Hace unos días, Alejandro Morant
del Partido Popular, Vicepresidente de la Diputación de Alicante y Alcalde de
Bussot escribió en su muro de Facebook: “En
unos años nos arrepentiremos. Solución: eliminación de ayudas y privilegios,
endurecimiento de las leyes, nacer aquí no te hace español, más autoridad a
jueces y policías como en Estados Unidos, poner en marcha un plan de deportaciones masivas y cerrar las
fronteras. Esto no es inmigración es una invasión silenciosa que acabará con el
mundo occidental convirtiéndolo al islam. Tiempo al tiempo”. Acto seguido,
la izquierda política y mediática, los pancatalanistas del Botánico, junto con
la dirección provincial sorayista del PP, capitaneada por el liberticida José Ciscar
y los pasteleros de Ciudadanos, se le tiraron al cuello. Todos a una en
patética competición de descalificaciones y gruesos tópicos: que si extrema
derecha, que si racismo, que si xenofobia,… Y todo por opinar en una página
personal de una red social sobre un grave problema que nos preocupa a todos los
españoles y ante el que la clase política no ofrece soluciones creíbles. No,
Alejandro Morant, no ha opinado en nombre del Partido Popular, ni lo ha hecho
en nombre de sus vecinos de Bussot, ni en el nombre de la Diputación de
Alicante.
Pero no importa. Aquí todo vale
si no te sometes al dictado de lo políticamente correcto, al dictado de la
hipocresía política y de la ausencia de principios claros. Y lo verdaderamente
llamativo es que la opinión expresada por Alejandro Morant haya servido a la
cúpula provincial para incoarle un expediente disciplinario. Es evidente que
esta opinión particular no es la postura oficial del Partido Popular sobre la
inmigración porque, lo cierto, es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es. Ésa es
principalmente una de las causas de la desafección de tantos millones de
votantes del PP: su permanente indefinición en asuntos capitales como las
autonomías, la cuestión catalana, la inmigración o el derecho a la vida. Pero
volviendo al asunto, incoar un expediente disciplinario a un militante del PP
por expresar opiniones personales significa una vuelta a las peores tácticas
caciquiles del Presidente provincial, Sr. Ciscar, acostumbrado desde hace años
a expulsar del partido a todo aquel que se atreviese a opinar públicamente en
contra del criterio “oficial”. Hace 5 años sin ir más lejos el Sr. Ciscar
expulsaba sin ninguna garantía jurídica y ante el cómplice silencio de la
mayoría de afiliados a los militantes
que pedían públicamente la regeneración del partido o denunciaban casos de
corrupción. Ahora expedienta a Alejandro Morant. ¿Por qué? ¿Por decir lo que
mucha gente piensa? ¿Por agradar a la patulea pancatalanista? ¿Para saldar
cuentas por la derrota de los sorayistas entre los que él mismo se encuentra?
Lo único que ha conseguido, hasta el momento, es echar más leña al fuego.
Alejandro Morant es un hombre de
principios, que dice las cosas claras y cuyas opiniones pueden ser o no
compartidas, pero que, en todo caso, merecen en caso de discrepancia un debate
sosegado y constructivo, no un linchamiento público.
Los políticos están para liderar
a la sociedad, no para acariciarle los oídos en pos de un voto. Deben expresar
claramente sus posiciones y ofrecer soluciones a los problemas por muy
complicados y sensibles que sean. Pero, ante todo, se deben a los ciudadanos
españoles, al interés general, no al de una sociedad más o menos amplia sin
perfiles concretos, sino al interés de la sociedad española, al conjunto de hombre
y mujeres, titulares de derechos y obligaciones y depositarios de un legado
cultural e histórico secular, que con su esfuerzo diario nos permiten a todos
sostener al Estado y a los políticos.
Defender los intereses de la
sociedad española implica necesariamente abordar el problema de la inmigración
desde la perspectiva de los que es mejor para los españoles. Y éso no es ni
racismo, ni xenofobia, es lealtad con el pueblo soberano y es, visto lo visto,
puro sentido común. España no puede acoger a todo aquel que quiera venir aquí
porque nuestros recursos son más que limitados. España no puede confundir a los
inmigrantes con los refugiados porque la diferenciación entre unos y otros está
bien delimitada por el derecho internacional. España tiene que regular el
problema de la inmigración en el ámbito de una política común de la Unión
Europea siempre que ésta no sea incompatible con los intereses generales y
siempre que nuestra identidad cultural no sea puesta en peligro. Los ciudadanos
necesitamos pronunciamientos claros y propuestas concretas sobre la base de
datos reales y contrastados, no sobre simples eslóganes y demagogias hace
tiempo obsoletas.
Santiago de Munck Loyola
