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jueves, 29 de marzo de 2012

Y España no se ha parado.

Ni ríos de huelguistas inundando las calles de los pueblos y ciudades de España, ni mareas democráticas, ni gaitas… La huelga general del 29 de marzo ha tenido la respuesta que todos hemos podido ver en nuestro entorno y en los medios de comunicación, no la que nos quieran o pretendan hacernos ver los líderes sindicales. No sólo se trata de la percepción que cada cual ha tenido sobre el impacto y alcance de la huelga general, sino de la valoración de los datos objetivos que sirven para apreciar con cierto rigor el éxito o fracaso de la una convocatoria de este tipo.

España no se ha parado. El país ha seguido funcionando con más o menos normalidad salvo excepciones perfectamente localizadas en tramos horarios, en zonas geográficas y en sectores productivos. El paro no ha sido general ni uniforme a lo largo del día, variando según la mayor o menor presencia de los piquetes coactivos que han venido circulando por el país. Es evidente que sin la presencia de los piquetes coactivos la incidencia de la huelga general habría sido aún menor que la que los datos objetivos nos indican. Tanto el transporte público, como el comercio, los centros sanitarios, las administraciones públicas, los sectores agrícolas y ganaderos, la hostelería, los servicios profesionales o, en menor medida, los centros educativos han venido funcionando con normalidad en la inmensa mayoría del país. Parece que sólo en los sectores industriales la incidencia de la huelga ha sido mayor. En todo caso, a estas horas, todos los datos apuntan que la incidencia de esta jornada de huelga ha sido inferior a la producida en la huelga general de 2010.

La convocatoria de una huelga general fracasa cuando no consigue paralizar un país ni consigue mover las posiciones del adversario, en este caso el Gobierno de la Nación. Y en esta huelga general los sindicatos no han conseguido ni paralizar el país ni doblegar la postura del Gobierno en torno a la reforma laboral. Por tanto, no es aventurado afirmar que la huelga general ha fracasado. Y el fracaso de la huelga no se debe tanto a las razones que la han motivado, el rechazo al contenido de la reforma laboral, sino, con toda seguridad, a otros factores diferentes. Es muy posible que a una gran parte de los ciudadanos no nos guste esta reforma laboral pero nos gustan menos las alternativas a la misma o, mejor dicho, la ausencia de alternativas. A ello hay que añadir el rechazo a los convocantes cuya actitud servil durante los últimos años, su pasividad frente a las políticas destructoras de empleo, su complicidad frente al despilfarro y la corrupción o su carácter de “apéndices del Estado, en palabras de Julio Anguita, aleja a muchos ciudadanos de la posibilidad de secundar sus llamamientos a la huelga.

Del mismo modo que muy pocos secundarían una manifestación convocada, por ejemplo, por Julián Muñoz en contra de la corrupción, muchos no queremos secundar los llamamientos de unos sindicatos como éstos. Su pasado reciente les resta credibilidad y legitimidad. Y del mismo modo que no secundar un llamamiento de Julián Muñoz contra la corrupción no significa estar a favor de la misma, no secundar un llamamiento de estos sindicatos contra la reforma laboral no significa estar de acuerdo con todo el contenido de la misma. Socialistas y comunistas han perdido las últimas elecciones generales y de ello no hace tanto tiempo, por lo que no debe sorprender que el sindicato socialista y el comunista tampoco hayan ganado esta jornada para su causa. Y si a ello se suma el rechazo a la desconfianza que estos tienen en las libertades de los ciudadanos representada por el uso de los piquetes coactivos, se explica mejor el fracaso de esta huelga.

Santiago de Munck Loyola

29 M Huelga general.

Guste o no, se apoye o no la huelga general, lo cierto es que hoy, 29 de marzo, es un día de “fiesta democrática” o debería serlo para todos los que creemos y defendemos el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en nuestra vigente Constitución. El derecho a la huelga que hoy sentimos como algo natural, fuera de discusión y en muchas ocasiones insuficientemente valorado fue conquistado y constitucionalmente protegido tras largas y duras luchas.

Y conviene recordarlo y valorarlo con independencia de que se esté a favor o en contra de los motivos de esta convocatoria de huelga general, de la oportunidad de la misma o, incluso, de los propios convocantes. Lo importante y verdaderamente trascendente es que cualquier ciudadano pueda decidir libremente y sin miedo a la más mínima represalia ejercer su derecho a no acudir a su puesto de trabajo. Se trata de una decisión individual que merece no sólo el máximo respeto, sino, también, la máxima protección posible de los poderes públicos.

Y del mismo modo el derecho a no secundar la huelga pertenece a la esfera de los derechos y libertades individuales amparado por las leyes. Cada ciudadano tiene o debería tener el mismo derecho a poder acudir a su puesto de trabajo, si esa es su decisión, sin ser objeto de ninguna coacción o represalia por hacerlo. El respeto y la protección del libre ejercicio de los derechos individuales deben estar por encima de cualquier tipo de consideración. Sin embargo, en muchas ocasiones, ambos derechos, el de hacer huelga y el de no hacerla, no son respetados ni protegidos con la debida fuerza. Es una realidad fácilmente constatable cada vez que se produce una huelga: empresarios que amenazan, coaccionan o toman represalias con los huelguistas y sindicalistas que hacen exactamente lo mismo con aquellos que en uso de su libertad deciden no secundar el llamamiento a la huelga.

En toda convocatoria de huelga se producen conflictos en torno a los llamados “servicios mínimos” y se desatan polémicas en torno a la necesidad o no de regular el derecho constitucional a la huelga. Las Administraciones Públicas han venido siempre demostrando una propensión a agrandar y extender los servicios mínimos y los sindicatos a incumplirlos cuando los consideran abusivos. Las patronales por su parte se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y enseguida invocan la necesidad de una Ley reguladora que, en realidad, no es otra cosa que la pretensión de encorsetar el derecho a la huelga. Y después de una ley vendría un reglamento y con ello más restricciones.
Camionera quemado vivo en 2008 en Alicante.
Los piquetes incendiaron su camión mientras él dormía dentro.

Los servicios mínimos deberían limitarse a los servicios básicos y esenciales y, hoy por hoy, no parece necesaria una regulación de la Ley de huelga, pero ambas posibilidades pasan por una tutela efectiva del derecho al trabajo y una actitud respetuosa de los sindicatos a la libertad individual de quienes no desean secundar su llamamiento. De ahí que, si se admite la innecesariedad de una legislación sobre la huelga y la delimitación restrictiva de los servicios mínimos, debería admitirse la eliminación de los llamados piquetes “informativos”, sobre todo en una huelga general. Hoy todo el mundo sabe que ha sido convocada una huelga general y los motivos por lo que se ha convocado, por tanto ningún ciudadano tiene la más mínima necesidad de que un piquete “informativo” se lo cuente y menos aún en el tono en que se suele contar. Todos sabemos que estos piquetes son simplemente coactivos, no informativos, y que constituyen un instrumento sindical imprescindible para contribuir al éxito de una movilización. Y la razón no es otra que la desconfianza de los sindicatos en el uso que cada ciudadano pueda hacer de su libertad, de hacer o no huelga. Los piquetes son un instrumento arcaico para cercenar el derecho a la libertad de elección, al derecho a poder trabajar y, por tanto, constituyen un factor antidemocrático que desequilibra el binomio de facultades que configuran el derecho a la huelga. Su uso es un ataque sistemático a las libertades y ello pone en riesgo el conjunto de las mismas.

En todo caso, hoy, lo importante es que los ciudadanos, si queremos, podemos hacer huelga sin temor alguno y eso es motivo suficiente de celebración. Y ojala quienes decidamos no hacerla, también podamos celebrar nuestro derecho.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 9 de marzo de 2012

Yo no haré huelga.

Sólo quedaba que anunciaran el día de la Huelga General y hoy, los sindicatos mayoritarios, lo han hecho: será el próximo viernes 29 de marzo. ¡Qué mejor que empezar las vacaciones de Semana Santa con una huelga general, sobre todo, para los escolares! Nada nuevo bajo el sol, salvo la fecha. Estaba cantado que al Gobierno del PP le montasen una huelga general los sindicatos con ésta o con cualquier otra reforma laboral. No hay que olvidar que los sindicatos españoles no tienen buen perder y que “los suyos” perdieron las elecciones generales el pasado 20 de noviembre, por tanto, todos a la calle y a presionar al gobierno.

Los líderes sindicales acusan al Gobierno de ser el responsable de la huelga “por sus formas y por su imprudencia” al abordar una reforma laboral sin el consenso de los sindicatos. Todos hemos visto cómo los sindicatos y patronos se han estado reuniendo durante meses sin alcanzar un acuerdo que poner encima de la mesa del Gobierno a pesar de la gravísima situación económica del país. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado hoy que la convocatoria de la huelga es una respuesta a “la reforma laboral más regresiva de la historia de la democracia en España”. Uno pensaba que la mayor regresión posible en materia laboral es quedarse sin trabajo, en la p. calle, con muchos derechos laborales y sindicales bajo el brazo, pero sin un puñetero euro en el bolsillo con el que pagar la hipoteca, pero no, parece que desde la óptica sindical no es así y que, por éso, ante cinco millones de parados, sin perspectiva en el horizonte próximo de encontrar un trabajo, es más que razonable que los sindicatos españoles ni siquiera se planteasen montar una huelga general al anterior gobierno que con tanta dedicación les venía inyectando suculentas subvenciones.

Un servidor no va a hacer huelga el próximo 29 de marzo por muchas razones. En primer lugar porque no creo en unos sindicatos vinculados ideológicamente a ciertos partidos que son los que acaban de perder las elecciones generales y entre los que está el partido responsable en gran parte del desastre socio económico de España. Es tal la afinidad entre esos sindicatos y esos partidos que la legítima defensa de los derechos de los trabajadores se confunde con la defensa de postulados partidistas. En segundo lugar, porque no me siento representado por unos sindicatos que, en el terreno más cercano, en mi ámbito profesional, no lo hacen bien. Algunos de mis representantes sindicales tienen una actuación vergonzosa. No todos, es verdad, pero sí una pequeña parte de ellos cuya forma de proceder no se cuestiona. Hay algunos representantes sindicales, mis representantes, que se toman invariablemente las 15 horas mensuales preferentemente los lunes o viernes, que para actividades sindicales les pertenecen por ley, y que se niegan sistemáticamente a decirnos a los trabajadores, a aquellos a quienes se suponen nos representan, dónde están, o a qué dedican esas horas. Porque una cosa es cierta, ni asisten a las mesas de negociación convocadas los días que ellos disponen de las horas sindicales, dejándonos sin representación, ni es posible encontrarlos para demandarles su ayuda sindical. Todo ello con la bendición de sus superiores de la UGT comarcal de la Comarca del Vinalopó. Así que, si no puedo confiar en mis representantes sindicales directos ¿cómo lo voy a hacer con la cúpula del rolex?

Y, en tercer lugar, no voy a hacer huelga el día 29 porque España no está para “bromas”. Un seguimiento de la huelga general de un 70 % de media supondría un coste de unos 2.200 millones de euros según los estudios publicados. Puede que a los sindicatos convocantes no les parezca significativa esa cantidad o que simplemente no les importe, pero a mí sí me importa. Con la situación que vivimos es un auténtico despilfarro que nuestra sociedad no se puede permitir.

Por todo ello, el día 9 de marzo iré a trabajar y, por cierto, sin necesidad de que ningún piquete “informativo” vaya a coaccionarme, perdón, a informarme de las razones por las que hay que hacer huelga. Las conozco, no las comparto y en uso de mi libertad actúo en consecuencia.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 4 de diciembre de 2010

LA HUELGA DE LOS CONTROLADORES.

¡Buena la han montado los controladores! Miles de ciudadanos tirados en los aeropuertos, vacaciones rotas, reservas de hoteles canceladas, el espacio aéreo de todo el país cerrado y decretado el estado de alarma. Todo un caos generado por una impresentable huelga salvaje que va a generar cientos de millones de euros de pérdidas en una economía cada vez más cerca de ingresar en la UVI con una intervención europea. Sin entrar a valorar las razones de los controladores que, posiblemente sean muy respetables, lo que no es admisible es el método elegido para hacer valer sus legítimos derechos. La responsabilidad de estos profesionales ha brillado por su ausencia. Han chocado frontalmente con el gobierno del talante y las consecuencias las sufren todos los ciudadanos, vuelen o no, porque la imagen y la economía española han salido gravemente dañadas.

Y si grave es la actitud de los controladores no lo es menos la del Gobierno. Preguntado el Ministro de Fomento, Sr. Blanco, sobre las razones que han impulsado al Gobierno a aprobar el decreto causante del conflicto la víspera de un puente, se ha limitado a decir que los controladores llevaban tiempo saltándose los acuerdos y que “no acetaban (sic) la ley”. Ha añadido el inefable Ministro que hacían barbaridades tales como “computar como jornada trabajada las bajas por enfermedad”. Ignoraba yo que el tiempo que uno está de baja enfermo haya que trabajarlo una vez dado de alta, pero en fin, lo dice el Sr. Ministro. Desde luego no sé si los controladores “acetan o no acetan” la normativa en vigor y me es completamente indiferente para poder saber por qué el Gobierno ha elegido precisamente estas fechas para su decretazo, cuestión a la que no ha querido responder el Sr. Blanco. Del mismo modo, ignoro el “ojeto esato” (sic) de las negociaciones entre AENA y los controladores, pero me preocupa saber por qué este Gobierno no previó las consecuencias que podían acarrear sus decisiones. ¿Cómo es posible que el Gobierno no supiese que se iba a montar este jaleo? Si lo sabía y no hizo nada, mal y si no lo sabía peor.
Que por primera vez en la Democracia un Gobierno haya tenido que acudir a decretar el estado de alarma suspendiendo así derechos constitucionales es tremendamente significativo del estado de deterioro de la situación. Y que el Sr. Rodríguez Zapatero no salga a dar la cara lo es aún más. Por primera vez un Gobierno suspende derechos constitucionales y ¿no tiene nada que decir a los ciudadanos el Presidente del Gobierno? Es absolutamente increíble. El Portavoz del Partido Popular, Sr. Pons ya se ha ocupado en el día de hoy de recordárselo a la ciudadanía.

Pero, claro, no cabría preguntarse lo mismo del Jefe de la Oposición. ¿Acaso la promulgación del estado de alarma por primera vez en nuestra democracia no exigía una comparecencia pública inmediata del Presidente del Partido Popular? Yo creo sinceramente que sí. Como creo que es un error achacar al Sr. Zapatero lo mismo que hace el Sr. Rajoy, aunque las responsabilidades sean distintas. Como decía el Conde de Romanones: ¡Vaya tropa!

Santiago de Munck Loyola

domingo, 12 de septiembre de 2010

LA HUELGA GENERAL.



El próximo día 29 de septiembre, los sindicatos han convocado una huelga general para protestar, fundamentalmente, por la reforma laboral recientemente aprobada por el PSOE en el Parlamento. Ante esta convocatoria cabe plantearse muchas cuestiones para decidir si se secunda o no este llamamiento. Otra cosa bien distinta es que la libertad de elección de cada ciudadano pueda realmente llevarse a la práctica ante la habitual violencia de los piquetes “informativos” sindicales.

El llamamiento a la huelga lo realizan las organizaciones sindicales que hace poco más de dos años contribuyeron al triunfo electoral de Rodríguez Zapatero, unas veces con llamamientos explícitos para apoyarle, otras mediante el cómplice silencio ante los embustes del candidato que, por activa y por pasiva, negaba la existencia de una grave crisis económica de la que eran muy conscientes los líderes sindicales. Son los mismos que contribuyeron al triunfo de Zapatero los que hoy llaman a la ciudadanía a la huelga general contra las medidas adoptadas por su entonces candidato. Pero hacen este llamamiento como “sin querer”, a medio gas, meses después de haberse anunciado las medidas antisociales del Gobierno y una vez que ya han sido aprobadas y ratificadas por el Parlamento, es decir, a toro pasado. Al contrario que los sindicalistas europeos que se han venido movilizando de forma inmediata ante cada anuncio gubernamental de medidas económicas, los sindicalistas españoles se lo han tomado con mucha calma, quizás, por eso del diálogo social. En el caso de la UGT parece que la convocatoria no se realiza contra el Gobierno, no, en su diana están los empresarios y el PP, por supuesto, y el Gobierno de refilón. Por otra parte, en las declaraciones del líder de CCOO se resalta más al Parlamento como adversario por aprobar la reforma laboral que al Gobierno que ha propuesto y cuyo partido ha aprobado en solitario esa reforma. Parece como si se sintieran culpables por tener que convocar una huelga general al amigo y colega Zapatero que tantas subvenciones les facilita.

Y en esta huelga general casi cinco millones de ciudadanos no podrán ejercer su derecho a la huelga porque tampoco pueden ejercer su derecho al trabajo. Para estos cinco millones de españoles los sindicatos aún no han tenido tiempo de convocar una protesta como la del 29 de septiembre. Claro, que estando desempleados para qué necesitan de los sindicatos y viceversa.

Es evidente que hay muchos motivos para protestar contra este Gobierno, motivos de toda índole: económica, social, territorial, cultural, etc. Pero estos motivos están desde hace mucho en la agenda pública y ni los sindicatos, ni la oposición han adoptado las necesarias medidas de protesta que pudieran, al menos, hacer sentir a los gobernantes que la realidad de la calle es muy distinta a la que perciben desde sus enmoquetados despachos.

El Gobierno se merece una huelga general, pero ¿se la merece España? ¿Está en condiciones la economía española de soportar el inmenso coste económico que supondría el triunfo de esta convocatoria? ¿Pueden resistir las pequeñas empresas este coste? ¿Lo pueden resistir los bolsillos de los trabajadores?

Son cuestiones sobre las que merece la pena reflexionar, con permiso de los sindicatos, a la hora de decidir la posición individual a la hora de apoyar o no la huelga. Yo no lo tengo claro.

Fdo. Santiago de Munck Loyola.