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jueves, 15 de julio de 2021

Con la libertad de los cubanos, sí o sí.

Vamos a ver, algo está fallando aquí. Resulta que de todos es sabido que Cuba padece, desde mi punto de vista, o disfruta, desde el punto de vista de los izquierdistas, de un régimen comunista. Y el régimen comunista cubano cumple perfectamente con lo que se espera de un régimen comunista, es decir, con lo que establecen los cánones comunistas: partido único, ausencia de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de manifestación, de libertad de movimientos o de libertad económica y todo ello aderezado con la oportuna represión fulminando los derechos humanos más elementales. O sea, comunismo de libro. El régimen cubano es una dictadura “del proletariado”, sí, dictadura marxista y que ha seguido al pie de la letra las ideas de Engels “el partido victorioso (en la revolución) si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios”.

 

Y algo está fallando en España cuando los políticos comunistas, podemitas y socialistas no se atreven a decir claramente que Cuba es una dictadura, que lo que hoy y desde hace 62 años disfrutan o padecen los cubanos es una dictadura del proletariado de manual marxista, una dictadura comunista con los deberes bien hechos imponiendo el terror “engueliano” a todos los reaccionarios, o sea, a todos los que no sean comunistas. Porque lo quieran o no comunismo y dictadura son sinónimos. Ser comunista de manual, ortodoxo, implica ser enemigo radical de las libertades públicas, del libre ejercicio de los derechos humanos más elementales.

 

Durante décadas los comunistas y asimilados se han esforzado mucho en presentarse como demócratas y como defensores de la libertad. Políticos, intelectuales y periodistas han construido una inmensa mentira, una mentira global que ha ido penetrando en muchas capas de la sociedad para tapar su verdadera naturaleza, el verdadero significado de su ideología y las trágicas y genocidas consecuencias de la aplicación del comunismo allí donde ha alcanzado el poder. Sin ir más lejos, los comunistas y buena parte de los socialistas no combatieron en nuestra guerra civil para defender las libertades “burguesas” que tanto odiaban, sino para imponer una dictadura del proletariado en España. Las hemerotecas lo evidencian. Los comunistas que fueron tomando el poder en media Europa tras la segunda guerra mundial lo hacían también en nombre de la libertad que, en seguida, se convertía en su primera víctima. Eso sí, siempre parecían hacerlo con cierta vergüenza o con una gran dosis publicitaria pues, una vez instaurado el régimen comunista, la dictadura del proletariado pasaba a denominarse como “democracia popular”. También el régimen franquista se autodefinió como “democracia orgánica”, pero no por ello dejó de ser una dictadura. Sea por eso o por pura ignorancia no resulta extraño que los podemitas afirmen con rotundidad que Cuba no es una dictadura, claro, es una “democracia popular” con su partido único, su censura, persecución, tortura y asesinato de disidentes, etc. y con una élite, la vanguardia revolucionaria, forrada hasta las cejas. Un “completo” comunista.

 

Estamos asistiendo a una protesta, a un levantamiento de buena parte del pueblo cubano que tras 62 años de dictadura comunista, de democracia popular, está saliendo a las calles para decir ¡Basta! Ante cualquier clase de vulneración de los derechos humanos no vale la táctica de la avestruz, no puede haber equidistancias y no pueden prevalecer las conveniencias económicas. Es incomprensible que, mientras el Gobierno español aplaude sin reservas cualquier medida que la UE adopte contra Hungría o Polonia por supuestas vulneraciones de los derechos del colectivo homosexual, sin embargo, mire hacia otro lado cuando todo un pueblo especialmente cercano al español como el cubano sufre una constante vulneración de sus derechos humanos. No hay excusa que valga, ni valen las razones diplomáticas, ni las de oportunidad para no decir las cosas claras, para no llamar a las cosas por su nombre. 

 

El pueblo cubano es prisionero de una terrible dictadura y ningún demócrata puede mirar hacia otro lado, ni tratar de enmascarar la condenable situación de los cubanos. Y si tras la miserable actitud de tibieza del Gobierno de España solo se esconde su fragilidad y su dependencia de fuerzas políticas que defienden la vulneración de los derechos humanos perpetrada por sus afines ideológicos en Cuba es que nuestros propios derechos humanos y nuestra democracia también está en peligro.

 

Santiago de Munck Loyola

jueves, 1 de abril de 2021

Comunismo o libertad, sí. Fascismo o libertad, también.

Nos toman por tontos, es seguro. O éso o es que ellos son tan tontos que se creen sus propias tonterías. Hace un par de días, todos hemos podido ver en las noticias cómo tres o cuatro personas increpaban a Pablo Iglesias en una visita electoral en Coslada, Madrid, y cómo el Sr. Iglesias, ampliamente protegido por guardaespaldas, se armaba de valor de macho alfa y se acercaba a los increpantes para responderles. Había más guardaespaldas que increpantes, por cierto. Pues les ha faltado tiempo a los podemitas para lanzarse al ruedo rasgándose las vestiduras hablando de acoso, de violencia, de exaltación del fascismo y del nazismo y de no sé cuántas cosas más, todas horrendas. ¡Venga ya! No os lo creéis ni vosotros mismos.

Dª Isa Serra, Portavoz podemita en la Asamblea de Madrid, sucesora de su hermana en el cargo como fiel reflejo del nepotismo imperante en Podemos, se ha apresurado, con cara compungida, a comparecer en las televisiones para denunciar “esa intolerable agresión” a su bien amado líder y cuando le han recordado el escrache que sufrió Begoña Villacís cuando estaba embarazada y que Podemos calificó de "movilización", ha dicho sin rubor alguno que "pretender comparar una movilización a favor del derecho a la vivienda con unos neonazis que están haciendo una exaltación del nacismo y fascismo es lo que no deberíamos hacer por parte de ningún poder público ni por parte de ningún medio de comunicación”. Claro que Dª Isa Serra sabe muy bien de lo que habla cuando se trata de escraches o de violencia. Dª Isa Serra, para no ser menos que otros cargos públicos de Podemos, está condenada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión tras haberla considerado culpable de cometer los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños por su participación en el intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014. 


Según la Sentencia “La acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal” a la que dijo “Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros” y a otra agente le espetó la siguiente lindeza “Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales. Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro”. “La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos”.


Que no, que no cuelan ni los argumentos, ni los lamentos de la “modosita” Dª Isa Serra. Como no cuela tampoco la gilipoyez soltada por el macho alfa podemita diciendo que “Vox y el PP enviaban a sus cachorros nazis” para amedrentarle. Pero, vamos a ver, alma de cántaro, ¿a quién crees tú que le vas a colar ese argumento? ¿eres tonto o te lo haces? Mira, Pablo, Pablito, marquesón: en primer lugar, ni Vox, ni el PP, tienen por costumbre organizar escraches a nadie y, en segundo lugar, si se les ocurriera la estupidez de organizarte un escrache para que pudieras hacerte la víctima no habrías tenido delante a tres o cuatro increpantes, sino a cientos o miles de personas. ¿Lo sabes, verdad?

Pero, al margen de la búsqueda tosca de la oportunidad para chupar cámara haciéndose las víctimas, los podemitas y muchos medios de comunicación tratan de colarnos una idea perversa. Así, en el mismo programa de Tv en el que comparecía Santa Isa Serra, la periodista Esther Palomera se apresuraba a sentenciar que “el fascismo es incompatible con la democracia”. Pues sí, Sra. Palomera el fascismo es incompatible con la democracia, pero parece que se le olvida que el comunismo también. El comunismo es una ideología profundamente antidemocrática. Los comunistas nunca lucharon en España ni en ningún otro lugar del mundo por la libertad y cuando dijeron hacerlo solo fue de forma instrumental como medio para después suprimir las libertades e implantar la dictadura del proletariado. Y el comunismo como praxis política ha sido, como el nazismo y como el fascismo, profundamente genocida. Ésa es la realidad. La ultraizquierda es tan peligrosa para las libertades ciudadanas como la ultraderecha. Y Podemos es la ultraizquierda. Dejen ya de blanquear a los comunistas y a la ultraizquierda. Son lo que son y creen en lo que creen. Y la mejor prueba de ello es la historia reciente con todos sus crímenes a cuesta sea en España, en Rusia, en Hungría, en Etiopía, en Camboya o en Cuba. Contra los enemigos de las libertades ciudadanas sean de derechas o de izquierdas no valen las dos varas de medir, el doble rasero que desde hace años muchos medios de comunicación, muchos comentaristas y muchos políticos aplican. Situadas las cosas en su lugar, en nuestra democracia deben tener los mismos derechos políticos la ultraizquierda que la ultraderecha. Comunismo o libertad, sí. Fascismo o libertad, también.

Santiago de Munck Loyola.




miércoles, 23 de septiembre de 2020

La equiparación europea del comunismo y el nazismo.


Desde hace meses viene circulando por Whatsapp un mensaje que dice lo siguiente: “NOTICIA BOMBA

 

-Resolución del Parlamento Europeo sobre la importancia de la Memoria Histórica Europea para el futuro de Europa. 

(2019/2819(RSP))

 

- El Parlamento Europeo condena el Comunismo y el Estalinismo y obliga al Estado Español a: …” Y a continuación se enumeran una serie de medidas que supuestamente deberían ser obligatoriamente adoptadas por todos los gobiernos europeos, entre ellos el español.

 

Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el pasado dieciocho de septiembre de 2019, el Parlamento europeo aprobó una resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente y que en ella se condena expresamente los horribles crímenes cometidos por los comunistas en toda Europa sin excepción y se equipara al comunismo al nazismo en cuanto a la crueldad y crímenes cometidos contra los ciudadanos europeos. 



Se trata de una resolución impulsada por los diputados de los países que tras la Segunda Guerra Mundial estuvieron sometidos a la tiranía comunista que coincide con un nuevo aniversario del Tratado internacional entre Ribbentrop y Molotov, esto es, entre Hitler y Stalin, para repartirse Polonia en 1939 y cuya aplicación supuso el estallido de la segunda contienda mundial. 



Nazis y comunistas fueron de la mano para aniquilar Polonia. Lo que no es cierto es que este acuerdo del Parlamento Europeo aprobado con 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones, obligue a los Estados de la Unión a aplicar las propuestas que dicho acuerdo contiene. Este acuerdo carece de fuerza legal y no es vinculante jurídicamente, aunque para cualquier demócrata o para cualquier defensor de los derechos humanos tiene fuerza moral y es vinculante moralmente.

 


Y ello es así porque se trata de una Resolución y no de una Ley propiamente dicha. Las leyes, las normas que produce la Unión Europea son de tres tipos: Los Reglamentos legislativos europeos, las Directivas legislativas europeas y las Decisiones legislativas europeas. La Resolución aprobada no entra dentro de ninguna de estas categorías. Por tanto, la resolución sería algo parecido a las Proposiciones no de Ley que suelen aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado españoles, es decir, iniciativas parlamentarias a través de las cuales la Cámara expresa su posición sobre una determinada cuestión o insta al gobierno a seguir una política determinada o a realizar alguna actuación concreta.

 


Esta circunstancia no resta ningún valor al documento aprobado. En primer lugar porque se trata de un acuerdo respaldado por la inmensa mayoría de los únicos parlamentarios que representan al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, que se trata de la única institución legitimada para expresar la voluntad y el sentir de la ciudadanía europea por lo que su autoridad política y moral es indudable. Y en segundo lugar porque sus pronunciamientos y recomendaciones, carentes de fuerza legal para vincular a los estados miembros, sí vinculan ética, moral y políticamente a cualquier dirigente político y social comprometido con la verdad y con la defensa de los derechos humanos por lo que dicha vinculación sirve para poner en evidencia quiénes están dispuestos y quiénes no a limpiar de una vez la trágica memoria europea que costó la vida a millones y millones de europeos apuntando con objetividad a todos los responsables y no sólo a una parte de ellos.

 

Nazismo y comunismo son dos ideologías cuya praxis fue genocida y poco importa en nombre de qué ideales fueron impulsadas. Seguir blanqueando al comunismo, como durante décadas se ha venido haciendo en occidente gracias al inmenso poder de la URSS desplegado en universidades, sindicatos y medios de comunicación, es impensable e inadmisible en una Europa que debe seguir construyéndose desde valores humanistas incompatibles con cualquier ideología totalitaria. Ahora, nuestros dirigentes políticos, algunos de ellos empeñados en desenterrar el pasado, tienen una ocasión de oro para pasar la prueba del algodón y para demostrar de una vez al lado de qué valores se sitúan.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

miércoles, 24 de octubre de 2018

Penalizar la apología del franquismo. ¿Y después?



El gobierno del PSOE ha anunciado ayer que pretende penalizar lo que llama "apología del franquismo" y vete a saber lo que querrá incluir bajo ese concepto. Dice el diccionario de la RAE que apología es un “discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo”. Es decir que lo que pretende el gobierno del PSOE, evidentemente con el apoyo de comunistas, populistas, republicanos independentistas, separatistas vascos, etc. es tipificar como delito cualquier discurso de palabra o por escrito, en defensa o alabanza del franquismo. Y, sinceramente, no hace falta ser franquista para repudiar esta pretensión totalitaria del PSOE y de sus compañeros de cama.

Esta pretensión tiene todo el aspecto de ser un intento de acabar con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ni más, ni menos. Y, una vez más, la izquierda deja entrever su auténtico talante en torno a las libertades básicas y a los derechos humanos. La doble vara de medir de esta izquierda y la consiguiente aplicación de la “ley del embudo” es permanente. Son maniqueos hasta la médula y hacen gala de una hipocresía sin límites. Desde la restauración de la democracia gracias al Rey designado por Franco, a los jóvenes políticos franquistas y a los políticos de izquierdas “colaboracionistas” (espero que no se tilde esta afirmación de apología del franquismo) se han venido repitiendo una y otra vez, en todas las instituciones del Estado, condenas políticas del franquismo. Pero no hemos escuchado nunca a ningún partido de izquierdas pedir perdón o condenar el golpe de estado que dieron en 1934 o los brutales asesinatos de civiles en la retaguardia por razón de su ideología o religión.

Se han empeñado en reescribir la historia, tal y como también hizo el franquismo. Es verdad que hacía falta un reconocimiento público a los españoles que murieron por defender sus creencias, a todos los ciudadanos que murieron en la guerra e injustamente fueron sometidos al olvido. Pero la malparida Ley sobre la Memoria Histórica no se sustentó sobre la reconciliación y la concordia para lograr justicia y reconocimiento para los olvidados, sino desde la revancha y el odio. Borrar el recuerdo del pasado para alcanzar el reconocimiento de los injustamente olvidados no es el mejor camino. La historia es la que es, los crímenes fueron compartidos y las víctimas fueron todas. En aquella España nadie o casi nadie combatieron por las libertades de los ciudadanos. Y constituye un verdadero sarcasmo escuchar una y otra vez que aquel PSOE o los comunistas lucharon por la libertad.

Hace pocos días el nazi Joaquín Torra, el presidente del Parlamento catalán, Rogelio Torrent y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rindieron homenaje al expresidente de la Generalidad, Luis Companys, responsable del asesinato de cerca de 9.000 personas en Cataluña durante la guerra civil y condenado a muerte y fusilado en 1940. Y no pasa nada. Aquí se puede hacer apología y rendir homenajes a golpistas como Largo Caballero o Indalecio Prieto y a comunistas como Carrillo o la Pasionaria y no pasa absolutamente nada. Llevan décadas construyendo una nueva verdad oficial que venga a sustituir a la establecida por el régimen de Franco.

A nadie con un mínimo de objetividad se le escapa que si en estos últimos 40 años un gobernante de centro-derecha hubiese propuesto penalizar la apología del comunismo o del marxismo-leninismo las calles ya habrían ardido. Y sí, digo del comunismo, una ideología en cuyo nombre se han cometido los más atroces crímenes contra la humanidad: 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en la República Popular China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por «el movimiento comunista internacional y partidos comunistas no situados en el poder» y entre 38.000 y 85.000 en España (represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española).

Nótese que de acuerdo con la actual redacción del artículo 510 del código penal que quiere reformar el gobierno de Pedro Sánchez, que presentó una moción de censura para convocar elecciones y que o piensa convocar, ya está penalizado enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como lo está enaltecer a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. 

Y, sin embargo, vemos cómo a diario se enaltece, se dedican calles, estatuas y se rinden homenajes a los autores de delitos contra las personas y contra grupos cometidos, por ejemplo, por razones ideológicas o religiosas. Es un ejercicio demagógico pretender concretar la penalización del enaltecimiento una determinada ideología o doctrina política.

Antes de proponer y abordar un reforma de este artículo del Código Penal no estaría de más que nuestros políticos repasasen y reflexionasen sobre el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el Artículo 20.1. de la Constitución de 1978: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

Es posible que detrás de esta pretensión y de tantas otras iniciativas “guerracivilistas” exista un objetivo simplemente estratégico, una finalidad electoral. El resultado de todo ello a corto plazo es una polarización social que puede ser rentable para algunos de forma inmediata. Pero deberían saber que esta estrategia es peligrosa, que es jugar con fuego y que reabrir viejas heridas puede ser terriblemente perjudicial.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 14 de abril de 2013

¿Hacia una República excluyente?



El 82 aniversario de la proclamación de la II República se ha celebrado en muchas ciudades españolas con una afluencia de público sensiblemente superior a las conmemoraciones de años anteriores. A ello ha contribuido, sin duda, el mal momento que la Monarquía española está atravesando ante la opinión pública, tal y como señalan las últimas encuestas, como consecuencia del comportamiento poco ejemplar del Rey y de algunos miembros de la familia real. Es evidente que en medio de una crisis como la que venimos padeciendo en la que la sensibilidad social está a flor de piel aquellos que encarnan la Institución Monárquica no han sabido estar a la altura que de ellos cabía esperar.

Sin embargo, la celebración de hoy no puede ser compartida, ni muchos menos, por quienes siendo republicanos no se sienten identificados con un modelo republicano como el del año 31 construido por media España contra la otra mitad y que fue un absoluto fracaso de convivencia. Una buena parte de la izquierda española, sobre todo la más radical, postula el advenimiento o la instauración de una tercera República en España sobre la base y la nostalgia del modelo republicano de 1931, con todo lo que ello conlleva de identificación con los errores y aciertos de mismo. Así, una vez más, se vuelve a cerrar la puerta política a quienes aspiran a la construcción de un modelo republicano desde posiciones de centro, de derechas o de izquierda moderada.

España cuenta hoy con la Constitución más abierta y democrática de su historia. Una Constitución nacida al amparo de la Monarquía, cuya contribución a su nacimiento es innegable, en circunstancias políticas y sociales tremendamente difíciles y que ha permitido a la sociedad española alcanzar niveles de convivencia pacífica y cotas de bienestar social nunca antes logradas. Sin embargo, es muy probable que la Monarquía, en las actuales circunstancias, haya agotado su papel en el desarrollo político de nuestra sociedad. Es evidente que una situación coyuntural no puede servir de argumento para un cambio de modelo tan profundo como podría ser el paso de la Monarquía hacia la República. Las tendencias de opinión fluctúan enormemente en breves espacios de tiempo y más hoy con la influencia de las redes sociales. Pero sí podría ser aconsejable reflexionar serenamente sobre la vigencia del papel de la Monarquía y sobre todo sobre su utilidad a la sociedad española. Lo que no cabe duda es que este debate debería plantearse sobre criterios de objetividad y no sobre criterios emocionales, sobre planteamientos de objetivos de futuro y no sobre nostalgias y planteamientos trasnochados.

Y si algo en las celebraciones del día de hoy podría poner en guardia a cualquier demócrata, sea republicano o monárquico, es el desfile paramilitar que se ha celebrado en Madrid para rememorar la II República. Banderas de la II República (que no republicanas ya que la I República mantuvo la bandera de España) con una estrella roja en el centro eran portadas marcialmente en paralelo con banderas comunistas. Esta identificación entre la II República, y al parecer con la futura III República, y la ideología comunista es todo un síntoma, un peligroso síntoma del triste fin que tendrían las libertades públicas que hoy disfrutamos, esas “libertades burguesas” que según los comunistas sólo son respetables en cuanto transitorias y como mero instrumento para la consecución del poder.

Bandera de España II República.
Bandera de España I República.


La identificación de una futura III República con el comunismo y con lo peor de la II República sólo puede servir para que los republicanos demócratas confíen en que dure mucho la Monarquía y las libertades consagradas en la Constitución de 1978. La legítima aspiración de cambiar la forma del estado español pasando de una Monarquía a una República no puede construirse mirando hacia atrás, sino hacia el futuro, no puede sustentarse sobre modelos excluyentes y sectarios como pocos, sino con una visión integradora de toda la sociedad española, no debe reclamarse adjetivando a la República con términos como popular o socialista, sino con la capacidad de permitir la alternancia política sin más limitación que la que imponga en cada momento el electorado en las urnas. Mal se empieza cuando la reclamación de una nueva República se simboliza tratando de imponer la bandera de un régimen concreto sobre la de la Nación, cuando se trata de identificar al futuro régimen con una ideología partidista y excluyente y cuando se justifica desde la nostalgia de un pasado muchas veces inexistente y no sobre convicciones políticas racionales y de integración nacional

Santiago de Munck Loyola