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lunes, 6 de octubre de 2014

Los disparates socialistas de Pedro Sánchez.



No parece que la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE haya supuesto, de momento, la consolidación de un nuevo proyecto político sólido y coherente. El socialismo español no termina de encontrar una hoja de ruta propia que le permita presentarse ante la sociedad española como una alternativa de gobierno creíble a pesar de los intentos por ofrecer la imagen contraria avalados por encuestas precocinadas como la que se acaba de publicar este fin de semana. Las últimas ideas o propuestas lanzadas por el dirigente socialista, bastante disparatas por cierto, no parecen responder a un sólido y elaborado programa de gobierno, sino que más bien se asemejan a globos sonda, a ocurrencias electoralistas o, lo que es más preocupante, a posicionamientos obligados quizás por la influencia de Podemos.

Hace unos días, el líder socialista, preguntado sobre qué Ministerio sobraría, respondió con rotundidad y sin matizaciones que sobraba el Ministerio de Defensa. Faltó tiempo para que saltaran todas las alarmas en Ferraz y para que se apresuraran a “matizar” esta afirmación señalando que lo que en realidad quería decir es que había que reducir su presupuesto. Pero, no nos engañemos, dijo lo que dijo y lo hizo sin matización alguna. Y si en Ferraz piensan de verdad que hay que reducir el presupuesto vamos listos los españoles.

Ya unos pocos días antes, el Sr. Sánchez había defendido que las víctimas de violencia de género tuvieran funerales de Estado, con todo lo que ello supone. Y también los “apagafuegos” de Ferraz habían tenido que salir a la palestra para aclarar semejante propuesta matizando que en realidad lo que quería decir es que en los oficios religiosos por esas víctimas debería haber alguna presencia gubernamental.

Ayer mismo, sin ir más lejos, el líder socialista anunció que en el caso de llegar al gobierno subiría el sueldo a los docentes y es de suponer que se estaba refiriendo de forma exclusiva a los docentes que dependen de las administraciones públicas. Constituye todo un misterio conocer la razón por la que sólo esta categoría de empleados públicos, los docentes, van a ser premiados con un incremento salarial y no así el resto de empleados públicos. Los mal pensados apuntan a que este guiño a los docentes públicos obedece a la indudable capacidad de los mismos de influir en las mentes de los escolares, pero es toda una incógnita la razón de fondo de esta inusitada promesa. Empleados públicos lo son también los médicos, los bomberos, los policías, los administrativos, etc. y todos ellos han venido sufriendo una pérdida salarial enorme durante los últimos años con congelaciones salariales y recortes retributivos impuestos primero por Zapatero y continuados después por Rajoy. No cabe pensar pues otra cosa que con este nuevo socialismo la igualdad es relativa y que depende de de la arbitrariedad del gobernante de turno.

Y, por si fuera, poco los socialistas y su nuevo líder andan todavía perdidos respecto al independentismo catalán. De una parte sus correligionarios en los ayuntamientos catalanes andan votando favorablemente las mociones a favor del referéndum ilegal presentadas por los partidos separatistas. De otra, sigue proponiendo, como lo venía haciendo su antecesor Pérez Rubalcaba, una reforma constitucional para hacer de España un estado federal como fórmula para acabar con las tensiones rupturistas de los independentistas. Sin embargo, el Sr. Sánchez y su partido no nos explican dos cuestiones básicas: de una parte qué entienden exactamente por un estado federal, si se trata de que todos los estados federados (las actuales comunidades autónomas) gocen de iguales competencias o no o si, por el contrario, se trata de resucitar esa peculiar idea del federalismo “asimétrico” y, de otra, si embarcarse en semejante reforma constitucional va a ser aceptada por los independentistas y, por tanto, va a servir para acabar con esta pesadilla rupturista. Si una cosa está clara es que promover una estructura federal a través de la reforma constitucional para no arreglar nada es un disparate político.

Es de desear que el nuevo líder socialista encarne un nuevo proyecto sólido y apto para el conjunto de España y que con el tiempo ocurrencias como las anteriores sean sólo el recuerdo de disparates transitorios y no el anticipo de una política que de hacerse realidad sería un desastre.

Santiago de Munck Loyola


martes, 27 de mayo de 2014

Elecciones europeas: un varapalo especial en el Levante.


El varapalo que los resultados electorales han supuesto para la clase política española y, en especial, para los dirigentes de los dos grandes partidos políticos empieza a tener consecuencias. Los primeros en reaccionar y en asumir las responsabilidades por los resultados electorales han sido los socialistas cuyo líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha convocado un congreso extraordinario de su partido y ha adelantado el proceso de primarias. Lo ha hecho incluso reconociendo, por primera vez y en contra del discurso que ha venido manteniendo, que el fracaso socialista como alternativa es consecuencia en gran parte de los daños producidos a muchos españoles durante la etapa de gobierno de su partido. Y esta actitud es, sin lugar a dudas, un buen comienzo para intentar reconstruir una alternativa política sólida y creíble de cara al futuro.

Muy diferente es, sin embargo, la actitud del otro gran castigado por los resultados electorales, el Partido Popular. Da la sensación de que el hecho de haber ganado es más que suficiente para intentar minimizar la realidad de una victoria que ha supuesto la pérdida de 8 escaños sobre 24 y la fuga de 2.500.000 votos. Salvo alguna llamada a la reflexión interna, como si fuese tan difícil entender por qué se ha producido este fuerte castigo, y salvo alguna autocrítica más seria como la de la Presidenta popular madrileña, Esperanza Aguirre, que ha estado una vez más absolutamente certera en su análisis y en sus propuestas para enderezar la situación, lo cierto es que poco más se ha podido escuchar de interés de los dirigentes populares. Es más, algunos de ellos parecen empeñados en no querer enterarse de lo que pasa y de culpar el empedrado. Es el caso, nada menos, de la propia Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, que su supuesta llamada a la reflexión ante lo que es mucho más que un simple toque de atención de los votantes se limitaba a hacer autocrítica sobre la “forma de comunicar” del partido a los ciudadanos las actuaciones del Gobierno. Es decir, que a su juicio, el principal problema del PP es que no comunica bien con el ciudadano y que por eso éste no entiende bien lo que hace el gobierno. ¡Acabáramos! La culpa, en el fondo, es del votante que no termina de sintonizar. Pues bien, se equivoca una vez más la Sra. De Cospedal y todos los demás dirigentes populares que no son capaces de asumir y expresar públicamente lo que es una realidad incontestable: buena parte de los votantes populares se han quedado en casa precisamente porque entienden bien, perfectamente bien, lo que está haciendo el Partido Popular en el gobierno. Se han quedado en casa o han elegido otras opciones políticas porque entienden que el PP no sólo no está cumpliendo el programa electoral, que hasta hace muy poco era “vendido” como un contrato entre el candidato y el votante, sino que, además, está traicionando los propios principios que siempre han inspirado al Partido Popular. Así de claro y de sencillo.

Y la misma falta de reacción y de autocrítica que se aprecia en el PP nacional se observa en la Comunidad Valenciana, en el PPCV, donde el varapalo ha sido aún mayor. La desafección ciudadana y en especial la del votante popular que algunos, por cierto, veníamos anunciando hace tiempo como consecuencia de la escandalosa tolerancia de los dirigentes del PPCV ante los innumerables casos de corrupción que le salpican se ha puesto de manifiesto con especial fuerza en nuestra tierra. Así, mientras el PP ha perdido una media del 16 % de sus votos en toda España, en la Comunidad Valenciana esa pérdida de votos se ha elevado hasta el 23 %. Este castigo electoral no es casual. Su origen está en la política de un PPCV escasamente democrático, controlado por rancias camarillas, en el que el afiliado no cuenta para nada y en el que la democracia interna no existe lo que ha producido, como era de esperar, una delirante política que ha arruinado a la Comunidad Valenciana y un cúmulo de casos de corrupción a los que nadie ha sido capaz de poner freno. 

Cerca de 500.000 ciudadanos de la Comunidad Valenciana han decidido no volver a depositar en estas elecciones su confianza en este PPCV y no vale achacarlo exclusivamente al desgaste provocado por las medidas del Gobierno de Rajoy porque la pérdida de votos es casi un tercio más a la media nacional. La fuga de estos 500.000 votantes es mérito también y ganado a pulso por Alberto Fabra, un líder artificial y sin palabra, por Serafín Castellano, por Javier Moliner, por Alfonso Rus, la personificación de la sutileza política y el pluriempleo, por José Ciscar y su acólito, JJ Zaplana, el dúo protector de imputados, y por la larga ristra, hasta 127, de cargos públicos populares imputados en diferentes casos de corrupción. Esos son los responsables del varapalo electoral levantino y, con seguridad, ninguno de ellos tendrá la decencia de dimitir. 

Lo más sorprendente es la capacidad de resignación y de lealtad hacia unas nobles siglas secuestradas por semejante tropa que no se merecen los 507.000 votos recibidos. Sin autocrítica, sin reacción positiva, sin regeneración política terminarán esfumándose estos votos también. Han dejado el campo del centro derecha alicantino, que es lo que nos toca más de cerca, hecho unos zorros y todavía no se ha estructurado una nueva opción política, a la vista de los resultados del pasado domingo, capaz de resucitar la confianza ciudadana en unos principios e ideales que siguen siendo sociológicamente mayoritarios en la provincia. Pero pronto van a cambiar las cosas.

Santiago de Munck Loyola


jueves, 15 de mayo de 2014

¿Un Gobierno PP-PSOE?


Las coincidencias y las casualidades no suelen existir en política. Y no debe ser una simple casualidad que importantes políticos de nuestro país, unos en activo y otros en presunto retiro, unos de izquierdas y otros presuntamente de derechas, coincidan en sus declaraciones públicas sobre un asunto de la máxima trascendencia. Con pocos días de diferencia hemos escuchado a diferentes dirigentes políticos hablar sobre la posibilidad de constituir un gobierno de coalición entre el PP y el PSOE condicionado, eso sí, a que el interés de España así lo requiera. El primero en abrir el melón fue el candidato popular al Parlamento europeo, Miguel Arias Cañete. Después lo hizo el ex presidente del Gobierno, Felipe González, en una entrevista en la Secta, perdón La Sexta. Más tarde le tocó el turno al propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que además matizó que sería contando con el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Y, después, otros políticos como Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia, ha hecho el coro trasladando a los ciudadanos exactamente el mismo mensaje.

Una gran coalición de este tipo es bastante normal en una nación como Alemania cuya cultura política está a años luz de la nuestra y cuya clase política posee un patriotismo y un concepto muy diferente al de nuestros políticos de lo que es el interés nacional. Pero no es el caso español. A lo largo de los últimos treinta años, el interés general de España, el interés nacional ha estado en grave riesgo y un mínimo de sentido de Estado entre nuestra clase política habría conducido necesariamente al acuerdo entre los dos grandes partidos e incluso a la constitución de un gobierno sustentado en una gran coalición. Tras el golpe de estado del 81, tras la matanza del 11-M o al inicio de la profunda recesión económica que padecemos, por citar tres ejemplos evidentes, nuestra clase política habría dado un gran ejemplo y habría mostrado una gran altura de miras y de patriotismo si hubiese sido capaz de aparcar sus mezquinos intereses partidistas y de formar una gobierno sustentado por los dos grandes partidos en beneficio del interés general de España. Pero nunca ha sido así. Ni la sangre de los centenares de víctimas del terrorismo, ni el ataque a nuestras libertades, ni las penurias de millones de españoles ocasionadas por la incapacidad de la propia clase política han sido suficientes para que aflorase un mínimo de generosidad entre nuestros dirigentes políticos. Por ello, estos mensajes, estos “globos sonda” son especialmente extraños y encubren posiblemente una grave situación que nos ocultan.

¿Es necesario un Gobierno PP-PSOE cuando el actual Gobierno se sustenta en una sólida mayoría absoluta? O ¿acaso no es tan sólida? ¿Es casual que Felipe González formule también su propuesta tras haberse reunido con el Rey?

¿A qué obedece, por tanto, esta repentina coincidencia entre PP y PSOE sobre la posibilidad de constituir un Gobierno de coalición entre ellos? Puede haber muchas explicaciones para este repentino cambio de actitud. Dos problemas podrían estar detrás de esta súbita conversión. El primero de ellos es el desafío independentista catalán. Todo parece indicar que los independentistas están dispuestos a llevar su amenaza rupturista hasta el final, confiados, posiblemente, en una actitud meliflua y débil del actual gobierno que se arrugaría ante hechos consumados. En ese hipotético contexto, el PP podría estar buscando el respaldo y la corresponsabilidad de los socialistas para no quedar solo ante el peligro, es decir, para no asumir en solitario las obligaciones y responsabilidades que los españoles le hemos otorgado con una mayoría absoluta. Con los precedentes socialistas en materia territorial (“aprobaré lo que el parlamento catalán decida”) no sería de extrañar que el PP estuviese intentando ponerse la venda ante de recibir otra pedrada del PSOE. Claro que esta explicación quiebra cuando a la idea del gobierno de coalición se suma Felipe González, salvo que vaya ya por libre, ya que la experiencia histórica demuestra que no hay asunto por grave que sea que los socialistas no estén dispuestos a usar con tal de derribar al PP.

El segundo problema que podría estar aglutinando voluntades de socialistas y populares es el proceso de descomposición del sistema político que ha empezado a erosionar a ambos partidos y que está reduciendo notablemente la base electoral de ambos que ha pasado de un 80 % a poco más del 50 % en conjunto. El distanciamiento de su tradicional electorado, junto con el clima de rechazo y la desafección hacia una clase política anclada en sus privilegios y reacia a promover la regeneración democrática del sistema podrían ser la explicación de este repentino ataque de amor entre PP y PSOE. Juntos podrían parapetarse en el corazón de las instituciones y esperar a que amaine una tormenta política que podría acabar como en Italia, arrasando al sistema tradicional de partidos.

En todo caso sea cual fuere la causa, casi con seguridad puede establecerse que no se trata del interés general de España, sino más bien los intereses partidistas que, debidamente envueltos en la bandera, podrían ser presentados como una justificación de altos y nobles ideales. Los votantes de centro derecha han podido constatar como su voto ha sido traicionado estos últimos tres años y como ha sido utilizado para el desarrollo de políticas impropias de una formación política de centro derecha. Y todo parece indicar que so pretexto del interés general, manipulando los sentimientos más sensibles del españolismo, algunos quieren volver a hacerlo, quieren usar esos votos para formar un gobierno con los socialistas sin explicar por qué. Con ello intentarán arrinconar a las nuevas formaciones políticas emergentes que se han levantado para intentar regenerar nuestro sistema político y para poner por delante los programas y principios que nunca debieron ser traicionados. Estas curiosas declaraciones, estas apelaciones a la posibilidad de un gobierno de coalición si es que ponen una cosa en claro para el votante de centro derecha es que la alternativa para que no sigan manipulando y traicionando su voto es dárselo a VOX en las próximas elecciones europeas. No hacerlo podría servir para aplaudir la formación de ese posible gobierno de coalición.

Santiago de Munck Loyola



domingo, 2 de marzo de 2014

España ausente de su debate.


Aburrido y decepcionante, así fue el debate sobre el estado de la Nación celebrado la semana pasada. Los datos publicados sobre el seguimiento que el debate tuvo entre los ciudadanos ponen de manifiesto que la brecha existente entre los ciudadanos y sus representantes cada día es más grande. La audiencia, que ya era baja el año pasado, cayó a la mitad. Muy pocos españoles siguieron el mismo y llama poderosamente la atención que sea así cuando la mayoría de los españoles seguimos padeciendo, y lo que nos queda, los desastrosos efectos de esa recesión en la que unos nos han mentido y otros no terminan de sacarnos.

Era de esperar que el Presidente del Gobierno se aferrase a los datos macroeconómicos tímidamente positivos que empiezan a conocerse y que, por tanto, vendiera a bombo y platillo las supuestas bondades de su gestión que, dígase lo que se diga, todavía no es perceptible en el bienestar de la ciudadanía. Cuando sigue habiendo más de cinco millones de desempleados, cuando la clase media está fiscalmente machacada y cuando los recortes en todos los campos se hacen notar sobra cualquier autocomplacencia. Los esfuerzos para salir de esta desastrosa situación los están llevando a cabo los ciudadanos, no los políticos y entre tanto aplauso en las bancadas del congreso parece que esto se olvida.

Y era de esperar, cómo no, que el frágil líder de la oposición, el socialista Pérez Rubalcaba ofreciese un discurso catastrofista, demagógico y, por supuesto, exento de cualquier autocrítica o reconocimiento de su responsabilidad en la grave situación que hoy padecemos. Es evidente que los socialistas no pueden ofrecer alternativas políticas y económicas para señalar un camino diferente al del Gobierno para salir cuanto antes de la recesión y de la crisis. De una parte, no pueden plantear como alternativas las mismas políticas que siguieron durante sus ocho años de Gobierno porque los resultados de las mismas a la vista están. De otra, plantear alternativas diferentes a sus políticas de los últimos ocho años sería tanto como reconocer que no lo hicieron bien, que se equivocaron y que, por tanto, son los responsables del desastre, algo que, por otra parte, percibe la inmensa mayoría de los electores como indican todos los sondeos electorales que sitúan al PSOE en caída libre. Pero es que, además, el PSOE sigue anclado en un especial síndrome de doble personalidad, un síndrome disociativo de la personalidad que le impulsa a mantener un doble discurso y una dualidad del comportamiento. Mientras en Ferraz se desgañitan proclamando que con Bildu nada de nada, sus correligionarios navarros beben los vientos por hacerse con el poder con los votos de los defensores de los terroristas. Mientras que los portavoces socialistas intentan por todos los medios que la E de sus siglas no se les caiga y afirman con solemnidad su compromiso con la unidad de España, sus socios catalanes realizan su doble juego respecto a la ilegal consulta independentista. Mientras que los voceros socialistas sacan pecho hablando de primarias y se exhiben como los campeones de la democracia interna, el dedazo de Rubalcaba, al igual que el de Rajoy en el PP, designa a Elena Valenciano ¡vaya fichaje! como cabeza de lista para las elecciones europeas. Está claro que por su banda izquierda, Rajoy puede estar tranquilo.

Y de los demás grupos intervinientes en el debate para qué hablar. Rosa Díez sigue encantada de haberse conocido. Y los independentistas catalanes y vascos a lo suyo. Los primeros, erre que erre, insisten en que el Gobierno tiene que mover ficha (algo que incomprensiblemente también propugnan los socialistas) y dialogar. Ya se sabe que para los independentistas, aunque se disfracen de nacionalistas moderados, dialogar o mover ficha es acatar sus propuestas, es “cepillarse” la soberanía del pueblo español e ignorar la legalidad. Y los vascos a lo suyo también, a dar carta de naturaleza, a elevar al rango de tratado de paz la farsa del presunto desarme etarra. ¿Será que también cobran de la misma fuente que paga a los farsantes de los autodenominados mediadores internacionales?

Es más que llamativo y de ahí quizás el desinterés ciudadano por este debate que una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, los partidos políticos con su corrupción, apenas ocupase tiempo en los discursos de los intervinientes y que uno de los mayores problemas que enferma el estado de nuestra Nación, la inviabilidad e insostenibilidad del estado autonómico, tampoco tuviese un lugar preferente entre las preocupaciones del Gobierno y de la oposición. Está claro que nuestro parlamento sigue instalado en su realidad virtual y que los ciudadanos tenemos que sufrirlo.

Dice la mayoría de los comentaristas políticos que el debate lo ganó Rajoy y el País que el ganador por la mínima fue Rubalcaba. Y se centran en discutir quién ganó o no, como si eso nos importase mucho a los ciudadanos. Pero la verdad es que, una vez más, el perdedor del debate fue el pueblo español.

Santiago de Munck Loyola




jueves, 24 de octubre de 2013

La izquierdona irredenta y Estrasburgo.


La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha suscitado toda clase de reacciones entre la opinión pública y entre los dirigentes políticos españoles. Frente a la generalizada indignación que supone el hecho de que en virtud de esta sentencia muchos asesinos múltiples, violadores y terroristas sanguinarios vayan a salir de las prisiones y de que, por tanto, les haya salido muy barato el daño que han causado a sus víctimas se han alzado algunas voces, cuando no complacientes, sí profundamente satisfechas con el resultado de la sentencia. Y no, no se trata de la evidente satisfacción y alegría del entorno etarra tanto en su vertiente legalizada por el Constitucional como en su vertiente ilegal y clandestina, sino también de una parte de la izquierda española, la izquierdona irredenta a la que le ha faltado tiempo para congratularse por una sentencia que consagra una profunda injusticia y que propina un doloroso golpe a las víctimas, a sus familiares y a las personas decentes de nuestro país.

Los portavoces del PNV han sido más prudentes que otros a la hora de valorar esta sentencia y han pedido moderación al entorno etarra y le han recordado que no tienen motivos de orgullo que exhibir. No hay que olvidar que aunque excepcionalmente también gente próxima al nacionalismo moderado vasco ha sufrido en alguna ocasión los zarpazos de la banda asesina, pero es inevitable recordar igualmente la famosa frase del Sr. Arzallus “unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces”, para entender esa calculada ambigüedad que siempre ha caracterizado al nacionalismo vasco en relación a la violencia etarra. Las reacciones del mundo proetarra han sido más o menos las esperadas: satisfacción, alegría y ausencia absoluta de arrepentimiento.

Pero en el ámbito de la izquierda, una vez más, se han puesto al descubierto los verdaderos rostros y simpatías de algunos. Llama poderosamente la atención, sobre todo al que no conozca la auténtica trayectoria ideológica de ese furgón escoba que es Izquierda Unida, cómo muchos de sus dirigentes se han apresurado a aplaudir la sentencia de Estrasburgo subrayando su papel defensor de los derechos humanos y su supuesto triunfo sobre el anormal funcionamiento, a su juicio, de nuestro Estado de Derecho. El Diputado de IU, Alberto Garzón, se apresuró a escribir en su twitter lo siguiente “Buena noticia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la Doctrina Parot. Ni una palabra del Sr. Diputado respecto a las víctimas, ni una línea sobre los derechos humanos de las mismas. Claro que lo de su jefe de filas, el Sr. Llamazares, es también de nota. El diputado comunista pidió lo obvio que el Gobierno acatase el fallo de Estrasburgo y que no buscase subterfugios, como "retenciones ilegales", que pudieran llevar a futuras condenas de Europa. Según él, la decisión de Estrasburgo era “justa” y "ajustada a derecho" y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, quienes han sufrido un gran "varapalo". Don Gaspar parece no saber distinguir entre una decisión legal, ajustada a derecho, y una decisión justa, ajustada a los cánones éticos y morales imperantes en una sociedad occidental. Al igual que su colega Garzón, Llamazares tampoco dedicó ni un minuto a valorar el dolor de las víctimas, ni el alcance y significado de la palabra Justicia para ellas. Aunque a alguien le pueda sorprender esta actitud no es nueva en Izquierda Unida, viene de lejos. En esta formación siempre ha existido una fuerte tendencia a posicionarse de forma extraña en relación al terrorismo y a su represión. Posición, en cierto modo, antisistema que termina por separarles de las víctimas y a acercarles, en nombre de su peculiar interpretación de la defensa de los derechos humanos, a la coincidencia con los planteamientos, supuestamente antirepresivos, de los defensores de los violentos. En perfecta sintonía con esa tendencia, allí donde gobierna IU, como en el caso de Rivas-Vaciamadrid, se emplea dinero público y se ceden espacios públicos para la organización de conciertos en los que los amigos y cómplices de los violentos encuentran acomodo. En ese municipio, año tras año, IU de Rivas abre las puertas del municipio a Fermín Muguruza, a Berri Txarrak, a Banda Bassotti o Riot Propaganda… ¿por qué será? Es lo de siempre, el mismo maniqueísmo que la izquierdona emplea a la hora de condenar unos regímenes totalitarios porque son de derechas y de bendecir otros porque son de izquierdas es el empleado a la hora de defender los derechos humanos de las víctimas o de los verdugos.

Y si examinamos la reacción socialista ante el varapalo judicial a la dignidad, la memoria y la justicia para las víctimas resalta sobre todo el profundo cinismo de algunos de sus dirigentes. No hay ninguna duda de que la derogación de la Doctrina Parot fue negociada con la banda asesina, así como la legalización del brazo político de la basura etarra. Hoy tenemos a terroristas sentados y subvencionados en las instituciones democráticas y el fin de la Doctrina Parot, fin en el que ha participado un juez designado por el Zapaterismo, el Sr. López Guerra. Aquella negociación, caso Faisán incluido, se hizo siendo Ministro del Interior el Sr. Rubalcaba quien entonces debía saber y haber previsto lo ahora está diciendo en relación a este asunto, que la sentencia va a tener “consecuencias muy dolorosas para mucha gente” y que el Estado “tendrá que estar atento para evitar y paliar el sufrimiento de la gente”. ¡A buenas horas, mangas verdes! Pero, al margen de la repetida simpleza sobre la necesidad de acatar la sentencia ¿alguien ha escuchado a Rubalcaba pronunciarse a favor o en contra de la Doctrina Parot?

Entre la izquierdona irredenta y la pastelera parecen olvidar que la defensa de los derechos humanos pasa, en primer lugar, por los de quienes con el sacrificio de su propia vida han conseguido que unos y otros puedan hoy expresarse con absoluta libertad y en los términos en los que lo hacen. Parece que muchos olvidan el tremendo precio que muchos españoles han tenido que pagar por la libertad y la democracia para todos. Y es que la gratitud no es una virtud al alcance de todo el mundo.

Santiago de Munck Loyola

martes, 16 de julio de 2013

Nuestro Bárcenas es su musa.


La incesante lluvia de noticias sobre el Partido Popular, sobre sus cuentas y sobre Bárcenas estará causando entre los votantes y, sobre todo, entre los militantes populares mucho desconcierto, desasosiego o indignación y más entre aquellos que llevan en el Partido Popular toda la vida, los que no provienen de otros partidos, porque seguramente se resistirán a creer lo que oyen o leen y porque no se identificarán con la imagen pública que se está creando. Hay que dejar cierto reposo y reflexionar bastante antes de otorgar credibilidad a lo que estamos escuchando.

Es cierto que esa supuesta contabilidad que se ha hecho pública y que nadie ha desmentido refleja gastos que no son acordes con lo que los populares hemos venido defendiendo como criterios de actuación política en el ámbito de las administraciones públicas. Esos gastos reflejados pueden desvelar muchas cosas, pero desde luego no se puede hablar ni de principios de austeridad ni de eficacia en el gasto cuando se analizan esas partidas: lencería, tabaco, ponis, comilonas, etc. No parece muy ético que la dirección provincial de Alicante se gastase tan sólo en el año 2011 más de 35.000 euros en comilonas, tal y como se ha publicado. Y más si se tiene en cuenta que un año después se pide un euro por afiliado para tapar un agujero de más de 100.000 euros sin explicarnos de dónde viene. ¿Qué militante daría el visto bueno a esos gastos? Más bien pocos. El dinero gastado de tan alegre forma provenía de subvenciones públicas, de donaciones y de cuotas de afiliados. Todo aquel que sienta que su dinero ha sido mal empleado, por usar un término suave, tendrá cuando menos el derecho a pedir las explicaciones que considere necesarias. Y el Partido Popular deberá darlas.

Pero el principal asunto que está ocupando las portadas y que tiene a todo el mundo en vilo es el asunto Bárcenas. Las últimas declaraciones del ex tesorero popular son de lo más inquietante y están siendo aprovechadas por la izquierda de forma bastante miserable, por cierto. Del asunto de los sobresueldos ahora se ha pasado a una presunta financiación ilegal del Partido Popular y se exige la comparecencia ipso facto del Presidente Rajoy tras cada nueva revelación, su inmediata dimisión y hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. Bárcenas se ha convertido en el perfecto aliado de la izquierda  que da por ciertas todas y cada una de sus afirmaciones las pruebe o no, se contradiga o no con declaraciones anteriores. ¿De qué estamos hablando realmente? Hay dos asuntos importantes en todo este embrollo: de una parta las afirmaciones de Bárcenas relativas a que ha ido repartiendo en la cúpula popular sobresueldos, a que dichos sobresueldos han podido ser en B (es decir, engañando a hacienda) y a que algunos de ellos podrían haber sido percibidos por ministros de Aznar, entre los que se cita a Rajoy, teniéndolo prohibido y, de otra parte, relativas a la posible financiación irregular o ilegal del Partido Popular. Salvo el famoso cuaderno de Bárcenas reflejando una hipotética contabilidad B del Partido Popular no ha aparecido aún prueba alguna que sustente todas las acusaciones del “cabrón” de Luis. Se sabe que el Sr. Bárcenas posee una considerable fortuna y se sospecha que su origen no es el que él cuenta. Se sospecha, pero aún no se sabe, que ese dinero puede provenir de donaciones superiores a las legalmente permitidas que el Sr. Bárcenas podría haber repartido con un exceso de caridad hacia si mismo, ya se sabe, la mitad para él, la mitad para el partido. De momento hay declaraciones suyas contradictorias, un cuaderno con una supuesta contabilidad B que él ha fabricado y unos SMS que no comprometen legalmente, aunque puede que moralmente sí, al Presidente Rajoy. Y con estos ingredientes el PSOE la está montando. Hay que reconocer que el Sr. Bárcenas le ha venido muy bien a los socialistas. Y en esta ocasión, como en el 11M, el Partido Popular está gestionando muy mal, muy torpemente la crisis. Por cierto, Bárcenas no chantajea al Estado de Derecho, si está haciendo algún chantaje será, en todo caso, al Partido Popular y a sus dirigentes. Las cosas claras.

Con la munición de Bárcenas, el PSOE ha aprovechado para pedir que Rajoy comparezca, para pedir su dimisión, para romper relaciones con el Partido Popular (¡qué les importa el paro o la ruptura de España!) y para anunciar hasta una hipotética moción de censura condenada al fracaso de antemano. El PSOE con un candidato al que ni en su casa lo quieren como tal, sin acuerdos parlamentarios viables y creíbles y sin los votos necesarios para que prospere está dispuesto a usar el mecanismo de censura con total y absoluta irresponsabilidad, sólo para hacer ruido y para desgastar más al gobierno. No hace falta insistir, por cierto, que a los socialistas además de un candidato solvente, además de los votos, les falta legitimidad moral para poder articular una moción de censura y es evidente que los responsables y encubridores en estos momento del latrocinio de más de 1.000 millones de los ERES andaluces carecen de legitimidad moral alguna, al igual que sus cómplices encubridores de IU de Andalucía. Estos no quieren moción de censura, quieren elecciones anticipadas para aprovechar el tirón vaticinado por las últimas encuestas. Su motivación es sólo pragmatismo electoral.

No hay por ahora prueba alguna de la existencia de sobresueldos ilegales en la cúpula popular (hechos en B o estando vigente alguna prohibición expresa como en el caso de los ministros). Tampoco hay prueba de financiación ilegal. Pero aún en este supuesto no está de más alguna observación. La financiación ilegal de los partidos políticos no es un delito. Puede que la haya en el Partido Popular, aún no se sabe y habrá de demostrarlo, pero hasta el día de hoy sí ha habido partidos condenados por casos de financiación ilegal. Tenemos el caso reciente de Unión Democrática de Cataluña y tenemos el lejano caso del PSOE con FILESA, MALESA Y TIME EXPORT. ¿Dimitió Felipe González por aquello? ¿Dimitió por haber nombrado en los cargos orgánicos de su partido a los que organizaron aquel tinglado? Evidentemente no. No resulta por tanto muy coherente que quienes entonces defendieron la continuidad de González reclamen ahora con tanto teatro la doctrina contraria. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, que quienes creemos en la regeneración democrática no pensemos ni vayamos a dejar de exigir que se depuren responsabilidades, caiga quien caiga, si se demuestran irregularidades en la financiación de Partido Popular. Pero haya que exigir cada cosa en su momento y hacerlo cuando se puede hacer, es decir, cuando se tiene legitimidad moral y política para hacerlo.

A pesar de la desazón, de la tristeza y de la incertidumbre que muchos puedan sentir desde sus ideales políticos, ahora puestos en cuestión, hay que tener la certeza de que de esta negativa experiencia, de esta oscuridad política saldrá algo positivo. Más luz, más transparencia y más democracia interna que digan lo que digan sigue siendo el mejor antídoto contra estas situaciones.

Santiago de Munck Loyola


martes, 14 de mayo de 2013

Del cordón sanitario a “un pacto por favor”.



¡Cómo cambian los tiempos! Hace pocos años, ayer como quien dice, el Sr. Rubalcaba, junto a los demás miembros de su partido, era uno de los promotores de aquella estrategia antidemocrática llamada del “cordón sanitario” al PP o lo que es lo mismo, al “PP ni agua”. El PSOE promovió entonces un aislamiento político al Partido Popular a todos los niveles, promoviendo cualquier tipo de alianzas y pactos con cualquiera con tal de no acordar nada con el Partido Popular. De esta forma y durante dos legislaturas, el PSOE, con un respaldo electoral muy inferior al que obtuvo el Partido Popular en las últimas elecciones, tomó toda clase de decisiones e impulsó todo tipo de reformas legislativas sin sentarse a hablar con el Partido Popular, sin diálogos, ni consensos, que para eso estaba en vigor el llamado “cordón sanitario”. Sin acuerdos con el principal partido de la oposición y con un visible ánimo revanchista, los socialistas deshicieron todo lo que pudieron y a velocidades de vértigo: la reforma educativa, el Plan Hidrológico Nacional, la política antiterrorista, la política exterior renunciando al mayor peso obtenido para España en la Unión Europea, etc. Hasta la ley de aborto fue objeto de una importante reforma sin contar para nada con la oposición consiguiendo que España sea el único país del mundo en que las menores puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres.

Hoy, el panorama es muy distinto. El Sr. Rubalcaba y los suyos, además de seguir horadando su suelo electoral, por cierto con excelentes resultados, no dejan de ofrecer supuestos pactos y no paran de apelar al diálogo al Gobierno. Un diálogo que ellos nunca ofrecieron y un consenso que siempre negaron. Hoy cualquier reforma del nuevo gobierno es sistemáticamente descalificada, es tachada de contrarreforma al mismo tiempo que se ofrecen pactos. La experiencia demuestra cómo construye y cómo gestiona los pactos el PSOE y no hay más que recordar lo sucedido en torno al pacto antiterrorista.

La última generosa oferta del Sr. Rubalcaba versa sobre la política económica. Es verdad que el PSOE pide ahora muchas cosas que no quiso, pudo o supo hacer como se ha visto en el tema de la dación en pago pero, ahora, la nueva propuesta socialista introduce elementos tan novedosos como curiosos, algunos incluso fuera de la esfera del sentido común. El Sr. Rubalcaba acaba de presentar una serie de medidas para pactar con el Gobierno. Como era de esperar, los socialistas se decantan por seguir tirando del dinero público sin concretar de dónde piensan que se podrían obtener los recursos necesarios para ello sin subir los impuestos o sin incrementar el endeudamiento público, cuyos intereses nos están ahogando. El PSOE propone  créditos de hasta 30.000 euros por cada contrato indefinido de un desempleado, por ejemplo, o que las empresas de menos de 50 trabajadores que amplíen su plantilla con desempleados y la mantengan durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tengan una bonificación extraordinaria del 100 % de las cotizaciones sociales el primer año, el 75 % el segundo y el 50 % el tercero, aumentando así el desequilibrio de sus cuentas o la creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza, con una dotación de hasta mil millones de euros para 2013, sin especificar de dónde se saca ese dinero.

La propuesta de pacto al Gobierno abarca la política de vivienda, control de precios, modelo fiscal, modelo de crecimiento y política industrial, reformas en el sector de la energía y de las profesiones reguladas, reforma de las administraciones públicas y una ley de transparencia pactada, como si no pudieran llegar a acuerdos en el trámite parlamentario de la que se está tramitando. Y tiene su miga que en cuanto a las pensiones, el PSOE advierta que no apoyará nuevas reformas sin el consenso de los integrantes del acuerdo tripartito que modificó el sistema en 2013, y aboga por mantener el pacto de Toledo, suscrito hace 20 años y que, afirma el documento, "es un activo intangible que debe ser preservado". Un activo intangible siempre y cuando que el que lo toque no sean ellos, se entiende.

Parece que ya ha quedado claro que esa ocurrencia de tocar el dinero del rescate bancario para otros fines diferentes a los que tenía asignado no tiene encaje legal en la Unión Europea y que la peregrina propuesta de dar dinero a las empresas a cambio de que no se produzcan despidos, se ha encargado el mismo Felipe González de tirarla por tierra.

Es evidente que los dirigentes socialistas siguen a lo suyo, en no reconocer los errores y las responsabilidades que nos han traído hasta aquí, en insistir en modelos y políticas económicas suicidas, en seguir profundizando en estrategias suicidas y en intentar hacer creer que tienen una alternativa cuando lo que en realidad proponen es una fotocopia de su pasado más reciente. Rubalcaba y los suyos van a conseguir hacer realidad de frase del recientemente fallecido Giulio Andreotti de que el “poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene”.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 20 de febrero de 2013

El Debate del estado de la Nación 2013.



Tras el paréntesis del año 2012, hoy se ha iniciado el vigésimo tercer debate sobre el Estado de la Nación, continuando con una tradición parlamentaria que se remonta al año 1983. Mucho ha cambiado España en estas tres décadas y mucho ha cambiado también el nivel parlamentario si se compara con aquel primer debate protagonizado por Felipe González como Presidente del Gobierno y Manuel Fraga como líder de la oposición. Hoy, los principales adversarios se han estrenado en sus funciones. Por primera vez, Mariano Rajoy ha intervenido como Presidente del Gobierno y Alfredo Pérez como líder de la oposición. Uno y otro habrán gustado más o menos a los ciudadanos que hayan tenido las ganas y la paciencia de seguir el debate, pero seguramente cada uno habrá convencido a los miembros de su bancada y, por supuesto, a los tertulianos y comentaristas políticos afines que no suelen andarse con matices.

Y ¿cómo está la Nación? ¿Mejor o peor que hace un año y medio? Pues depende de los parámetros que usemos para medir ese estado. Si nos quedamos en los síntomas, la fiebre sigue subiendo. Si nos fijamos en las causas parece que la infección que causaba la fiebre ha empezado a tratarse adecuadamente y que los antibióticos administrados empiezan, lentamente, a hacer efecto. Es evidente que a muchos les molesta que se hable de la herencia y piensan que se trata de una excusa para justificar el actual estado económico y social de la Nación, pero un año en los ciclos económicos es muy poco tiempo aunque a los ciudadanos se nos haga eterno. Hoy estamos donde estamos porque hace 5 ó 6 años no se adoptaron las medidas ni las reformas que debían haberse tomado o, por el contrario, se adoptaron decisiones que sólo han servido para agravar la situación actual. Hay quien va más lejos y apunta que nuestros males actuales provienen de los gobiernos de Aznar. Si fuera así, si estaban convencidos de ello, no queda más remedio que preguntarse cómo es posible que durante los 7 años siguientes no se hiciese nada por corregir el rumbo de la economía ni se propiciase un cambio en el modelo productivo. Es más, resulta inexplicable que durante esos 7 años se incidiese en ese modelo y se exhibiese como propios los logros derivados del impulso de aquellas políticas. Sólo hay que recordar lo de la “Champion league” de las economías y otras simplezas similares.

La Nación sigue teniendo fiebre, tos y dolor de cabeza. Se han aplicado fármacos que parecen que pueden funcionar y no hay tratamientos alternativos creíbles a la vista. Y es evidente que estos fármacos tienen numerosos efectos secundarios que a nadie gustan.

Hoy, el Presidente del Gobierno ha reconocido la persistencia de los síntomas y ha anunciado una serie de medidas para tratar de fortalecer el debilitado cuerpo de la Nación: estímulos para la contratación de jóvenes, impulso a los emprendedores, nuevas inyecciones para el pago a proveedores, modificación del sistema de ingreso del IVA, etc. Ha ofrecido un pacto a todos los grupos para combatir la corrupción y ha anunciado igualmente medidas concretas para su erradicación. También hay que resaltar sus referencias al problema territorial originado por los independentistas y su compromiso con la defensa de la Constitución y al respeto a la soberanía del pueblo español. Su intervención ha sido paralela, en gran parte, a la escala de preocupaciones de los ciudadanos que recientemente subrayaba la encuesta del CIS. Sin embargo, siendo la corrupción una preocupación de los ciudadanos y que está vinculada a una preocupación aún más importante como lo es la actitud de la clase política no ha hecho un análisis, ni ha esbozado ninguna propuesta que pueda hacer cambiar esa negativa percepción ciudadana. Tampoco ha querido entrar en ese tema el líder de la oposición que no debe compartir esa percepción negativa que los ciudadanos tenemos sobre la clase política y se ha centrado en el problema colateral generado por parte de esa misma clase política para utilizarla como arma arrojadiza. Parece que el estado de la Nación no es bueno, pero el de la clase política es estupendo a juzgar por la falta de autocrítica evidenciada en el debate.

Ambos líderes están “tocados” en su credibilidad política. El Presidente del Gobierno ha tenido el gesto, poco habitual por cierto, de reconocer que no ha cumplido parte de sus compromisos electorales por culpa de la situación que se encontró al empezar a levantar las alfombras del poder. Pero no se puede olvidar que si el trabajo que el Partido Popular desarrolló en su última etapa de oposición hubiese sido distinto, habrían podido tener, pese a las reiteradas mentiras del anterior Gobierno, un análisis mucho más ajustado de la situación real y ello habría impedido realizar promesas electorales que, de momento, no se pueden cumplir.

Por otra parte, el líder de la oposición es co responsable de las acciones y omisiones del anterior gobierno causantes, en gran medida, de la situación actual. Por citar el mismo ejemplo escuchado esta tarde en el debate, si en el 2007 empezaron a crecer exponencialmente las ejecuciones hipotecarias y su Gobierno no adoptó ni una sola medida de reforma e incluso se opuso en 2010 a la consideración de la dación en pago ¿qué credibilidad pueden tener sus críticas a las medidas que hoy adopta el nuevo Gobierno? ¿Qué credibilidad puede tener el líder socialista cuando teniendo más de 120 causas abiertas por presuntos casos de corrupción en toda España su gobierno no propuso ni adoptó ninguna medida para su erradicación?

Habrá a quien le interese quién ha ganado o perdido este debate, quién ha estado mejor o peor. Pero lo relevante, lo importante es saber si este debate ha servido para que los ciudadanos ganemos algo o no, para que la Nación perciba o no que sus políticos están haciendo lo que deben para servir a los ciudadanos. España está para pocas peleas de gallos. Necesitamos soluciones a los problemas del día a día y esperanzas de un futuro próximo mejor. Lo demás, sinceramente, aburre bastante.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 13 de febrero de 2013

La clase política, la tercera preocupación de los españoles.



Durante las últimas semanas, la corrupción se ha situado en el primer plano de la agenda política y en titular permanente de los diferentes medios de comunicación. Este protagonismo, sin duda merecido, contrasta mucho con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS: el paro en primer lugar, la situación económica en segundo y la clase política en tercer lugar. A mucha distancia se sitúa la corrupción como principal preocupación para un 5 % de los ciudadanos. Es comprensible y saludable que los medios de comunicación conviertan a los diferentes casos de corrupción en titulares de sus portadas, pero no lo es tanto que los principales dirigentes de los partidos políticos, salvo excepciones, sigan el mismo camino. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de los partidos políticos, sino que existe en muy diferentes ámbitos de la actividad económica y social. La corrupción es, además, un problema que forma parte inseparable de la tercera preocupación de los españoles: el comportamiento de la clase política. El desapego y el hartazgo de muchos ciudadanos de la política y de los políticos no se debe únicamente por los casos de corrupción existentes, sino por actitudes y comportamientos de una parte de la clase política. Hay un desprestigio generalizado de la política y, por ello, la actuación de la clase política se ha convertido en la tercera preocupación de los españoles.

Proponer a estas alturas medidas concretas para luchar contra la corrupción no solamente es insuficiente, sino que, además, demuestra cierta ceguera o falta de perspectiva a la hora de abordar el problema de fondo. Es aplicar un tratamiento a sólo una parte del problema que es mucho mayor según percibe una buena parte de la población. El catálogo de medidas que recientemente ha propuesto el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, son, además de oportunistas, poco sinceras y bastante ineficaces porque no entran en el fondo del problema. Estamos viendo casos de corrupción imputables a la codicia de determinadas personas y casos de corrupción que responden a la necesidad de aplacar las insaciables maquinarias de los partidos políticos. Para los primeros, el mejor antídoto es la modificación de la Ley que rige las contrataciones de las administraciones públicas acabando con los criterios subjetivos de adjudicación existentes que permiten el uso de la discrecionalidad de políticos o técnicos. Para los segundos, además de lo anterior, es preciso reformar profundamente la ley de financiación de los partidos políticos para establecer una clara y pública contabilidad de los mismos, para acabar con las donaciones anónima y que todos podamos saber quién financia a quién y para eliminar cualquier subvención para los mismos. Los partidos deberían ser capaces de funcionar con las cuotas de sus afiliados y con las donaciones públicas recibidas y consecuentemente ajustar sus maquinarias y sus gastos a su propia capacidad de financiación. A lo mejor así, tendrían que volver a apelar al trabajo desinteresado de su militancia, al voluntariado y, con ello, se verían obligados a sustentarse en la democracia interna y en la participación de las bases.

Ha habido también quien en estos días ha ido más lejos en el problema que afecta a la imagen de la clase política, como Esperanza Aguirre. La Presidenta de los populares madrileños ha venido haciendo públicas algunas reflexiones que sí permiten aportar parte de las soluciones que habrían de impulsarse sino queremos que el sistema político se colapse. Algunas de estas ideas son interesantes y merecen ser desarrolladas. Ha hablado sobre la necesidad de que quien vaya a ocupar un cargo público haya cotizado previamente a la seguridad social, es decir, que sepa lo que es ganarse la vida por su cuenta, sin el paraguas del partido. Y tiene mucha razón. Todos conocemos a muchos cargos públicos, alcaldesa, concejales o diputados, que nunca han trabajado salvo en la política, que no saben lo que significa ganarse la vida en esta sociedad tan competitiva. No son políticos profesionales, algunos ni siquiera han sido capaces de terminar sus estudios, sino que son profesionales de la política. Sus méritos suelen ser la docilidad, el amiguismo o el parentesco. Empiezan con 23 ó 25 años a asesorar a un Ministro, como si supieran algo, y terminan sentándose en un escaño o dirigiendo un Ayuntamiento. Ahora bien, daña a la credibilidad de la propuesta cuando se formula teniendo a su lado al sonriente ex alcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico jugador de iPad en sesiones plenarias, Bartolomé González, que desde que tenía poco más de 20 años ha vivido siempre de la política.

Otra de las reflexiones lanzada por Esperanza Aguirre se refiere a la necesidad de implantar las listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes con más libertad y no mediante listas impuestas por los partidos. Sin embargo, de llevarse a cabo esta propuesta sin más no se cumpliría el objetivo deseado. Hoy tenemos listas abiertas en el senado y, sin embargo, los votantes señalamos con una cruz a unos candidatos impuestos por las cúpulas de los partidos políticos sin contar con la voluntad de sus propios militantes. Parece incongruente proponer más libertad al votante a la hora de elegir y no hacerlo en el ámbito interno de los propios partidos políticos. Una organización política con cientos de miles de afiliados a los que no deja pronunciarse sobre quiénes han de representarles en las instituciones públicas padece evidentemente de un déficit democrático. Sin abrir los cauces internos de participación previamente resulta insuficiente plantear las listas abiertas. Y lo mismo vales en cuanto al sistema vigente en la mayoría de los partidos para autoorganizarse: los procedimientos internos electorales van de arriba abajo y no a la inversa. Se eligen primero a los líderes nacionales, éstos después influyen para que resulten elegidos los regionales de su agrado y así hasta los locales. Con ello, todo el proceso electoral interno queda viciado.

Hay más cuestiones sobre las que se podría seguir hablando y que afectan a la mala imagen de la clase política: los privilegios fiscales, los beneficios en materia de pensiones, la falta de transparencia en sus gastos, el abuso de las instituciones públicas para la colocación de amigos o familiares, la falta de ejemplaridad de muchos, etc. Falta, en definitiva, un análisis más profundo sobre las causas que originan el desapego ciudadano hacia los políticos y la política en general. Hoy, más que nunca, cuando los problemas agobian a los ciudadanos volvemos nuestras miradas hacia quienes tienen en su mano la solución de nuestros problemas y, en muchas ocasiones, nos sentimos huérfanos porque percibimos que estamos en dos mundos, en dos realidades diferentes. Lo malo es que si no se corrigen a fondo esas causas, esos dos mundos terminarán por colisionar.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 4 de febrero de 2013

Ataques irresponsables y defensas estúpidas.



Hay que lo que está dando de si todo el asunto de los supuestos papeles de Bárcenas tan aireados por el Grupo Prisa y tan aplaudidos los socialistas. Y lo que te rondaré, morena, como decía aquel. Acusaciones, desmentidos, pruebas caligráficas, contra pruebas caligráficas, ruedas de prensa, comparecencias, declaraciones, ruedas de prensa y lo que queda por venir. Hay que resaltar algunas cosas en medio de tanto lío, de esta ceremonia de la confusión y de este ensayo de deslegitimación y derribo callejero del Gobierno de España.

De una parte, la irresponsable actuación del principal partido de la oposición, el PSOE, y de su líder, con mando pero sin liderazgo, Sr. Pérez Rubalcaba. Hay lujos que se pueden permitir los líderes de los grupos minoritarios, siempre dispuestos a la algarada y a los exabruptos, como el Sr. Cayo Lara que no tiene sobre su formación excesivas acusaciones de corrupción por la sencilla razón de que no gobierna en muchos sitios pero que si lo hiciera le pasaría como en Rivas-Vaciamadrid, donde el dinero público se usa de forma poco escrupulosa y donde procesan a algún que otro concejal de su formación política por actitudes poco ejemplares y presuntamente ilegales, eso sí, con el silencio cómplice de la prensa local. Pero el Sr. Pérez Rubalcaba al que la presunta vacunación recibida con ocasión de Filesa no le ha debido hacer ningún efecto visto el caso de la Fundación Ideas y de los EREs andaluces (1.000 millones de euros saqueados por un entramado organizado en la Junta de Andalucía) no se puede permitir esos lujos, ni mucho menos. No se trata sólo de que no está libre de pecado, sino que, además, demuestra una baja catadura moral quien sobre la base de pruebas más que dudosas pone en cuestión la honorabilidad de muchas personas y, nada menos, del propio Presidente del Gobierno cuya trayectoria, en este campo, ha sido siempre ejemplar. La inocencia no hay de demostrarla. Al revés, quien acusa debe probar sus acusaciones y sin haberlo hecho no de puede ir pidiendo la dimisión de nadie cuando ni siquiera hay acusaciones o imputaciones sobre ninguna persona de la cúpula del Partido Popular. Hacerlo además cuando hay tanto en juego en el exterior, repito, sin indicios sólidos, es, además, una muestra del que “todo vale” con tal de volver a la Moncloa. Todo suena demasiado a lo ocurrido hace casi 9 años, fabricación de pruebas falsas, testimonios inverosímiles, agitación en las redes sociales, algarada callejera, asedio a las sedes de Partido Popular,… típico del “comando Rubalcaba”. Claro que quien no ha querido reabrir las investigaciones pendientes de aclaración, tampoco está ahora en condiciones de quejarse de que se repita, sin sangre esta vez, la historia. A lo mejor el Sr. Rubalcaba debería estar explicando ahora de donde proviene su fabuloso patrimonio ( 1.223.154.- €) amasado durante el mismo tiempo que Rajoy se ha dedicado a la política o cómo bajo su mandato algunos policías colaboraron con banda armada en el llamado caso “Faisan” o por qué bajo su mandato desaparecían cientos de kgs. de cocaína de la Comisaría de Sevilla o muchos otros interrogantes dejados sin responder tras su paso por la política y por diferentes Gobiernos.

De otra, hay que destacar que algunos estarían mejor calladitos en vez de decir estupideces a la hora de defender la actuación del Partido Popular. Si uno no sabe qué decir, mejor callarse, Si uno no sabe de qué se habla, mejor no abrir la boca. Y si uno tiene que mentir, mejor no hacerlo. Es el caso del Sr. Floriano. Hoy se ha cubierto de gloria y ha hecho un espantoso ridículo ante los medios de comunicación. Cuando le han preguntado por qué el ex marido de Ana Mato seguía estando contratado por el Partido Popular pese a estar imputado en el caso “Gürtel” no se le ha ocurrido otra cosa que decir que “es funcionario de esta casa” que tiene derecho a seguir cobrando un sueldo mientras no se le despida y que “a partir de ahí no podemos hacer más, los imputados no pueden ser despedidos legalmente”. Vamos a ver, Carlitos, ¿por qué mientes? El Partido Popular no es, por si no lo sabes, una administración pública y por tanto no tiene funcionarios, sino contratados laborales. Y como cualquier contratado puede ser despedido, esté o no imputado. Cuestión muy distinta es que dicho despido sea declarado procedente o improcedente y que en este último caso, y no readmitiéndole, se le hayan de abonar las cantidades que le Ley señala. Pero no cuentes películas, no tomes por idiotas a los ciudadanos. Si hay una cosa clara es que, en las actuales circunstancias, Jesús Sepúlveda debería haber sido despedido hace tiempo y si no lo ha sido es por puro amiguismo. Exactamente por la misma razón por la que fue promovido en 2003 a candidato a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón.

Haciendo memoria hay que recordar que Jesús Sepúlveda desplazó como candidato a Martín Crespo que llevaba 19 años como Alcalde de Pozuelo de Alarcón, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, y que fue una imposición de las alturas de Génova pasándose, como suele ser habitual, la opinión de los militantes de Pozuelo de Alarcón  por el arco del triunfo. ¿Sus méritos? Ser el marido de Ana Mato, nepotismo puro, y pertenecer al llamado Clan de Valladolid, amiguismo puro. Los resultados de tan brillante elección a la vista están, imputado en el caso “Gürtel” y presunto beneficiario de pagos hechos por Bárcenas. Una vez más se demuestra que mientras no se abra paso la democracia interna en el seno del Partido Popular y en los demás partidos se seguirán repitiendo estos escándalos. Y si no que nos pregunten en Alicante qué militante pudo votar a los ediles que hoy nos representan en el Ayuntamiento de Alicante, cuya Alcaldesa también está imputada.

Lo dicho al principio, desgraciadamente ésto va para largo y cuando la tormenta pase, empezará otra porque nuestra clase política no parece estar por erradicar las verdaderas causas de la corrupción y porque para algunos todo vale cuando pierden el poder.

Santiago de Munck Loyola