El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del PPCV en Alicante. En
dicho Congreso, amén de la renovación de cargos, se debatirán tres ponencias
que teóricamente tendrán una importante repercusión en la vida política del
partido y en sus políticas públicas. Los afiliados del Partido Popular, a
diferencia de lo que ocurre en otros partidos, no tienen estatutariamente el
derecho a presentar enmiendas a las ponencias congresuales, algo que desde una
perspectiva de la participación y la democracia interna chirría bastante.
Pueden ser apoderados o interventores cuando hay elecciones, pueden pagar sus
cuotas de afiliación o acudir a rellenar los actos del partido cuando son
convocados, pero no pueden enviar enmiendas a las ponencias que se discuten en
los diferentes congresos territoriales, algo que en la era de las
comunicaciones, de las redes sociales y de la información carece de sentido.
Sólo
los afiliados que resultan “elegidos” compromisarios tienen el derecho a
presentar enmiendas a las ponencias a discutir en un Congreso del Partido
Popular. Y ya se sabe que para poder ser compromisario en la ciudad de Alicante
hay que ser miembro de alguna “familia” o participar de alguna “sensibilidad” dentro
del partido. Dicho de otro modo: o tienes etiqueta o no tienes nada que hacer.
Lo de las “familias” suena bastante mal, la verdad, más que nada por las
connotaciones peyorativas de la expresión cuando se aplica ciertos colectivos.
Lo de las “sensibilidades” recuerda bastante a aquel “contraste ordenado de
pareceres” del tardofranquismo. En todo caso, por más que uno repase los
estatutos del partido Popular ni las familias ni las sensibilidades aparecen
por ningún sitio, sólo se menciona al afiliado como sujeto de derecho y
obligaciones. Por tanto, cuando se cierran listas a compromisarios por
“consenso” entre las distintas “familias y sensibilidades” existentes en el
partido parece evidente que se está hurtando el protagonismo a los únicos que
pueden establecer consensos, los sujetos de los derechos y obligaciones, es
decir, a los afiliados.
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| Adela Pedrosa, Alcaldesa de Elda. Ejemplo de político pluriempleado. |
Según
recoge el Diario Información en su edición de hoy (http://www.diarioinformacion.com/alicante/2012/05/13/enmienda-plantea-castedo-barbera-rus-tengan-renunciar-escano-cortes/1253137.html)
se ha presentado una enmienda a la ponencia de estatutos del próximo Congreso
del PPCV por parte de D. José María Rodríguez Galán, exdirector general de Ciudad de
la Luz, con el fin de que los alcaldes y portavoces populares en municipios de
más de 5.000 habitantes no puedan compatibilizar ese cargo con otros.
Concretamente, con un escaño en las instituciones provinciales y las cámaras
autonómicas. Se trata de una excelente iniciativa, ya propuesta desde estas
páginas haces meses (http://santiagodemunck.blogspot.com.es/2011/09/el-pluriempleo-de-los-politicos-un.html),
para evitar el pluriempleo de los políticos, aunque sólo sea parcialmente.
Lamentablemente y tal como se señala el periódico en esa misma información y
tras consultar con fuentes del Partido Popular es muy posible que no prospere o
que, de hacerlo, sea muy adulterada. Es más que sintomático que con casi 900
compromisarios el número de aportaciones, de enmiendas, no llegue ni a las 500.
Tan elevado grado de conformidad es algo decepcionante.
Esta enmienda, que podría ser mejorada
y ampliada, participa de lleno del sentido común y de una exigencia ética que
debería ser insoslayable para quienes habrán de votarla. Los puestos de
alcaldes o de diputados están pensados y retribuidos para que los desempeñe una
persona con absoluta dedicación. Ser alcalde de Alicante o diputado por la
provincia es lo suficientemente relevante e importante como para que no se deba
ni se pueda simultanear con otra dedicación. Hacer lo contrario, simultanear
una alcaldía con un escaño, es sencillamente no hacer bien ninguna de las dos
cosas. Y si se pretende afirmar lo contrario se deja en evidencia a los que
sólo se dedican a su escaño o a su Alcaldía.
Las incompatibilidades deben ser hoy
más rigurosas y claras que nunca. Los vecinos, los contribuyentes, los
electores se merecen que los cargos electos se dediquen al cien por cien al
puesto para el que han sido elegidos. Es preciso acabar con las prácticas de
acaparamiento de puestos públicos por algunos insaciables coleccionistas de
cargos y no sólo por la exigible dedicación y eficacia en el desempeño de los
mismos, sino como medida ejemplarizante de la regeneración y la ética
políticas. La norma debería ser igual para todos: una persona, un cargo, una
sola retribución proveniente de las arcas públicas. Y ya está bien de acudir a
subterfugios: cobrar un solo suelo público pero ampliarlo con dietas,
asignaciones u otros pagos provenientes también del erario público. Y al que no
le convenga que se vaya a su casa que esto de la política no es obligatorio y
que a nadie se le pide que se sacrifique abnegadamente por la colectividad. Lo
más probable es que muchos, si se tuviesen que buscar la vida en el sector
privado, nunca alcanzarían ni de lejos los sueldos que cobran del erario
público. Lo dicho, el pluriempleo de los cargos públicos es un fraude a los votantes y hay que acabar con él.
Santiago
de Munck Loyola
