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jueves, 30 de abril de 2015

¿Con los vecinos de Alicante o con el PSOE?


A pesar de que estamos a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas parece que lo que tenemos por delante son unas elecciones generales. Los grandes partidos y los que a nivel nacional aspiran a serlo sólo hablan de su libro y los medios de comunicación así lo reflejan. Unos nos cuentan cómo quieren reformar el IVA y los demás lo critican, otros nos hablan de lo bien que va la macroeconomía aunque todavía no se note mucho en la micro, la del bolsillo del ciudadano, algunos, visto el escandaloso panorama (Rato, Trillo, Griñán, Chaves, Pujol, Bankia, los “ERES”, los cursos de formación y la larga ristra de charcutería del PPCV,…) se dedican a afear las conductas del contrario y a esconder o justificar las propias. Pero, en definitiva, ninguno nos habla a nivel nacional ni tan siquiera de los problemas generales de los Ayuntamientos como los derivados de su financiación, de su endeudamiento o de sus competencias.

Y descendiendo a los problemas locales, en este caso los que afectan a los vecinos de la ciudad de Alicante, yo sí quiero plantear uno que está pasando desapercibido: el problema de 800 familias de Alicante que pueden perder la propiedad de sus viviendas y ser demolidas si prospera el recurso de inconstitucionalidad de en agosto de 2013 presentó el PSOE contra la reforma de la Ley de Costas y expresamente contra la disposición adicional que salvaba de la piqueta a 1.400 viviendas en la Provincia de Alicante de las que algo más de 800 se encuentran en Rocafel – La Albufereta.

Estas viviendas construidas en los años 60 y 70 al amparo de las leyes entonces vigentes, ya fueron señaladas por los socialistas en la Ley de Costas de 1988 al incluirlas dentro del dominio marítimo terrestre. Sufrieron dos deslindes en 1994 y en 2004 que fueron recurridos por los vecinos quienes ganaron al darles la razón la Audiencia Nacional. Gracias a la reforma de la Ley de Costas aprobada en 2013 parecía que por fin la constante amenaza al derecho de propiedad de los vecinos se había alejado, pero con el recurso del PSOE contra dicha reforma y, en especial, contra la Disposición Adicional Séptima y contra el Anexo que menciona expresamente la Zona de Serra Grossa como zona “libre de la piqueta”, esta amenaza ha vuelto.

Aún recuerdo que en 2012, en el Congreso Provincial del PP de Alicante, la ponencia política que se iba a debatir no contemplaba, ni por asomo, el problema al que se enfrentaban directamente más de 1.400 familias de la Provincia de Alicante. Presenté una enmienda para que en el texto se incluyera un reconocimiento del problema y una petición al Gobierno de España para buscase una solución al mismo. Esta enmienda sólo prosperó finalmente cuando, tras consultar a Madrid, los populares alicantinos recibieron permiso para hacerlo.

Ahora que estamos casi en campaña electoral hay que volver a hablar del tema, hay que sacarlo del cajón y que todos los candidatos a la Alcaldía se pronuncien y se mojen. Es muy sencillo, con o sin permiso de Madrid, Barcelona o Valencia, los candidatos a la Alcaldía tienen la obligación política de decir si están con el derecho de propiedad más que consolidado de las casi 1.000 familias alicantinas afectadas por el recurso socialista o si están con el PSOE. Y, como no, el primero que tiene que decir algo, aunque en su día ya se pronunció apoyando el recurso de su partido para arrebatar a los propietarios sus derechos sobre sus viviendas, es el candidato socialista Echávarri. A ver qué dice, si es que dice algo. Esperanza Ciudadana - Juntos por Alicante y yo, como su candidato, lo tenemos claro desde siempre, con los vecinos.

Santiago de Munck Loyola