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jueves, 30 de abril de 2020

Inconsciencia colectiva inducida.


Estamos atravesando en nuestras vidas una etapa que difícilmente habríamos imaginado hace tan solo 4 meses. Estamos en medio de una auténtica tragedia humana originada por un virus cuyo origen y dinámica aún desconocemos que se está llevando por delante la vida de decenas de miles de personas, que está enfermando a cientos de miles de compatriotas muchos de los cuales sufrirán secuelas graves y que está destapando las enormes carencias de nuestra, hasta ahora, placentera sociedad, tanto a nivel político, como económico, social e incluso moral.

Y lo más curioso es que siendo realmente espantosa la situación, la estamos atravesando con una elevada incapacidad de percibir y sentir el auténtico drama que se está desarrollando, con un grado de inconsciencia colectiva tan elevado que denota una elevada ausencia de empatía con el dolor y el sufrimiento ajeno. Lo que empezó como un agradecimiento diario casi espontáneo desde nuestras ventanas y balcones hacia quienes trabajan para cuidarnos y para que no nos falte lo esencial mientras estamos confinados ha ido degenerando en una cita para la fiesta y la diversión. El constante despliegue informativo sobre la evolución de la pandemia está sirviendo de plataforma para difundir cualquier noticia, bulo u ocurrencia en torno al virus, pero, salvo algunas honrosas excepciones, se omite cualquier referencia al sufrimiento y al horror diario que se vive en los centros hospitalarios, en los cementerios o en los hogares destrozados bien por la muerte de un ser querido, bien por la pérdida total de ingresos y la imposibilidad de mantener el sustento familiar. Para qué mencionar la asfixiante soledad a la que el largo encierro ha conducido a cientos de miles de personas.
No hay banderas a media asta, pocas banderas con crespones en nuestros balcones, no hay lacitos negros en las pantallas de las televisiones. Es como si lo importante fuera evitar que tomásemos conciencia del alcance de la tragedia y nos centrásemos exclusivamente en la difusión de mensajes positivos, como si ambos sentimientos fuesen radicalmente incompatibles.

Sí, nuestra sociedad está enferma y lo está sanitaria, económica y moralmente. Esta inconsciencia colectiva que desde los medios de comunicación nos han inducido no nos permite asumir la auténtica realidad del drama que se está desarrollando en torno nuestro, pero, aún peor, nos impide ver con claridad nuestro futuro inmediato que, queramos o no, va a ser otra tragedia irreversible. Es una realidad que al mismo tiempo que se han ido destruyendo sistemáticamente decenas de miles de vidas durante los tres últimos meses, también se ha destruido nuestra economía, la base de los ingresos de millones de hogares, el sustento económico del propio Estado que va a quedar sin recursos para hacer frente a la nuevas y enormes necesidades para la subsistencia de esos hogares. El estado del bienestar nacido en los años de la posguerra europea va a ser sucedido por el estado del malestar o de la simple supervivencia. Para hacernos una idea: la EPA (Encuesta de Población Activa) recientemente publicada señala que más de 500.000 empleos se han destruido tan solo en la segunda quincena de marzo, 900.000 empleos según el ministro de seguridad social.
El Producto Interior Bruto (PIB), es decir, la suma de todos los bienes y servicios finales que producimos ha caído en el primer trimestre nada menos que un 5,2 %, mientras que en el resto de Europa la caída ha sido de un 3,8%. Miles y miles de comercios, de negocios, de pequeñas y medianas empresas han cerrado para siempre. Lo que tenemos por delante es un panorama absolutamente desolador con millones de nuevos desempleados con un estado arruinado que tiene la caja de las pensiones vacía y que se las va a ver y desear para poder abonar las pensiones, el desempleo y cualquier otra prestación económica.
Eso significa más pobreza, hambre, estraperlo, más economía sumergida para escapar de la voracidad fiscal de un estado arruinado, conflictos sociales, inseguridad y un largo etcétera como corresponde a una economía de posguerra, en este caso, tras una guerra contra un invasor invisible. Y a todo ello habrá que sumar que el enemigo estará por bastante tiempo entre nosotros y que no será desactivado hasta que no se descubra una vacuna efectiva.

Sí, el panorama es desolador y no se trata de ser catastrofista, sino realista. Se trata de que es hora de abrir los ojos, de asumir la realidad, de abandonar esa inconsciencia colectiva tan irresponsable en la que estamos sumidos. Es patético y ridículo que la mayoría de los programas televisivos se centren en cuestiones tales como si se va a poder ir a la playa este verano o no, o que se nos anuncie una “nueva normalidad” como si a partir de una fecha más o menos próxima vayamos a poder retomar nuestra vida habitual con algunos cambios y limitaciones. La etapa que se va a abrir tras el fin del estado de alarma no debería ser calificada de “nueva normalidad” sino de “reconstrucción nacional” porque eso es lo único que entre todos deberemos hacer. Adaptar nuestras vidas, nuestros hábitos y costumbres a una nueva realidad, a un mundo diferente caracterizado por la pobreza generalizada y amenazado todavía por el virus latente. El reto es enorme y también lo es la responsabilidad de la clase política, de los movimientos sociales y de los comunicadores para afrontarlo. Somos una Nación capaz de resurgir, pero nuestra capacidad no puede seguir anestesiada con una inconsciencia colectiva deliberadamente inducida. Ya somos muy mayorcitos para seguir pensando que vivimos en el mundo de Yupi y que, pase lo que pase, papá-estado nos lo solucionará. 

Santiago de Munck Loyola

jueves, 23 de abril de 2020

¿Pactos? Sí, pero…



Si en algo tenía razón Pedro Sánchez antes de las pasadas elecciones generales es en que un gobierno de coalición con Podemos sería un gobierno de pesadilla, un gobierno que quitaría el sueño. Ayer mismo se produjo un incidente que pone de manifiesto que los socialistas no cuentan con un socio leal y no es la primera vez. 
Tras aprobar y anunciar el Consejo de Ministros a través de su inefable portavoz la Ministra Montero que los menores podrían salir de casa para acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos, acuerdo que había contado con el apoyo de los ministros podemitas, el inmediato y mayoritario rechazo social a este absurdo acuerdo movió a Pablo Iglesias a publicar en las redes sociales su propio rechazo a la medida por él mismo aprobada y a presentarse como intercesor ante el Ministro de Sanidad para anunciar una medida de desconfinamiento infantil diferente. 

Es decir, no tuvo empacho alguno en desvincularse de su acuerdo y de publicitarlo en las redes para aparecer como el “bueno” de la película. Esta esperpéntica situación no es un hecho aislado, lo pudimos comprobar con ocasión del anuncio de presentación de la renta básica, pero es que, además de evidenciar la fractura interna del gobierno, evidencia la ausencia de liderazgo y la más absoluta improvisación.

Nos mienten una y otra vez. No es creíble que la absurda medida de desconfinamiento infantil aprobada en el Consejo de Ministros y rectificada horas después fuese el resultado de seguir las recomendaciones de los científicos. Este gobierno ni sigue, ni ha seguido nunca las recomendaciones de los científicos, empezando por la OMS, porque de haberlo hecho no seríamos el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes. Y si ha habido un grupo de científicos que recomendó al Gobierno aprobar que los niños pudieran acompañar a sus padres a supermercados, farmacias o bancos que hagan el favor de hacer público sus nombres.

Un gobierno fracturado, con rivalidades internas, no es el mejor instrumento para combatir una crisis tan grave como la que estamos atravesando, ni cuenta evidentemente con la necesaria consistencia ni legitimidad para pedir apoyos incondicionales a la oposición y, mucho menos, para exigir llegar a un pacto para la reconstrucción de España. Y subrayo exigir porque así lo ha planteado el vicepresidente Iglesias al declarar que si el Partido Popular no se suma a los pactos se quedaría fuera de la Constitución. Sí, tal cual, como si el Sr. Iglesias se hubiera convertido en intérprete de la Carta Magna o como si hubiese descubierto alguna cláusula oculta en la misma que obliga a los partidos a llegar a acuerdos. Una payasada más del Sr. Iglesias que se permite al mismo tiempo cuestionar que el Jefe del Estado vista uniforme militar, a pesar de que la Constitución señala que el Rey es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

No cabe ninguna duda de que la reconstrucción de España tras esta enorme tragedia requerirá acuerdos lo más amplios y sólidos posibles entre los partidos políticos y los principales agentes sociales. Pero es imposible plantear dichos acuerdos sin antes establecer un marco, unas reglas básicas para lograr su consecución. Dichos pactos deberían abrir las puertas a unas elecciones generales para que un nuevo gobierno los ponga en marcha. El primer escollo estriba en el convocante, el Presidente Sánchez, cuya fiabilidad a la luz de su trayectoria y de sus incumplimientos constantes deja mucho que desear. Es difícil suscribir un contrato con alguien cuando tienes constancia de que su palabra no tiene valor alguno. Superado ese escollo con altas dosis de generosidad sería necesario, antes que nada, abrir una comisión de investigación parlamentaria para saber por qué nos hemos convertido en el país del mundo con más muertos por cada millón de habitantes, por qué hemos llegado a esta dramática situación cuando contábamos con la tercera mejor sanidad del mundo, por qué somos el país del mundo con el mayor número de sanitarios infectados, por qué nuestro gobierno ha realizado compras de material sanitario defectuoso a través de empresas no aptas pagando sobreprecios escandalosos y poniendo en peligro la vida de miles de personas, en definitiva conocer, con luz y taquígrafos, cómo se ha gestionado la pandemia y exigir, en su caso, las responsabilidades a que hubiere lugar.

Hecho esto habría que determinar la finalidad de los pactos y eso conviene dejarlo claro porque no puede ser otra que la reconstrucción económica y social de España, un objetivo que seguramente no será del agrado de los socios del gobierno social-comunista, socios cuyo objetivo ha sido siempre precisamente el contrario, es decir, la destrucción de España. ¿Alguien en su sano juicio cree que Bildu, ERC, JXCat y demás quieren una España rica, fuerte y cohesionada? Y si el objetivo de los pactos no es el de la reconstrucción económica y social de España ¿para qué entonces los acuerdos? ¿para anestesiar a la oposición? ¿para blanquear al gobierno y a sus socios? Los pactos y los acuerdos suponen siempre cesiones mutuas entre los participantes en los mismos, implican renuncias programáticas para lograr puntos de encuentro, soluciones compartidas a los gravísimos problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y no se trata solo de consensuar las medidas y reformas sociales que España necesita para garantizar el futuro bienestar de sus ciudadanos, sino también de acordar las reformas políticas e institucionales de todo aquello que ha supuesto un obstáculo para frenar la pandemia. Por poner un ejemplo, a casi nadie se le escapa que nuestro sistema autonómico en lo relativo a las competencias sanitarias no ha sido eficiente. Nuestro modelo, con la mayor parte de las competencias sanitarias transferidas a la Comunidades Autónoma, ha dejado un Ministerio de Sanidad ridículo, sin personal y efectivos suficientes para afrontar con eficacia las contrataciones urgentes de material sanitario. Y el resultado final ahí lo tenemos, en vez de un único agente contratante en los mercados internacionales, España ha concurrido a los mismos con 18 compradores distintos compitiendo entre sí. Algo ridículo e ineficiente. Pues bien, este ejemplo sirve para ilustrar el alcance de esos posibles pactos. Y no cabe duda de que exigirá mucha altura de miras, de generosidad y de patriotismo si queremos, de verdad, construir un futuro mejor para todos los supervivientes.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 19 de abril de 2020

Covid 19: alguien tendrá que pagar por ello.



No resulta fácil opinar sobre la trágica situación que vive nuestro país sin apasionamiento, sin que afloren sentimientos en ocasiones contradictorios o sin dejarse llevar por prejuicios, más que ideológicos, simplemente partidistas. Y ello es así porque nos encontramos en medio de una auténtica tragedia humana, ante una terrible enfermedad que se está llevando por delante a decenas de miles de compatriotas que pensaban, como muchos lo pensábamos, que España contaba con todos los recursos necesarios para hacer frente a esta enfermedad, que creíamos, porque así nos lo habían dicho quienes contaban con toda la información al respecto, que se trataba de una simple gripe, eso sí, algo más fuerte que las habituales y que no se producirían más que unos pocos casos en el país. Así que cuando la cruda realidad nos ha puesto sobre la mesa 200.000 infectados y 20.000 muertos, según las cifras oficiales debidamente maquilladas, o unos 2.000.000 de infectados y unos 40.000 muertos, según otras fuentes más realistas, resulta imposible no preguntarse por qué y quién es el responsable de este drama.

Hay quien dice, como la ministra Montero, que ahora la responsabilidad de todos no consiste en realizar críticas, sino en apoyar al gobierno. No es la única. Es frecuente escuchar que la oposición debe apoyar al gobierno, que la situación requiere el esfuerzo conjunto y olvidarse de las críticas o que las críticas solo tienen por finalidad derribar al gobierno. Nada más falso. Si la responsabilidad consiste en no criticar al gobierno y apoyarlos, como dice la ministra Montero, estaríamos machacando de un plumazo uno de los pilares de la democracia que se distingue precisamente de los regímenes autoritarios por la existencia de una oposición libre cuya principal obligación es la de controlar al gobierno. Controlar significa analizar cada paso que da el gobierno y denunciar, en su caso, los errores de cualquier tipo que cometa. Y un gobierno democrático tiene la obligación de escuchar a la oposición y valorar sus críticas y sus propuestas para mejorar su propia gestión. Si la oposición no critica la acción de gobierno estaría traicionando a su electorado y haciendo una dejación de funciones inexcusable. Se convertiría en cómplice de los errores del gobierno. Ni la crítica por la crítica sin aportar alternativas, ni la demanda de apoyo sin consensuar antes las medidas pueden ser admisibles en una situación tan excepcional como ésta. No es de recibo que el gobierno reclame constantemente apoyo a la oposición para las medidas que adopta sin antes intentar al menos consensuarlas.

La lógica partidista está llevando a los defensores del gobierno a justificar todo lo que se ha hecho hasta ahora eludiendo cualquier responsabilidad y construyendo un relato que termine culpando a la oposición de la triste realidad plagada de muertos y de familias destrozadas. Los mismos que hace seis años clamaban exigiendo la dimisión de Rajoy por la muerte del perro Excalibur como consecuencia de la crisis del Ébola hoy no demandan dimisión alguna. Llamativo, pero cierto. Eso sí, coinciden en afirmar que la gravedad de la pandemia en nuestro país se debe a los presuntos recortes sanitarios que hizo el PP durante la recesión económica pasada. Pero, claro, en cuanto uno se toma la molestia de leer las cifras del Ministerio de Sanidad y comprueba que, por ejemplo, entre 2009 y 2018 el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid (PP) aumentó un 17,46% y el de Andalucía (PSOE) solo un 6,82% se les viene abajo ese argumento. 

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Hay una gran diferencia entre el Presidente francés Macron que comparece ante su pueblo y reconoce que han actuado tarde y que han cometido muchos errores en la gestión y el Presidente Sánchez que semanalmente comparece ante los españoles para decir que todo se ha hecho bien y que, incluso, su gobierno fue el primero en reaccionar en Europa ante la pandemia. Pues algo no cuadra, porque si eso fuera cierto y contando con unos excelentes profesionales sanitarios y con todos los medios necesarios para hacer frente a la pandemia, tal y como anunció el Ministro Marlaska a principios de febrero, ¿a qué se debe a que seamos el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes? Quizás la explicación se encuentre ni en el dinero que se destina a sanidad, ni en la calidad del sistema necesario ya que el nuestro está clasificado como el tercero del mundo más eficiente, sino en otras circunstancias.

Comparémonos con Grecia, un país también mediterráneo, turístico por excelencia y que está en bancarrota con tres rescates a cuesta de la Unión Europea. Grecia tiene una población de 10.720.000 habitantes, España de 47.000.000. Grecia tiene un gasto público anual per cápita de 1.678 €, España de 2.371 €, es decir, España gasta en sanidad por habitante más de un 40% que Grecia. En Grecia hay 525 camas en las UCIS, en España 4.404 camas, es decir, España cuenta con el doble de camas que Grecia por cada millón de habitantes. Sin embargo, en Grecia el coronavirus ha matado a 9,4 personas por cada millón de habitantes y en España ha matado a 429 personas por cada millón. Es decir, la mortalidad del virus en España es 45 veces superior a la que se registra en Grecia. Es evidente que la causa no se encuentra ni en la cantidad de dinero destinada a sanidad, ni en los recortes, ni en la calidad del sistema sanitario. La diferencia está en el momento en que se actúa frente a la pandemia. Grecia se movilizó decretando toda clase de medidas a los 4 días de producirse el primer fallecimiento. España lo hizo a los 30 días. Y este letal retraso no se debió a falta de información del Gobierno.

Desde el 25 de enero hasta mediados de marzo el Gobierno recibió 40 avisos de la OMS. Es más, el gobierno recibió el 24 de enero un detallado informe sobre las medidas preventivas que debía adoptar para proteger a los policías que operaban en los aeropuertos, informe elaborado por el responsable de prevención de salud de la Policía Nacional, y la única medida adoptada por el Ministerio del Interior fue cesarlo. A muchos nos sorprendía ver que no se medía la temperatura a los viajeros cuyos vuelos llegaban a España provenientes de China o de Italia y mientras tanto la agenda política giraba en torno al pin parental o a la carrera entre los socios del gobierno para ver quién era más feminista. Y poco más. Hoy, por primera vez, un ministro del Gobierno ha tenido la honestidad de reconocer algo de responsabilidad. El Ministro Duque ha declarado que “esta pandemia nos ha desbordado a todos. Debimos prestar más atención a los científicos”. Pues sí, más atención a los científicos, a la OMS y a la Unión Europea porque esta insuficiente atención prestada se está traduciendo en decenas de miles de muertos y en la ruina económica de España. Alguien tendrá que pagar por ello.

Santiago de Munck Loyola


domingo, 12 de abril de 2020

Covid19: La que nos espera.


Cuando vamos a iniciar la quinta semana de confinamiento con el inicio de la segunda prórroga del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados estamos, en el mejor de los casos, a la mitad de este confinamiento domiciliario. De momento, otras dos semanas por delante que habremos de abordar de la mejor forma posible, con disciplina, por supuesto, si queremos contribuir a que la situación mejore. Una vez que nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de vivir es posible que, ante las perspectivas de mejoría de la situación, estas semanas restantes sean más llevaderas.

No es fácil abstraerse de las continuas noticias que nos trasladan los medios de información ni de los permanentes mensajes que recibimos a través de las redes sociales. La catastrófica situación en la que nos encontramos necesariamente empuja a cualquier persona con sentido crítico a buscar responsabilidades entre quienes tenían el deber de haber adoptado medidas preventivas para proteger a la población y, consciente o inconscientemente, no lo hicieron. Sin embargo, hoy no pretendo abordar ese asunto. Hoy quiero destacar algunos aspectos relacionados con esta crisis.

El primero aspecto es el relacionado con el ambiente social que se está creando. A veces da la sensación de que se intenta difundir una sensación de normalidad que atenúa la auténtica tragedia que estamos viviendo. Casi 20.000 muertos, en a penas dos meses. Casi 20.000 familias rotas, destrozadas y parece que aquí no ha pasado nada. Mucha canción, mucho aplauso (merecido, no se cuestiona), mucho consejo, mucho tertuliano "especialista" en virología, mucho humor,... Pero las televisiones han debido ponerse de acuerdo o quizás las estén obligando a ello para no mostrar imágenes de las víctimas, ni de sus familiares o amigos.
No hay crespones negros, ni lutos oficiales, ni nada que nos recuerde que ante todo estamos en medio de una verdadera tragedia humana y que hay miles y miles de personas que se han ido para siempre. ¿Tan insensibles somos?

El segundo aspecto es el relacionado con la situación de nuestros mayores y el tratamiento que están recibiendo. Creo que si hay algo que nadie discute a priori es la vigencia del principio constitucional de la igualdad de los españoles ante la ley. Bien es verdad que este mandato luego no se cumple y que hemos venido tolerando excepciones como el hecho de que nuestros representantes, nuestros parlamentarios, se hayan atribuido excepciones que les permiten no ser iguales ante las leyes tributarias de modo que tienen ingresos exentos de tributación o no ser iguales pudiendo cobrar una pensión máxima con un tercio de años respecto a los exigidos a cualquier otro ciudadano o excepciones que criminalizan al hombre por razón del género. Pero volviendo a nuestros mayores hemos escuchado con naturalidad como aquellos que sobrepasasen determinada edad no tendrían los mismos recursos asistenciales que los jóvenes, limitando su aplicación en función de su previsible capacidad de supervivencia. 

 
No es que falte lógica en la idea de aplicar los recursos sanitarios escasos preferentemente a quien a priori tenga más posibilidades de sobrevivir, pero es que esa lógica choca frontalmente con el mandato constitucional que proclama la igualdad ante la ley y, por tanto, con la igualdad al derecho a recibir tratamiento sanitario sin que quepa discriminación alguna por razón de la edad. La crisis sanitaria ha destapado además una gran precariedad de medios en las residencias de nuestros ancianos. No podemos olvidar que nuestros mayores son los que han forjado nuestro estado de bienestar y son los que han sostenido a millones de hogares durante los peores momentos de la crisis económica. Una sociedad digna de tal nombre no puede seguir relegándolos a un segundo plano, no puede seguir aparcándolos como un estorbo prescindiendo de su experiencia y conocimientos y no puede ni debe evitar devolverles lo mucho que ellos han hecho por nosotros. 

No son pocos los hogares en los que los abuelos son prescindibles en un momento dado. Hemos pervertido los valores que consagran la familia como pilar básico de la sociedad porque al limitar la extensión del ámbito estrictamente familiar hemos debilitado a la familia y, por tanto, a la propia estructura social. Urge replantearnos nuestra escala de valores y urge romper con el modelo utilitarista, egoísta y hedonista sobre el que estamos construyendo nuestra sociedad.

La última reflexión que quiero destacar es la necesidad que tenemos de asumir que las consecuencias de esta pandemia van a durar mucho tiempo y que va a haber un antes y un después en muchas facetas de nuestra vida. Si alguien cree que superada la crisis todo va a volver a la normalidad, se equivoca. No estamos en un paréntesis, sino en un punto y a parte. La superación de la enfermedad no va a ser total hasta que se produzca una vacuna efectiva y eso, según parece, no se producirá antes de un año. No va a bastar con su control parcial y temporal, tenemos que prepararnos para una segunda oleada de la enfermedad dentro de 5 o 6 meses según están avisando los chinos. La vuelta a una relativa normalidad de nuestras vidas va a ser lenta y gradual, pero necesariamente conllevará muchos cambios. Y estos cambios van a ser personales y sociales. No cabe duda de que este encierro involuntario durante 45 días mínimo va a suponer un paréntesis vital que obliga a la reflexión e invita a la modificación de conductas y costumbres. En más de un caso se producirán modificaciones de los sentimientos y el replanteamiento de afectos. En muchos casos más de uno se cuestionará  la escala de valores por la que venido intentando regir su vida.

Cuando acabe el confinamiento saldremos a la calle cambiados, para bien o para mal, y lo haremos a un mundo que también habrá cambiado. Los cambios económicos que nos esperan van a ser enormes como consecuencia del enorme daño que nuestra economía va a sufrir. Tengamos en cuenta que la primera fuente de riqueza y de empleo de nuestra economía estará en la UCI, el turismo que representa el 15% del Producto Interior Bruto y que generaba 2,8 millones de empleo, que la construcción, el 14% del PIB, sufrirá también un importante retroceso, así como el comercio, el 12% del PIB, o el sector del automóvil, el 5%. Más de un millón, cerca de dos millones, perderán su empleo junto con la desaparición de decenas de miles de PYMES y de autónomos. La enorme pérdida de ingresos fiscales que la recesión conllevará obligará al Estado a endeudarse como antes nunca lo había hecho. Y en función de la política económica que se aplique tardaremos más o menos en recuperarnos. Deberemos replantearnos muchas cosas, entre otras, hasta la configuración territorial de nuestro Estado que ha demostrado poca eficacia a la hora de prevenir y de actuar por culpa de un reparto absurdo de competencias sanitarias que ha conducido hasta la ridícula y costosa competencia entre regiones en los mercados internacionales para hacerse con los lotes de productos sanitarios. Tendremos que habituarnos a una subida de tono de la disputa política porque si hay algo evidente es que las cosas se podían haber hecho mejor, que se debía haber actuado antes contra la pandemia ya que los avisos de la OMS ahí estaban desde el 24 de enero. Y habrá que, por tanto, exigir responsabilidades políticas y quizás judiciales. Los cambios en nuestro entorno serán muchos y necesariamente deberán producirse si queremos evitar la repetición de unos hechos similares en el futuro. La responsabilidad última es de todos los españoles, porque nuestra es la última palabra a la hora de decidir nuestro futuro.

Santiago de Munck Loyola
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