La penúltima traición electoral del Partido Popular.

Si el votante de centro derecha podía albergar alguna duda sobre la lealtad del actual Partido Popular con su electorado, la reciente decisión de Mariano Rajoy de guardar en un cajón la reforma de la actual legislación sobre el aborto la habrá despejado del todo. Desde la victoria electoral de noviembre de 2011, el Partido Popular ha venido incumpliendo de forma sistemática, no sólo el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, sino, lo que es más grave, los propios fundamentos ideológicos sobre los que se supone se asentaba esta formación política.

Desde un primer momento, el Gobierno de Mariano Rajoy, centró todos sus esfuerzos visibles en tratar de enderezar la situación económica heredada del anterior Gobierno y causada en gran parte por la irresponsable actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las gobernadas por el propio Partido Popular. No hay más que ver cómo ha sido gestionada y gobernada la Generalidad Valenciana primero por Francisco Camps y después por Alberto Fabra, por ejemplo. Para afrontar la delicada y peligrosa situación económica que podía desembocar en la quiebra de España, el Gobierno del Partido Popular no tuvo problema alguno en ir en contra de sus promesas electorales sobre política fiscal o sobre la prestación de servicios públicos, por citar algunos casos, aplicando recetas que no pocos especialistas calificaron de socialdemócratas y que, desde luego, no tenían encaje ni en el programa electoral ni, por supuesto, en los pilares ideológicos propios de un partido de centro-derecha. La Política, pese a la mayoría absoluta otorgada por los votantes, quedaba marginada por la economía.

Tras los resultados de las elecciones europeas se encendieron numerosas alarmas en los despachos de la Calle Génova y tras consultar a los “gurús” de siempre (¿Para qué escuchar a las bases?) parece que la estrategia popular pasa por dos ejes diseñados exclusivamente en función de cálculos y expectativas electorales. Un eje político de bajo perfil consistente en lavarse la cara ligeramente vendiendo la inexistente intención de promover la regeneración democrática y en no “molestar” aparcando los compromisos más ideológicos como en el caso de la reforma de la Ley del aborto. Y un segundo eje consistente en tratar de beneficiarse de los efectos de la endeble recuperación económica promoviendo reformas fiscales tanto en el estado como en las autonomías que al final se traduzcan en algo más de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar su empleo.

A los anuncios fiscales de Cristóbal Montoro ayer se sumó el Presidente Alberto Fabra comunicando en las Cortes Valencianas una próxima rebaja en el tramo autonómico del IRPF y nuevos gastos de índole social. Aunque se esté por principios a favor de aligerar la presión fiscal para incentivar la economía no queda más remedio que plantearse dudas sobre la coherencia, la oportunidad y la responsabilidad de estos anuncios cuando se tiene en cuenta el continuo discurso sobre la infrafinanciación de nuestra Comunidad Autónoma, cuando se constata el incremento continuo del déficit y la deuda de la misma y cuando a diario cientos de miles de ciudadanos sufren en sus carnes los recortes sociales y los efectos de los impagos de la Generalidad Valenciana.

Un programa electoral es un contrato entre el gobernante y el votante. Y cuando se incumple sistemáticamente un programa electoral, primero alegando circunstancias sobrevenidas o ignoradas previamente, y después, alegando razones de simple oportunismo político, se está rompiendo dicho contrato y, por tanto, se está poniendo en cuestión uno de los fundamentos de todo gobierno democrático que no es otro que la legitimidad de ejercicio del poder. Es evidente que los dirigentes del Partido Popular han venido traicionando desde el primer día la confianza de los votantes que dieron su respaldo a un programa concreto y a un determinado perfil ideológico. No es de recibo que un partido con mayoría absoluta, tras casi tres años de gobierno, archive una reforma legislativa prometida en su programa mintiendo además a los ciudadanos al justificar que esta decisión responde al deseo de encontrar un punto de consenso con la oposición, algo por otra parte imposible. A los socialistas no les tembló el pulso en 2004 para derogar en un mes leyes del Partido Popular como la de Educación o proyectos como el del trasvase del Ebro. El Partido Popular podía y debía haber derogado en un mes la “Ley Aido” y haber restablecido la ley del 85, sobre la que existía más consenso social, hasta haber elaborado una nueva regulación. Pero no lo hicieron. No quisieron porque les faltó valor y decencia. De los estómagos agradecidos de los cargos públicos populares no se espera nada. El pesebre es el pesebre. Pero ¿volverán a callar los cientos de miles de afiliados del PP? Lo más probable es que sí.

Santiago de Munck Loyola

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