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jueves, 26 de mayo de 2011

El ERE de Telefónica.

Pobre Telefónica, lo está pasando mal la compañía de las “matildes”. Como resulta que durante el primer trimestre del año sólo ha obtenido unos beneficios netos de 1.624 millones de euros, la compañía presidida por César Alierta quiere despedir a gente. En concreto, Telefónica quiere poner en la calle con un ERE a 8.500 empleados. 1.624 millones de euros de beneficios en un trimestre es muy poco beneficio. Es un 2% menos que el año pasado y eso no puede ser, así que a la calle con 8.500 curritos y a aumentar los dividendos.
Además, para eso está papá – estado. El desempleo y la seguridad social de los afectados por el ERE sólo costarán al Estado 450 millones de euros. Una minucia si se compara con lo que Telefónica va a aumentar sus beneficios después de esta operación. Y al mismo tiempo los directivos de Telefónica podrán repartirse sin problemas los 450 millones de euros que la compañía ha dispuesto en su plan de incentivos. Todos tan contentos.
Semejante desfachatez, sinvergonzonería e inmoralidad es lo que hoy por hoy representa Telefónica. Ni más, ni menos. Parece increíble pero es así. Y lo peor de todo es que semejante proceso se va a realizar con toda la cobertura legal existente en nuestro país. Nuestras leyes permiten estos enjuagues que a cualquier persona con sentido común deberían escandalizar. Y hablo de las personas con sentido común y no de los políticos que son, en última instancia, los únicos responsables de que algo así sea posible.
Que una empresa con unos beneficios extraordinarios pueda despedir a 8.500 personas, que esa decisión nos cueste a los ciudadanos 450 millones de euros y que, al mismo tiempo, esa empresa reparta entre sus directivos otros 450 millones de euros es sencillamente inadmisible. Si esta empresa carece de sensibilidad social, si ignora lo que es la responsabilidad social en momentos tan difíciles como los actuales es un deber de los gobernantes recordárselo y es un imperativo moral de los medios de comunicación hacérselo saber al conjunto de los ciudadanos para que así cada uno y en uso de su libertad pueda decidir si quiere seguir trabajando con semejante compañía o, por el contrario, prefiere presionarla con un boicot para que rectifique.
Yo, desde luego, tengo muy claro donde quiero que vaya mi dinero y donde no.
Santiago de Munck Loyola