Que Alicante es una provincia discriminada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana o en los del Estado no lo puede negar nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, y de hecho cuando sus adversarios políticos gobiernan en una u otra administración los políticos alicantinos se atreven a decirlo. Hoy, los políticos alicantinos de derechas lo dicen mientras que los de izquierdas se callan. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando era la derecha quien gobernaba en el Estado o en la Comunidad Valenciana. Pero si en algo coinciden unos y otros es en que, salvo criticar esa situación injusta e incumplir sus promesas de rectificación, ni unos ni otros han propuesto jamás una alternativa constitucional para acabar con esa situación y devolver a Alicante la dignidad que le corresponde.
La Constitución de 1978 estructuró parte de la organización del Estado en Comunidades Autónomas tratando de descentralizarse y de acercar el poder de las administraciones a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa autonómico no se estableció sobre la base de la distribución regional hasta entonces existente y aparecieron nuevas Comunidades Autónomas hasta entonces inexistentes o se crearon otras con escaso arraigo histórico. Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha o Murcia. No se tocó la división provincial diseñada por el Ministro de Fomento Javier De Burgos y aprobada el 30 de noviembre de 1833. En este contexto nace en 1982 la Generalidad Valenciana como gobierno de la Comunidad Valenciana. El antecedente histórico remoto fue la Diputación del General, surgida en el siglo XIV como una comisión de las Cortes del Reino de Valencia para administrar un impuesto denominado generalidades.
Sin arraigo histórico real, ni arraigo popular se creó en 1982 una administración ex novo que, además, ignoró las peculiaridades históricas de la Provincia de Alicante que, por cierto, durante siglos mantuvo una administración autónoma dentro del Reino de Valencia como lo era la Gobernación General de Orihuela creada en 1366 y cuya demarcación ocupaba gran parte de la actual Provincia de Alicante.
Es evidente que el sistema autonómico, junto a grandes ventajas, arrastra también muchas carencias y defectos que casi nadie se atreve a abordar seriamente. La clase política se encuentra inmersa en el problema independentista y lleva muchos años olvidándose de mejorar y perfeccionar un sistema territorial cuyos defectos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y no se trata sólo de su financiación. Sin ir muy lejos, hemos podido comprobar que el estado autonómico ha sido muy ineficiente para gestionar la pandemia: comunidades autónomas compitiendo entre sí en los mercados internacionales para adquirir material sanitario, multiplicidad de normas contradictorias, ausencia de una dirección nacional para una emergencia nacional, etc. Pero es que, además, el estado autonómico no garantiza entre los ciudadanos el principio constitucional de la igualdad de derechos en materias tan básicas como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Ya hace años se cuantificó en 40.000 millones de euros el coste para las empresas españoles que implica la ruptura del mercado único en el territorio nacional.
Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.
Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.
Alicante puede, si sus ciudadanos así lo deciden, seguir como hasta ahora y perpetuar esta situación o decir ¡basta ya! e intentar un nuevo camino. Alicante tiene historia propia, población y recursos suficientes como para reclamar un estatus distinto: el de Comunidad Autónoma Uniprovincial, como Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja o Navarra. Y no, no es ninguna locura porque el mapa autonómico no está definido en la Constitución (no hay que tocarla) y porque la historia reciente no puede ser condicionante ni del presente ni del futuro ¿Quién decide qué punto de la historia nos vincula a una Generalidad que no se corresponde con la actual? ¿Por qué no se busca el arraigo en la Gobernación General de Orihuela? ¿O en el Reino de Tudmir? Construir una nueva Comunidad no es ser “independentista”, es ser autonomista y es serlo para reforzar la unidad de España. No se trata de construir una Comunidad Uniprovincial al uso, sino diferente. Una Comunidad solo con las competencias realmente útiles y convenientes para, de una parte, administrar los intereses alicantinos desde Alicante, no desde Valencia, y de otra fortalecer la cohesión nacional dejando al Estado las competencias que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles. Se trata también de economizar recursos, de no tener que sostener con los impuestos a cinco administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Regional, al Estado y a las Instituciones Europeas, sino a cuatro fundiendo en una a la Diputación Provincial y al Gobierno Regional.
Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.
Santiago de Munck Loyola
