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jueves, 1 de mayo de 2014

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas: un fracaso anunciado.


Anuncian los medios de comunicación que nuestra Alcaldesa y Diputada Autonómica, Sonia Castedo, ha firmado ante notario su renuncia al escaño en las cortes valencianas que ocupaba en representación de la provincia de Alicante y que dicha renuncia podría ser presentada en el registro de las cortes el viernes día 2 de mayo. Esta decisión no obedece a una repentina conversión de índole ética que le haya convencido de lo políticamente inconveniente que es ocupar dos cargos de responsabilidad sin poder atenderlos adecuadamente, no. Tampoco obedece esta decisión a una cesión ante la propagandística e ineficaz línea roja del Presidente Fabra en virtud de la cual ningún imputado del PP debe ostentar responsabilidades políticas o cargos políticos en el PP, pues de todos es conocido que los Sres. Ciscar, presidente provincial popular, su mano derecha, el incompetente JJ Zaplana, secretario provincial popular, y la propia Sonia Castedo se pasan esa famosa línea por donde todos sabemos. No en balde Sonia Castedo es ahora la Coordinadora popular de los mini PPs de la ciudad de Alicante, los “pepelitos” de distrito en claro desafío a las directrices del Presidente Regional Popular. Esta decisión obedece más bien a una clara estrategia para dilatar al máximo el procedimiento judicial en el que está incursa la Alcaldesa de Alicante. La pluriempleada alcaldesa y plurimputada por el caso Brugal que se está sustanciando en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana conseguirá con su renuncia al escaño que el sumario tenga que retornar a los juzgados ordinarios de Alicante al quedar más aforados en la causa.

Ya en su día, desde estas mismas páginas, se denunció la forma de elaborar las listas de los candidatos que el Partido Popular presentaba para la Provincia de Alicante. Al margen del hecho incuestionable de que el procedimiento de elaboración es profundamente antidemocrático pues los afiliados populares, como siempre, nada pueden decidir u opinar respecto a la misma, resaltaba también los criterios utilizados por el “dedazo” popular entre los que la defensa de los intereses de los ciudadanos alicantinos brillaba por su ausencia. Del examen de los componentes de aquella lista resaltaba, en primer lugar, la presencia de alcaldes y alcaldables, es decir, de personas que deberían simultanear dos cargos públicos, el de su municipio y el del escaño, con lo que a todas luces no podrían desempeñar con dedicación plena ninguno de los dos cargos y obviando cualquier referencia a las incompatibilidades. Destacaba también la presencia en dicha lista de parientes de políticos populares aportando así una curiosa interpretación del significado de la defensa de la familia como signo distintivo de la ideología popular, vamos, puro nepotismo. Y finalmente resaltaba también la presencia en dicha lista de personas que estaban siendo objeto de investigaciones judiciales, como el Sr. Alperi o la propia Sonia Castedo, con lo que parecía evidente que se les quería dotar de cierto blindaje con el aforamiento que su elección parlamentaria les habría de otorgar. Amiguismo, nepotismo, arbitrariedad, ausencia de democracia interna y búsqueda de blindajes judiciales primaron frente a la defensa y representación de los derechos y las necesidades de los ciudadanos de la Provincia de Alicante. Es tan evidente que sólo la ceguera partidista puede negar esta realidad: el PP una vez más ha sacrificado los intereses de Alicante a los intereses de su camarilla dirigente.

De los 55 diputados en las Cortes Valencianas que obtuvo el Partido Popular en las elecciones autonómicas quedan 54 porque el Sr. Blasco se ha convertido en tránsfuga largándose con su acta de diputado al grupo mixto generosamente subvencionado gracias al propio grupo popular. De los 55 diputados iniciales del Partido Popular 18, que se dice pronto, han tenido que renunciar a su escaño en la mayoría de los casos por estar salpicados por asuntos judiciales. Y de los 55 diputados populares iniciales, cinco están procesados o imputados y conservan aún su escaño. ¿No es esto la constatación de un sonoro fracaso? ¿No es un auténtico fraude a los votantes?

Esta situación no ha nacido de la casualidad, no se trata de un simple accidente político. Es el resultado de una determinada forma de entender la vida política dentro del Partido Popular que se caracteriza por desarrollarla al margen y de espaldas a la voluntad de sus afiliados y, por supuesto, de los votantes. Los responsables, los miembros del Comité Electoral que aprobó estas listas autonómicas, no darán la cara por supuesto, no dimitirán que es lo que haría cualquier político responsable y decente. Se pondrán de perfil y esperarán a su oportunidad para obtener su correspondiente premio si es que aún no lo han recibido por semejante tropelía.

Una vez más, los votantes alicantinos del centro derecha han sido estafados por el partido mayoritario. Estos días, andan los populares movilizando a sus cargos públicos y a algunos militantes para difundir las supuestas bondades de su gestión y las nuevas promesas electorales de cara a los comicios europeos. Una vez más se acuerdan de los afiliados, cuyo voto a la hora de hacer las listas ignoran y desprecian sistemáticamente, para que “vendan” lo buena que es la lista europea impuesta por el “dedazo” de Rajoy y lo malo que es todo lo demás. Ojalá que mucha gente no se vuelva a dejar engañar o que el miedo al cambio no les impulse a repetir el voto aunque sea tapándose la nariz. Ojalá que el votante alicantino de centro derecha sepa que hay alternativas, que se puede cambiar de siglas sin necesidad de traicionar ideales y principios.

Santiago de Munck Loyola