente igual: manifestaciones violentas de protesta en el mundo musulmán, violencia contra los intereses occidentales, asesinatos, etc. La respuesta de los musulmanes que en su inmensa mayoría no habrán podido tener acceso al video que sólo circula por Internet es la misma que en ocasiones anteriores. Y es evidente que esta respuesta obedece a la incitación  de sus líderes religiosos y políticos.

Hace pocas horas el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que no se abuse de la libertad de expresión, ya que es un derecho que no debería servir "para provocar y humillar los valores y las creencias" de otros pueblos. Quizá debería haber sido más preciso y decir en lugar de “otros pueblos”, del pueblo musulmán porque cuando se han hecho públicas obras supuestamente artísticas que ridiculizaban a Jesucristo o a los budistas de la ONU no ha salido el más mínimo comunicado. Por tanto, parece evidente que la reacción de este organismo y de muchos dirigentes occidentales que estos días están criticando con dureza a los autores de estas sátiras no obedece a un sincero convencimiento de la necesidad de defender las creencias religiosas del individuo o de los pueblos, sino al miedo y a la cobardía ante la violencia de los musulmanes.

Desde luego, sería mucho más gratificante para no poca gente escuchar de los líderes mundiales referencias a la carta de Derechos Humanos y en concreto de dos Artículos de la misma. El Artículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” Y el Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Santiago de Munck Loyola