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viernes, 1 de junio de 2018

De Guatemala a Guatepeor.



Termina una semana de vértigo político. En tan sólo siete días hemos pasado del aplauso de los populares festejando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con la ayuda de Ciudadanos y el PNV, al aplauso de despedida de los mismos diputados a su jefe, al Presidente Rajoy que deja de serlo al triunfar la moción de censura presentada por el exdiputado socialista Pedro Sánchez. Mañana, sábado 2 de junio, a las 11 horas Pedro Sánchez tomará posesión en la Zarzuela ante el Jefe del Estado.

Se cierra una semana de vértigo político que se inició al hacerse pública la Sentencia de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esta sentencia considera acreditado que entre 1999 y 2005 entre las empresas de Correa y el Partido Popular de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón se tejió “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. El tribunal ve probado que el PP se benefició, sin ser consciente de su procedencia delictiva, de 111.186 euros para la campaña de las municipales de 2003 en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y de 133.628 euros en la campaña de Majadahonda. Y esta sentencia que prueba hechos delictivos por un importe total de 244.814 euros cometidos antes de ser Mariano Rajoy Presidente del PP es la que ha conseguido unir a la mayoría de la oposición para echar a Rajoy y desalojar al PP del gobierno de España. Es evidente que se trata de fantasmas del pasado que han aparecido ahora y han terminado por tumbar a Mariano Rajoy. Es muy posible que Rajoy esté pagando los platos rotos por otros, pero suya es la culpa por no haber actuado con contundencia contra la corrupción, por haber mirado a veces hacia otro lado y, sobre todo, por no haber puesto en marcha los mecanismos necesarios para regenerar al Partido Popular y para democratizarlo de abajo a arriba. Y lo peor para el PP está por venir. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas van a seguir apareciendo más fantasmas del pasado a través de diferentes sentencias.

Al votante de centro derecha no puede servirle de consuelo o justificación que los socialistas estén peor en materia de corrupción con treinta procedimientos judiciales abiertos, con 4.000 millones de euros bajo sospecha y con casi 600 imputados. La política informativa desarrollada por el PP durante años ha conseguido una mayoría de medios de comunicación para los que un estornudo de un “pepero” se convierte en una pandemia de ébola, mientras que una epidemia de ébola entre los “sociatas” son simples casos de alergias individuales y, por tanto, no son noticia.

Ahora se abre una nueva etapa que además está lastrada por los apoyos que ha recibido Sánchez para ganar la moción de censura: los populistas y comunistas de Unidos Podemos, los separatistas y golpistas de ERC, los golpistas y racistas del PDeCat, los nacionalistas del PNV, los pancatalanistas de Compromís y el brazo político de los terroristas de ETA. Sánchez ha aceptado gustoso el apoyo de todos, no ha hecho ascos a ningún apoyo por muy repugnante que fuera con tal de llegar a la Presidencia del Gobierno. Como es normal no se sabe exactamente a cambio de qué, excepto en el caso del PNV, aunque en otros casos podemos intuirlo. Pero ahora viene lo más difícil: gobernar con 84 diputados socialistas, cumplir los acuerdos a los que haya podido llegar y “torear” en un senado con mayoría absoluta del PP. Y ahí es por donde va a tener que empezar. Sánchez ha prometido al PNV gobernar con los presupuestos del PP, vetados por él mismo y el PSOE hace siete días, aprobados la semana pasada en el Congreso y que aún han de ser aprobados en el Senado donde cinco de los partidos que le han apoyado en la moción de censura, Podemos, PDeCAT, EH Bildu, ERC y Compromís, han registrado este mismo viernes sus vetos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Sánchez ha logrado la Presidencia del Gobierno de España sin haber ganado unas elecciones generales, habiendo cosechado los peores resultados del PSOE desde la restauración de la democracia en España, sin presentar a las Cortes un programa de gobierno alternativo y sin haber construido una nueva mayoría parlamentaria de gobierno. En estas circunstancias y en una lógica democrática sólo tiene una salida política decente: dar la palabra al pueblo español para que decida. Unas elecciones generales anticipadas son imperativas para cualquier demócrata.

Santiago de Munck Loyola


lunes, 5 de septiembre de 2016

Y llegan las “fuerzas del cambio”.


Tal y como estaba anunciado la investidura del candidato Mariano Rajoy fracasó. 170 votos a favor (PP y sus coaligados Foro Asturias y UPN + C’s + CC) frente a 180 votos contrarios. ¿Y ahora qué? Pues difícil está la cosa. El partido más votado, el Partido Popular, tiene muy difícil intentar una segunda investidura con o sin Mariano Rajoy de candidato. Su pacto con Ciudadanos tenía fecha de caducidad, algo realmente extraño cuando tanto se apela desde esta formación al diálogo y al consenso. Aunque tampoco importa mucho, visto lo que entiende el PP por regeneración al proponer al ex ministro Soria para ocupar un puesto representando a España en el Banco Mundial. Como el Sr. Soria no "valía" para seguir siendo Ministro se lo endosamos a los extranjeros. Y por otra parte, el Partido Popular se reafirma en la candidatura de Mariano Rajoy y frente a quienes desde otros partidos, con toda la hipocresía del mundo pues en el fondo “no es no” sea quien sea el candidato del PP, señala, no sin razón, que si el candidato más votado en las últimas elecciones ha de renunciar o dimitir ¿por qué no lo hacen quienes han perdido votos y escaños en las últimas elecciones?

El líder socialista, Mister “Noesno”, fracasada la investidura de Rajoy, se apresuró a hacer un llamamiento a lo que denomina “las fuerzas del cambio” para que esos 180 votos negativos se conviertan ahora en positivos para investir a un presidente del llamado cambio. La verdad es que queda hasta bonito, lo de las fuerzas del cambio, encarnadas en los 180 votos del no frente a los 170 de las fuerzas del inmovilismo o del “no cambio”. Pero, seamos serios, a parte del no en común ¿hay algún otro elemento aglutinador que permita hablar de un grupo homogéneo de “fuerzas del cambio”? Parece que no y es que entre los 180 votos negativos hay de todo, hasta de lo peorcito. Vamos a intentar aclarar lo que significan las llamadas “fuerzas del cambio”.

Podría pensarse a primera vista que el Sr. Sánchez intenta sumar a los 180 votos de las “fuerzas del cambio” a Ciudadanos. Es decir que para intentar arreglarlo, el Sr. Sánchez tendría en cuenta a parte de los 170 votos favorables a la investidura de Rajoy, es decir, a los 32 diputados de Ciudadanos que ya no serían considerados inmovilistas, ni marca blanca del PP, ni cómplices de Rajoy. ¡Faltaría más! Y así, los socialistas vuelven a su proyecto fracasado de hace unos meses, PSOE + PODEMOS +CIUDADANOS, y Pedrito Presidente. Pero, hete aquí, que al líder de Ciudadanos, Sr. Rivera, le ha faltado tiempo para decir que con Unidos Podemos, que propugna el derecho de autodeterminación entre sus filas, ni a la vuelta de la esquina. Nuevo portazo para el Sr. Sánchez cuyas desmesuradas ansias de “tocar pelo” al precio que sea ya son más evidentes que nunca.

Y vuelta a empezar. Los 180 votos de las “fuerzas del cambio” se componen de lo siguiente:

-       85 diputados de lo que queda del PSOE, socialdemócratas confusos.
-       71 diputados de Unidos Podemos, comunistas, populistas, aspirantes a socialdemócratas, separatistas y talibanes variopintos.
-       9 diputados de ERC, separatistas enemigos de la soberanía popular y de España.
-       8 diputados de CDC, iguales que los anteriores pero menos izquierdistas.
-       5 diputados del PNV, iguales que los anteriores pero derechistas.
-       2 diputados de EH BILDU, iguales que los anteriores pero izquierdistas y brazo político de los asesinos etarras.

Et voilà! Ya tenemos a las “fuerzas del cambio”, ese maravilloso cóctel que tanto fascina al Señor Sánchez y a muchos españoles que de buena fe creen en que en realidad existe una auténtica alternativa de gobierno bajo la falaz denominación de las “fuerzas del cambio”. Algunos de los que forman parte de este heterogéneo grupo de los 180, de las “fuerzas del cambio”, ya han anunciado que estarían dispuestos a apoyar al Sr. Sánchez o a cualquier otro de los 180 con ciertas condiciones. A saber: para empezar derecho a la autodeterminación, con o sin referéndum, para Cataluña y País Vasco (si me apuran para Galicia y el resto de los Países Catalanes como dicen los de Compromis, también) y los presos etarras bajo la tutela del PNV o, para el caso amnistiados, que ya está bien de “venganzas” según la impresentable portavoz de BILDU. Y para continuar ya se sabe: ministerios sociales como Defensa o Justicia para IU Podemos, amén del control sobre el CNI, los medios públicos de Comunicación, etc. Pero, con todo, ya tendríamos a D. Pedro Sánchez Pérez Castejón (de los Castejón sublevados contra la II República) como Presidente del Gobierno de lo que pueda quedar de España. Y ya está. ¡Fácil! ¿Verdad? Nunca más volvería hacer falta votar en Navidad, es más, sería imposible porque seguramente sería borrada del calendario, por reaccionaria y por heteropatriarcal que diría Garzón.

Santiago de Munck Loyola






viernes, 29 de enero de 2016

La hipoteca valenciana de Rajoy y cía.


El afloramiento de parte de la escandalosa trama de corrupción organizada en torno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana no podía haberse producido en peor momento para las aspiraciones de los populares de seguir en el Gobierno mediante acuerdos con otras formaciones políticas. Son muchos años seguidos de corrupción política y económica como para que al final no terminase por explotar la olla en la cara de los dirigentes nacionales del Partido Popular. A la trama Gürtel, hay que sumar ahora el asunto de Aquamed y el del Sr. Rus y su cuadrilla. Y no se trata sólo de que algunos desaprensivos utilizasen el poder para llenarse los bolsillos a costa de los contribuyentes, sino que, además, lo utilizaban para financiar al propio partido que los había encumbrado, sin el aval de los militantes, a esos puestos de poder. Muchos lo sabían y callaban. Muchísimos lo sospechaban, y salvo denuncias aisladas, también callaban. Y es que cuando un partido prescinde de la voluntad de sus afiliados a la hora de seleccionar a sus cargos públicos, cuando una maquinaria partidista endogámica y pesetera se nutre y nutre en parte a las instituciones públicas de amigotes, familiares, chulos, golfos, indocumentados, advenedizos, medradores e incompetentes pasa lo que pasa. No es un secreto que muchos han usado los cargos públicos para su beneficio personal y también para el beneficio político de la cúpula del Partido Popular. De lo primero estamos viendo estos días un pequeño botón de muestra. De lo segundo, se pudo ver y comprobar cómo se usaron los presupuestos de la Generalidad Valenciana para presionar a Alcaldes y Concejales populares para que avalasen la candidatura de Rajoy en 2008.

Señalan algunos medios de comunicación que en Génova están sorprendidos y escandalizados por las noticias que están apareciendo estos días sobre la corrupción en el PPCV. Pues será porque quieren o será una simple y obligada pose porque lo cierto es que mientras el PPCV era poderoso y aportaba avales y votos ignoraron, hasta la vulneración de sus propios estatutos, las denuncias y las firmas que algunos militantes de la Provincia de Alicante les hicimos llegar. Es más, la Secretaria General, Mª Dolores de Cospedal, ni siquiera se dignó a contestar a los escritos en los que se denunciaba la falta de democracia interna del PP alicantino, la mala imagen del mismo y la necesidad de una profunda regeneración. Y cuando un pequeño grupo de militantes iniciamos un modesto movimiento en pro de la regeneración, cuando pedimos el examen de las cuentas electorales alicantinas del 2007 y 2011 y fuimos fulminantemente expulsados del PP, tras un expediente instruido por un diputado imputado por corrupción, ni siquiera tuvo la decencia de contestar a nuestro recurso el Comité Nacional de Garantías del Partido Popular del Sr. Rajoy. En Génova, desde el Presidente Nacional, pasando por la Secretaria General hasta la última secretaría, sabían o debían saber, porque denuncias no les faltaban, que algo olía a podrido en el PPCV y en el PP de Alicante. Así que ahora mejor que no se hagan los sorprendidos, que los demás no somos tontos. No tocaron al PPCV porque tenían una deuda política con él.

Los populares presumen de que a lo largo de la pasada legislatura aprobaron decenas de iniciativas para combatir la corrupción. Pero olvidaron lo básico: empezar por limpiar su propia casa. Como señalaba hace poco un periódico basta recordar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno fue defendida en el Congreso  por Pedro Gómez de la Serna, que ahora tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales presuntamente a empresas españolas para hacer negocios en el extranjero. Este señor dijo entonces desde la tribuna del Congreso: "con las 70 medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. No se trata señorías del y tú más, no se trata de ver qué partido ha padecido y ha sufrido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, pero sí se trata de ver quién cuando llega a las responsabilidades del Gobierno ha hecho más por combatirla. Y en ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, no nos llegan ustedes ni a la suela del zapato". Y se quedó tan fresco.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de gente del PP, ni ADN ni gaitas. Y, si no, que se lo digan a los socialistas y a los sindicatos de los ERES, a los convergentes catalanes y sus pujoles o a los nacionalistas vascos con el caso “De Miguel”. Pero es evidente que cúpula del PP no ha sabido ni querido reaccionar a tiempo en los casos que afectan al partido y que no ha dado ni un solo paso para democratizar internamente al partido y, con ello, legitimar el acceso y el control por las bases de sus militantes a los cargos públicos. Por negligencia y por omisión la cúpula del Partido Popular está tocada por estos casos de corrupción. Y deberá rendir cuenta por ello y, consecuentemente, por poner a España en una difícil situación de gobernabilidad.

Santiago de Munck Loyola


miércoles, 27 de febrero de 2013

Otro gatillazo: sin Pacto de Estado contra la corrupción.



Parece que, una vez más, la clase política en general no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y del clamor social contra la corrupción y ha sido incapaz de alcanzar un gran Pacto de Estado contra la corrupción. A lo más que se ha llegado tras el debate sobre el estado de la Nación ha sido a un gran acuerdo, no respaldado ni por el PSOE ni por IU, aprobando una serie de Resoluciones promovidas en su mayoría por el Partido Popular instando a la adopción de un catálogo de reformas contra la corrupción. Así, el Congreso ha aprobado 16 Resoluciones al Debate sobre el Estado de la Nación, de las que 14 han sido impulsadas por el Grupo Popular, una por el PNV, y otra acordada sobre la base de tres propuestas del PP, CiU, UPyD y el Grupo Mixto (UPN).

Una de estas resoluciones expresa la necesidad de un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones, emplazando a elaborar un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados. Igualmente, se pide la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia y se emplaza al Gobierno a aprobar una serie de proyectos de ley para su remisión al Parlamento: una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para articular más instrumentos de control, la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, como Estatuto del Cargo Público,  la reforma del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar a la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público, regular las organizaciones de intereses o "lobbies" y otras medidas como modernizar las campañas electorales.

Del examen de esta batería de medidas se deduce claramente que, al margen de la imposibilidad de lograr la unanimidad entre la clase política para combatir la corrupción, no se ha abordado el problema, salvo en lo relativos a los Partidos políticos (y habrá que esperar para ver con qué alcance), desde la perspectiva de las causas que facilitan o propician la aparición de la corrupción. Los grupos políticos se han decantado más bien por aumentar los controles y endurecer las sanciones sobre la corrupción, pero no por atajar las causas que la facilitan.

La inmensa mayoría de los casos de corrupción que afloran en nuestro país tiene su origen en tres ámbitos concretos: en el urbanismo, en las contrataciones públicas y en el funcionamiento de los partidos políticos. Y en el trasfondo está la discrecionalidad, la capacidad de decisión discrecional de técnicos y políticos, a la hora de ejecutar el urbanismo y de contratar obras, servicios y suministros con las administraciones públicas. Curiosamente, en las resoluciones aprobadas no se contiene ninguna mención a la necesidad de reformar la legislación del suelo o de las contrataciones con las administraciones públicas que permiten el uso y el abuso de la discrecionalidad, y por tanto de la arbitrariedad, a la hora de aplicar las diferentes normas que desarrollan esas materias. La primacía de criterios subjetivos sobre los objetivos en materia de urbanismo y de contrataciones es la que facilita que políticos y técnicos en algunos casos hagan un mal uso de las facultades que tienen otorgadas y que, por tanto, basen sus decisiones en intereses personales y no en intereses puramente públicos.

Todo hace pensar que siendo estas resoluciones un importante avance para castigar la corrupción no lo son tanto para prevenirla y ello permite poner en duda la existencia de una auténtica voluntad o de capacidad de la clase política para acabar con la lacra de la corrupción. Y lo que desde luego ha quedado patente es la falta de altura política de algunos para intentar aunar voluntades en algo tan importante para el conjunto de los ciudadanos.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 22 de octubre de 2012

Galicia y País Vasco han hablado.




Tras dos semanas de campaña electoral y varios meses de tediosa precampaña, las urnas han hablado por fin en dos regiones históricas españolas: Galicia y en el País Vasco. Y lo han hecho con resultados muy diferentes. Es hora de balance, de análisis y de consecuencias y es muy probable que los que provengan de los dirigentes políticos difieran mucho de los que los ciudadanos y los analistas políticos vamos a hacer. Si en algo van a coincidir los primeros, sobre todo aquellos que han empeorado sus resultados, es en no hacer la más mínima autocrítica y en culpar a factores externos de los malos resultados obtenidos.

En Galicia ha ganado el Partido Popular, encabezado por Núñez Feijó, revalidando y, lo que era más difícil, ampliando su mayoría absoluta. Mal hicieron los socialistas al insistir a lo largo de la campaña en que votar al PP era reforzar la política de austeridad del Gobierno de España, en convertir en definitiva las elecciones autonómicas gallegas en un auténtico test de la política nacional en lugar de centrarse en los problemas, las necesidades y la situación de Galicia. A la falta de liderazgo del candidato socialista se ha unido la ruinosa herencia del zapaterismo administrada por el Sr. Rubalcaba, una pesada losa que ha terminado por hundir al desfondado PSG. El tiro les ha salido por la culata y el tanto Feijó, como Rajoy, han salidos reforzados de estos comicios gallegos. 

Conviene tomar nota, además, de la fuerte irrupción del nacionalista gallego, Sr. Beiras, que con algún que otro exabrupto de más, ha sabido capitalizar buena parte del descontento social y de los vientos independentistas que en esta época tan fuerte arrecian en diferentes regiones españolas.  Y también es conveniente subrayar el segundo fracaso del Sr. Mario Conde con unos ridículos resultados. La abstención ha sido ligeramente superior que en 2009, un 0,8 % más, algo insignificante aunque, como era de esperar, al Secretario de Organización, Óscar López, le parezca el dato más preocupante de estos comicios. Con tan sesudo análisis de tan alto jerarca socialista no es de extrañar que el PSOE coseche lo que cosecha. Por último, hay que resaltar que Núñez Feijó es quizás el único gobernante que en la actual época de recortes y restricciones no sólo gana, sino que amplía su mayoría. Algo debe estar haciendo bien y más de uno, en vez de envolverse en la bandera regional, debería tomar nota.

Y en el País Vasco tenemos la otra cara de la moneda de la jornada electoral. El partido ganador, al igual que en las últimas autonómicas vascas, vuelve a ser el PNV aunque en esta ocasión pierde tres escaños. Los partidos constitucionalistas se llevan un batacazo, el PSOE, responsable del Gobierno vasco y del adelanto e estas elecciones, pierde nada menos que nueve escaños y el Partido Popular, su socio hasta hace unos meses, pierde tres pasando de trece a diez. El Sr. Basagoiti, en su comparecencia tras conocer los resultados, no ha hecho, como era de esperar, ninguna autocrítica y debería hacerla, al menos, en los próximos días porque estos resultados son malos para el PP vasco y confirman el progresivo distanciamiento que su particular liderazgo ha ido generando en torno al núcleo de dirigentes históricos populares y de importantes bolsas tradicionales de votos del Partido popular vasco. Pero lo más preocupante es que los verdaderos vencedores de estos comicios son los representantes de ETA, Bildu, que logra entrar en la cámara vasca con nada menos que 21 escaños, convirtiéndose así en la segunda fuerza política de la cámara de Vitoria, algo que habrá que agradecer, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional. Con ello, los nacionalistas, la suma de PNV y Bildu, supone los dos tercios de la cámara vasca. Se abre ahora un período político cuando menos inquietante y preocupante para quienes defienden la convivencia pacífica, la desaparición definitiva de ETA y la tolerancia y respeto en el País Vasco. Hoy, sin ir más lejos, se ha podido ver claramente, cuando el Lendakari iba a votar, cómo se las gastan los energúmenos de Bildu y su respeto por el acto más importante en toda democracia, el ejercicio del voto en libertad y sin coacciones. Es posible que el PNV encuentre en Bildu el aliado imprescindible si decide situar prioritariamente en la agenda política el tema de la independencia. Pero, si no es así, no conviene olvidar que PNV y Bildu son enemigos ideológicos y que los puntos de encuentro en los temas sociales y políticos del día a día son muy escasos.

En todo caso, hoy ha vuelto a ser la fiesta de la democracia en estas dos regiones españolas y habrá que confiar en que próximamente se vayan despejando dudas e incertidumbres y que se haga en el mejor sentido posible para la sociedad española en su conjunto.

Santiago de Munck Loyola

domingo, 22 de julio de 2012

Las envenenadas propuestas de Urkullu.




No sabe nada, el Presidente del PNV, el Sr. Urkullu. Para que lo luego vayan diciendo que los nacionalistas no son solidarios con el resto de los ciudadanos de eso que ellos llaman “el Estado” y que otros llamamos España. Los nacionalistas vascos son muy solidarios con los maketos y con todos los que no tenemos la inmensa suerte de vivir en las tierras vascas, aunque no tengamos el RH como ellos. Prueba de ello, de su solidaridad y de su talante colaborador y constructivo, el presidente de los nacionalistas vascos ha formulado una serie de propuestas para combatir la crisis económica y los recortes con los que estamos siendo castigados un viernes sí y otro también. El Sr. Urkullu con el simple ánimo de aportar su granito de arena en la búsqueda de soluciones que alivien las cargas de las administraciones públicas ha hecho sus propuestas.

Y ¿qué han propuesto los nacionalistas para reducir el gasto público? Varias cosas, a saber: Reformar la Constitución española, esta Constitución que ellos no apoyaron ni apoyan, para eliminar el Senado y para suprimir las delegaciones del Gobierno de España en las comunidades autónomas. Así, según los nacionalistas vascos, se ahorrarían los gastos que supone que el Estado tenga presencia y coordine su administración en los territorios de las 17 comunidades autónomas y justifican esta propuesta por que existe una situación de “extrema gravedad” y hace falta, por tanto, “adelgazar la estructura del estado”. Así, en el País Vasco y en todas las Comunidades Autónomas el Estado (se supone que el central) no tendría presencia alguna. No explican los nacionalistas vascos qué pasaría entonces con las competencias estatales en las CCAA, quién las ejercería y las coordinaría, pero, viniendo de donde viene la propuesta, es de suponer que dichas competencias desaparecerían y serían absorbidas por las propias CCAA. ¿Para qué entonces tener un Estado central? No sabe nada, el Sr. Urkullu. La posibilidad de eliminar el Senado no es nueva y considerando su trayectoria seguramente sería mejor suprimirlo. Ahora bien, si los nacionalistas vascos se quieren “cargar” el Senado a lo mejor no tan buena idea. Habría que reconsiderarlo.

No acaban aquí las constructivas propuestas de los nacionalistas, Proponen también reducir drásticamente los presupuestos de dos Ministerios que ciertamente les incomodan: el de Defensa y el de Interior. No es casualidad que el PNV proponga recortar duramente los presupuestos de estos dos Ministerio. Desde hace tiempo, los nacionalistas vascos defienden la salida de los efectivos militares del País Vasco y una mínima presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Blanco y en botella: sin representación del Estado, sin Fuerzas Armadas en su territorio y con un mínimo de Policía en la frontera francesa ¿qué vendría después?

Puestos a ahorrar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas el Sr. Urkullu podría tener en cuenta que si desapareciese la Policía autónoma vasca y fuese sustituida por Policías Nacionales o Guardias Civiles se produciría sólo en gastos de personal un ahorro de 100 millones de euros anuales; si se redujese a la mitad el Parlamento Vasco ahorraría 17 millones de euros; si eliminasen los gastos de protocolo del Lehendakari ahorrarían 461.000 euros al año o si, por ejemplo, el Gobierno Vasco no desarrollase funciones en el exterior que le corresponden al Estado ahorraría más de 9 millones de euros año.

Puestos a recortar y a adelgazar la estructura de las administraciones públicas, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, según todos los sondeos realizados recientemente, prefieren que se adelgace a las autonomías, a todas las autonomías. Claro que hablarle a un nacionalista de lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos es perder el tiempo.

Santiago de Munck Loyola

miércoles, 23 de mayo de 2012

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

lunes, 25 de julio de 2011

La perdiz electoral mareada y con náuseas.

Decididamente, los calores estivales están haciendo mella en las neuronas de nuestros políticos. Si no es así, no hay manera de comprender lo errático y descerebrado de muchas de las declaraciones con que nos están obsequiando estos días en torno a la necesidad o no de adelantar las elecciones generales, habida cuenta el agotamiento de la presente legislatura.
El Partido Popular ha venido reclamando desde hace meses el adelanto electoral. Todos y cada uno de sus dirigentes no desaprovechan ocasión alguna para reclamar la convocatoria inmediata de las elecciones. Hace unos días, Esperanza Aguirre era entrevistada en Alemania sobre el sistema alemán de formación profesional y sobre las prácticas de los estudiantes en las empresas y al valorar dicho sistema introducía, como quien no quiere la cosa, la necesidad de elecciones generales. Y como ella, todo los líderes populares. Entienden, y no les falta razón, que la legislatura está agotada y que su prolongación sólo puede seguir ocasionando más perjuicios a la delicada situación económica y social del país.
Sólo hay dos formas de convocar elecciones generales, competencia exclusiva del Presidente del Gobierno: o las convoca Zapatero de forma inmediata lo cual exigiría una grandeza política y personal de las que carece el Sr. Presidente o las convoca un nuevo Presidente elegido ex profeso mediante una moción de censura. No hay vuelta de hoja. Zapatero ya ha deicho que su intención es agotar la legislatura para acometer más reformas, a pesar de que hace tan sólo tres meses decía que ya no había más reformas (más recortes sociales) que hacer.
Por tanto, la pelota está en el tejado del Partido Popular. Si el Partido Popular quiere y está convencido de que son necesarias unas elecciones generales tiene la obligación política y moral de presentar una moción de censura, con Rajoy de candidato o con un tercero, con un único programa de gobierno: la convocatoria de elecciones. Esto es tan evidente que hasta el más torpe de los dirigentes populares lo sabe. Es, díganlo o no, una cuestión de patriotismo.
Por eso no se entiende el cruce actual de declaraciones. Aparece el Sr. Durán Lleida (o Lérida para los hispano parlantes) quien, por otra parte estaría encantado de ser ministro de un Gobierno del Partido Popular, y dice que su partido apoyaría ahora una moción de censura. Bueno, bien, más vale tarde que nunca. Y, a continuación el Sr. Pons rechaza una posible moción de censura al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como planteaba el portavoz de CiU, al entender que hay «otros mecanismos políticos» como, por ejemplo, «tratar de convencer» a PNV para convocar elecciones. Pero, alma de cántaro, si el PNV no puede convocar elecciones y lo sabes, sólo puede hacerlo Zapatero y aunque el PNV no apoye los próximos presupuestos tampoco esa circunstancia obliga a Zapatero. Pons recuerda a CiU que «ha tenido muchas oportunidades» para convocar elecciones y, sin embargo, las «ha dejado pasar». Así, y en alusión ala moción de censura, aseguró que no es necesario «llegar tan lejos», puesto que hay otros «mecanismos» para llevar a cabo esta «exigencia nacional». ¿A qué juega el Sr. Pons? Si la situación de emergencia nacional es tan grave como para tener que adelantar las elecciones y el Sr. Zapatero se niega a ello, no hay más mecanismos que la moción de censura. De nada sirve engañar a los ciudadanos ni andar realizando reproches sobre oportunidades perdidas. Lo inteligente, lo patriótico es aceptar el ofrecimiento y ponerse manos a la obra, aunque se pierda.
Claro que no es el único en decir semejantes cosas. El argumentario es el mismo para todos y el Sr. Soria pone eco a las palabras de Pons y repite "CiU tuvo ya una oportunidad para haber propiciado el final de la agonía política de Zapatero" y el Sr. Arenas recalca que el apoyo de CiU a una moción de censura "llega tarde". ¡Qué oportunidad desperdiciada para estar callados!
Entre unos que no quieren adelantar las elecciones, otros que antes no querían adelantar las elecciones y que ahora se ofrecen para adelantarlas y otros que siempre han querido adelantarlas pero que ahora les falta lo que hay que tener para ponerse a ello, la perdiz electoral está más que mareada y los ciudadanos, mientras tanto, a padecer el continuo espectáculo de los políticos y las terribles consecuencias de su ineptitud.
Santiago de Munck Loyola