Translate

Mostrando entradas con la etiqueta Arzalluz. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Arzalluz. Mostrar todas las entradas

miércoles, 23 de mayo de 2012

Devolver el voto a los exiliados vascos: una reparación histórica.

Estos días estamos asistiendo al debate abierto por la posibilidad de que los vascos exiliados por culpa de ETA, entre 150.000 y 300.000 según las distintas fuentes, pudieran participar en los procesos electorales que se celebren en su tierra. El anuncio efectuado por el Ministro del interior de que el Gobierno está estudiando esta reforma legislativa, propuesta por el Presidente de los Populares vascos Antonio Basagoiti, ha provocado diferentes reacciones, algunas de ellas muy significativas que han retratado a sus autores, una vez más, a la perfección.

Lo que nadie admite en voz alta es el fondo del asunto y que va mucho más allá de que los exiliados por culpa del terrorismo puedan o no votar. Será seguramente políticamente incorrecto pero el fondo de la cuestión es que la presencia ininterrumpida de la violencia etarra ha generado, entre otras cosas, un déficit de legitimidad de las instituciones vascas. Para que unas instituciones democráticas gocen de legitimidad de origen plena es imprescindible, y en ello coinciden todos los politólogos como Duverger, que se den una serie de requisitos básicos y esenciales de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse con total y absoluta normalidad. En las últimas décadas, en el País Vasco, las libertades y derechos fundamentales consustanciales a un estado democrático pleno no se han desplegado con total y absoluta normalidad. Empezando por el derecho a la vida y a la integridad física y moral y siguiendo por el derecho de reunión, la libertad de asociación o de prensa, la libertad para elegir o ser elegido no han sido plenos en los territorios vascos. Las elecciones que se han venido celebrando allí siempre han estado bajo la amenaza de la violencia y la coacción permanente de los etarras y su entorno por lo que las instituciones surgidas de las mismas se han constituido mediante unos resultados electorales que de no haber mediado la violencia hubieran sido distintos. Es un hecho y una evidencia incuestionable, guste o no.

Y a esa situación perturbadora de la vida democrática hay que añadir que los resultados electorales y las instituciones nacidas de los mismos se han realizado con la exclusión de miles de ciudadanos que tuvieron que marcharse por miedo.

Ahora parece que existe en el Partido Popular cierta voluntad de reparar esa injusticia histórica. No obstante, al anuncio del Ministro, ha seguido la rápida matización del portavoz Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aclarando que la propuesta tiene “dificultades técnicas” y que debe ser analizada jurídicamente, por lo que se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Por su parte, desde UPyD, Carlos Martínez Gorriarán ha interpretado la iniciativa como una "cortina de humo" del Ejecutivo y ve esta propuesta "de difícil solución constitucional" porque, según él, en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.

Pero, como siempre, los que se han vuelto a retratar con precisión son los del PNV. El PNV ha trasladado a Europa este debate. Los nacionalistas quieren que la Comisión Europea dictamine si esta propuesta es factible dentro de los estándares de la UE. Consideran que esta medida daría “lugar a un votante con doble derecho a voto inédita en el panorama jurídico europeo”, e indican que la reforma propuesta por Fernández Díaz “se basa en un concepto, como el de las personas que han abandonado el País Vasco por la presión terrorista, imposible de objetivar desde una perspectiva material y en consecuencia jurídica”.       

Claro que al considerar el recelo de los nacionalistas vascos a que se devuelvan los derechos políticos y civiles a los vascos expulsados de su territorio por la violencia etarra, no queda más remedio que recordar la frase de Arzalluz: “Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas”. Y no es difícil adivinar quién ha estado sacudiendo el árbol y quién ha estado recogiendo las nueces para repartirlas, reparto que con el voto de los exiliados podría variar sustancialmente.

Por muchas dificultades técnicas y jurídicas que pudieran plantearse, lo cierto es que son perfectamente salvables. Hoy se puede devolver el voto a quienes se han visto injustamente privados de ello y hay mecanismos legales y técnicos para hacerlo, además con absolutas garantías para su ejercicio libre y secreto. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Lo que no puede el Partido Popular es esperar el más mínimo respaldo de quienes han estado repartiendo las nueces durante todos estos años.

Santiago de Munck Loyola

martes, 18 de octubre de 2011

La “conferencia” de paz: quid prodest?

Resulta asombroso comprobar la disparidad de criterios existentes entre las fuerzas democráticas a la hora de valorar la iniciativa y los resultados de esa llamada “conferencia” de paz celebrada este fin de semana en San Sebastián. Que existan criterios contrapuestos entre demócratas y el entorno etarra sobre la misma sería lo normal y lo saludable; que existan valoraciones contrapuestas entre partidos nacionalistas y partidos nacionales también lo sería (no hay que olvidar la frase de Arzallus “ETA sacude las ramas y nosotros recogemos los frutos”); pero que estas valoraciones totalmente contrapuestas se produzcan entre los partidos parlamentarios nacionales ya no lo es tanto.

Hay quien ve en este acto propagandístico del entorno etarra indicios de una solución al impropiamente denominado “conflicto”, es decir, del terrorismo. Puede que se trate de una visión “buenista” que desea, más que otra cosa, creer que algo ha cambiado y que se puede llegar a una paz negociada. O puede que se trate, simplemente, de una identificación con los planteamientos de los etarras que, en definitiva, legitima el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos prescindiendo, por tanto, del alcance y significado del estado de derecho. Sea cual sea la causa lo cierto es que produce una coincidencia con el entorno etarra y con sus fines que debería, al margen de estrategias partidistas, promover una reflexión profunda sobre el acierto o error de esa actitud para conseguir la paz.

Se diga lo que se diga nada ha cambiado en el panorama político vasco. Bueno, algo sí ha cambiado; la ETA ha conseguido un triunfo propagandístico de proporciones internacionales y las víctimas de los terroristas y los demócratas una humillación más.

Los cinco puntos de ETA, debidamente filtrados y edulcorados por la conferencia y sus invitados estelares, no contienen novedad alguna respecto a lo que ya se conocía sobre los objetivos de la organización terrorista. No se condena la violencia, no se anuncia una disolución de la banda armada y no se pide perdón a las víctimas. En el comunicado leído se requiere a dos estados democráticos para que se sienten a negociar lo que los asesinos quieren que se negocie. Y en un alarde delirante de cinismo se equipara a las víctimas de los terroristas con los propios terroristas y sus familiares. Las víctimas de los terroristas y sus familias han sufrido y sufren porque unos desalmados así lo han decidido para imponer unos objetivos al margen de la ley. Los terroristas y su entorno sufren, si es que han sido condenados por la justicia, porque voluntariamente han decidido quebrantar la ley asesinando, mutilando, robando o extorsionando. La diferencia moral y ética ante ambos sufrimientos es clara y evidente y los intentos de equiparación emanados de esta declaración son repugnantes.

Habrá quien no lo vea así por convencimiento o por interés, pero se trata de una posición irreconciliable desde principios éticos mínimos. La paz no se puede conseguir desde la abdicación de los principios básicos de un estado de derecho o desde la renuncia a su defensa. La paz no se puede conseguir a cualquier precio y menos aún cuando los objetivos políticos de los terroristas y sus cómplices o beneficiarios se pueden alcanzar a través de las instituciones democráticas.

Quid prodest? ¿A quién beneficia esta conferencia? ¿A las víctimas? ¿Al estado de derecho? ¿A la democracia? No, a ninguna de estas partes. Beneficia a la ETA y a su entorno, no nos engañemos. No beneficia a nadie más. El diálogo con los terroristas sólo sirve para legitimar su violencia porque demuestra que a más dolor y daño causado más fácil es obtener del estado lo que se quiere. El diálogo con la ETA y su entorno es abrir la puerta a que nuevas manifestaciones de violencia puedan producirse. Si unos pueden ¿por qué no cualquiera?

Santiago de Munck Loyola