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martes, 8 de noviembre de 2022

¿Se acabó? Sólo en parte.

El pasado 3 de noviembre, a las 19 horas, miles de alicantinos acudimos a la concentración en la Montañeta convocada por los empresarios de la Provincia para protestar contra la discriminación de nuestra provincia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que relega a Alicante al último puesto en inversión en infraestructuras: 85 euros por cada alicantino mientras que le media nacional es de 283 euros. No es nada nuevo, año tras año el Gobierno de España, gobierne el PP o el PSOE, ha ido invirtiendo cada vez menos en nuestra Provincia; de hecho, desde 2008 a 2022, el déficit acumulado en inversiones asciende a 3.540 millones de euros, es decir, que los gobiernos de Zapatero, Rajoy y Sánchez no invirtieron en carreteras, autovías, ferrocarriles, infraestructuras hídricas, puertos o aeropuerto por valor de 3.540 millones de euros que nos habrían correspondido atendiendo sólo al número de habitantes de nuestra Provincia. Y han tenido que ser los empresarios, no los políticos, los que se han atrevido a levantar la voz, bajo el lema ¡Se acabó! ¿Qué clase de políticos padecemos? ¿Por qué tanto pasotismo? Para tener cierta idea de la clase de políticos que nos representan basta recordar que en nuestra Provincia hay 1.669 concejales y decenas de diputados autonómicos y nacionales. Y en su inmensa mayoría no estaban el día 3 en la Montañeta y, lo cierto, es que muy pocos estaban allí defendiendo los derechos de los alicantinos. Los de izquierdas porque es evidente que se deben más a sus partidos que a los ciudadanos y por tanto no se van a manifestar contra una injusticia histórica cometida por los suyos y los demás, salvo la presencia de algunos, pues, quién sabe, por pereza, por falta de compromiso o por simple pasotismo tampoco estaban.

¡Se acabó! Fue el lema de la concentración, se acabó aguantar resignadamente más desprecios hacia los alicantinos, se acabó aguantar calladamente más discriminación, se acabó… ¿la injusticia? Evidentemente no y hay que decirlo claro. Seguirán discriminando a nuestra provincia tanto desde el Estado como desde la Generalidad Valenciana, aunque sería mejor llamarla Generalidad de Valencia porque lo que es de Alicante lo es solo nominalmente. La Generalidad de Valencia nos quiere tanto que sus políticas y sus inversiones durante 40 años han llevado a aumentar la brecha de la renta entre los alicantinos y los valencianos de modo que hoy somos más pobres con relación a los mismos que hace 40 años. Una institución política que lejos de propugnar la cohesión social entre sus territorios logra lo contrario es un fracaso institucional. Y Estado y Generalidad seguirán discriminando a los alicantinos por varias razones. En primer lugar, porque los políticos que nos representan no hacen valer su voto en las instituciones representativas y están sometidos a la disciplina centralista de sus partidos. En segundo lugar, porque da igual que la Generalidad de Valencia levante la voz pidiendo más financiación ya que en caso de obtenerla seguirá aplicando su propia política de reparto que no pasa por tener en cuenta nuestra población fija y flotante. En tercer lugar, porque la clase política alicantina no es capaz de construir un consenso básico sobre las necesidades de la provincia y su financiación. Solo utilizan la infrafinanciación que padecemos como arma arrojadiza, como argumento electoralista de desgaste del adversario. No hace ni cinco años que los socialistas y podemitas se quejaban de las raquíticas inversiones del Gobierno del PP en Alicante y los populares alicantinos lo negaban a pesar de las evidencias. Hoy ocurre exactamente lo contrario.

 

Lamentablemente lo único que se ha acabado es “sufrir en silencio” los insultos presupuestarios del Gobierno PSOE-Podemos. Y ya es algo, pero no es suficiente. No basta con protestar y pedir más. Lo que es imprescindible es articular un proyecto político, una propuesta institucional que blinde los derechos y las necesidades de los alicantinos ya sea mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, ya sea promoviendo una reforma del mapa autonómico. Otras provincias lo han hecho o al menos lo están intentado. Su mera presencia electoral sirve de aviso para navegantes y está obligando al centralismo periférico a replantear sus estrategias de desarrollo regional. En medio del fragmentado panorama político y del delicado equilibrio de mayorías ¿se imagina alguien que con dos o tres diputados alicantinistas en el Congreso se atreverían a dejar a nuestra Provincia en el vagón de cola de las inversiones? Pues eso.

 

Ni las limosnas que Puig o de Baldoví pueden contentarnos en modo alguno. El Estado adeuda a nuestra Provincia 3.500 millones de euros y si otras Comunidades han exigido y obtenido el pago por parte del Estado de su deuda histórica Alicante también tiene derecho a lograr lo mismo. Debe ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas e innegociable. Lamentablemente, el único partido que así lo reclama es el Partido Alicantino Regionalista y hay que ser conscientes que 3.500 millones de euros en inversiones supondrán la conversión de Alicante en un territorio muy atractivo para la inversión y para la generación de riqueza y, por tanto, conllevarán un crecimiento exponencial de la renta de los alicantinos.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

jueves, 17 de junio de 2021

La autonomía para Alicante es posible y deseable.


Que Alicante es una provincia discriminada en los presupuestos de la Comunidad Valenciana o en los del Estado no lo puede negar nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, y de hecho cuando sus adversarios políticos gobiernan en una u otra administración los políticos alicantinos se atreven a decirlo. Hoy, los políticos alicantinos de derechas lo dicen mientras que los de izquierdas se callan. Justo lo contrario de lo que ocurría cuando era la derecha quien gobernaba en el Estado o en la Comunidad Valenciana. Pero si en algo coinciden unos y otros es en que, salvo criticar esa situación injusta e incumplir sus promesas de rectificación, ni unos ni otros han propuesto jamás una alternativa constitucional para acabar con esa situación y devolver a Alicante la dignidad que le corresponde.

 

La Constitución de 1978 estructuró parte de la organización del Estado en Comunidades Autónomas tratando de descentralizarse y de acercar el poder de las administraciones a los ciudadanos. Sin embargo, el mapa autonómico no se estableció sobre la base de la distribución regional hasta entonces existente y aparecieron nuevas Comunidades Autónomas hasta entonces inexistentes o se crearon otras con escaso arraigo histórico. Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha o Murcia. No se tocó la división provincial diseñada por el Ministro de Fomento Javier De Burgos y aprobada el 30 de noviembre de 1833. En este contexto nace en 1982 la Generalidad Valenciana como gobierno de la Comunidad Valenciana. El antecedente histórico remoto fue la Diputación del General, surgida en el siglo XIV como una comisión de las Cortes del Reino de Valencia para administrar un impuesto denominado generalidades.
Sin arraigo histórico real, ni arraigo popular se creó en 1982 una administración ex novo que, además, ignoró las peculiaridades históricas de la Provincia de Alicante que, por cierto, durante siglos mantuvo una administración autónoma dentro del Reino de Valencia como lo era la Gobernación General de Orihuela creada en 1366 y cuya demarcación ocupaba gran parte de la actual Provincia de Alicante.

 

Es evidente que el sistema autonómico, junto a grandes ventajas, arrastra también muchas carencias y defectos que casi nadie se atreve a abordar seriamente. La clase política se encuentra inmersa en el problema independentista y lleva muchos años olvidándose de mejorar y perfeccionar un sistema territorial cuyos defectos afectan a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y no se trata sólo de su financiación. Sin ir muy lejos, hemos podido comprobar que el estado autonómico ha sido muy ineficiente para gestionar la pandemia: comunidades autónomas compitiendo entre sí en los mercados internacionales para adquirir material sanitario, multiplicidad de normas contradictorias, ausencia de una dirección nacional para una emergencia nacional, etc. Pero es que, además, el estado autonómico no garantiza entre los ciudadanos el principio constitucional de la igualdad de derechos en materias tan básicas como la educación, la sanidad o los derechos sociales. Ya hace años se cuantificó en 40.000 millones de euros el coste para las empresas españoles que implica la ruptura del mercado único en el territorio nacional.

 

Hay quien, como VOX, plantea como solución, en lugar de la reforma del sistema autonómico para evitar duplicidades o para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles, la simple ruptura del estado autonómico y su sustitución por un estado centralizado. Aventurar que esta propuesta es la mejor es complicado por dos razones: primero porque requeriría una profunda reforma Constitucional muy complicada de sacar adelante y, segundo, porque se agravarían las tensiones territoriales. La evolución histórica y el posibilismo político indican que la mejor alternativa es la reforma gradual del estado autonómico, paso a paso, con un horizonte lejano bien definido. Se trata de palabras mayores, de diseñar un objetivo nacional que compete, fundamentalmente, a los partidos de ámbito nacional quienes, entre otras cosas, deberían pactar entre ellos y liberarse de una vez de los chantajes de los partidos nacionalistas para gobernar.

 

Es en este complejo contexto en el que hay que situar la injusta situación de la Provincia de Alicante encuadrada en una Comunidad Autónoma centralista, una Administración Pública, la Generalidad Valenciana, que ha fracasado en la convergencia social de los habitantes de su territorio, es decir, que en sus años de existencia ha agrandado la brecha entre la renta valenciana y la alicantina en favor de la primera, una Administración que no respeta la singularidad alicantina que no es uniforme, sino plural, un Gobierno Regional empeñado en imponer una lengua extraña para la mayoría de los alicantinos y, en definitiva, un Gobierno Autonómico que actúa como freno para el desarrollo de las inmensas potencialidades de progreso que Alicante tiene. No hay ninguna razón lógica que justifique que Valencia decida cuándo deben o no abrir los comercios alicantinos, ni para imponer un idioma extraño para quienes tienen unas raíces castellanas, ni para decidir qué infraestructuras son o no necesarias en Alicante.

 

Alicante puede, si sus ciudadanos así lo deciden, seguir como hasta ahora y perpetuar esta situación o decir ¡basta ya! e intentar un nuevo camino. Alicante tiene historia propia, población y recursos suficientes como para reclamar un estatus distinto: el de Comunidad Autónoma Uniprovincial, como Madrid, Murcia, Cantabria, Asturias, La Rioja o Navarra. Y no, no es ninguna locura porque el mapa autonómico no está definido en la Constitución (no hay que tocarla) y porque la historia reciente no puede ser condicionante ni del presente ni del futuro ¿Quién decide qué punto de la historia nos vincula a una Generalidad que no se corresponde con la actual? ¿Por qué no se busca el arraigo en la Gobernación General de Orihuela? ¿O en el Reino de Tudmir? Construir una nueva Comunidad no es ser “independentista”, es ser autonomista y es serlo para reforzar la unidad de España. No se trata de construir una Comunidad Uniprovincial al uso, sino diferente. Una Comunidad solo con las competencias realmente útiles y convenientes para, de una parte, administrar los intereses alicantinos desde Alicante, no desde Valencia, y de otra fortalecer la cohesión nacional dejando al Estado las competencias que garantizan la igualdad de derechos y obligaciones entre los españoles. Se trata también de economizar recursos, de no tener que sostener con los impuestos a cinco administraciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Regional, al Estado y a las Instituciones Europeas, sino a cuatro fundiendo en una a la Diputación Provincial y al Gobierno Regional.

 

Ésta es la única alternativa para que la Provincia de Alicante pueda despegar, pueda escapar del centralismo y de la voracidad de Valencia. Es la única vía para que Alicante tenga voz propia ante el Estado y deje de estar filtrada y condicionada por los intereses de Valencia y la influencia del anexionismo de los independentistas catalanes. No, no es una locura iniciar esta andadura, la locura es no hacer nada y limitarnos a quejarnos anualmente de que nos roban.


Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

miércoles, 24 de marzo de 2021

Denunciada una alcaldesa de IU por aprobar un convenio con la empresa donde trabaja su marido.

 PUBLICADO EN EL DIARIO EL ESPAÑOL EL 23-3-20121.

La primera edil de Monforte del Cid niega trato de favor: "En esa empresa trabajan 500 personas, raro sería que no tuviese un familiar allí".

23 marzo, 2021.


Héctor Fernández.

En 2005, Monforte del Cid (Alicante) aprobó en un pleno municipal construir un polígono industrial que a día de hoy sigue sin accesos a la autovía a través de la CV 825. Durante el pasado verano, el Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa María Dolores Berenguer (IU), llegó un acuerdo para contruir ese acceso por mucho menos dinero del presupuestado inicialmente.

El problema está en que ese acceso se encargó a una empresa privada ajena a los promotores del polígono: una empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa. Esa decisión es la que ha sido llevada a los tribunales.

La denuncia contra la alcaldesa y su concejal de Urbanismo, Ángel Gutiérrez Guillén, la ha interpuesto un partido político de nuevo cuño y sin representación (Partido Alicantino Regionalista). Sin embargo, quien la promueve, Santiago De Munck, conoce toda la historia, ya que fue secretario municipal de ese municipio durante 15 años, hasta 2018.

Según la denuncia, fue en plena pandemia cuando el marido de la alcaldesa, Javier Martínez Serra, fue contratado como analista de producción por la empresa Uvasdoce SL. Esta firma está ubicada en los terrenos rústicos contiguos al polígono Las Norias, pero no quiso entrar en su momento ahorrándose los costes de urbanización. Es la supuesta beneficiaria del convenio. 

La alcaldesa niega que debía haberse abstenido porque su marido es trabajador de la empresa, no propietario. "En esa empresa trabajan 500 personas, raro sería que no tuviese un familiar trabajando allí. Eso no es motivo de abstención", asegura. Recuerda además que llegó a esa empresa por unas prácticas del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF) y que apenas cobra 900 euros al mes.

El denunciante pide al juzgado que investigue a Berenguer, a su concejal de Urbanismo y a quien hubiese facilitado la operación urbanística, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y contra el Medio Ambiente.

La operación urbanística.

El denunciante sostiene que cuando se inició ese polígono quedó firmado que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo promovía debía realizar dos rotondas de conexión con la autovía valoradas en alrededor de 400.000 euros, que más tarde pagaría la Entidad Estatal de Suelo (SEPES).

De todo aquello, nada. La actuación urbanística aprobada por pleno ahora es modificada por la Junta Local de Gobierno, sin pasar por pleno. La alcaldesa argumenta que es una "necesidad" construir el acceso y que como ni la Administración autonómica ni la estatal la ejecutan, se ha llegado a este acuerdo.

El pasado 22 de mayo, después de que el marido de la alcaldesa entrase en Uvasdoce SL, el concejal de Urbanismo presentó un escrito ante la Consejería de Política Territorial para que se autorizase la ejecución de un acceso al polígono. Y desde Obras Públicas se emitió un informe de idoneidad favorable para su ejecución.

Berenguer argumenta que el primer borrador para esta conexión es de un año antes de que su marido entrase a trabajar en Uvasdoce, en abril de 2019. En él, los promotores del polígono ya cifraban cuánto podía costar. La alcaldesa dice que ya ahí aparecía la empresa donde entró a trabajar su marido más tarde.

Se contrató a técnicos para realizar los informes y en menos de un mes, el 11 de junio, desde Consejería se autorizó la ejecución del acceso. Un mes después, la AIU (que según el denunciante se ahorraba tener que adelantar esos 400.000 euros de las rotondas) aprobó un convenio con el ayuntamiento en el que se incluía a la empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa sin que ésta formase parte del polígono.

En ese convenio se establecía que si Uvasdoce pagaba los 28.267,39 € presupuestados para ejecutar la conexión a la carretera, podría conectarse a las infraestructuras municipales del polígono. Es ahí donde el denunciante cifra en 1,2 millones de euros las pérdidas para el ayuntamiento.

Los propietarios del suelo en el polígono habían pagado 28 euros por metro cuadrado de costes de urbanización para tener pluviales, alcantarillas, viales y aceras. A Uvasdoce le iba a salir, pagando esos poco más de 28.000 euros, a 20 céntimos de euros el metro cuadrado (posee cerca de 45.000 metros cuadrados) para tener los mismos servicios municipales que sus vecinos.


Berenguer asegura que no existe delito urbanístico porque "no se recalifica ningún terreno. Uvasdoce sigue estando sobre terreno rústico porque Conselleria permite actividades agrícolas en ese suelo. No hay pelotazo".

Sin informes.

"El 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local, sin un informe de Secretaría ni de la Intervención que avalase la decisión, acordó aprobar inicialmente el convenio", reza la denuncia. En noviembre se publicó en el BOP. Se abrió plazo de exposición pública y no se admitieron las alegaciones del Partido Alicantino Regionalista por "presunta falta de legitimación activa". 

"Es especialmente significativo el hecho de que los funcionarios habilitados estatales hayan hecho una clara dejación de funciones y no hayan informado, como es preceptivo, sobre la existencia de un Plan Parcial y un convenio vigente que regula los accesos al Polígono Industrial, así como sobre los costes y repercusiones económicas del Convenio para las arcas municipales", añade la denuncia.

La alcaldesa quiso dejar claro a EL ESPAÑOL que se siente acosada por el denunciante y que se ha tenido que coger un mes de baja. 



domingo, 27 de diciembre de 2020

El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

 27-12-2020

COMUNICADO.


El Partido Alicantino Regionalista apoya que la ciudad de Alicante sea declarada “municipio de predominio lingüístico castellano”.

Ante la iniciativa del partido Vox de una declaración institucional del pleno de Alicante para que se modifique la vigente Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para que la ciudad deje de ser catalogada como zona de predominio lingüístico valenciano, el Partido Alicantino Regionalista manifiesta públicamente su apoyo y adhesión a dicha modificación.

Hoy más que nunca, en medio de las políticas desarrolladas por el Gobierno pancatalanista de la Generalidad de Valencia persiguiendo el uso del español para erradicarlo y sustituirlo artificialmente por el catalán y tras la reciente aprobación de la nueva Ley de Educación que ataca a la libertad de elección de los padres imponiendo el progresivo arrinconamiento de la educación en español, es fundamental garantizar la libertad y acabar con el fraude de Ley que supone declarar a la ciudad de Alicante como zona de predominio lingüístico valenciano, algo que es absolutamente falso. La defensa del patrimonio histórico lingüístico no puede sustentarse sobre las falacias, ni puede prosperar sobre la imposición que, como cualquier imposición, seguirá provocando el más absoluto rechazo contra el bien que se pretende proteger.




martes, 25 de agosto de 2020

El PAR de Monforte del Cid denuncia la desprotección de los vecinos ante la escasez de policías locales y la carencia de medios materiales.

 COMUNICADO

25.8.2020

El PAR denuncia la desprotección de los vecinos ante la escasez de policías locales y la carencia de medios materiales.

El Gobierno Municipal de IU reduce más de un 30% la plantilla de la Policía Local.

El Partido Alicantino Regionalista de Monforte del Cid denuncia públicamente la situación de desprotección constante de los vecinos del municipio a los que la incompetencia y desidia de la Alcaldesa viene sometiendo desde hace meses.

Con el equipo de gobierno comunista la plantilla municipal ha sido reducida un 31% pasando de 19 miembros a 13 que se convertirán en 12 en enero próximo si no se produce la incorporación de algún nuevo agente. Los dos oficiales existentes son interinos desde hace muchos años y el Gobierno Municipal no ha previsto la cobertura definitiva de ambas plazas. Además, la plantilla de la Policía no cuenta con personal administrativo de apoyo. Con esta precariedad de personal las patrullas se han reducido a una patrulla por turno a pesar de que ya en el Pleno de marzo, a preguntas de la Portavoz del PP, la Alcaldesa no tuvo inconveniente alguno en mentir a los vecinos afirmando que eran dos patrullas para todo el término municipal. Por ello, al día de hoy no hay ninguna patrulla exclusiva para la vigilancia de la uva, ya que al no haber una segunda patrulla debe atender los avisos generales en el municipio.

A ello hay que añadir una escasez de medios tercermundista y una desastrosa política de personal vejatoria con los derechos sociales de los agentes. De una parte, de los dos vehículos de la Policía Local, el nuevo está en el taller por un accidente, y el antiguo (un Duster con más de siete años) está en estado ruinoso hasta el punto de que le entra agua cuando llueve. Según fuentes sindicales, cuando hace un mes se le planteó a la Alcaldesa la necesidad de renovar este vehículo se negó a ello afirmando que cuando se averíe se puede usar el coche de protección civil, algo que es ilegal. Se da la circunstancia, de que la Policía cuenta desde hace más de un año con una pistola Táser que no puede ser usada porque el Ayuntamiento no hace el curso preceptivo para su uso.

En cuanto a los derechos sociales y profesionales de los agentes, existe por parte de la Alcaldía un continuo desprecio hacia sus derechos retributivos y a su formación profesional. A los agentes que deben asistir a juicios no se les abona nada, las horas extraordinarias de este verano se abonarán con, al menos, dos meses de retraso y tampoco se les abona el kilometraje de los cursos de formación, desincentivando así la formación de los agentes.

El Partido Alicantino Regionalista considera que la seguridad de los monfortinos y la de los propios miembros de la Policía Local exige un cambio inmediato de rumbo que conlleve un incremento urgente de la Plantilla para poder restablecer dos patrullas por turno, la adscripción de un administrativo, la estabilidad y la promoción profesional convocando las plazas de oficiales, la renovación de los vehículos policiales y el impulso a la formación profesional.


jueves, 1 de marzo de 2018

La Constitución, el independentismo y Alicante (tercera parte).




Hay que repetirlo porque se trata de un hecho incontestable que, sin embargo, no es percibido por mucha gente: el balance de la pertenencia de la Provincia de Alicante a la Comunidad Valenciana es negativo. Las cifras no engañan. Hoy la provincia de Alicante es más pobre respecto a la Provincia de Valencia que hace 36 años por lo que sin ningún género de dudas se puede afirmar que la Generalidad Valenciana es, como administración pública, un fracaso. Y mientras los ciudadanos de Alicante no tengamos conciencia de ello seguiremos condenados a padecer una administración regional centralista y discriminatoria.

Pero es que, además, a esta sumisión de Alicante a los intereses socioeconómicos de la Generalidad hay que añadir ahora una peculiar situación política que está poniendo en riesgo la propia identidad libre y plural de la sociedad alicantina. La Generalidad Valenciana está presidida por un socialista, el Sr. Puig, que carece de un proyecto político propio y gobierna de la mano de otros grupos de izquierdas cuyas señas de identidad son pancatalanistas. Es el eterno problema del PSOE allí donde no alcanza la mayoría suficiente para gobernar, que se vende a cualquier grupo político por muy antiespañol que sea.

La Generalidad Valenciana, con el Pacto del Botánico, está desarrollando políticas impregnadas de pancatalanismo, contrarias a la identidad propia valenciana y más aún alicantina y de carácter excluyente. No hay más que repasar las hemerotecas para comprobar el origen ideológico de muchos altos cargos del Gobierno de la Generalidad que consideran a la Comunidad Valenciana como parte integrante de los imaginarios países catalanes y a la Provincia de Alicante como las playas del sur de Cataluña. Paso a paso, la Generalidad Valenciana está sembrando las semillas del odio hacia lo español, desde la lengua, pasando por las tradiciones hasta los símbolos, en un calco perfecto del proceso que se inició hace décadas en Cataluña y cuyas funestas consecuencias estamos viviendo estos meses. La nueva televisión autonómica ya está en manos de filoindependentistas catalanes, y la inmersión lingüística ya está en marcha para barrer la lengua materna de la mayoría de los alicantinos, el español. Todo está ya inventado. Usan la lengua y la educación como elementos de segregación y de neutralización ideológica, no es nada nuevo.

Ante todo ello, la discriminación económica permanente de nuestra provincia que se plasma en una deuda histórica de la Generalidad de más de 1200 millones de euros, la progresiva catalanización de las instituciones autonómicas y los permanentes y progresivos ataques a la escasa autonomía de la Diputación Provincial junto con una evidente voluntad de diluir las señas de identidad propias de nuestra Provincia es necesario ofrecer una respuesta, una solución para frenar este proceso. ¿Realmente queremos que dentro de unos años ningún alicantino pueda optar a un empleo público si no sabe el catalán? ¿Estamos dispuestos a que dentro de unos años los sanitarios tengan que marcharse por no saber catalán como está ocurriendo ahora mismo en las Baleares? ¿Queremos que se impida a los padres elegir el idioma en el que quieren que estudien sus hijos? ¿Nos resignamos sin más a que desde Valencia se señale cuándo deben abrir o no los centros comerciales de nuestra Provincia? ¿Nos conformamos con que se siga invirtiendo más en Valencia y Castellón que en Alicante? La respuesta es clara. Si no estamos dispuestos a todo ello, si creemos en la singularidad de Alicante, en sus propias señas de identidad, en su historia singular, en su pluralidad social, en su capacidad de gestión y en su absoluta lealtad e identificación con España es imprescindible reivindicar sus derechos y, llegado el caso, su autonomía en el marco de la Constitución.

Y no, no se trata de crear un nuevo monstruo autonómico. Se trata de transformar a la Diputación Provincial en gobierno autonómico, democratizándola, dotándola de aquellas competencias autonómicas que sirvan de verdad al progreso de nuestra tierra y devolviendo al Estado competencias cuya gestión quiebran la igualdad entre los españoles, como la sanidad, la educación o la justicia. Dos serían las consecuencias prácticas inmediatas: que los alicantinos tendríamos que sostener una administración menos y que el poder de decisión en muchos ámbitos se quedaría en Alicante.

Es un reto muy difícil, quizás un ideal de difícil consecución, pero el simple crecimiento y expansión de esta propuesta y su materialización en poder político servirá, sin duda, de acicate para que la voz de Alicante sea tenida en cuenta y para que sus justas reivindicaciones no sigan cayendo en saco roto. Si no nos respetan que al menos nos teman.

Santiago de Munck Loyola

sábado, 16 de diciembre de 2017

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

16-12-2017.
COMUNICADO.

CONSTITUIDO EL PARTIDO ALICANTINO REGIONALISTA.

Hoy, 16 de diciembre de 2017, se ha celebrado en Monforte del Cid el congreso constituyente del partido Esperanza Ciudadana. Los afiliados asistentes han procedido a modificar los Estatutos provisionales del partido así como el Ideario del mismo reforzando su orientación netamente alicantinista y autonomista frente a la constante marginación de la provincia de Alicante tanto por el centralismo valenciano como de la administración del estado. La modificación estatutaria más significativa ha sido el cambio de nombre del partido que pasa a denominarse Partido Alicantino Regionalista – Esperanza Ciudadana.

En el Ideario aprobado en la ponencia política se destaca que “Mientras que el PIB de nuestra Provincia se sitúa en el 5º puesto de España, la renta media de los alicantinos se sitúa en el puesto 40 con 18.148 euros, un 20 % por debajo de la media nacional que es de 22.766 euros. Los representantes políticos de la provincia en la Generalidad Valenciana o en las Cortes españolas no vienen actuando como representantes y defensores de los intereses de los ciudadanos alicantinos, sino de los partidos que los han incluidos en las listas electorales y a los que deben sus puestos. A ello hay que añadir que el anexionismo y el independentismo catalán se han infiltrado y contaminado las instituciones valencianas cuya gestión depende de fuerzas políticas claramente proclives al pancatalanismo. A la discriminación económica permanente que sufre la Provincia de Alicante ahora hay que sumar los continuos ataques a su singularidad como provincia española, con identidad propia, plural y leal al proyecto constitucional”. En dicho documento se señala también que “No existe ni una sola razón que justifique que los alicantinos no puedan decidir en su tierra lo que a la misma afecta y que, por el contrario, se deba decidir en Valencia. Alicante tiene identidad propia, personalidad, territorio, economía y medios humanos suficientemente capacitados como para poder ejercer su autonomía y hasta el nivel que desee dentro de los límites de la Constitución”.

Entre otras muchas propuestas aprobadas el Partido Alicantino Regionalista propone:

- Promover la constitución de la Provincia de Alicante como Comunidad Autónoma Uniprovincial de modo que recupere su propia identidad, reciba financiación para su desarrollo de forma autónoma, asuma sólo aquellas competencias que se considere imprescindibles para su desarrollo económico y social, elimine el peso de una administración pública (la Generalidad Valenciana) sobre los ciudadanos transformando a la Diputación provincial en el Gobierno Regional y en definitiva entregue a los alicantinos la capacidad de decisión sobre los asuntos que a ellos únicamente competen.
- Reivindicar de forma permanente y mientras no se alcance ese objetivo un tratamiento presupuestario del Estado y de la Generalidad Valenciana para la Provincia de Alicante basado en principios de equidad y solidaridad.
- Promover la reforma constitucional para reorganizar el Estado sobre la base de su configuración fundamentalmente provincial y, en su caso, impulsar la reorganización de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas desde la premisa de la unidad de España, eliminando las duplicidades y haciendo realidad los principios de igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad entre la población de los diferentes territorios de modo que la Justicia, la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales sean iguales para todos los españoles.

Por último, los afiliados han procedido a la elección del Comité de Dirección del partido que estará presidio por Santiago de Munck Loyola y cuya Secretaría General será desempeñada por Manuel García-Serna Colomina.


sábado, 7 de octubre de 2017

El Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) requiere al Gobierno para que aplique el Artículo 155 de la Constitución.

7-10-2017

COMUNICADO.

Ante la situación existente en Cataluña y los reiterados incumplimientos por parte de la Generalidad catalana de sus deberes constitucionales así como su intención expresa de proceder en los próximos días a declarar unilateralmente la independencia de las provincias de Cataluña, el Partido Esperanza Ciudadana (Partido Alicantino Regionalista) ha remitido ayer un requerimiento al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, para que proceda a poner en marcha de forma inmediata el Artículo 155 de la Constitución Española.

En el citado requerimiento se señala que “el Gobierno de España, una vez consumada esta parte del golpe de estado que se está desarrollando en Cataluña, no puede seguir haciendo dejación de sus funciones y seguir esperando para actuar en función del siguiente escalón golpista que, como ya se ha anunciado públicamente, será la declaración unilateral de independencia”.

Igualmente se recuerda que “el Artículo 155 de nuestra Constitución señala que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” pero, a la vista de los acontecimientos, no es posible ampararse más en el carácter optativo de esta disposición contenido en su redacción al señalar que ”el Gobierno…podrá adoptar..” porque hacerlo supondría no sólo facilitar la consumación del golpe de estado, sino vulnerar los mandatos del Código Penal para defender la Constitución”.

Por ello, concluye el escrito remitido a la Presidencia del Gobierno  que se requiere “Al Presidente del Consejo de Ministros de España, D. Mariano Rajoy Brey, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y proceda de forma urgente a activar la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española y a dictar las instrucciones precisas para la persecución de todos los actos delictivos que se han producido o estén en curso de ejecución”.