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martes, 9 de agosto de 2022

La crisis energética no es compatible con los privilegios de la clase política.


Si hay algo que parece evidente es que la percepción que tenemos de la realidad es la que deciden los grandes medios de comunicación. Da la sensación de que existe un consenso o acuerdo oculto para bombardearnos de forma inmisericorde con algunas noticias escrupulosamente seleccionadas que centran nuestra atención y que lo hacen con tal rapidez que dejan poco espacio para hacer un análisis crítico sobre lo que nos cuentan y sobre todo sobre lo que no nos cuentan. Jerarquizan así su importancia y conducen nuestra atención hacia ideas y sentimientos que, quizás, no son tan relevantes, ni tan incontestables.

 

En pocos meses hemos pasado de la pandemia del Covid y sus variantes, y aunque sigue habiendo cientos de muertos diarios no se habla casi de ellos, a la fallida alarma por la viruela del mono, de la invasión rusa a Ucrania que abría los informativos y que ahora ya no es tan relevante a las amenazas de la China comunista a la China nacionalista, Taiwan, de la crisis energética al supuesto calentamiento global culpable ya no solo de los incendios, a pesar de que la inmensa mayoría se debe a acciones criminales de desalmados, sino también del aumento de cucarachas y roedores en algunos municipios. Nos bombardean durante meses con los crímenes de la Manada, pero nos ocultan casos gravísimos en los que los autores son extranjeros. Pasan de puntilla sobre la sentencia de los ERES, o sobre los cargos del gobierno imputados por la compra de mascarillas mientras que nos han saturado con el contrato de las mascarillas del hermano de la Presidenta Ayuso que finalmente no tenía nada de ilegal. Ya no hablamos de la traición presidencial a los saharauis a pesar de las gravísimas consecuencias que ha traído, pero afortunadamente tenemos la conspiración de los pinchazos para estar entretenidos. Hemos pasado de las “serpientes de verano” al culebrón del mes.  En definitiva, una vorágine informativa muy bien preseleccionada y diría que también planificada que es preciso coger con pinzas y observarla con un profundo sentido crítico. Porque lo que es una irresponsabilidad absoluta es seguir el consejo de los dirigentes sindicales como Pepe Álvarez de UGT que espetó a principios de julio “vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro” y que pidió a los trabajadores que “mandasen a hacer puñetas” a quienes vaticinan gravísimos problemas para el futuro inmediato.

 

Dos noticias ha fabricado recientemente la Moncloa que han dado mucho juego. La primera, la visita de Pedro Sánchez a las zonas incendiadas en Extremadura para declarar con su hueca solemnidad que “el cambio climático mata”. Por cierto, parece que se va extendiendo la idea de cambio climático y se está dejando a un lado la expresión calentamiento global. Pues bien, si hablamos de lo primero lo cierto es que siembre ha habido ”cambios climáticos” porque si una cualidad tiene el clima es la de ser cambiante. Y es probable que estemos en un período de transición, de cambio en el que las acciones u omisiones de la humanidad tengan poco que hacer para impedirlo o retrasarlo. 


Hace 700 años existió el óptimo climático medieval y el clima de entonces permitía que en Gran Bretaña florecieran los olivos y las viñas. Es posible que cuando uno está ante estos trágicos incendios, algunos de los cuales se han llevado vidas humanas por delante, se esté ante las consecuencias derivadas de una mala gestión de los montes que no se sanean como antes y que no se benefician del pastoreo tradicional, es posible que se esté ante una insuficiente dotación de medios humanos y materiales para prevenir y extinguir los incendios forestales porque ahora hay quien prefiere invertir el dinero público en otras cosas más rentables electoralmente, es posible que estemos ante unas legislaciones inadecuadas que dificultan una explotación realmente sostenible de los recursos naturales y es seguro que estamos, sobre todo, ante enfermos mentales que disfrutan placenteramente provocando y viendo arder los bosques y de irresponsables que no respetan las normas de prevención contra el fuego porque no podemos ignorar que hasta un 80 % de estos incendios han sido provocados por la mano de hombre, bien intencionadamente, bien por negligencia. Es posible que el cambio climático mate, pero en lo que respecta a los incendios lo que mata es la mano del hombre y la irresponsabilidad de algunos políticos.

 

Y la segunda noticia, por llamarla de alguna manera, fabricada por la Moncloa ha sido el comentario sobre las corbatas del Presidente Sánchez como medida para fomentar el ahorro energético. Lo cierto es que semejante estupidez ha dado mucho juego en toda España. No es posible que un Presidente del Gobierno pueda proponer algo así en serio ¿o sí? Da la sensación de que se ha tratado de una “boutade”, de una ocurrencia para tener entretenido al personal por unos días. En cualquiera de los casos es una auténtica frivolidad cuando estamos ante una crisis energética de consecuencias aún incalculables. Y no se puede obviar que a la crisis europea derivada de la guerra de Ucrania se añade en nuestro caso las consecuencias de romper uno de los pilares de la política exterior española como lo era nuestro apoyo a la soberanía de los saharauis con la consecuencia inmediata de enemistarnos con Argelia, nuestro principal proveedor de gas. Así no se contribuye a paliar una crisis energética sino todo lo contrario. Que hay que ahorrar energía lo asumimos todos los ciudadanos porque, entre otras cosas, cada día es más difícil poder pagarla. Pero aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y el gobierno las suyas. Cuando uno hace sus deberes está legitimado para exigir a los demás que hagan los suyos. Es lo que se conoce como legitimidad de ejercicio. Pero esta legitimidad se desgasta y se pierde cuando no hay ejemplaridad. 


Un Presidente del Gobierno que para ir a Extremadura a decir que el “cambio climático mata” tiene que usar un helicóptero Puma para ir allí, enviar al mismo tiempo el Falcon y el  Audi A8 vacíos, para que con el segundo le traslade al lugar del siniestro y le lleve de vuelta al aeropuerto donde el Falcon le trae de vuelta a Madrid donde le volverá a recoger el Puma, que junto con el Audi A8 ha vuelto vacío, para llevarle a la Moncloa, no es un Presidente ejemplar, no es un Presidente austero, no es un ejemplo de ahorro y no es creíble. Como no lo son Irene Montero que usa el Falcon para ir a Estados Unidos a enseñar feminismo a las norteamericanas o Yolanda Díaz que lo usa para ir a Roma a hacerse la foto con Bergoglio. Aquí y ahora los primeros que tienen que ponerse a ahorrar son el Gobierno y todas las administraciones públicas que los demás ya lo hacemos por pura supervivencia. Y el que quiera derrochar en lujos que lo pague de su bolsillo.

 

Santiago de Munck Loyola

 

 

 

 

jueves, 17 de marzo de 2016

A los dos jetas del PP de Alicante.


Lo siento. Habrá quien me llame pesado o cansino por volver sobre el tema, pero cada vez que se publica una noticia como la de hoy no puedo permanecer callado. La indignación supera a veces a la prudencia. Hoy, el Diario Información publica una noticia bajo el siguiente título “El PP de Alicante pide mano dura con Rita”. Según este diario “los populares de la provincia se alinean con el sector renovador del partido que discrepó de Rajoy” y señala que “reclaman la renuncia de la senadora «para que no perjudique» a la formación. «Los ciudadanos exigen cada vez más que seamos ejemplares», sostienen. La noticia se acompaña con la foto de varios dirigentes provinciales del PP entre los que se encuentran el Presidente Provincial José Ciscar, José Juan Zaplana y Luis Barcala. Pero ¿cómo pueden tener tanta cara dura? ¿cómo pueden tener tanta jeta política, tanta desfachatez?

Es indignante que precisamente sujetos como José Ciscar o José Juan Zaplana se atrevan a abrir la boca para pedir “mano dura” contra Rita Barberá, para apuntarse a la anhelada renovación del Partido Popular o para hablar de ejemplaridad, cuando lo que tenían que haber hecho hace tiempo es dimitir e irse a su casa tras haber dejado al PP de Alicante hecho unos zorros, tras haberlo hundido electoralmente y haberlo enfangado en el descrédito y la corrupción. ¿De qué ejemplaridad hablan estos individuos? ¿Fue ejemplar participar en cenas de homenaje a Sonia Castedo cuando la imputaron? ¿Fue ejemplar pagar con dinero negro a la trama Gürtel tal y como dice que hizo el Sr. Ciscar el informe de la UDEF? ¿Fue ejemplar que el PP en muchas localidades de la provincia de Alicante tuviera doble contabilidad? ¿Es ejemplar que al día de hoy el PP se esté financiando ilegalmente con el dinero de algunos grupos municipales? ¿Fue ejemplar disolver al PP de la ciudad de Alicante para colocar en su cúpula a Sonia Castedo sorteando así la inútil línea roja de Alberto Fabra? ¿Fue ejemplar expulsar a los militantes que pedían honestidad y más democracia interna? ¿Fue ejemplar, Sr. Ciscar, negarse a mostrar las cuentas de las campañas electorales a los militantes que por escrito lo solicitaron? ¿Es ejemplar haber formado parte del equipo de Sonia Castedo y no haber denunciado nunca ninguna de las actuaciones poco ejemplarizantes del consistorio Alicantino?

Sr. Ciscar, Sr. Zaplana son ustedes dos farsantes, dos oportunistas de la peor especie que no saben o no quieren vivir de otra forma que no sea de la política y que para subsistir son capaces de vestirse de lagarterana. No tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, ni decencia política. Ustedes no han creído nunca ni en la democracia interna, ni en la regeneración política, ni en la ejemplaridad. Su trayectoria, sus hechos lo confirman. Su credibilidad es tan grande como la del Barón de Münchhausen y si alguien merece “mano dura” en el seno del Partido Popular, sin ninguna duda, ustedes se llevan la palma. Dimitan, búsquense un curro y dejen de manchar la política. A Alicante y a su partido le vendría muy bien.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 25 de febrero de 2015

PP-Podemos: No con nuestro dinero.


En diciembre de 2012, los diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Bartolomé González y María Isabel Redondo alcanzaron una notable relevancia informativa y se convirtieron de golpe en protagonistas en los temas de conversación de las redes sociales. La razón de su éxito mediático no estaba en su ingente trabajo en favor de los madrileños ni en la calidad de sus iniciativas parlamentarias, sino en que fueron pillados con las manos en la masa, mejor dicho, en la Tablet jugando a “apalabrados”, sentaditos en sus escaños mientras en el Pleno de la Asamblea madrileña se discutía algo tan intrascendente, al parecer, como era la privatización de seis hospitales y de una parte de los centros de salud. Estos dos sinvergüenzas pasaban así el rato en lugar de trabajar que es para lo que se les estaba pagando. ¿Y qué pasó? Pues nada, que estos dos caraduras se limitaron a balbucear unas excusas y han seguido en sus puestos cobrando del erario público.

Ayer, en el transcurso del debate sobre el estado de la Nación, la que fue “pillada” fue otra veterana diputada del Partido Popular, Dª Celia Villalobos, otra profesional de la política, quien presidiendo la sesión del Congreso, en ausencia del Sr. Posadas, se entretenía en jugar con su Tablet al “Candy Crusch” mientras el Sr. Rajoy intervenía en la tribuna de oradores. ¿Y qué va a pasar? Pues seguramente lo mismo que pasó con las “dos perlas” madrileñas, que, con suerte, emitirá algún tipo de excusa y a seguir cobrando de los sufridos contribuyentes. La indecencia y la falta de ejemplaridad de una buena parte de la clase política parece no tener límites. Los ciudadanos no pagamos los sueldos a sus Señorías para que se entretengan jugando, leyendo o durmiendo en las sesiones parlamentarias. Les pagamos para que trabajen y punto. Si tienen la suficiente cara dura como para entretenerse así delante de los medios de comunicación, a la vista de todo el mundo, bien podemos imaginarnos lo que harán, lo que trabajarán fuera de la vista pública. Mejor no pensarlo.

Claro que estas impresentables actitudes, estas manifestaciones de desprecio hacia los ciudadanos que algunos identificarían como propias de la “casta” son muy contagiosas. Hoy mismo, se ha celebrado en Estrasburgo un Pleno del parlamento europeo en el que, a instancias del Grupo Popular, se debatía la grave situación de los derechos humanos en Venezuela, la patria adoptiva de los ultraizquierdistas de Podemos. Y resulta que el Sr. Pablo Iglesias, en vez de cumplir con sus obligaciones para las que se le paga generosamente con cargo a los contribuyentes europeos, hace “novillos” y se planta en un mitin en Madrid en el que, por cierto, pasándose las urnas por el “arco del triunfo” se autoproclama jefe de la oposición. Dejando al margen esta “querencia” bolivariana y totalitaria del Sr. Pablo Iglesias y su, por supuesto, proverbial complacencia con la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo cierto es que su actitud es exactamente la misma que la de los miembros de la “casta” que él tanto critica. El Sr. Iglesias cobra por un trabajo que no hace. ¿Cómo Monedero? Puede ser. ¿Cómo Villalobos, González y Redondo? Desde luego que sí. Un sinvergüenza más. Y disfrazado de profeta.

Santiago de Munck Loyola


viernes, 12 de diciembre de 2014

Portal de Transparencia, sueldos públicos y Ley de Retribuciones Públicas.


Para muchos ciudadanos conocer los sueldos de los políticos publicados en el portal de la Transparencia recientemente puesto en marcha ha sido una auténtica sorpresa. Los datos no son nuevos, ya eran públicos pero eran de difícil acceso y no estaban agrupados en ninguna publicación. Pero si hay algo que sorprende es que bastantes medios de comunicación parezcan también “sorprendidos” por esos datos y, sobre todo, por el hecho de que haya centenares de cargos públicos que cobran mucho más de lo que cobra el máximo responsable de lo público, el Presidente del Gobierno. Eso lo sabían o debían saberlo los medios de comunicación pero, por la razón que sea, no  han puesto esta espinosa cuestión hasta ahora sobre el tapete del debate público.

No es difícil imaginarse o mejor dicho soñar con que en una empresa un empleado pueda cobrar dos o tres veces más que el dueño de la misma o que su jefe. La imaginación es libre y soñar lo es aún más. Pero solo es un simple sueño porque en el mundo de la empresa privada es absolutamente imposible que algo así pueda darse. Sin embargo, en este nuestro país, cuando hablamos de lo público, de las administraciones públicas cualquier cosa es posible incluso eso, que los empleados cobren hasta cuatro veces más de lo que cobra su jefe. Y no estamos hablando solo de la Administración del Estado central, sino también de las administraciones autonómicas y locales y, además, de entidades públicas y privadas cuyos ingresos provienen principalmente de la hacienda pública, de subvenciones o ayudas.

Es evidente que existe desde hace muchos años una absoluta anarquía en cuanto a la cuantificación de todas las retribuciones públicas, es decir, de las retribuciones que se pagan el dinero de los contribuyentes y que nadie ha sido capaz o ha tenido la voluntad política suficiente para poner orden y sentido común en este asunto. Desde estas modestas páginas se viene denunciando esta circunstancia desde hace tiempo, sin necesidad de portal alguno de Transparencia. Buena parte de nuestro dinero recaudado por las administraciones públicas se destina a pagar el sueldo de los empleados públicos (políticos y asimilados, funcionarios, funcionarios de empleo, laborales, etc.) y otra buena parte de ese dinero se destina a empresas privadas a través de ayudas o subvenciones, en las que como es lógico se pagan sueldos. En cualquier caso, se trata de dinero público que se destina al pago de retribuciones. Pues bien, tratándose de dinero público no tiene mucho sentido que en España, en medio además de esta situación económica que impone criterios de austeridad, no exista una norma que regule y unifique las tablas salariales que puedan aplicarse. Nos encontramos con una curiosa situación: el máximo jefe del dinero público, el Presidente del Gobierno, gana en muchos casos menos que muchos de sus subordinados. Una situación impensable en el ámbito de la empresa privada. Los reinos de taifas salariales son una realidad en España.

Por una parte, los Presupuestos Generales del Estado fijan anualmente los topes retributivos de los empleados públicos pero de esta limitación se escapan todos los cargos políticos (nacionales, autonómicos y locales) de modo que muchos Alcaldes y Presidentes autonómicos ganan hasta un 50 % o más que el Presidente del Gobierno. Por otra parte, los directivos de las empresas públicas y algunos empleados, como los de RTVE con contratos superiores a los 150.000 € anuales, también se escapan de las tablas salariales fijadas en los Presupuestos del Estado. Hay directivos de ADIF y de otros entes públicos que triplican el salario del Presidente del Gobierno, del “Jefe” de la “empresa”. Por último, nos encontramos que empresas privadas o semi-privadas que subsisten gracias a las ayudas o subvenciones públicas, es decir, al dinero de los contribuyentes abonan retribuciones de 500.000 € anuales como en el caso de las entidades financieras que reciben ayudas públicas. No tiene lógica, ni sentido común esta situación. Si para percibir subvenciones o determinadas ayudas públicas una empresa privada tuviese que ajustar las retribuciones de su personal a los baremos públicos el panorama cambiaría radicalmente.

A raíz de las noticias surgidas por la puesta en marcha del Portal de la Transparencia, el líder socialista, Pedro Sánchez, parece que ha encontrado la solución: que todos los cargos públicos se bajen el sueldo por debajo del correspondiente al Presidente del Gobierno. Resulta curioso que el líder socialista sólo sea capaz de lanzar una propuesta cuando saltan las noticias porque, como político profesional, hace tiempo que conocía esta escandalosa situación y nunca ha realizado ni él, ni su partido propuesta alguna para racionalizar el uso del dinero de los contribuyentes. Pero es que, además, su idea es simplista e insuficiente. No se trata sólo de que nadie gane más que el Presidente del Gobierno, sino que hay que evitar caer en la demagogia y el populismo. Seguramente habrá que empezar por asignar a la Presidencia una retribución razonable porque la actual es a todas luces insuficiente y a partir de ella establecer unos baremos hacia abajo que vinculen a las retribuciones de la administración central, de las autonómicas, de las locales y de cualquier entidad que perciba un solo euro proveniente de las arcas públicas. Y eso sólo se puede hacer con la aprobación de una Ley de Retribuciones Públicas, aplicando el concepto de público en el más amplio sentido posible.

Santiago de Munck Loyola


martes, 11 de noviembre de 2014

Otra de viajes y de tomadura de pelo.


Hay que ver la que se ha organizado a cuenta de los viajes a las Islas Canarias del Sr. Monago, Presidente de la Junta de Extremadura, realizados cuando era senador y pagados por los sufridos contribuyentes. Y a cuenta también de los viajes a la misma isla y para estar con la misma señorita realizados también por el diputado popular por Teruel, Carlos Muñoz, quien, por cierto, ha anunciado que va a dimitir como diputado y como secretario provincial del Partido Popular. Por su parte el Sr. Monago ha pasado, entre lagrimita y homenaje, del yo no he hecho nada malo y puedo justificar “documentalmente” cada viaje que he hecho al pagaré los viajes y devolveré hasta el último céntimo de los que no se correspondan con las labores propias del cargo.

Esto de los viajes pagados por los contribuyentes no es nada nuevo, ni nada raro. Es posible que se haya armado tanto revuelo por cierta morbosidad que las coincidencias han levantado entre algunos comentaristas pero hay otros gastos de sus señorías mucho más escandalosos y que parecen pasar desapercibidos. Los viajes forman parte de la larga lista de abusos y privilegios que nuestra clase política se dota a si misma para hacer más llevadera su abnegada función de representarnos a los ciudadanos. Aunque esté mal citarse uno mismo, no queda más remedio que hacer referencia a dos artículos publicados en estas páginas ya en el año 2012 a cuenta de los viajecitos y los demás privilegios de sus señorías. http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2012/06/una-de-viajes.html
En estos artículos, escritos a raíz de los viajes del Sr. Divar, se ponía en cuestión la práctica de abonar los viajes tanto públicos como privados de sus señorías y se demandaba que les fuera aplicados a todos el mismo rasero que entonces se aplicó al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 


Un servidor presentó un escrito al Congreso de los Diputados denunciando la inmoralidad de ciertas prácticas, entre ellas las de los viajes, y recibió como respuesta un escrito cuya copia se adjunta en el que tan sólo se señalaba que “la Cámara sufraga exclusivamente los viajes previstos en el Artículo 8.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué dice ese artículo 8.2? Pues lo siguiente: Artículo 8.2. (los Diputados) Tendrán igualmente derecho a las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. A lo que se ve, los viajes de los señores Monago y Muñoz a las islas Canarias eran indispensables para cumplir con sus funciones de senador y diputado respectivamente. Pero, no conviene cargar las tintas sobre estos dos ilustres parlamentarios porque si existiera la más mínima transparencia en las Cortes Generales y pudiéramos conocer la relación de viajes gratis total de sus señorías nos llevaríamos una tremenda sorpresa.

Parece mentira que en estos tiempos en los que se habla de regeneración, de ejemplaridad y de austeridad la página web del Congreso sea un ejemplo de burla a la transparencia. Sus señorías ni siquiera tienen la decencia de “colgar” el presupuesto detallado de la institución lo que, sin duda, constituye una prueba más de los múltiples privilegios en los que vive instalada nuestra clase política. Privilegios que pasan por:

- Sueldos muy por encima de la media. Un diputado cobra como mínimo 2.813,87 euros a los que hay que sumar dietas, ayudas y otra serie de complementos.

- Gastos por alojamiento. Todo diputado de una circunscripción fuera de Madrid recibe 1.823,86 euros en concepto de ayuda para pagar los gastos de hotel o alquiler en la capital y en comidas y los de Madrid 870,56 euros. Eso sí estas cantidades están exentas de tributación en el IRPF. Por cierto, cerca de 70 diputados cobran mensualmente los 1.823,86 euros pese a tener vivienda en propiedad en Madrid y aquí no pasa nada.

- Además de no pagar billetes de avión, tren o barco tienen 250 euros al mes para taxis. Si usan su propio coche se les paga el kilómetro a 0,25 euros previa justificación.

- El Congreso les sufraga además un plan de pensiones. La Cámara ingresa el 10% del sueldo base mensual de un diputado a un fondo de pensiones para que cuando se jubilen reciban un complemento de pensión.

- Los casi 3.000 euros de sueldo base se complementan con otras ayudas: los vicepresidentes del Congreso, portavoces, portavoces adjuntos, presidentes de comisión y otros altos cargos reciben un complemento de como mínimo 1.000 euros mensuales por gastos de representación y el Presidente del Congreso 3.327, 89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios y Portavoces, entre otros,  ayuda que oscila entre los 600 y los 2.728 euros.

- Si viajan al extranjero en misión oficial reciben 150 euros por día y 120 euros si el viaje es dentro del territorio nacional.

- Además, sus señorías reciben un ‘kit tecnológico’ que les da derecho a que el Congreso les facilite, un teléfono, un Ipad y el pago de la conexión Adsl de su casa.

- Pueden además sus señorías compatibilizar varios sueldos públicos así como compatibilizar su escaño con algunas actividades privadas. Y todo ello sin control del absentismo laboral.

Todo ello parece indicar que el asunto de los viajecitos de marras puede que tan sólo sea “el chocolate del loro” o la punta del iceberg del coste de la casta. Lo cierto es que nuestros parlamentarios gozan de una situación de privilegio que pagamos todos los ciudadanos a los que nos han sometido a toda clase de recortes sin que ellos hayan sido capaces de hacer un mínimo ejercicio de austeridad y de ejemplaridad. Y visto lo visto, cuando sale a la palestra el vicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, para decir que los diputados y senadores pueden viajar, a cargo del contribuyente, por todo el territorio nacional y que cuando termina su jornada tienen el viaje pagado "al lugar donde tienen su vida privada ese fin de semana" da la sensación de que se está, sencillamente, burlando de los ciudadanos o tomándonos por tontos.

Santiago de Munck Loyola



martes, 7 de octubre de 2014

La filípica de Sonia Castedo.


A pocos, sobre todo en Alicante, ha pasado inadvertida la filípica con que la Alcaldesa nos ha obsequiado el pasado fin de semana desde las páginas del Diario Información y desde las redes sociales. Son posiblemente las recientes manifestaciones de algunos vecinos, organizadas por la izquierda, pidiendo su dimisión la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Sonia Castedo y, por tanto, el motivo de su furibundo ataque, más que defensa, contra todo aquél que no esté a su lado. Hace dos años algunos pedimos la dimisión o, en su caso, el apartamiento del Grupo Municipal Popular de cuantos estuviesen bajo fundada sospecha judicial y eso nos costó la expulsión del Partido Popular. Y mientras reivindicábamos públicamente la necesidad de ejemplaridad en la clase política y la regeneración del propios Partido Popular, otros, incluido el Secretario Provincial Popular José Juan Zaplana, asistían a cenas de homenaje a la Alcaldesa organizadas con ocasión de su primera imputación judicial, la protegían, como José Ciscar o Alberto Fabra, desmantelando el PP de la ciudad de Alicante para que ella pudiese ser la Coordinadora del mismo o la apoyaban abiertamente como los concejales del Gobierno Municipal. Por ello, hoy, cuando muchos de ellos eluden fotografiarse junto a ella en actos públicos, cuando algunos se postulan entre bambalinas para sustituirla en el sillón a pesar de ser corresponsables de su política o cuando se lanzan en las redes sociales clamando por su cabeza mientras han estado callados como tumbas durante dos años, es necesario examinar la trayectoria y la credibilidad de los que se están pronunciando sobre este asunto. Y, visto lo visto, no cabe ninguna duda de que las cotas de oportunismo político, de miseria moral, de cobardía y de carroñería son difíciles de igualar.

Se equivoca la Alcaldesa al afirmar que estamos ante una campaña de acoso y derribo lanzada por una izquierda que fue incapaz de ganarle en las urnas cuando la lista por ella encabezada obtuvo 18 concejales. No, el mérito de aquel triunfo no fue de ella, o al menos sólo de ella, el mérito lo fue de unas siglas, de un proyecto político y de miles de ciudadanos que lo respaldaron y a los que ella y su partido han traicionado: traición a los principios éticos, a las personas, al proyecto y a un programa electoral sistemáticamente incumplido. Y no, no es sólo la izquierda la que únicamente pide ahora su dimisión. La pide buena parte del electorado popular,  la piden muchos antiguos militantes populares y buena parte de los actuales, eso sí, estos últimos en  privado.

Dice la Alcaldesa que la izquierda ha cambiado el discurso y que ahora basa su petición de dimisión, no en la existencia de responsabilidades penales, sino en la existencia de responsabilidades políticas y lanza retóricamente la pregunta sobre qué son responsabilidades políticas para pasar a endosarlas a sus detractores, en un delirante retruécano, por ensuciar al parecer la imagen de Alicante. Es cuando menos dudoso que se haya pasado de la exigencia de dimisión por responsabilidades penales a las políticas. La izquierda sabrá. Pero para quienes no nos situamos en ese territorio político existe primero la presunción de inocencia y hemos demandado su dimisión, o al menos su apartamiento, desde hace tiempo porque sí existen responsabilidades políticas muy claras que todo aquel que se dedica al noble arte de la política debería conocer y practicar. Es indudable que la imagen de nuestro Ayuntamiento y de nuestra ciudad está gravemente dañada y ello no es consecuencia de la casualidad sino fruto de una determinada forma de gobernar, de decisiones concretas individuales y colectivas imputables a unos cargos públicos y a un partido concreto que las ha consentido, amparado y protegido. No son responsables de la mala imagen de nuestro consistorio quienes denuncian conductas poco ejemplares, sino quienes las practican.

Y es muy posible que las bochornosas conversaciones que hemos escuchado y sus transcripciones entre la Alcaldesa de nuestra ciudad y su “amigo” Ortiz puedan estar recortadas, como ella alega, pero no cabe ninguna duda de que su tono es inaceptable no sólo por los temas tan importantes que se tratan con tanta familiaridad sino también por el nivel tan chabacano que traslucen. Si se tratase de conversaciones “privadas” en el sentido de conversaciones que tratan sobre temas personales entre dos colegas, nada que objetar. Allá cada cual con sus amistades y su nivel de educación. Pero se trata de conversaciones que, aunque se califican de “privadas”, versan sobre asuntos públicos muy importantes que inciden en el desarrollo de la ciudad y, por tanto, en el bienestar de los alicantinos. Una Alcaldesa que se precie y que ame tanto a su ciudad como dice amar nuestra Alcaldesa no puede consentir que ninguna autodenominada “polla insaciable” se dirija a ella en esos términos y no ya por su dignidad personal, sino por la dignidad de todos los ciudadanos a los que representa.

Dice la Sra. Castedo “díganme una sola actuación que yo haya realizado para beneficiar a Enrique Ortiz. ¡Sólo una! No pueden. Simplemente… no la hay. Pero seguirán ensuciando el nombre de la ciudad para intentar hacerme caer”. Pues todo parece indicar que la lista de actuaciones sospechosas de beneficiar al Sr. Ortiz es larga y precisamente por ello estamos donde estamos. Ni más, ni menos. Baste citar que algo raro hay cuando en medio de una pavorosa crisis económica se licita un contrato de 420 millones de euros y sólo concurre al mismo una sola empresa, participada casualmente por el Sr. Ortiz. Y para qué hablar del trasiego de planos del PGOU, de la contrata de limpieza viaria, de la limpieza de colegios, del mantenimiento del cementerio, de obras, de IKEA, de viajes a Portugal en aviones privados, etc. Pero el final de esta cita es ya el colmo. Envolverse en la bandera de Alicante, tal y como hacen los totalitarios frente a las críticas, no es de recibo. Nadie ensucia el nombre de Alicante por criticar y denunciar prácticas políticas poco estéticas y poco recomendables. El nombre de Alicante lo ensucian quienes gobiernan la ciudad como un cortijo al servicio de los amigotes.

Para quienes seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos que han traicionado la Sra. Castedo y el Partido Popular de Alicante ya es irrelevante que ella dimita o no, que sea o no sustituida por uno de sus concejales porque una cosa es evidente: la política de Sonia Castedo es la política del Partido Popular y no es que lo diga un servidor, es que lo dice por escrito el propio Partido Popular. Tiempo ha habido para rectificar pero no han querido. Tiempo ha tenido la inoperante oposición municipal para actuar pidiendo, por ejemplo, la disolución de la Corporación habiendo como había motivos legales para ello y no lo ha hecho. Quedan pocos meses para las próximas elecciones municipales y muchos de los que seguimos creyendo en los mismos ideales y principios políticos del centro derecha sabemos que el Partido Popular de Alicante ni nos ha representado ni nos puede representar. Que se laven o no ahora la cara nos resulta irrelevante. No nos van a volver a engañar porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 1 de septiembre de 2014

La regeneración democrática y los sucedáneos oportunistas.


Todo parece indicar que el Partido Popular ha puesto en el primer lugar de su agenda política la “regeneración democrática” o, mejor dicho, un sucedáneo de la “regeneración democrática”, una visión muy particular sobre esta idea. Ministros, algunos cargos públicos y dirigentes populares llevan varias semanas hablando de regeneración y bajo esta idea están trasladando a la opinión pública propuestas como la discutible elección directa de alcaldes o la drástica reducción de aforados. Es verdad que en el Programa Electoral del Partido Popular del año 2011, ignorado en la Comunidad Valenciana y en especial en Alicante, ya se apuntaban algunas propuestas de regeneración, pero tiene lo suyo que se acuerden de ello después de tres años de gobierno y que las propuestas hasta ahora hechas públicas sean tan raquíticas e interesadas.

Hablar de regeneración tras tres años de gobierno y hacerlo en los términos que se hace significa que se trata de una respuesta estratégica a los resultados electorales últimos y que no responde a un íntimo convencimiento de la necesidad de regenerar nuestro sistema democrático. Hablamos, por tanto, de tácticas y no de principios políticos, no nos dejemos engañar. Encuesta tras encuesta, los datos señalan que la mayoría de los ciudadanos se ha distanciado de los políticos, de los partidos y del propio sistema democrático que ellos monopolizan y que algunos de ellos corrompen con el silencio cómplice de los demás, salvo honrosas excepciones. Los ciudadanos demandan fundamentalmente ejemplaridad, participación y firmeza ante la corrupción. De ninguna de esas cosas han hablado los dirigentes populares cuando han empezado a levantar la bandera de la regeneración democrática. Y haciendo un paréntesis no puedo olvidar un documento del PPCV apoyado por Alberto Fabra, José Ciscar, José Juan Zaplana y otros líderes regionales del PP en el que se indica textualmente que no resulta admisible reivindicar la idea de regeneración democrática en el seno del Partido Popular, para justificar la expulsión de los afiliados regeneracionistas.

Hay algo básico y esencial que olvidan los conversos a la regeneración democrática y es que para promoverla, para intentar convencer a los ciudadanos de la honestidad y nobleza de sus propuestas hay que tener credibilidad. Nuestro sistema político, nuestra democracia necesita medidas de regeneración porque los principales actores del sistema, los partidos políticos, lo han deteriorado, lo han prostituido porque se han convertido en unas maquinarias burocráticas que no cumplen con los mandatos constitucionales. La mayoría de los partidos políticos padecen un fuerte déficit de democracia interna y han dejado de ser cauce de participación ciudadana. Son organizaciones endogámicas poco permeables a las necesidades sociales porque su funcionamiento se sustenta en una clase política privilegiada frente a los ciudadanos. Por ello, la primera medida regeneradora que debería ser puesta sobre la mesa es la regeneración de los propios partidos políticos, de los agentes que han de regenerar, a su vez, el sistema político. Si esa regeneración interna, en este caso del Partido Popular, apostando por la democracia interna, por el debate interno y la participación de sus militantes y simpatizantes, por la transparencia en su financiación, por el cumplimiento de los programas y por el rigor frente a los aprovechados y corruptos, no se produce de forma previa no pueden tener credibilidad sus propuestas de regeneración del sistema político. La prueba de ello es que las dos iniciativas recientemente puestas en circulación no nacen de un debate interno en el que los afiliados hayan podido discutir y realizar propuestas, no. Nacen de un gabinete que analiza resultados y encuestas y una dirección política, un sanedrín, que marca el rumbo y reparte los argumentarios de arriba a abajo.

Lo sensato y coherente sería que, una vez arreglada la propia casa por dentro, se realizasen propuestas de regeneración creíbles. Y dentro de esas medidas, lo prioritario para la mayoría de los ciudadanos no es, seguramente, cómo se elige a los alcaldes. Lo más probables es que la mayoría de los ciudadanos apostase por la ejemplaridad de la clase política, por acabar de una vez con los privilegios (aforamientos, tributación fiscal especial, ingresos exagerados, pensiones especiales, etc.) de quienes dicen que creen ahora en la regeneración, y por cualquier medida para erradicar la corrupción, para exigir responsabilidades por la mala gestión de algunos, para recuperar el dinero distraído de las arcas públicas, etc. La corrupción no sólo se combate con leyes, se previene con más democracia en las instituciones y en los partidos políticos. Regeneración democrática sí, sucedáneos no.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 19 de junio de 2014

Felipe VI, nuevo Rey de España.


Tras unas semanas de polémicas e intensos debates públicos desencadenados por el anuncio de abdicación del Rey Juan Carlos I, hoy se han cumplido las previsiones constitucionales y D. Felipe de Borbón y Grecia ha prestado juramento ante las Cortes Generales y ha sido proclamado Rey de España. Durante estos últimos días se han cruzado toda clase de argumentos tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación entre los partidarios del cumplimiento de la Constitución y de los favorables a su quebrantamiento para promover un cambio de régimen, entre los defensores de la Monarquía y los republicanos. Hoy, sin embargo, todo ese ruido político ha quedado eclipsado, pese a los intentos de la izquierda radical, por la ceremonia de juramento y proclamación de Felipe VI.

Había mucha expectación entre los comentaristas políticos por el contenido del mensaje que iba a pronunciar en las Cortes el nuevo Rey y es evidente que, a la luz de algunas reacciones, el primer discurso de Felipe VI ha sido, ante todo, impecablemente constitucional. Se equivocan quienes esperaban un discurso cargado de novedades políticas que pudieran suponer un cambio de rumbo en la política española porque el Rey, con la Constitución, en la mano no puede anunciar en público lo que políticamente no le compete. La Constitución define perfectamente cuales son las tareas y el papel que el Rey como Jefe del Estado tiene y Felipe VI, como no podía ser de otra forma, se ha atenido a ello. Las supuestas decepciones que las palabras del nuevo Rey han provocado en algunos periodistas e incluso entre algunos políticos solo denotan su ignorancia sobre el papel constitucional de la Corona y de quien la encarna.

Felipe VI ha iniciado su reinado con un discurso constitucional en el que ha querido transmitir y recordar algunas ideas. De una parte ha hecho algo más que un protocolario agradecimiento y reconocimiento a la labor de su padre, su predecesor en la Corona, de quien ha subrayado que bajo su liderazgo fue posible la construcción de un modelo de convivencia para todos y un largo período de progreso, al ampliar este agradecimiento de forma emocionada al papel jugado por su madre, la Reina Sofía, cuyo prestigio entre los ciudadanos españoles, por cierto, está a la cabeza de la institución monárquica. 

De otra parte, ha recordado el papel que en nuestra Constitución se otorga a la Corona, sus funciones y las ventajas que su independencia partidista puede otorgar a la hora de desempeñar las labores de mediación y arbitraje entre los poderes del estado y las fuerzas parlamentarias. En este campo, además, ha hecho mención al sentido y a la orientación que quiere imprimir al estilo de su reinado apelando acertadamente a la transparencia de la institución y a la ejemplaridad que debe presidir la actuación de la Corona. Ha sido un acierto que hable de ejemplaridad, no sólo como referencia al descrédito generalizado de la política, sino especialmente como contrapunto de algunas actuaciones de su propio padre y de otros miembros de la Familia Real que han provocado la indignación de buena parte de la ciudadanía y una considerable pérdida de apoyo a la Institución. 

El nuevo Rey ha dejado claras dos cosas: que sabe que sin ejemplaridad la Monarquía pierde buena parte de su razón de ser y que sabe que tiene que ganarse día a día el puesto que la sangre y la legitimidad constitucional le han entregado. Felipe VI sabe que a la legitimidad histórica y a la legitimidad constitucional debe sumar la legitimidad de ejercicio. Por último, en su discurso el Rey no ha querido dejar de mencionar los problemas más candentes de nuestra sociedad: el desempleo, especialmente el de los jóvenes, la crisis y sus consecuencias, la necesidad de promover la investigación, el papel de la mujer en nuestra sociedad o las tensiones que sobre la unidad de España estamos viviendo, aunque lo haya hecho de una forma quizás excesivamente velada. Y, en este repaso a la actualidad general, posiblemente ha sido un olvido no mencionar a un importante sector de nuestra sociedad, los nueve millones de jubilados que tras una larga y muchas veces dura vida, están siendo imprescindibles para que muchas familias puedan sobrevivir en esta dura crisis.

Hoy a diferencia de lo que ocurrió hace 39 años no se abre una nueva etapa desde la ilusión y la esperanza colectiva, sino desde la desconfianza y el escepticismo de millones de ciudadanos a los que el sistema ha defraudado profundamente. Ojalá que la sucesión en la Corona sea sinónimo de regeneración de la misma y que su ejemplo sirva de impulso para promover también la regeneración en los demás ámbitos de las instituciones y en el propio sistema político. Ojalá Felipe VI acierte porque el éxito de su reinado supondrá un éxito colectivo.

Santiago de Munck Loyola


martes, 3 de junio de 2014

2 de junio de 2014, un día para la historia.


El pasado dos de junio pasará, sin lugar a dudas, como una fecha señalada en los libros de historia por el anuncio oficial de la abdicación del Rey, Juan Carlos I. Un anuncio que nos ha cogido por sorpresa a los ciudadanos españoles enfrascados muchos aún en los análisis y los debates sobre las recientes elecciones europeas y sus consecuencias y desplazando, afortunadamente, de los titulares de los medios de comunicación al líder de “Podemos” cuya saturada presencia mediática empezaba a aburrir hasta a las ovejas.

El anuncio de la abdicación del Rey supone el cierre de una larga e importante etapa de nuestra historia y el inicio de otra nueva llena de incertidumbres. Es muy pronto para realizar un análisis y un balance objetivo del reinado de Juan Carlos I. Será el paso del tiempo el que permita en el futuro tener una mejor perspectiva de estos 39 años de reinado. Pero sí podemos, aunque sea con toda la subjetividad del mundo, plasmar cada cual nuestras opiniones y sensaciones sobre una etapa histórica que es la nuestra y sobre quienes han ostentado las máximas responsabilidades institucionales durante la misma.

A pesar de las explicaciones oficiosas y de los razonables argumentos que muchos comentaristas han expuesto para justificar las razones y el momento elegido para esta abdicación, da la sensación de que algo se oculta, de que algo no se nos cuenta o de que no se dice toda la verdad. ¿Razones exclusivamente políticas? ¿Personales? ¿De salud? ¿La solidez de la Institución monárquica?… No parece que el momento elegido sea, a primera vista, el más oportuno sobre todo desde la perspectiva del interés nacional, que no tiene por qué ser coincidente con el de la Institución Monárquica, ante el desafío de los separatistas que requiere, entre otras cosas, la presencia de un Jefe del Estado firme, pero dialogante, experimentado y moderador.

Como era de esperar la izquierda más radical ha aprovechado este anuncio para iniciar movilizaciones callejeras reivindicando la tercera república y la convocatoria de un referéndum para ello. Una vez más se hace gala de un absoluto desprecio de la legalidad constitucional, de las reglas de juego, que establecen un claro cauce para canalizar esa legítima aspiración. Si se quiere instaurar una república en España hay que hacerlo a través de los mecanismos que la propia Constitución establece y hacerlo, por tanto, a través de una iniciativa en las Cortes, en la sede de la soberanía nacional, y no en la calle ni en los Ayuntamientos. El continuo desprecio que algunos vienen haciendo gala de la Constitución, que es la garante de nuestros derechos y libertades, es una clara expresión y anticipo del riesgo que en sus manos correrían esas mismas libertades públicas. Y hay que subrayar que no promueven la instauración de una república de y para todos, con ha sido y es la actual Monarquía Parlamentaria, sino de una república de izquierdas sectaria y excluyente tal y como lo simbolizan con el uso de la bandera del régimen del año 31. No quieren promover un nuevo proyecto político republicano, sino hacer un paréntesis de 75 años y retrotraernos al pasado republicano lo que, sin duda, espanta a muchos republicanos que encuentran en la Monarquía Parlamentaria un espacio de libertades y convivencia de una calidad y amplitud democrática mucho más amplia que la propuesta por esta izquierda republicana. Y es obvio que la democracia está por encima de la forma de la jefatura del estado.

El Rey deja la corona en el momento de más baja popularidad de la Institución. La memoria colectiva es frágil y en el ánimo ciudadano pesan más los recientes escándalos protagonizados por el propio Monarca y algunos de sus familiares que los años de dedicación, de trabajo eficaz y de arbitraje constitucional. Hoy, para muchos, la Monarquía solo puede tener sentido si es ejemplar porque solo desde la ejemplaridad puede desempeñar, sin la legitimidad periódica de las urnas, las tareas de representación y de arbitraje que la Constitución establece. Y es evidente que muchas informaciones de los últimos tiempos no evidencian esa ejemplaridad en la conducta del propio Monarca que ha incurrido en el tremendo error de mezclar su vida íntima con la pública.

Hoy no parece el momento más adecuado para plantearse si queremos Monarquía o una República. Los ciudadanos tenemos problemas muchos más graves y acuciantes que deben ser atendidos por nuestros representantes políticos y sería una frivolidad y una irresponsabilidad absoluta de la clase política que pasaran a segundo plano. La actual Monarquía Parlamentaria ofrece un espacio de libertades democráticas idóneo para ofrecer entre todos soluciones a los graves problemas que nos aquejan, un espacio que lamentablemente no se vislumbra por ninguna parte en la propuesta tricolor y excluyente de algunos.

Santiago de Munck Loyola


martes, 25 de marzo de 2014

Por un Estatuto de los Cargos Públicos.


La profunda crisis económica y política que atravesamos ha hecho, entre otras cosas, que se subrayen determinados comportamientos y privilegios de la clase política que se alejan mucho de la necesaria ejemplaridad que hoy habría que exigir a todos los dirigentes políticos. Los partidos políticos se han convertido en impresionantes máquinas burocráticas con una propensión permanente a invadir todas las esferas y escalones del poder, viven del dinero público, no de las cuotas de sus afiliados, y sirven de agencia de colocación de sus peones, muchos de ellos sin preparación ni cualificación política o técnica. Así, han terminado por copar las administraciones públicas desplazando en muchas ocasiones a los propios profesionales de la administración sustituyéndoles por los “enchufados”. Es casi una vuelta al sistema del siglo XIX, denunciado magistralmente por Galdós, en el que la alternancia en el poder conllevaba el inmediato relevo de miles de colocados en detrimento de la profesionalidad de las administraciones públicas. A todo ello hay que sumar el abuso permanente de buena parte de la clase política de los instrumentos legales a su disposición atribuyéndose toda clase de privilegios fiscales, sociales, económicos y jurídicos mientras la gente lo pasa francamente mal.

España necesita un Estatuto de los Cargos Políticos que acabe con esta situación y que establezca unas reglas claras, precisas y estrictas. Sería sin duda una saludable iniciativa democrática. Este Estatuto debería impulsar reformar legislativas para:

- Encuadrar las pensiones de los parlamentarios nacionales y autonómicos en el sistema general de pensiones, sin privilegio alguno. No existe ninguna razón que justifique un sistema diferenciado.

- Establecer para los mismos un baremo de retribuciones transparente en el que las dietas e indemnizaciones, perfectamente delimitadas y controladas, sean las mismas que las asignadas en los PGE para los funcionarios de más alto nivel.

- Modificar las pensiones vitalicias de Presidentes de Gobierno y Presidentes Autonómicos, estableciendo límites e incompatibilidades con otros ingresos. Incompatibilizar la percepción de dichas pensiones con el cobro de retribuciones provenientes de empresas o consorcios que tengan o hayan tenido vinculación con la actividad de las administraciones públicas.

- Suprimir los privilegios fiscales de los parlamentarios y demás cargos públicos.

- Limitar el aforamiento a los miembros de las Cortes y del Gobierno.

- Incompatibilizar el desempeño simultáneo de dos puestos electivos, por ejemplo, ser alcalde y diputado nacional o autonómico o senador. No se puede pertenecer al legislativo y al ejecutivo de forma simultánea ni desempeñar íntegramente dos cargos sin merma en la dedicación a uno de ellos o a ambos.

- Incompatibilizar la percepción de ingresos de carácter público o semipúblico con las retribuciones de sus cargos. Es preciso terminar con la práctica habitual por la que muchos cargos públicos perciben dos o más ingresos públicos o de origen público como los provenientes de sus partidos políticos.

- Incompatibilizar el desempeño de un cargo público con actividades privadas o de representación en consejos de administración incluso en empresas públicas.

- Establecer una escala retributiva nacional para todos los cargos públicos y directivos de empresas públicas o privadas cuyos ingresos provengan de subvenciones públicas de modo que ninguna retribución pueda superar a la percibida por el Presidente del Gobierno.

- Reducir de forma drástica el número de asesores y cargos de confianza en todas las administraciones públicas, limitando su existencia exclusivamente a tareas de comunicación e imagen, tareas que no suelen existir en las organizaciones públicas.

- Exigencia de un mínimo de experiencia profesional previa, sea en el ámbito privado o en el público, para el acceso a un cargo político, sea de elección directa o de libre designación.

- Limitar a dos mandatos los cargos de representación electiva.

- Reducir ostensiblemente el número de coches oficiales en todas las administraciones públicas y eliminar las tarjetas de crédito para gastos de representación.

- Limitar los gastos de representación.

Se trata de una relación de medidas perfectamente ampliable que podrán contribuir a la exigencia de austeridad y ejemplaridad que, hoy por hoy, están tan ausente en el quehacer diario de buena parte de nuestra clase política. Impulsar un Estatuto de los Cargos Públicos en la dirección señalada sería, sin duda, una muestra más de la existencia de una voluntad regeneradora de nuestro sistema políticos, aunque mucho me temo que pocos partidos se atreverán a recoger un guante como éste.

Santiago de Munck Loyola.