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miércoles, 28 de diciembre de 2011

El Gobierno de Rajoy debe auxiliar urgentemente a los Ayuntamientos.

A la imperiosa necesidad de reducir las deudas de las administraciones públicas, cada una de ellas está respondiendo de diferente manera y usando distintos mecanismos. Entre ellas, las Comunidades Autónomas están acudiendo al mercado inmobiliario para hacer caja con la venta de su patrimonio inmobiliario y poder obtener así ingresos que palien su falta de liquidez. En unos casos se trata de la venta de terrenos, solares o edificios y en otros de la venta de participaciones de sus empresas públicas. http://www.elpais.com/articulo/economia/comunidades/venden/patrimonio/3000/millones/reducir/deficit/elpepueco/20111228elpepieco_4/Tes

Muy diferente es el caso de las Administraciones Locales, de los Ayuntamientos. Bien es cierto que en el conjunto de la deuda de las Administraciones públicas de deuda de los municipios, con ser grande, no constituye el eje del problema de las administraciones públicas. Sin embargo, el impacto social de las deudas municipales es enorme. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos españoles se encuentra en situación de emergencia. La caída brusca de los ingresos corrientes ha hecho que muchos Ayuntamientos no puedan ya ni pagar con regularidad las nóminas de los empleados públicos. La adopción de planes de saneamiento y de recortes se ha impuesto, pero tarde. Hoy no se puede hacer frente a la mayoría de los gastos contraídos en los tiempos de bonanza. Y lo bancos no prestan la financiación necesaria ni siquiera en los municipios con capacidad de endeudamiento.

Miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos de todos y cada uno de los pueblos de España son acreedores de los Ayuntamientos. Éstos carecen en su inmensa mayoría de liquidez para poder pagar a sus proveedores, con lo que el pago de las deudas se va demorando mes tras mes causándoles enormes perjuicios y conduciéndoles, en un gran número de casos, al cierre directo de sus pequeños negocios. El impago de los Ayuntamientos a sus proveedores ha provocado, además, un efecto dominó: cuando cierra forzosamente un proveedor municipal suele arrastrar en su caída a muchos de sus propios proveedores.

Las medidas adoptadas hasta hora por el anterior gobierno socialista se han demostrado insuficientes, cuando no contraproducentes. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero supuso la construcción en tiempos de crisis de miles de nuevos centros y dotaciones municipales que ahora deben funcionar y, por tanto, que han incrementado, en muchos casos, los gastos corrientes de Ayuntamientos que a penas podían hacer frente a sus anteriores gastos de funcionamiento. De otra parte los créditos ICO aprobados hace unos meses para que los Ayuntamientos pudieran hacer frente al pago de parte de su deuda con proveedores se han otorgado en condiciones de muy difícil cumplimiento para la mayoría de los pequeños y medianos Ayuntamientos que, en casos de demora de las amortizaciones mensuales, verían en peligro la periódica aportación del Estado con la que actualmente sostienen la mayor parte de sus gastos corrientes. Por último, las severas limitaciones establecidas por el Gobierno Zapatero a la concertación de operaciones de Tesorería no han hecho más que agravar la situación de caja de las entidades locales.

Resulta imperioso que el Gobierno de Rajoy arbitre medidas que alivien la difícil situación de los Ayuntamientos. Conjugar control del gasto, disminución del déficit, reducción de la deuda municipal y alivio de tesorería es posible, difícil pero posible. Junto a todas las limitaciones y restricciones necesarias en cuanto al gasto de los entes locales hay que facilitar financiación para que los Ayuntamientos puedan saldar sus deudas a proveedores y, con ello, salvar miles de puestos de trabajo. Y a tiempos excepcionales corresponden medidas excepcionales. No tiene sentido, ni lógica alguna que, mientras las Comunidades Autónomas pueden vender patrimonio para sanearse, no puedan hacerlo los Ayuntamientos salvo para reinvertir el producto obtenido en vivienda protegida o, en su caso, en nuevo patrimonio. Muchos Ayuntamientos podrían pagar a sus proveedores vendiendo parte de su patrimonio y aunque se trate de una medida excepcional debería autorizarse. De igual modo debería el Gobierno flexibilizar las condiciones de concertación de operaciones de tesorería y, sobre todo, los plazos de amortización de las mismas porque el actual sistema está imposibilitando en un gran número de casos la viabilidad de tales operaciones. Y, por último, el Gobierno debería habilitar fondos a través del ICO para la concertación de estas operaciones de tesorería que, al día de hoy, la banca privada no concede.

Con éstas y con otras medidas de urgencia y de carácter excepcional, el Gobierno de Rajoy puede aliviar en buen aparte la asfixiante situación de la mayoría de los municipios que, mientras tanto y como administración más cercana a los ciudadanos, deben seguir prestando servicios, incluso en muchos casos, supliendo las deficiencias de las manirrotas Comunidades Autónomas.

Santiago de Munck Loyola




martes, 27 de diciembre de 2011

Los anuncios – bazofia de Movistar.

Navegando por Internet me he llevado una sorpresa agradable: parece que no soy el único al que no le gustan los anuncios de Movistar. Bueno, no es que no me gusten, es que me repugnan y me parecen vomitivos. Son esos anuncios en los que un colectivo asambleario discute y propone las nuevas tarifas telefónicas de esta compañía.

O bien se trata de anuncios-guiño al movimiento 15 M o bien se trata de parodias del mismo, depende del punto de vista del espectador. No soy precisamente un simpatizante de este movimiento, pero me parece que, en todo caso, en dicho movimiento han participado y participan miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría bienintencionados, que se merecen un respeto.  Sean cuales sean sus ideas y sus propuestas, sea cual sea su color político y al margen de la posible instrumentalización que de este movimiento alguna fuerza política ha tratado de aprovechar, lo cierto es que los anuncios de esta compañía, exponente donde los haya del capitalismo más antisocial, son una burla en toda regla, burla que no se merecen la mayoría de los ciudadanos que forman parte del mismo.

Y, si no se trata de una burla, peor aún si cabe. Porque parodiar el sistema asambleario o emular su supuesto funcionamiento para hacernos creer que las tarifas de esta compañía son permeables a la sensibilidad social es tomarnos a los ciudadanos por tontos. Se trate de anuncios-guiño o de anuncios-parodia del 15 M, Movistar puede contar con un posible cliente menos, un servidor.

Tiene su miga que esta compañía que ha dado evidentes muestras de carecer de lo que se conoce como responsabilidad social corporativa nos empache con estos vomitivos anuncios burlándose del conjunto de los ciudadanos. Es esta misma compañía, la que ahora se disfraza de entidad asamblearia y social, la que hace tan sólo unos meses puso en marcha un ERE para poner de patitas en la calle a miles de sus empleados. Y lo hizo no porque tuviera pérdidas, no. Lo hizo para aumentar sus beneficios en un momento de grave crisis económica y cargando con ello una buena parte del coste de esa operación a las ya maltrechas arcas del Estado. Todo un ejemplo de actitud insolidaria, de descarnada optimización del beneficio económico y de inmoralidad social.

Podrían los señores directivos de Movistar, ya que tanto creen en los movimientos asamblearios, en la democracia y en participación ciudadana, someter de verdad su ERE a consulta popular. Bueno, y sin ir tan lejos, si tienen un poco de decencia podrían someter sus tarifas, tal y como parecen hacer en los anuncios, a una verdadera consulta popular. ¡A que no hay lo que hay que tener! Nos íbamos a reír un rato con el resultado.

Bazofias publicitarias hay muchas, pero esta se lleva la palma. ¡Chapeau, señores de Movistar! Cuenten con uno menos.

Santiago de Munck Loyola.

domingo, 25 de diciembre de 2011

Su Majestad se equivoca.

En su tradicional discurso de Navidad, el Rey D. Juan Carlos, en velada alusión a la conducta de su yerno, ha afirmado que “la justicia es igual para todos”. Pero, esa afirmación no es sólo incorrecta, sino que al día de hoy, en España es rigurosamente falsa. Si su Majestad no lo sabe, debería saberlo porque es su obligación y se le paga para ello.

Una cosa es el plano de lo que “debería ser” y otra muy distinta el plano de lo que “realmente es”. En España, como en cualquier lugar del mundo, la justicia debería ser igual para todos los ciudadanos, independientemente de su condición, pero lo cierto, y la realidad es incontestable, es que la justicia no es igual para todos los ciudadanos. Su Majestad está realmente en un error.

Que la justicia no es igual para todos lo demuestra el hecho de que, al día de hoy, su propio yerno no haya sido aún imputado cuando se han hecho públicos numerosos datos y denuncias sobre sus actividades que en el caso de otras personas ya hace tiempo que habrían dado lugar al inicio de acciones judiciales. En este caso, la difusión de presuntas irregularidades en las actividades del yerno del Rey y la tardanza y lentitud en la actuación de la justicia sólo está dañando al Sr. Duque cuya presunción de inocencia no puede ser judicialmente confirmada.

Cualquiera que se moleste en hablar un poco con la gente sabrá de sobra que eso de que la justicia es igual para todos no es más que una falacia. En cuanto se pregunta o se indaga un poco, a uno le pondrán encima de la mesa cientos de casos concretos que evidencian que no es así, que los ricos y poderosos en España reciben un trato infinitamente mejor que la gente normal y corriente e, incluso, que entre la misma clase política tampoco la justicia es impartida o actúa de forma igualitaria. A un político le pueden procesar por haber recibido presuntamente tres trajes de regalo y a otro no se le puede procesar por haber recibido el regalo en obras gratis en su vivienda a costa de un constructor con intereses en la región que el primero gobernaba.

El mismo Tribunal Constitucional, aunque no sea en puridad un tribunal de justicia sino un órgano político, ha sido en este país capaz de dictar rápidas e inusitadas resoluciones, enmendando la plana al Tribunal Supremo, para que amigos de su Majestad el Rey no terminaran en prisión por los delitos de los que eran culpables.

Y recientemente hemos visto como un destacado banquero y delincuente, D. Alfredo Sáez, ha sido indultado por el Gobierno de España mientras se han venido denegando decenas de indultos solicitados por razones humanitarias de pobres delincuentes.

No, Majestad, en España la Justicia no es igual para todos. Debería serlo, pero no lo es, como tampoco lo es el principio de igualdad ante la Ley. En España, para nuestra vergüenza, unos son más iguales que otros.

Santiago de Munck Loyola

viernes, 23 de diciembre de 2011

¡FELIZ NAVIDAD!

Ya estamos en medio de las Fiestas Navideñas, fiestas que producen toda clase de reacciones de un extremo a otro: hay quien aborrece profundamente las Navidades, quien se sumerge en la nostalgia, quien las disfruta plenamente o quien sencillamente pasa de las mismas. Hay para todos los gustos. Lo cierto es que resulta difícil sustraerse al ambiente existente y, lo que es aún más complicado, descubrir su auténtico significado.

Los cada vez más exigentes imperativos comerciales han hecho de la Navidad una auténtica feria cuyos escaparates llevan más de dos meses a pleno rendimiento con el fin de alimentar el consumo de toda índole. El bombardeo empieza allá por octubre con el impresionante despliegue del variadisimo muestrario de perfumes y colonias, como si estuviésemos tremendamente necesitados de desprender novedosos aromas anunciados con toques de inglés o francés, y continua con el inevitable expositor de toda clase de juguetes. Cuando llegan estas fechas no hay marca de juguete que no conozcan al dedillo nuestros pequeños. La marea publicitaria navideña tendrá su inevitable continuación a comienzos del año nuevos con los anuncios de cursos de idiomas por fascículos y coleccionables de toda clase.

Yo tengo que reconocer que me gusta la Navidad aunque detesto la excesiva carga comercial a la que la hemos asociado. Resulta contradictorio que la conmemoración del nacimiento de Jesús ocurrido en medio de la pobreza y humildad se celebre con todo un despliegue de lujo, consumo y despilfarro. Nada más alejado del nacimiento, de la vida y del mensaje de Jesús.

La Navidad me trae muchos recuerdos entrañables, recuerdos familiares que avivados con cierta nostalgia me resultan muy queridos. Cuando se es niño en medio de una gran familia y cuando en el hogar familiar se rememora el nacimiento de otro niño hace dos mil años, quedan muy lejos los ruidos de la fiesta comercial. No me olvido de la emoción al desembalar los adornos navideños y la figuras del Belén, ni de la fascinación que sentía al ver a mi padre montarlo y al poder ayudarle: el corcho de la cueva, el serrín verde, el río de papel de plata, el olor de la rama de pino que servía de árbol navideño y el que desprendía al calentarse sus agujas con las bombillas de colores, etc. Con la Navidad llegaban películas como “Qué bello es vivir” o “Las campanas de Santa María” que me gustaban y qué decir de la larga espera hasta la llegada de los Magos de Oriente. Más adelante, interno en el Seminario de Rozas de Puerto Real, la Navidad suponía no sólo vacaciones, sino, sobre todo, el reencuentro con la familia.

Hoy me siguen gustando las Navidades, no lo puedo remediar. Me gusta su música, su color y las reuniones familiares, los reencuentros con los hijos y los nietos, aunque siempre aparece cierta tristeza con el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros y con quienes tantas Navidades he compartido.

Hoy, ese niño que nació hace 2000 años en una pequeña aldea, sigue haciendo el pequeño milagro de dulcificar, aunque sea brevemente, los corazones de millones de seres humanos y de despertar en la mayoría los mejores sentimientos y propósitos hacia sus semejantes. Ojala nos otorgue su Bendición y nos ayude como sólo él puede hacerlo. ¡Feliz Navidad!

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 21 de diciembre de 2011

Nuevo Gobierno, por fin.

A última hora de la tarde, el Presidente del Gobierno ha desvelado, por fin, los nombres de los nuevos ministros. Forman parte del primer Gobierno de Rajoy las siguientes personas: 

-           Vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.
-           Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo.
-           Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
-           Defensa, Pedro Morenés.
-           Hacienda, Cristóbal Montoro.
-           Interior, Jorge Fernández Díaz.
-           Fomento, Ana Pastor.
-           Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert.
-           Empleo, Fátima Báñez.
-           Energía y Turismo, José Manuel Soria.
-           Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete.
-           Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
-           Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.
 
Hay varios aspectos que se pueden destacar de este nuevo equipo gubernamental. De una parte, la sólida formación intelectual y la dilatada experiencia profesional de la mayor parte de los nuevos ministros cuyos currícula vitae contrastan poderosamente con los de la mayor parte de los ministros de la etapa de Rodríguez Zapatero. De otra, el hecho que el Presidente Rajoy se ha rodeado de la mayor parte de su guardia política, de sus pretorianos que le han acompañado en la larga travesía por el desierto de la oposición.

Destaca también el hecho de que varios de los nuevos ministros cuenten con experiencia gubernamental previa. Tanto el Presidente Rajoy, titular de varias carteras en la época de Aznar, como Pastor, Cañete, Montoro, de Guindos y Morenés, bien como ministros o Secretarios de Estado, cuentan con experiencia en tareas de Gobierno lo que les permitirá, sin duda, abordar de inmediato las tareas más urgentes de sus respectivos departamentos.

Bien puede decirse que estamos ante un Gobierno de carácter mixto, un Gobierno técnico-político cuya composición corresponde a criterios de eficacia y de equilibrio político de partido. La composición del Gobierno no parece responder a criterios de reparto territorial ni, por supuesto, a la asignación de cuotas sexistas, a diferencias de los gobiernos socialistas de ZP.

Hay ausencias destacables que han dado al traste con más de una quiniela de ministrables y quizás obedezcan a la necesidad de reforzar el segundo escalón de los ministerios o a la de controlar la actividad interna del partido sintonizándolo desde el primer momento con las acciones del nuevo Gobierno. Pronto sabremos, sin duda, el motivo.

Y, mientras tanto, el PSOE a lo suyo, a lo que ahora le toca, es decir, a tratar de reconstruir las ruinas que ha dejado tras de si el Atila rojo, Sr. Zapatero. Llama mucho la atención que buena parte de los que ahora abanderan la reconstrucción socialista son los mismos que de la mano de Zapatero han contribuido a la ruina de la casa y de la causa socialista (Chacón, López Aguilar, etc.). Es decir que los pirómanos socialistas se han convertido en bomberos. Y si pretenden hacer creer que la culpa del hundimiento socialista es responsabilidad exclusiva de Zapatero, mal empiezan.

En fin, lo que ahora toca es felicitar a los nuevos ministros y desearles muchos éxitos porque de que los logren depende el bienestar de todos los españoles.

Santiago de Munck Loyola.

domingo, 18 de diciembre de 2011

Nuestra clase política vulnera permanentemente la Constitución.

“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” dice el artículo 14 de la Constitución Española. Más claro, el agua, ¿verdad? Pues nada, este artículo es una auténtica patraña, una mentira constitucional, papel mojado que sólo sirve para decorar la Constitución. La realidad es muy distinta. En España no existe la igualdad ante la Ley porque la clase política es la primera interesada en que así sea. Y su interés en vulnerar permanentemente este artículo obedece a su deseo de enriquecerse a costa de las arcas públicas. No hay otra explicación posible.

Me ha venido a la cabeza este artículo de la Constitución al conocer las noticias en torno a las magníficas pensiones que el Sr. Bono y el Sr. Rodríguez Zapatero van a recibir una vez que los votantes los han enviado a su casa.

El socialista José Bono, con un patrimonio personal no precisamente escaso, disfrutará de una jubilación durante los próximos dos años como ex presidente del Congreso de los Diputados: percibirá el 80% de su sueldo como presidente, 154.080,48 euros brutos, unos 11.000 euros mensuales, y tendrá, además, derecho a otros privilegios como un asistente y escolta de seguridad a cargo del presupuesto del Congreso durante cuatro años. Cabe preguntarse ¿si ha anunciado que se retira de la política para qué hay que pagarle un asistente? ¿Para que le asista en sus asuntos privados?
Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá derecho a un sueldo vitalicio y recibirá 84.000 euros anuales, recibirá un segundo sueldo de más de 80.000 euros como consejero nato de Estado y el Estado le pagará además una oficina, secretaria, dos funcionarios -uno de ellos con rango de director general-, seguridad y coche oficial. En su caso no existe incompatibilidad alguna para cobrar simultáneamente una pensión y un sueldo.

Estos casos no son únicos ni excepcionales entre la clase política española pero vienen a poner de relieve, una vez más, el abismo que existe entre los privilegios que la clase política se otorga a si misma a costa del dinero de los contribuyentes y las angustiosas dificultados a las que se ven sometidos estos últimos.
Los españoles no somos iguales ante la Ley, no. Dice el Artículo 14 de la Constitución que no puede prevalecer discriminación alguna por razón de… cualquier circunstancia personal. Y, sin embargo, aquí vemos como la condición personal, el cese en sus cargos, de estos dos políticos implica una clara discriminación con respecto a los demás ciudadanos españoles.

La dedicación política es un servicio a la comunidad pero nuestra clase política parece entenderlo como servirse de la comunidad. Nuestros dirigentes políticos no están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades para percibir más de un ingreso de las arcas públicas, ni deben cotizar los mismos años que los ciudadanos a los que representan para cobrar una pensión, ni tienen la misma limitación en cuanto a las cuantías máximas de las pensiones, ni cobran el desempleo en las mismas condiciones que los demás ciudadanos, ni tributan en el IRPF al igual que todos los españoles eludiendo, de forma legal, pagar los impuestos como todo el mundo. En definitiva, nuestros dirigentes políticos se pasan la igualdad ante la Ley por el arco del triunfo. Así de claro, así de evidente y así de irrefutable.
La igualdad ante la Ley no admite matizaciones ni excusas. Es un imperativo ético que nuestra clase política proceda a revisar de forma urgente esta escandalosa violación de la Constitución. Debe hacer autocrítica, pedir perdón a los ciudadanos y acabar de una vez con sus privilegios. Si los parlamentarios pueden tributar en el IRPF como si fueran mileuristas, a pesar de sus ingresos, ¿qué nos impide a los demás, invocando el Art. 14 de la Constitución, hacer lo mismo? Habrá que planteárselo.

Santiago de Munck Loyola


sábado, 17 de diciembre de 2011

Carta abierta a D. Juan Rosell, patrón de patronos.

Sr. Rossell:

Permítame, como empleado público y como contribuyente que con mis impuestos ayudo a mantener la asociación que usted preside, que le traslade mediante esta carta pública mi profunda gratitud por su persistente interés en torno al funcionamiento de las administraciones públicas y a la situación de los empleados públicos. Tanta dedicación a la “cosa pública” le supondrá, seguramente, una menor atención a la “cosa privada” que es la que usted representa. No obstante, he de decirle que no comparto en absoluto las peregrinas conclusiones a las que le conduce tanto interés y esfuerzo intelectual de su parte. Comprendo perfectamente que alguien como usted, que no ha conseguido acabar los estudios de ciencias políticas, confunda conceptos básicos y sea, por tanto, incapaz de establecer criterios elementales diferenciadores en torno a la función pública y a la iniciativa privada, que es la que usted representa, o que sea capaz de manifestarse en la calle contra las sentencias del mismo Tribunal Constitucional con gritos en contra de la unidad de España. Quizás esa propensión suya a mezclar conceptos y procedimientos privados con los públicos derive también de su propia condición profesional de cuasi funcionario empresarial ya que, aunque usted presida la mayor organización empresarial española, nunca ha sido capaz de crear su propia empresa arriesgando su patrimonio tal y como hacen cientos de miles de empresarios. Y no, Sr. Rosell, no es lo mismo acceder a un puesto de trabajo en una empresa mediante la recomendación de un amigo, como en su caso, que acceder a un puesto de trabajo en una administración pública mediante una prueba objetiva en la que se miden los conocimientos, los méritos y la capacidad.

Da la sensación, Sr. Rosell, que usted padece algún tipo de obsesión enfermiza hacia los empleados públicos como parece deducirse de sus periódicos y repetidos ataques hacia los mismos. Y en cada una de sus declaraciones se evidencia su profunda ignorancia en torno a la función pública. Sinceramente, los contribuyentes que anualmente le entregamos más de 400 millones de euros a la asociación que usted preside, no nos merecemos tantas impúdicas exhibiciones de fobias y, posiblemente, frustraciones personales. Que usted pueda padecer una vocación funcionarial frustrada no nos importa. Ahórrenos por favor sus obsesiones funcionariales.

Las generalizaciones son el refugio de los vagos o de los ignorantes. Y usted, con perdón, generaliza mucho. Afirmar sin más que en España sobran 900.000 funcionarios no es otra cosa que una generalización, Sr. Rosell. ¿Por qué no concreta un poco? Digo yo que con los 400 millones de euros que se ha embolsado de los contribuyentes en 2010 bien puede pagar algún estudio serio que permita cuantificar y determinar con precisión el número de funcionarios que, según usted, sobran y dónde sobran.

Díganos mejor Sr. Rosell cuántos médicos, ATS, profesores, policías, Guardias Civiles, militares, operarios de limpieza, administrativos, conserjes, asistentes sociales, funcionarios de prisiones, etc. sobran y dónde sobran. Ilumínenos Sr. Rosell, por favor, y precise con rigor y seriedad una afirmación tan importante como la que acaba de hacer.

Y dicho esto, Sr. Rosell, no voy a entrar sobre su disparate en torno a sus palabras sobre la posibilidad de despidos de los empleados públicos que, con tanta ligereza como ignorancia, ha proferido. Tan sólo le quiero recordar que las Administraciones Públicas no son empresas privadas; que sus funciones son radicalmente distintas y que mientras la obligación del empresario es procurarse el máximo beneficio sobre su inversión no ocurre lo mismo en el ámbito público en el que prima el concepto de rentabilidad social.

No obstante lo anterior, Sr. Rosell, si sus observaciones sobre los 900.000 funcionarios que a su juicio sobran obedecen a un deseo sincero de aligerar el gasto del Estado, permítame que le sugiera que empiece usted por predicar con el ejemplo y que renuncie a los 400 millones de euros que le regalamos anualmente los españoles. Y, hecho ésto, pida a sus colegas sindicales y a los partidos políticos que hagan lo mismo. Manténganse ustedes con las cuotas de sus afiliados exclusivamente porque se supone  que unos brillantes empresarios, unos empresarios de éxito como usted bien pueden costearse sus clubes y organizaciones. ¿O me va a decir que son tan malos empresarios que no ganan ni para éso? Y, cuando lo haya hecho, entreténgase si le parece en denunciar la evasión fiscal de algunos empresarios o los 11.000 euros mensuales de pensión del Sr. Bono. ¡A ver si tiene lo que hay que tener para hacerlo!

Un saludo.

Santiago de Munck Loyola.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Rivas: las fantasías electorales de D. ª Inmaculada Sánchez Ramos.

“Hasta estas últimas elecciones había sido Rivas un municipio de izquierdas, pero comprobamos hoy que el Partido Popular es el partido político más votado en nuestra ciudad, la mayoría de ripenses confiaron en nosotros, y sabemos que no les vamos a defraudar.”  Estas palabras pertenecen a la Portavoz paraca del PP de Rivas, D.ª Inmaculada Sánchez Ramos, y expresan el profundo y sesudo análisis que dicha Señora hace de los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid. “Una gran marea azul recorre nuestra ciudad: de esperanza, de trabajo, de responsabilidad, de dignidad, de respeto, de confianza, y entre todos vamos a conseguir hacer de Rivas una ciudad moderna de referencia” añade la ilustre Portavoz en su análisis.
Cualquier persona que desconozca los datos reales de las pasadas elecciones podría pensar, tras la lectura de estas palabras, que en Rivas-Vaciamadrid se ha producido un vuelco histórico y que la izquierda ha perdido las elecciones en el municipio ante una espectacular subida del Partido Popular. Pues bien, por más que uno analice los datos electorales no se percibe marea azul alguna en el pequeño mar electoral ripense. Es muy posible que alguna azul sí que esté mareada y por eso se pronuncie en el sentido anterior, pero poco más.

Los resultados electorales del pasado 20 N en Rivas-Vaciamadrid son los que son y sólo coinciden con el anterior análisis en un hecho cierto: que por primera vez el PP ha sido el partido más votado en la localidad. Pero de ahí a las anteriores conclusiones no sólo hay un abismo, sino que además constituyen una ridícula y evidente falta a la verdad. No sólo es falsa la afirmación de que una gran marea azul recorre la ciudad, sino que también es falso que la mayoría de los ripenses haya confiado en el Partido Popular. Mentir así no conduce a nada y desde luego sólo sirve para retratar a quienes así se pronuncian.

El Partido Popular ha sido el partido más votado por la sencilla razón de que la izquierda, absolutamente mayoritaria en estas elecciones en el municipio ha fragmentado su voto. El PP ha sido el Partido más votado en Rivas, con un 37,31 % de los votos, porque el PSOE ha sufrido un tremendo castigo electoral que ha sido aprovechado fundamentalmente por los partidos de izquierdas, UPyD que crece respecto a 2008 en un 6,92% e IU que incrementa su voto en un 6,23 %, y en muy escasa medida por el PP de Rivas que tan sólo ha incrementado su porcentaje respecto a 2008 en un 1,05 %, mientras que el PP de la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 1,65 %.

Los principales partidos de izquierdas de Rivas sumaron en 2008 el 60,99 % de los votos y en 2011 el 59,71 % de los votos. Para cualquier observador mínimamente objetivo la conclusión es evidente: los vecinos de Rivas-Vaciamadrid siguen votando mayoritariamente a los partidos de izquierdas en las elecciones generales. Prácticamente un 60 % de los vecinos lo hicieron en 2008 y lo han vuelto  a hacer en 2011. Hablar por tanto de marea azul o de vuelco histórico sólo puede ser calificado de solemne estupidez. Rivas-Vaciamadrid sigue siendo un municipio de izquierdas y lo sigue siendo en medio de la peor crisis económica sufrida en nuestra democracia. Eso sí, los votantes ripenses siguen votando a la izquierda pero nada les ha impedido castigar, y con dureza, al partido político responsable de este desastre social, el PSOE.

En todo caso, no está de más recordar que el resultado obtenido por el PP el pasado 20 N ha sido inferior al obtenido por Alberto Ruiz Gallardón en 1999 cuando el PP alcanzó en Rivas el 37,37 % de los votos. Tampoco conviene obviar otro dato importante: en las últimas convocatorias electorales de ámbito nacional el PP de Rivas había ido disminuyendo en cada cita electoral el diferencial negativo que le separaba del voto obtenido por el PP en la Comunidad de Madrid. Este diferencial negativo fue de un -12,93 % en 2008 y en 2011 esta tendencia se ha roto y el diferencial negativo ha vuelto a crecer llegando a un -13,53 % respecto al voto del PP en la comunidad madrileña.


1989
1993
1996
2000
2004
2008
2011
CongresoRivas
8,17
25,73
32,07
36,82
31,23
36,26
37,31
CongresoMadrid
34,22
43,92
49,29
52,52
45,02
49,19
50,84
Diferencia
-26,05
-18,19
-17,22
-15,7
-13,79
-12,93
-13,53




Que la Sra. Sánchez Ramos quiera engañar a los vecinos con semejantes conclusiones era de esperar conociendo su trayectoria ética y política. No en balde, a pesar de haber perdido el aliento en su desenfrenada carrera para hacerse una foto con Rajoy, D.ª Inmaculada ha sido uno de los cargos públicos del PP que menos ha ayudado a la victoria de Mariano Rajoy denigrándole y descalificándole con sus escritos durante los últimos años.

Pero que ese engaño cale en la propia organización local resulta extremadamente peligroso. Si el PP de Rivas se cree las mentiras de estas absurdas conclusiones electorales estará cimentando futuros errores. Todos estamos comprobando a dónde lleva negar la realidad y empeñarse en desarrollar estrategias disparatadas y, para muestra, basta constatar la existencia de 5 millones de parados.

La Sra. Sánchez Ramos podrá saber mucho de satélites, pero es evidente que le faltan unos cuantos hervores para poder esbozar un simple análisis electoral. O éso o es que tiene mucha cara. O las dos cosas. ¡Vaya usted a saber!

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 30 de noviembre de 2011

Con el dinero público, el que no corre vuela.

En estos días estamos presenciando algunas noticias sobre diferentes actitudes de políticos en torno al uso y destino de los fondos públicos. Algunas no son muy edificantes, como la de ese Alcalde que cargaba sus sesiones de “trabajo” en los lupanares a la tarjeta de crédito del Ayuntamiento o la de ese otro Alcalde que se dedicaba a enviar mensajes sms con el móvil del Ayuntamiento a un concurso para intentar ganar en sorteo un Porsche que como vehículo oficial seguro que mola un montón.

Y qué decir sobre todas las noticias que van apareciendo en torno a los magníficos negocios del yerno de Su Majestad el Rey, fraguados y alimentados con los presupuestos públicos. Algunos están empeñados en no reconocer el incuestionable papel del Sr. Urdangarín para reactivar el decaído sector inmobiliario. De los despachos en gasolineras, mejor no hablar de momento.

Y junto a estas noticias hay otras que en un sentido contrario suponen una nueva forma de enfocar el uso de los fondos públicos o, al menos, un intento de ello. Hemos conocido que dos diputados de IU, no todos como señalaban algunos medios de comunicación, los Sres. Cayo Lara y Alberto Garzón han sido los primeros en la historia de la Cámara que han renunciado al fondo de pensiones privado que paga el Congreso a los parlamentarios. Un buen gesto, pero tan sólo un gesto insuficiente respecto a los privilegios de la clase política y en concreto de los parlamentarios. ¿Van a seguir manteniendo sus señorías sus privilegios? ¿Van a seguir cotizando menos años que los demás para cobrar la pensión máxima a la jubilación? ¿Además del sueldo les tenemos que seguir pagando un portátil, un móvil y un iPad? ¿No alcanzan sus sueldos para comprarse los útiles necesarios para hacer su trabajo? ¿Van a seguir cotizando en el IRPF como si fuesen mileuristas? ¿Van a poder seguir cobrando de varias fuentes a la vez o van a aplicarse incompatibilidades rigurosas?

De otra parte, el Presidente de la Generalidad Valenciana, el Sr. Fabra, ha recomendado a los altos cargos que no gasten más de 20 € en la comida diaria. Buen gesto también pero no cabe más remedio que preguntarse ¿por qué los contribuyentes hemos de pagar la comida diaria de los altos cargos? ¿No llegan sus sueldos como para que se paguen de su bolsillo la comida al igual que hacen todos los funcionarios y empleados públicos a los que se ha venido recortando el sueldo? ¿A cuántos altos cargos paga la Generalidad la comida diariamente? ¿A cuánto asciende anualmente la nutrición pública de los altos cargos valencianos?

En otro alarde de supuesta ejemplaridad, el Sr. Arenas acaba de proponer también que se prohíban las tarjetas de crédito con cargo a las Administraciones Públicas. Buen gesto, pero, una vez más, insuficiente. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es cierto. Con buenas intenciones como éstas no vamos a ningún sitio bueno. La clase política debe, de una vez, encarar y resolver los problemas que generan su mala imagen.

Los contribuyentes tenemos derecho a que los fondos públicos sean tratados con rigor y, sobre todo, con transparencia. Hoy en día la clase política se ha ocupado muy bien y solidariamente de que sea muy difícil conocer con exactitud sus ingresos reales, los privilegios de distinta índole que se vienen otorgando a si mismos, el número de coches oficiales existentes, el número, función y retribuciones de los miles de asesores que pululan por las administraciones públicas o, simplemente,  el número de teléfonos móviles repartidos a diestra y siniestra y pagados por los ciudadanos. Y mientras no se apruebe un Estatuto para los cargos públicos ejemplarizante vamos a seguir así, facilitando toda clase de abusos mientras el nivel de vida del conjunto de la población sigue descendiendo de forma alarmante. Con lo que hay, desde un modesto concejal de pueblo hasta el mismísimo yerno del Rey se sirven de los fondos públicos y, al parecer, no siempre de forma ejemplar.

Santiago de Munck Loyola