Hay noticias que no tienen desperdicio. El pasado 22 de febrero, la
edición alicantina del Diario ABC (http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130222/abcp-expulsara-afiliados-criticos-castedo-20130222.html)
publicó el siguiente e ilustrativo titular El PP expulsará a dos afiliados críticos con Castedo y Císcar. Continuaba
así: El comité de derechos y garantías
del PPCV, que preside el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, ha iniciado el
procedimiento para expulsar del partido a dos militantes de la agrupación
alicantina: Santiago de Munck y Antonio Sobrino. La noticia, publicada
por D. Martínez, se basaba en las informaciones ofrecidas por “fuentes próximas al comité de derechos y
garantías”. Ya se sabe que cuando un periodista acude a la expresión de “fuentes próximas” se está refiriendo a
alguien que no quiere dar la cara, a un cobarde, a un sujeto que o bien quiere
esconder sus datos porque miente o porque no está autorizado a expresar lo que
dice. Lo más preocupante de esta noticia es que seguramente el periodista no se
ha inventado nada, sino que ha trasladado lo que la citada fuente, aunque dado
el contenido debería ser calificada mejor de cloaca, le ha transmitido ya que
nadie, con capacidad para ello, ha rectificado, ni ha puntualizado una sola
coma.
Para ver el alcance y el calado de lo que esta noticia encierra, hagamos
un ejercicio de ficción e imaginemos que un periódico traslada de fuentes próximas
al juzgado el siguiente titular: El Juez condenará a la cárcel a la
Alcaldesa de Alicante y todo ello sin que se haya iniciado procedimiento
judicial alguno. Sería un escándalo de primeras proporciones. Sería una prueba
evidente de que no se va a celebrar ningún juicio conforme a las garantías
mínimas procesales que nuestra Constitución ampara, se estaría vulnerando
clarísimamente la presunción de inocencia y todo el proceso judicial que se
desarrollase después no sería más que una farsa. Estaríamos ante un proceso a
la cubana, o a la soviética, donde el acusado, antes siquiera de serlo, ya
estaría condenado. Pues es exactamente el mismo caso que el descrito por el
corresponsal de ABC a instancias de las informaciones facilitadas por las
fuentes próximas al llamado “Comité de Derechos y Garantías” (¿de quién?) que
preside, al parecer, el Sr. Castelló.
Es más, según esas mismas turbias fuentes la intención de Castelló es que ambos
militantes reciban la notificación del inicio de su expediente de expulsión la
próxima semana. Como puede ver cualquiera no se trata de un expediente
para averiguar hechos, dar trámite de audiencia y decidir, en su caso, la
imposición de una determinada pena, no, eso sería lo normal en una organización
democrática propia de un estado de derecho, pero parece que lo normal, y lo
legal, es algo que desconocen las fuentes próximas al Comité de Derechos y
Garantías.
Si el redactor de esta noticia, la hubiese contrastado con los condenados
sin juicio, perdón los afectados por el presunto “decreto” cubano de expulsión
podría haber contribuido a clarificar las aguas sucias vertidas por su fuente
informativa. Podría saber que las supuestas críticas deben de referirse a la
impugnación del acuerdo de la Junta Provincial de sustituir a la Junta local de
Alicante por Juntas de Distrito, impugnación que desde el 15 de enero está en
manos de ese mismo Comité de Derechos y Garantías sin que, hasta el día de hoy, ni
haya acusado recibo de la misma, ni se haya pronunciado sobre su fondo; acuerdo
que se tomó de espaldas a los militantes de la ciudad de Alicante (no es una
crítica, sino un hecho real), y que aún no se ha notificado a los mismos (eso
sí se ha anunciado por la prensa de forma confusa y contradictoria como si
cualquier afiliado tuviera la obligación de atender a la prensa para saber
cuando se modifican o no sus derechos estatutarios); acuerdo que además, según
nuestra opinión, podría vulnerar los Estatutos Nacionales del Partido Popular.
Podría saber el periodista que las referencias filtradas sobre la Asamblea para
la elección de compromisarios es incompleta; que falta mencionar que ser
candidato a compromisario es un derecho de cualquier afiliado y que para
ejercerlo las normas internas indican que todo afiliado debe ser convocado por carta para que pueda
presentarse y que ese requisito fue incumplido; que un servidor no obligó a
realizar ninguna votación, sino que es obligatoria por Estatutos cuando hay más
aspirantes que puestos y que en aquella ocasión un servidor y otra persona se
negaron a retirar su candidatura pese a las presiones a las que fueron
sometidos por J.J. Zaplana, actual Secretario Provincial, quien manifestaba que
sobrábamos porque los puestos disponibles ya habían sido repartidos entre las
diferentes “sensibilidades” o corrientes existentes en el partido y en cuyo
nombre se expresaba. Podría haber completado su información sabiendo que varias
personas del Partido Popular llamaron a mis superiores laborales para que me
presionaran y renunciara a mis derechos de participación. Por cierto, ignoro la
razón por la que en esta información, al igual que en otras, se incluyen los
datos de mi puesto de trabajo. Soy funcionario público y no cargo político por
lo que es evidente que existe un diferente e intencionado tratamiento cuando se
ofrecen informaciones que me afectan en mi ámbito personal a las que se hacen sobre terceras
personas. Suena cubano también ¿no? ¿O acaso mi centro de trabajo y mi
ocupación profesional son relevantes a la hora de complementar las
informaciones nacidas de fuentes o cloacas determinadas?
Y podría haber complementado su información el firmante de la misma con
las supuestas críticas a la Alcaldesa de Alicante. Podría haber sabido que como
vecino de esta ciudad tengo el mismo derecho que cualquier otro a criticar en
público o en privado cualquier asunto de la gestión municipal que me afecte. En
todo caso, lo relevante y parece ser lo determinante en este caso es que he
pedido públicamente que los cargos públicos imputados dimitan, que dejen sus
responsabilidades mientras la justicia actúa y que, de resultar inocentes, sean
repuestos en sus responsabilidades. Es exactamente lo mismo que hace años
pedían los dirigentes del Partido Popular. Y lo mantengo. Como también mantengo
que hace falta ejemplaridad en la clase política en todos sus niveles, incluido
el Ayuntamiento de Alicante.
Por último, contrastar las informaciones con los interesados, podría
haber servido para aclarar que ni Antonio Sobrino ni un servidor hemos abierto
ninguna Oficina Electoral porque cumplimos estrictamente con el único
requerimiento recibido en ese sentido hecho por la Dirección Provincial.
Esperanza Popular es, de momento, un foro que llevaba funcionando muchos meses
en Internet y que desde el 15 de febrero cuenta con un local para seguir
haciendo lo que venía haciendo en las redes sociales: facilitar el encuentro
entre afiliados del Partido Popular y entre éstos y los vecinos de Alicante
para informar, debatir e intercambiar ideas. Nosotros, a diferencia de la
Dirección Provincial, no nos reunimos con nadie para “apuntalar” las elecciones
internas (http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/06/pp-pide-apoyo-castedo-apuntalar-nueva-estructura-partido-alicante/1340896.html).
Esperanza Popular es un Foro del que forman parte afiliados y no afiliados del
PP, todos ellos haciendo uso de sus derechos políticos constitucionales, para
tratar temas políticos y sociales desde la perspectiva de la regeneración
democrática, la libertad, la honradez, la participación, la democracia interna
y la ejemplaridad de los cargos públicos ¿a quién molesta tanto y por qué? Somos
lo que somos, lo que decimos que somos y no lo que otros quieran decir que
somos para justificar sus decisiones antidemocráticas.
Aunque peque de iluso, me niego a creer que mi Partido, a pesar del
silencio oficial sobre esta noticia, asuma y practique el matonismo, la
arbitrariedad, la injusticia y la vulneración de la más mínima garantía
procesal que se derivan de las informaciones ofrecidas por las anónimas
“fuentes” próximas al Comité de Derechos y Garantías. No puede ser.
Santiago de Munck Loyola