PUCHINNEKEN PIS.

 

Ni amnistía, ni amnesia.

 

La gran operación de intoxicación social ha comenzado. Las terminales mediáticas de la izquierda, toda una legión de periodistas y comunicadores paniaguados, así como los miembros del Gobierno y sus allegados en nómina se han lanzado a opinar favorablemente sobre una eventual amnistía a los golpistas catalanes y, en muchos casos, a contarnos exactamente lo contrario de lo que opinaban tan solo hace unos pocos meses. Basta que el inquilino de la Moncloa haya cambiado de opinión, si es que alguna vez lo que dijo fue una opinión, para que todos como loros bien entrenados repitan lo mismo.

 

Ahora nos cuentan que una amnistía sí es constitucional, que porque la Constitución no la prohíba expresamente no quiere decir que no se pueda aprobar, que hay que pasar página y hacer como si los graves incidentes de 2017 y la malversación de cientos de millones de euros no hubiesen existido nunca. Incluso tratan de lavar la cara a esa eventual amnistía llamándola, en un alarde desfachatez increíble, una “ley de alivio penal”, como si la aplicación de la ley fuera una molestia digestiva. Y lo hace gente que nunca ha tocado un libro de derecho o que ni tan siquiera se ha molestado en leer la Constitución con cierto detenimiento. Y aún así, no resulta tan sencillo, como algunos creen, interpretar el sentido de una norma compleja como es una Constitución. Para intentar entenderla en sus aspectos más oscuros o polémicos hay que acudir a la doctrina y a sus fuentes jurídicas.

 

Una reciente entrevista publicada en El Debate a D. Emilio Frías, fiscal hasta el 2007 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, clarifica mucho los motivos por los que una eventual amnistía no sería constitucional. Y hay algunos aspectos que deben ser destacados para subrayar esta opinión.

 

1º Es cierto que la Constitución no menciona la amnistía entre las medidas de gracia que pueden aprobarse, pero el hecho de que no prohíba la amnistía no quiere decir que las autorice. Tampoco prohíbe el canibalismo o la esclavitud y eso no quiere decir que estén permitidas. 

 

2º De acuerdo con las actas de la Comisión Constitucional en las que sí se hablaba de amnistía, los ponentes de la Constitución decidieron intencionadamente no incluirla en el texto constitucional.

 

3º La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales y una amnistía es más que un indulto general. Por tanto, cuando se prohíbe lo menos se prohíbe lo más. Se trata de un principio general del derecho.

 

4º La Constitución se basa en la división de poderes y, en consecuencia, establece claramente las competencias y atribuciones de cada poder. No hay una supremacía del poder legislativo sobre los demás poderes. La aprobación de medidas de gracia corresponde al poder ejecutivo, no al legislativo. Por consiguiente, admitiendo que fuera legal una eventual amnistía correspondería al Gobierno aprobarla, no a las Cortes. Pero, un gobierno en funciones no podría hacerlo. Como mucho, las Cortes podrían despenalizar, mediante la oportuna reforma del Código Penal, los delitos por los que deben responder aún los eventuales beneficiados de esa supuesta amnistía.

Parecen, por tanto, precipitadas y fruto de la más absoluta ignorancia todas las propuestas, plegándose a las órdenes del prófugo de Waterloo, de aprobar en las Cortes una Ley de Amnistía y de aprobarla antes de que Pedro Sánchez se someta a una investidura. ¿Cómo es posible que los delirios de un payaso puedan someter a tanta gente? Las Cortes no pueden atribuirse competencias que la Constitución reserva al Gobierno y el Gobierno no puede en estos momentos aprobar medidas de gracia porque está en funciones.

 

Dicho esto, lo relevante no está ya en la constitucionalidad o no de una Ley de Amnistía que debería estar ya fuera del debate público, sino el alcance y las consecuencias que supondría para un Estado como el nuestro, un estado social y democrático de derecho al que una hipotética amnistía pondría en cuestión la legitimidad de su propia existencia. Nuestro ya maltrecho poder judicial quedaría definitivamente tocado y desprestigiado ante la opinión pública y la Unión Europea. El principio básico de la igualdad entre los españoles quedaría anulado. Los riesgos y el peligro para nuestra democracia y nuestra pacífica convivencia son elevadísimos y todo para que el Sr. Sánchez consiga seguir en la Moncloa rehén de esta cuadrilla de delincuentes. Porque una eventual amnistía no va a servir para resolver el “conflicto” catalán que no es otro que la insumisión de una casta política contra el ordenamiento jurídico de un estado democrático. Ellos no engañan, la amnistía no va a solucionar nada, salvo las posaderas presidenciales, va a servir para fortalecer su objetivo principal, la independencia de su región por encima de todo. ¿Le merece la pena a la izquierda española?

 

Santiago de Munck Loyola

 

Un Gobierno “partío”.

Nunca antes un Gobierno de España había ofrecido un espectáculo tan bochornoso como el que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez. El asunto de los espías es el último esperpento de una larga serie que protagonizan socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Y todo salta a raíz de un informe de “Citizen Lab”, un “laboratorio interdisciplinar” de la Universidad de Toronto, Canadá. Este laboratorio se financia a través de grandes fundaciones norteamericanas, como la “Open Society” de Soros. En dicho informe se afirma que 65 independentistas catalanes han sido espiados. Algo que, tras un intento de golpe de estado y tras toda clase de acciones delictivas vulnerando el estado de derecho y poniendo en peligro la convivencia ciudadana pacífica, cualquier demócrata entendería como algo absolutamente necesario siempre que se haga con las garantías legales necesarias. El Estado tiene que protegerse y protegernos. Es de cajón. Y para ello debe usar todos los medios necesarios para prevenir la comisión de delitos y más cuando los delincuentes están en la calle y no han renunciado a reincidir en sus propósitos ni en los medios. No, no se trata de un espionaje por motivos ideológicos, a nadie se le espía por pensar lo que le venga en gana.

 

El problema real para el conjunto de los ciudadanos es que tenemos un gobierno que tiene a los socios que tiene, un gobierno que depende para sobrevivir parlamentariamente de partidos cuyos dirigentes han delinquido tratando de pisotear la Constitución y las reglas de la democracia. Tiene su aquél escuchar al Demóstenes independentista Rufián rasgarse las investiduras y proclamar que "lo que está pasando no pone en riesgo la legislatura, pone en riesgo la democracia". Mira, payaso, lo que verdaderamente ha puesto en riesgo la democracia ha sido que tú y tus comparsas hayáis intentado romper las reglas de la democracia y os hayáis ciscado en la soberanía del pueblo español. A ver si lo entiendes, los españoles incluidos los catalanes tenemos derechos, entre ellos, el de decidir entre todos el futuro de nuestro país y va siendo hora de que todos los catanazis como tú lo asumáis. Es comprensible que toda la recua de catanazis trate de inflar el asunto del espionaje por dos razones, la primera porque el victimismo es consustancial a los independentistas, la segunda porque con ello apagarán cualquier mirada hacia sus amores pasados con el sátrapa de Putin cuya ayuda buscaron para armar su intento secesionista.

 

Y tan real como el problema anterior es el problema de la división interna del Gobierno. Es evidente que los podemitas-comunistas no han asumido aún que ellos mismos son parte del gobierno y que, por tanto, son parte de los problemas del mismo. No se puede ser gobierno y oposición a la vez. O estás dentro o estás fuera, pero las dos posiciones simultáneamente son absolutamente imposibles. No puedes estar en un gobierno que sin consultarlo con nadie se carga décadas de una posición internacional de España respecto al Sáhara y al mismo tiempo criticar y condenar ese cambio. Y cuando se trata de un asunto de tal relevancia no vale con desmarcarse de ese cambio radical con críticas más o menos indignadas, lo único que vale es presentar la dimisión y salir del gobierno. Eso es lo que haría cualquier político decente. Pero, claro, es duro renunciar a la moqueta, a los privilegios, a los coches oficiales, a los sueldos y a la corte de asesores podemitas colocados cómodamente en la administración pública. Ni por el pueblo saharaui, ¡faltaría más!

 

Pero ya en el colmo de la desfachatez los podemitas llegan a pedir la dimisión de compañeros de gobierno como la de la Ministra de Defensa, asumiendo, cómo no, las peticiones de los independentistas, pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia. ¿Alguien se imagina a la ministra Belarra o a Irene Montero pidiendo en el Consejo de Ministros que dimita o sea cesada Margarita Robles? Francamente improbable.

 

Los españoles padecemos un gobierno dividido y enfrentado, un gobierno sostenido parcialmente por grupos políticos enemigos de la unidad del Estado y un gobierno torpe en sus reacciones y sin escrúpulos. Un gobierno que para aplacar a sus socios es capaz de poner en riesgo el prestigio internacional del Estado y la seguridad interna desvelando aspectos secretos de las estrategias contra la delincuencia institucional, capaz de incluir a los enemigos del estado en la Comisión de Secretos oficiales o capaz de condicionar la aprobación de importantes medidas económicas al acuerdo y al voto de los herederos de la ETA. Para llorar, de verdad.

 

Santiago de Munck Loyola

¿Por qué dicen negociación cuando quieren decir claudicación?

Políticos de izquierdas, alguno despistado de derechas, comentaristas políticos y muchos ciudadanos repiten incesantemente que la solución al problema de los independentistas catalanes pasa por el diálogo. Parece que lo “progre”, lo molón, es repetir este mantra, el del diálogo. Y algunos lo matizan además, como el Presidente del Gobierno en funciones, que se trata de “diálogo dentro de la Constitución”. Una majadería, por mucho que se repita, no deja de ser lo que es una majadería. ¿Alguien ha prohibido dialogar en nuestro país? ¿Saben de verdad lo que significa dialogar? ¿Desde cuándo hay que hablar dentro de la Constitución o de las leyes? ¿Y qué significa eso?

La palabra diálogo no es otra cosa, tal y como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que una “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”. Dicho en román paladino dialogar es hablar, conversar, platicar, departir y en España se puede hablar de todo esté dentro o no de la Constitución. Y los políticos además de poder hacerlo cuando, como y donde quieran tienen a su disposición no sólo un Parlamento Nacional (de “parlar”, hablar) sino 17 parlamentos regionales. Por cierto, cuando el demagogo presidente del Parlamento catalán afirma que no va a consentir que el Tribunal Constitucional impida que se hable de cualquier tema, incluida la independencia, en su cámara regional, miente como un bellaco. En el Parlamento catalán se puede hablar de todo de independencia o del racismo del Sr. Torra (salvo cuando lo prohíbe el Sr. Torrent), pero lo que no se puede hacer es adoptar resoluciones contrarias a la Ley. Ni en el Parlamento catalán ni en ningún otro.

Por tanto, va siendo hora de desmontar ese discurso buenista a la vez que torticero. Nadie impide en España que se dialogue sobre el independentismo o sobre los genes superiores de Torra. El problema de Cataluña no es que falte diálogo, como tampoco es la solución. Tampoco hacen falta mesas de diálogo en las que poder hablar de espaldas a los españoles. Las únicas “mesas” de diálogo, en un estado de derecho, se llaman Parlamento donde los políticos deben hablar y expresar sus opiniones en representación de los votantes con luz y taquígrafos.

Pero no contentos con intentar vendernos esta moto del diálogo, a la misma le añaden el sidecar de la negociación. Diálogo y negociación para solucionar el problema de los independentistas. El problema es que los independentistas catalanes, al igual que los, bilduetarras y demás nacionalistas vascos entienden por negociación la rendición y la cesión de la otra parte. Llegan a la “mesa” exigiendo o pidiendo lo suyo pero no se plantean que a lo mejor el de enfrente puede poner encima de la mesa también lo suyo. El diccionario de la RAE ofrece dos significados sobre la palabra negociar que pueden tener aplicación en el mundo de la política:

2. intr. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. U. t. c. tr.

3. intr. Tratar por la vía diplomática, de potencia a potencia, un asunto, como un tratado de alianza, de comercio, etc. U. t. c. tr.

De momento, descartemos la acepción segunda aunque signifique la fantasía de todo independentista. Nada impide a ningún gobierno, es más constituye una obligación, tratar asuntos públicos procurando su mejor logro. Sin embargo, los separatistas catalanes no buscan eso.

Por negociación entienden que ellos exigen la independencia y el Gobierno de España debe pactar con ellos cómo y cuándo otorgarla. No le demos más vuelta. No hay más. Los separatistas solo quieren “negociar” cuán y cómo van a conseguir la independencia.

Ahora bien, imaginemos por un momento una “negociación” de verdad. De una parte, tendríamos a los independentistas con su propuesta, la única, la independencia de Cataluña. De otra, al Gobierno de España pero no como hasta ahora sin propuesta alguna, sino con la lista de sus pretensiones que muy bien podrían ser: garantizar a todos los españoles los mismos derechos (fiscales, sanitarios o asistenciales) y obligaciones en todos los territorios de España, incluida Cataluña, (algo tan evidente como ejecutar un mandato constitucional, por cierto), establecer el mismo modelo educativo en todas las autonomías (como en cualquier país europeo), garantizar la educación en español en cualquier parte de España (como ocurre en Francia, Alemania o Gran Bretaña), establecer un mando único nacional sobre todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad o suprimir los organismos autonómicos que duplican competencias estatales. Sería una lista de pretensiones absolutamente constitucional, incluso más, sería un simple cumplimiento en la mayor parte de los asuntos de los mandatos constitucionales ¿No? Y ahora a negociar ¿no?

Pues eso es lo que implica toda negociación, intentar acercar posturas y transaccionar. Lo que no nos pueden “vender” es su moto, ni imponer su monotema de la independencia. No, ni los independentistas, ni los que les compran su mantra de “diálogo y negociación” lo que en realidad quieren es en primer lugar que se hable solo y exclusivamente de su pretensión y, en segundo lugar, que la negociación sea una rendición, una claudicación del Estado ante su exigencia. Los independentistas no quieren negociar, solo imponer su objetivo. Que no nos vengan más con su cuento. Se han inventado un pasado inexistente para justificar su objetivo;

ocultan su pasado filonazi de los años treinta; santifican a asesinos como Companys;  se proclaman nación y nos niegan a los demás el derecho a serlo; se inventan un derecho a la autodeterminación que no existe en ningún país del mundo; agitan el espantajo de la independencia para tapar una profunda corrupción que empapa a todo el independentismo catalán y que durante décadas ha estado robando a manos llenas a los catalanes y, de paso, al resto de las españoles; se creen superiores genéticamente; postulan la existencia de dos clases de ciudadanos, de una parte, la clase política y, de otra, el resto otorgando a la primera la impunidad para vulnerar la ley, para delinquir, al usar la denominación de “presos políticos” en lugar de la simple realidad, políticos presos; participan por acción u omisión de la violencia y no sólo de la física, sino también de la violencia social que llevan décadas practicando. Su voluntad dialogante y negociadora no es más que una farsa porque solo quieren imponer su voluntad sin someterse a las reglas establecidas en la Constitución vigente, porque no creen en la democracia, ni en el estado de derecho y se pasan la soberanía del pueblo español por el arco del triunfo.

Si quieren negociación, que la tengan, pero que además de su carta, el Gobierno de España ponga sobre la mesa las suyas y que, para ello, pregunte al Parlamento español qué propuestas debe trasladar a la negociación. Mejor aún, que nos pregunte a los españoles. A ver si se atreve.

Santiago de Munck Loyola

10-N una fecha para el cambio.

Ya solo quedan 6 días para que se celebren las elecciones generales convocadas tras el fracaso del líder socialista, Pedro Sánchez, para alcanzar un pacto de investidura con otras fuerzas políticas. Hay que recordar lo que el Sr. Sánchez dijo respecto a la fallida investidura de Rajoy: "La responsabilidad de que el señor Rajoy pierda la investidura es exclusiva del señor Rajoy por ser incapaz de articular una mayoría". Pues eso, el único responsable ahora de que repitamos las elecciones generales se llama Pedro Sánchez por haber sido incapaz de articular una mayoría. Y no será por falta de experiencia porque Pedro Sánchez es el único candidato de nuestra historia democrática a la investidura que por dos veces ha perdido la votación. Todo parece indicar que el problema para alcanzar acuerdos de gobierno no está en los demás, sino en el propio Pedro Sánchez.

Quedan seis días para la repetición de las elecciones y llueven las encuestas que parecen coincidir al menos en las tendencias, excepción hecha, claro está, de la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas dirigido por el inefable Sr. Tezanos que, por cierto, tuve como profesor en la UNED. Pero si hay algo significativo en todas las encuestas es que a seis días de las elecciones casi un tercio de los votantes no tiene aún decidido su voto por lo que esta semana puede resultar decisiva para que se pueda producir un vuelco electoral. Todas las posibilidades están abiertas desde que se reproduzca un triunfo insuficiente del PSOE para poder intentar formar gobierno sin el apoyo de los independentistas hasta que el centro derecha, a pesar de su fraccionamiento, logre sumar los escaños suficientes como para poder formar gobierno.

Seis días de campaña pueden servir para mucho, para inclinar la balanza en favor de un lado u otro del espectro político. Atrás queda la farsa de las negociaciones del PSOE con los podemitas y su lamentable espectáculo suplicando la abstención de los demás “gratis total” para que el Sr. Sánchez fuera investido Presidente del Gobierno por su “cara bonita” sin tan siquiera ofrecer a cambio un pacto de estado para tratar de reconducir el problema más grave que afronta nuestra nación, el desafío independentista;

atrás queda la utilización electoralista del traslado del cadáver de Francisco Franco, único compromiso cumplido por el Sr. Sánchez de todos los que desgranó en la moción de censura y que ha servido, entre otras cosas, para desenterrar viejos odios y rencores y para que afloren toda clase de mentecatos y embusteros, como la Sra. Irene Montero, pregonando la falacia de que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes en las cunetas;

atrás queda la indecencia política de los socialistas puesta de manifiesto en sus pactos locales y autonómicos al ponerse de acuerdo con los independentistas o con los herederos de la ETA para copar el gobierno de instituciones públicas; atrás quedan muchas otras cuestiones pero sus ecos van a resonar durante estos próximos días como los  pésimos datos del empleo o la progresiva desaceleración económica que nos aboca a otra crisis económica sin que el Gobierno de España haya adoptado ni una sola medida para corregir el rumbo económico.

El principal problema que tenemos por delante es resolver, o por lo menos poner las bases necesarias para su futura resolución, la situación de Cataluña. Una minoría independentista está usando todos los medios a su alcance, legales o ilegales, para imponer sus objetivos sobre más de la mitad de la población catalana y sobre el conjunto del pueblo español. No tienen ni siquiera el respaldo electoral suficiente pero ello no ha sido obstáculo para que empleen incluso la violencia para alcanzar sus propósitos. No se trata del “problema catalán”, no. Se trata de un problema español, nacional. Y no se puede seguir jugando con el lenguaje, ni disfrazando la realidad.

No cabe diálogo alguno con quienes pretenden, desde posiciones racistas y xenófobas, destruir la soberanía del pueblo español. No cabe diálogo alguno con quienes no respetan la democracia, con quienes nos niegan la existencia como Nación para poder reivindicar la suya. Cuando dicen diálogo, quieren en realidad decir rendición. Pues bien, este grave problema requiere ideas claras y firmeza democrática. Quienes edulcoran la realidad enarbolando un diálogo imposible no sirven; quienes ignoran la realidad hablando de “nacionalidades”, sacando el término del contexto histórico en el que se introdujo en la Constitución, tampoco.

Siendo éste el principal problema, tampoco podemos olvidar el desempleo, la economía. Los datos más recientes son más que preocupantes. La desaceleración es más que evidente y se refleja en la pérdida de la capacidad de creación de empleo, salvada en el último trimestre por la creación de empleo público.

Europa ya le ha tirado de las orejas al gobierno sanchista: sus previsiones presupuestarias son tan sólidas como la tesis doctoral del titiritero de la Moncloa y hay que recortar 7.000 millones de euros que, como siempre, terminarán afectando sobre todo a la clase media.

Ante este panorama, los ciudadanos de centro derecha tenemos tres opciones electorales significativas: PP, C´s y Vox. Cada uno de nosotros debemos hacer en primer lugar un esfuerzo por promover la participación en nuestro entorno electoral afín. Y en segundo lugar valorar cuál de estos partidos puede afrontar mejor el problema del independentismo y el problema económico. Ojalá que el centro derecha hubiera concurrido con un mayor grado de integración a estas elecciones porque la situación de España lo requería, pero no ha sido posible. Con las encuestas en las manos, aún estarían a tiempo de retirar aquellas candidaturas sin posibilidades de obtener representación en las circunscripciones electorales más pequeñas, pero lamentablemente no lo harán. Así que nos toca a los electores votar con más inteligencia y eficacia para no regalar escaños a la izquierda al dispersar nuestro voto en opciones políticas sin posibilidad de éxito. Y en cada provincia será distinto.

Yo esta vez lo tengo más claro aún. En Alicante la izquierda está entregada al pancatalanismo desde el PSOE hasta los podemitas, pasando por los errejonistas de la mano de Compromís. Y por el centro derecha sólo el Partido Popular, con el que he sido muy crítico, me ofrece la confianza suficiente, por su potencia, por su programa y por sus candidatos como para darle mi apoyo el próximo 10 de noviembre. Sé que con ellos la Provincia de Alicante estará mejor representada que con sus rivales electorales.

Santiago de Munck Loyola

La falacia del independentismo pacífico.

Se les llena la boca con la palabra pacífico para definir a su movimiento independentista catalán y suena a burla, a un mal chiste. El independentismo catalán no es un movimiento pacífico por mucho que así nos lo quieran contar y no lo es porque se sustenta en una violencia estructural, coercitiva y continuada ejercida desde hace décadas contra todos los ciudadanos que no se someten al mismo. 

La violencia no tiene una única forma de expresión y no hace falta pegar, herir o matar para que un acto pueda ser calificado de violento. Producen hartazgo y verdaderas náuseas tanto comentarista televisivo que se llena la boca de alabanzas hacia un supuesto carácter pacífico y no violento del independentismo catalán. La sumisión de tanto comunicador profesional o aficionado es repugnante. Es evidente que puede mucho más su amor al dinero que a la verdad, que prefieren distorsionar la realidad antes que ponerse del lado de los débiles, de quienes durante décadas vienen siendo víctimas de una violencia estructural ejercida y financiada con el dinero de todos los españoles desde las instituciones catalanas y la red asociativa y mediática construida a golpe de talón y mordidas en beneficio de un proyecto secesionista y xenófobo.

La violencia está presente en la vida catalana de muchas formas y en diferentes grados. No se trata ya de que la policía haya detenido a un grupo de independentistas de los CDR con material para la fabricación de explosivos y planes para actuar, que es quizás el último escalón reciente, sino que hay constantes y numerosas expresiones de violencia que desmontan el supuesto carácter pacífico del independentismo. Violencia es la que ayer y hoy se ve en muchos lugares de Cataluña con la excusa de la protesta por la sentencia que condena a los cabecillas del intento de secesión de la región acaecido hace dos años. 

No se trata de protestas pacíficas, no. Nada habría que objetar a que se produjesen manifestaciones de protesta organizadas conforme a la regulación del derecho de manifestación, pero no es así, ni mucho menos. Cuando se impide a cualquier ciudadano ejercer su derecho fundamental a la libre circulación para acceder a su trabajo, al médico, a la compra o a su casa se está ejerciendo la violencia. Los derechos fundamentales individuales están por encima de los derechos colectivos ejercidos al margen de la Ley. Cuando se impide a la gente estudiar en su lengua materna se está ejerciendo la violencia. Cuando se sanciona al comerciante por rotular en la lengua oficial del Estado se está ejerciendo la violencia. Cuando se increpa y denuncia a un médico por hablar español se está ejerciendo la violencia. Cuando las autoridades educativas implantan comisarios en los patios de recreo de los colegios para espiar el idioma que usan los niños, se está ejerciendo la violencia. Cuando los profesores señalan y estigmatizan a niños porque sus padres son Guardias Civiles, se está ejerciendo la violencia.

Protestar y manifestarse es legal y legítimo, pero cuando para hacerlo se conculcan los derechos de quienes no quieren protestar o manifestarse, se está ejerciendo la violencia. Y que no vengan con más cuentos. Nadie acude a una manifestación o a una protesta con la cara tapada para no ser identificado si no es porque quiere violentar la ley, si no es porque su intención es la de cometer actos que pudieran ser castigados en caso de ser identificado. Es incomprensible que nuestras leyes no prohíban el uso de capuchas, máscaras o pañuelos en las manifestaciones. Durante los últimos años los destrozos causados por el vandalismo de los pacíficos independentistas ascienden a millones de euros.

¡Ya está bien de cuentos y milongas! El independentismo catalán no es un movimiento pacífico, ni física, ni intelectualmente. Y ello no quieres decir que todos los independentistas cometan actos violentos, pero la inmensa mayoría los consiente, los aplaude y los tolera. El día que se desmarquen de cualquier tipo de violencia física o estructural se podrá dialogar con ellos. Mientras tanto es imposible, salvo que se quiera ir retrocediendo en la defensa y la salvaguarda de los derechos humanos de la mayoría.

Santiago de Munck Loyola