El lanzamiento de
algunos “globos sondas” sobre reformas, como la posible reducción de concejales
para generar ahorros en las arcas públicas o la reducción del número de
parlamentarios autonómicos, responde, sin ninguna duda, al deseo de una parte
de la clase política de atenuar la creciente indignación que la diferencia de la
repercusión de los costes de la crisis tiene entre la clase política y el resto
de los ciudadanos. El último “globo sonda” lo soltó ayer la Presidenta de Castilla-
La Mancha ,
María Dolores de Cospedal, quien no sólo propuso reducir a la mitad el número
de parlamentarios autonómicos, justo lo contrario de lo que ella promovió en su
Comunidad, sino que además apostó por la supresión de los sueldos a los
diputados “para que vivan de sus profesiones y no de la política”, según dijo.
Esta propuesta,
relativamente novedosa, merece algunas consideraciones. En primer lugar, para
valorar realmente el calado y la validez de la misma, no es posible ignorar la
realidad política y personal de quien la formula. María Dolores de Cospedal, hace poco más de
un año, recibía dos retribuciones: como senadora unos 44.000 euros, y como
Secretaria General del PP 167.864 euros. Además, percibía otros 3.560 euros del
Ministerio de Justicia en concepto de trienios por su trabajo como abogada del
Estado y otros 25.538 euros también del Senado como indemnización por gastos
para el desempeño de su función. Es decir, un auténtico dineral con origen en
las arcas públicas. Por tanto, que cada uno saque sus conclusiones.
Por otra parte, lo que
plantea Mª Dolores de Cospedal es que algunos políticos, en este caso
parlamentarios, no cobren por hacer su trabajo y para ello se apela a los
precedentes de la transición. Así, los parlamentarios vivirían de su profesión
habitual y su dedicación parlamentaria vendría a ser algo así como una segunda
actividad o una afición justificada por su carácter vocacional. Sin embargo,
con esta propuesta se corre el riesgo de devaluar el carácter de una parte de
la actividad política, la que desarrollan precisamente los representantes de
los votantes. Tan vocacional es dedicarse a la política como puede ser el
ejercicio de la medicina y, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear que los
médicos trabajen gratis por el carácter vocacional de la medicina. Bien es
cierto que para ser político, para ser parlamentario o alcalde, no se exige una
formación o preparación específica como en el caso de otros profesionales.
Resulta paradójico que en España para ser peón en un Ayuntamiento, por ejemplo,
haya que tener graduado escolar y aprobar una oposición y que para ser Alcalde
o Diputado no se exija nada, ninguna titulación, salvo ser elegido. El problema
es que el poder de las urnas no confiere unos conocimientos mínimos y así nos
va.
Por último, todo parece
indicar que buena parte de la clase política está equivocada respecto a las
causas que generan la indignación ciudadana y su alejamiento de los políticos.
Lo que causa indignación es que la inmensa mayoría de los recortes que la
crisis generada por parte de la clase política está suponiendo duros
sacrificios a los ciudadanos mientras que los políticos siguen instalados en
una situación privilegiada. La mayor parte de los ciudadanos no pedimos que los
políticos no cobren por su trabajo, pero queremos que sólo cobren de él y no de
diversas fuentes públicas simultáneas. No queremos que cobren sueldos,
pensiones o indemnizaciones a la vez. Los ciudadanos, en su mayoría, no pedimos
que los políticos trabajen de forma altruista pero sí exigimos que no gocen de
privilegios inadmisibles: queremos que paguen el IRPF como todos, que coticen
lo mismo que los demás para cobrar una pensión de jubilación, que sus
retribuciones sean absolutamente transparentes y que no se encubran con pagos en
especie, que sus salarios estén perfectamente regulados y tasados de forma
uniforme en todo el territorio nacional y en todas las administraciones
públicas. Queremos, en definitiva, que los políticos que nos gobiernan y
representan tengan una conducta austera y ejemplar lo que implica que renuncien
a todos sus privilegios y que sean los primeros en aplicarse los sacrificios y
recortes que sufrimos los ciudadanos. En medio de esta crisis generada y mal
gestionada por la clase política que un diputado o la Presidenta del
Parlamento Catalán se descuelguen con afirmaciones como las que han hecho
recientemente denunciando que tienen dificultades para llegar a fin de mes con
sus sueldos, dietas y privilegios constituye una auténtica burla a los
ciudadanos. No es de extrañar que digan tales estupideces quienes para llegar a
tan altos puestos no han tenido que acreditar formación alguna. Se les nota.
Santiago de Munck Loyola